El 22 de diciembre de 1992, el Ayuntamiento de Madrid vendía el 49% de su funeraria --la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSFM)-- por 100 pesetas. Alegaba que la compañía estaba en una situación de quiebra técnica. Meses después, la empresa cerraba su primer año de gestión privada con unos beneficios de 800 millones de pesetas.

El Partido Popular, que había alcanzado un año antes la alcaldía, impulsaba la entrada de capital privado de la mano de la sociedad Funespaña, participada hoy en un 96% por la aseguradora Mapfre. Poco después, el ayuntamiento, que regía José María Álvarez del Manzano, condonaba una deuda de 13,6 millones de euros con la sociedad.

Su ridículo precio, sus peculiares condiciones --pese a tener minoría accionarial, la parte privada gestionaba la empresa y se aseguraba un 20% extra de los beneficios obtenidos-- despertaron todo tipo de sospechas. E investigaciones judiciales. En 2008, la Audiencia Provincial confirmaba el ‘regalo’: ese 49% podía haber sido vendido por 7,4 millones de euros y no por 60 céntimos.

Veintitrés años después de producirse su privatización --o al menos parte de ella--, esta se acerca a su fin. La EMSFM se creó en 1966 en virtud a un contrato de 50 años de duración al final del cual se contemplaba que todo activo y pasivo de la sociedad pasara a titularidad municipal. Dicho contrato expira el próximo 15 de septiembre. Y el Ayuntamiento de Ahora Madrid, favorable a la remunicipalización de servicios privatizados y que se ha encontrado acuerdos blindados a los que es difícil meter mano, no tardó en anunciar su intención de recuperar la titularidad de todas las acciones y la gestión de la funeraria.

El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, y vocal ahora del consejo de administración de la EMSFM, Carlos Sánchez Mato, estimó que los ingresos para las arcas públicas se multiplicarían por siete sin el “peaje privado”, ese 49% de dividendos correspondientes a las acciones que disponen de la empresa más un plus del 20% de los beneficios antes de ser repartidos.

Desde que se privatizó, la empresa que gestiona los servicios de los doce cementerios y dos tanatorios de la capital ha obtenido beneficios todos los años, con la excepción de 2010. Desde 2011 hasta ahora, el consistorio estima que ha ganado 6 millones de euros. La alcaldía confía en que la empresa pueda seguir siendo rentable y no suponga un desafío para la estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta la trayectoria ascendente del volumen de negocio de la funeraria. Los ingresos de explotación en 2013 supusieron 48,9 millones de euros, en 2014 ascendieron a 49,4 millones y la previsión para 2015, comunicada por el concejal de Seguridad, Salud de Emergencias, y presidente por tanto del consejo de administración, Javier Barbero, el pasado mes de diciembre era que la empresa acabara 2016 con una facturación de 50,9 millones de euros y 1,8 millones de ganancias netas.

Anticipándose a la recuperación de activos perdidos, el gobierno de la ciudad encargó un estudio para conocer al detalle el estado del patrimonio de la funeraria. El análisis detectó un agujero en las inversiones de 24 millones de euros por la falta de mantenimiento y conservación de las instalaciones. De las 113 edificaciones evaluadas, únicamente 13 superaron favorablemente la inspección y no requieren ningún tipo de actuación.

El análisis detectó un agujero en las inversiones de 24 millones de euros por la falta de mantenimiento y conservación de las instalaciones. De las 113 edificaciones evaluadas, únicamente 13 superaron favorablemente la inspección y no requieren ningún tipo de actuación.

Según concluía el informe, los 12 cementerios y los dos tanatorios de la compañía requieren actuaciones urgentes por deficiencias en el mantenimiento que, según apunta el ayuntamiento, se habrían podido evitar en buena medida en caso de haber puesto en marcha un plan de inversiones.

“Ojalá hubiéramos tenido este trabajo cuando se hizo la concesión para saber qué se regalaba por cien pesetas”, apuntaba Javier Barbero a su salida de la reunión del consejo, el día 5 de febrero, en la que la delegación municipal había presentado el informe.

En el consistorio asumen que en lo que resta de contrato será imposible llevar a cabo todas las actuaciones necesarias. Sin embargo, no se resignan a que los gestores que hasta ahora han controlado la funeraria se vayan sin pasar por caja. Por lo pronto, este año, el último de gestión privada, la empresa no repartirá dividendos, según anunciaba Carlos Sánchez Mato, vocal en el consejo de administración de la sociedad.

Sánchez Mato ha recordado que el contrato de la EMSFM recoge la obligatoriedad de que todos los bienes fueran devueltos al Ayuntamiento en las mismas condiciones en las que se habían entregado, y critica que durante todos estos años en los que no se invertía lo suficiente para conservar las instalaciones no se dejaran de repartir dividendos ni de cobrar el bonus del 20% por la explotación.

Entre 1993 y 2014, Funespaña ha recibido 25,8 millones de euros en dividendos por el 49% de las acciones, a los que hay que sumar 38 millones como bonificación del 20% de los resultados. Un total de 63,8 millones de euros que el ayuntamiento estima como coste real de la privatización aprobada en 1992 por el Gobierno del PP. La inversión inicial efectuada por los inversores fue de 1,2 millones de euros. Instantes antes de que su responsable de prensa tirara de él para llevárselo, el concejal, fuera ya de micrófono, se despidió de los periodistas el viernes 5 de febrero con un expresivo: “Se lo han llevado muerto”.

Una privatización ampliamente cuestionada

La venta de la funeraria a Funespaña acabó convirtiéndose en el primer escándalo de corrupción en la ciudad de Madrid del Partido Popular, que había accedido al gobierno de la ciudad un año antes. Izquierda Unida denunció en 1992 las irregularidades que rodeaban la privatización; el Tribunal de Cuentas lanzó otro aviso en 1998 y la Fiscalía Anticorrupción acabó investigando. Dos sentencias censuraron la operación. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló los pliegos de adjudicación de la venta a raíz de una denuncia presentada por el PSOE. Pero en 2006, el Supremo dio la razón al ayuntamiento e invalidó la sentencia.

En la pieza penal, en 2008, la Audiencia Provincial de Madrid acabó concluyendo que el precio de la venta, cien pesetas, era muchísimo menor del real, lo que causó, según esgrimía la sentencia, “un daño a los intereses públicos”. El tribunal certificó que el concejal de Sanidad del ayuntamiento en 1992, Simón Viñals, había contratado como asesor para evaluar el estado de la empresa --declarándola en quiebra técnica a pesar de contar con informes que valoraban la compañía en 18 millones de euros-- a José Ignacio Rodríguez, que posteriormente formó parte del accionariado de Funespaña y del consejo de administración de la compañía.

Rodríguez, según concluía la sentencia, había beneficiado a la empresa adjudicataria y se había lucrado por ello. Asimismo, se reconoció un fraude por parte de Funespaña a la hora de comprar el 49% de las acciones, pues se había creado para la ocasión un entramado de empresas interpuestas con el fin de eludir el pago de impuestos en España. La Audiencia Provincial sentenció que Rodríguez y los hermanos Ángel y Juan Antonio Valdivia, propietarios de Funespaña, eran responsables de tal operación.

Sin embargo, desde la presentación de la primera denuncia hasta la sentencia de la Audiencia transcurrieron 15 años; diferentes circunstancias dilataron el proceso: la condición de aforado de uno de los imputados, el tercer teniente de alcalde en el momento de la venta, Luis María Huete; el retraso para no interferir con las elecciones autonómicas de 2003, y la inhibición de un magistrado por la amistad que mantenía con los abogados que defendían a los concejales.

La sentencia concluyó que los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, maquinación para alterar los precios y tráfico de influencias habían prescrito. El único condenado por el caso fue Luis María Huete: dos años y un día de inhabilitación para ocupar cargo público. Huete, el último alcalde preconstitucional de Madrid, tenía en ese momento 79 años y llevaba cinco retirado de la política.