La semana en datos
Morosidad en la Administración, privatización de Funespaña, tratado TISA...
José Luis Marín / Amanda Andrades 17/02/2016
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
España:
La agricultura y la ganadería española aportan menos del 3% al PIB nacional y ocupan a menos de 6 % de la población activa.
Violencia machista y medios de comunicación
El pasado 3 de febrero, Eduardo García Serrano, contertulio de Intereconomía, insultó a la política Anna Gabriel, miembro de la CUP. García Serrano ya fue condenado en 2008, cuando profirió otros insultos contra la exconsellera de Salut Marian Geli (PSC). Fue multado con 18.000 euros.
Su grupo mediático, Intereconomía, tiene contraída con Hacienda una deuda de 7,3 millones de euros según datos de la Agencia Tributaria.
María Salmerón, pese al indulto concedido por el Gobierno, tendrá que pagar una multa de 2.190 euros y hacer trabajos en beneficio de la comunidad. Ha sido condenada por quebrantar el régimen de visitas de su hija con su exmarido, condenado por maltrato.
Funespaña, de vuelta a lo público
El 22 de diciembre de 1992, el Ayuntamiento de Madrid vendía el 49% de su funeraria --la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSFM)-- por 100 pesetas. Alegaba que la compañía estaba en una situación de quiebra técnica. Meses después, la empresa cerraba su primer año de gestión privada con unos beneficios de 800 millones de pesetas.
En 2008 la Audiencia Provincial señaló que ese 49% podía haber sido vendido por 7,4 millones de euros y no por 60 céntimos.
Desde que se privatizó, la empresa que gestiona los servicios de los doce cementerios y dos tanatorios de la capital ha obtenido beneficios todos los años, con la excepción de 2010. Desde 2011 hasta ahora, el consistorio estima que ha ganado 6 millones de euros.
Los ingresos de explotación en 2013 supusieron 48,9 millones de euros, en 2014 ascendieron a 49,4 millones y la previsión para 2015, comunicada por el concejal de Seguridad, Salud de Emergencias, y presidente por tanto del consejo de administración, Javier Barbero, era que la empresa acabara con una facturación de 50,9 millones de euros y 1,8 millones netos de ganancias.
A Funespaña –participada hoy en un 96% por la aseguradora Mapfre– el Ayuntamiento de Madrid, con José María Álvarez del Manzano de alcalde, le condonó una deuda de 13,6 millones de euros.
En un estudio para conocer al detalle el estado del patrimonio de la funeraria, el Ayuntamiento de Madrid detectó un agujero en las inversiones de 24 millones de euros por la falta de mantenimiento y conservación de las instalaciones. De las 113 edificaciones evaluadas, únicamente 13 superaron favorablemente la inspección y no requieren ningún tipo de actuación.
Entre 1993 y 2014, Funespaña ha recibido 25,8 millones de euros en dividendos por el 49% de las acciones, a los que hay que sumar 38 millones como bonificación del 20% de los resultados. Un total de 63,8 millones de euros que el ayuntamiento estima como coste real de la privatización aprobada en 1992 por el Gobierno del PP. La inversión inicial efectuada por los inversores fue de 1,2 millones de euros.
Cuando la Administración no paga
Según datos de la Seguridad Social correspondientes al mes enero de 2016, en la actualidad hay 3.149.472 trabajadores inscritos en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
Durante el primer mes del año, el RETA ha registrado 18.572 bajas, casi la mitad de todos los nuevos autónomos inscritos durante 2015.
La morosidad pública (de comunidades autónomas y corporaciones locales) es la principal responsable de la situación de los autónomos. Ha crecido más de un 38% desde el pasado mayo. Ese mes, el importe de las facturas públicas ascendía 10.600 millones. Hoy es de 14.700 millones (que se dividen entre autonomías –12.800– y entes locales –1.900–), según recoge el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA de enero.
También ha aumentado el periodo medio de pago, pasando de 83 a 86 días desde mayo, cifra que triplica el periodo máximo de 30 días que recoge la Ley de Morosidad (en el caso de deuda en el sector privado, la cifra es de 60 días).
Las cifras difieren según el organismo que las facilite: el último dato de Hacienda relativo al plazo medio de pago de las autonomías en noviembre era de 61,62 días. Las cifras que maneja ATA sitúan los periodos medios de pago de la Administración autonómica en 101 días (los entes locales en 71 días y la Administración central en 44 días).
Pero el sector privado tampoco es buen pagador. Los últimos datos de ATA cifran el periodo de pago entre empresas en 84 días, uno menos con respecto a septiembre de 2015.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que la morosidad es la responsable directa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis en España.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) calcula que el 83% de las empresas evita acudir a la justicia para reclamar deudas.
Según datos del Informe Europeo de Pagos por sectores de 2015 –elaborado por la consultora internacional Intrum Justitia–, la media de los plazos de pago (acordado+retrasos) en España se establece en 73 días frente a los 30 de Europa. Por tipo de pagador, las administraciones públicas continúan siendo las que más retrasos acumulan, con una media de 103 días.
El mismo informe, que evalúa el comportamiento de pago de empresas de 29 países europeos, recoge en sus conclusiones que el 11% de las empresas españolas considera que no podrá contratar nuevos empleados por la morosidad; y, lo que es aún más preocupante: casi el 18% reconoce que contrataría a más empleados si se cumplieran los plazos de pago recogidos en la ley.
María José García-Pelayo, antigua alcaldesa de Jerez por el Partido Popular, está siendo investigada por el presunto amaño de contratos con la Gürtel por más de 300.000 euros. Tras su victoria en 2011, vendió el agua a FCC por 80,1 millones de euros tras dos concursos que quedaron desiertos. El Consistorio tenía por entonces cerca de mil millones de deuda en una ciudad con una tasa de paro del 40%.
Pedro Pacheco, también antiguo alcalde, en este caso por el PSOE, cumple condena desde hace más de año y medio por haber enchufado a dos compañeros de partido que se embolsaron unos 200.000 euros de dinero público sin poder demostrar qué trabajos realizaron para el ayuntamiento.
Inestabilidad e inseguridad laboral en España
Según la OCDE, el porcentaje de tensión laboral –es decir, la relación entre las exigencias y los recursos laborales de los trabajadores– es del 52,31%. Solo es superado por Grecia, y coloca a España en el puesto 20 de 21 dentro de los países europeos que el organismo analiza.
Algo parecido ocurre con las exigencias laborales, en las que se alcanza un índice del 33,55% y los riesgos físicos para la salud de los trabajadores llegan al 50,79%. Es el porcentaje más alto de los 21 países, dobla el de República Checa y supera en 13 puntos al indicador de Portugal y en casi 20 al de Italia.
En lo relativo al nivel de recursos disponibles en el trabajo, España ocupa el puesto 16 de 21 en autonomía y oportunidades de aprendizaje, algo que se compensa con la segunda mejor calificación en compañerismo o apoyo social laboral.
El riesgo de desempleo era en 2013 en España del 34,69%, indicador 17 puntos superior al de Portugal, 23 al de Francia y 27 al del Reino Unido. El riesgo por desempleo solo es superado, de nuevo, por Grecia.
Los últimos datos de la EPA advierten de que en el último trimestre de 2015 aún había en España 2 millones de personas que no tenían ningún subsidio por desempleo.
En enero de 2016 se firmaron en España cerca de 325.000 contratos de menos de una semana y la duración media de los contratos totales de ese mes ha sido de 54 días.
Internacional:
La ultraderecha alemana normaliza el lenguaje nazi
El verano pasado, Alternativa para Alemania (AfD) era un partido hundido. Ahora, según las últimas encuestas, alcanza el 12% en intención de voto. Quedaría tercero si se celebrasen unas elecciones.
Según un correo interno del tesorero de este partido filtrado por el diario BILD el pasado 28 de enero, la AfD habría logrado reunir 3,1 millones de euros en donaciones en solo un mes, desde que en diciembre de 2015 invitara a sus simpatizantes a participar económicamente.
En las marchas semanales de Pegida –movimiento político opuesto a la islamización del país– en Dresde, la mitad de los participantes es mayor de 56 años y solo hay un 25% de mujeres. La última encuesta del Instituto de Göttingen para la Investigación de la Democracia también concluye que los participantes pintan negro el futuro de la República Federal. Un preocupante 45% se muestra además abiertamente comprensivo con “aquellos ciudadanos que pierden el control ante la situación actual y se vuelven violentos”.
La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ha definido estos meses un nuevo tipo de autor de delitos al que llama “el vecino incendiario”. En más del 70% de los casos de ataques a centros de refugiados, los sospechosos investigados viven en la misma localidad. La mayoría de los agresores no pertenece a la escena de la ultraderecha y sólo un tercio tiene antecedentes penales. Son sobre todo hombres jóvenes, menores de 35, que no se conforman con gritar lemas racistas y quieren dejar que hablen los hechos.
Ushuaia, lugar de renacimiento
La capital de la Tierra del Fuego es la ciudad más austral del mundo. Se encuentra a 3.068 km de Buenos Aires y a 1.000 de la Antártida. El último padrón electoral sumaba 80.000 personas, pero se calcula que ya puede llegar a unos 100.000.
Soledad, ciberacoso y falta de autoestima en la infancia
Hace treinta años la Sociedad Nacional para la Protección y la Prevención de la Crueldad a los niños (NSPCC) creó en Gran Bretaña ChildlLine, una línea abierta 24 horas al día para asistir a los niños que necesitaban hablar de sus problemas y no encontraban en sus padres el apoyo necesario para hacerlo.
Cuando se abrió la línea en 1986 se asistió a unos 23.000 niños y treinta años más tarde los atendidos anualmente son casi 300.000. El año pasado unas 35.000 consultas estuvieron relacionadas con problemas de falta de autoestima e infelicidad.
Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, propuso a David Cameron una serie de medidas en materia de soberanía, política monetaria y mecanismos de control migratorio. Como telón de fondo, la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
David Cameron afirmó en noviembre que unos 224.000 europeos se beneficiaban de las ayudas a los salarios más bajos (working tax credits). En realidad, según los datos hechos públicos por Hacienda recientemente, sólo 84.000 las solicitaron en el año fiscal 2013/2014.
En Reino Unido, donde la tasa de paro no llega al 6%, lo máximo que un trabajador puede conseguir con estos subsidios no llega a 150 libras al mes. La cifra de británicos que se acogen a estas ayudas supera notablemente a la del resto de europeos.
Reino Unido es el segundo país europeo con mayor inmigración global después de Alemania, con más de 300.000 inmigrantes sólo en 2015, de los cuales casi la mitad son europeos.
Los extremistas xenófobos del UKIP consiguieron en las últimas elecciones cuatro millones de votos.
El 'secreto' de la fuerza de Sanders, su legión de voluntarios
Resultados finales de las primarias de New Hampshire, celebradas hace una semana, con el 100% de los votos escrutado:
Demócratas:
-Bernie Sanders: 60,4%
-Hillary Clinton: 38%
Republicanos:
-Donald Trump: 35,3%
-John Kasich: 15,8%
-Ted Cruz: 11,7%
-Jeb Bush: 11%
-Marco Rubio: 10,6%
Hace solo dos meses, Clinton sacaba casi 40 puntos de ventaja a Sanders en este Estado.
La victoria de Sanders ha sido la mayor de un demócrata en New Hampshire desde 1960. Entonces, el vencedor fue el mismísimo John Fitzgerald Kennedy.
Sanders se impuso a Clinton en prácticamente todos los condados de New Hampshire, y logró derrotarle además en todos los grupos demográficos exceptuando las familias que ganan más de 200.000 dólares al año, que apoyaron en su mayoría a Hillary.
Además, Sanders obtuvo una aplastante victoria entre las mujeres, en especial, las menores de 30 años, entre las que consiguió casi un 85% de los sufragios.
Los super-political action committees, o Super-PACs, son los mecanismos que utilizan las grandes fortunas para financiar las campañas políticas. Desde que el Tribunal Supremo, en una de sus sentencias más polémicas, quitase los límites a los Super-PACs en 2007, el flujo de dinero privado a las campañas se ha multiplicado exponencialmente. En octubre, The New York Times contaba que solo 158 familias habían donado ya 176 millones a una campaña que no había hecho más que empezar. Clinton ya ha recaudado casi un millón de dólares del gigante bancario Citigroup, y más de 600.000 de Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley.
Hillary Clinton cobró 700.000 dólares por dar tres charlas a los directivos del banco de inversión Goldman Sachs.
Hasta ahora, sólo se ha votado en dos de los cincuenta Estados Unidos, y Clinton sigue siendo la gran favorita.
La falta de armonización dificulta la lucha contra la elusión y la evasión fiscal
El pasado 28 de enero el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el francés Pierre Moscovici, presentó el Paquete de Medidas contra la Elusión Fiscal (Anti-Tax Avoidance Package) que implementa las directrices internacionales elaboradas y ratificadas por la OCDE para la lucha contra la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (conocido como proyecto BEPS, por sus siglas en inglés).
La elusión fiscal detrae de las arcas públicas europeas entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales, según cálculos muy conservadores de la propia Unión Europea (UE).
Las acciones en Europa contra los convenios fiscales privilegiados y secretos (tax rulings en inglés) se iniciaron en noviembre de 2014 como consecuencia de la indignación causada por Luxleaks, la filtración masiva de información relativa a los convenios tax rulings firmados por Luxemburgo con más de 300 multinacionales, muchas de ellas estadounidenses. Estos convenios permitían a las grandes corporaciones, asesoradas por Pricewaterhouse Coopers, tener una base legal para pagar unos impuestos de sólo el 1% de sus beneficios.
Bélgica ha sido condenada a recuperar más de 700 millones de euros en concepto de impuestos no pagados por parte de más de 35 empresas multinacionales, casi todas ellas europeas.
Irlanda está también bajo el escrutinio de la Comisión por el tratamiento fiscal que ha proporcionado a Apple. En este caso, los impuestos no pagados por el gigante tecnológico que deben ser recuperados por Irlanda ascienden a 7.300 millones de euros. La resolución está prevista para marzo. El gigante tecnológico trasladó los beneficios generados en Europa a Irlanda, en donde el tipo impositivo es del 12,5% en vez de los tipos de alrededor del 30% que debería pagar en otros Estados miembros como Alemania, Francia, Italia o España.
Italia ha impuesto a Google una sanción de 227 millones de euros por impuestos no pagados entre 2009 y 2013. Francia ya ha declarado que los impuestos impagados podrían ascender a entre 500 y 1.000 millones de euros. En Reino Unido, el acuerdo alcanzado con esta compañía asciende a 175 millones de euros por impuestos no pagados entre 2005 y 2015.
La mujer como objeto de violencia
La mutilación genital femenina afecta, según datos de la OMS, a 125 millones de niñas y mujeres de 29 países de África y Oriente Medio. Es practicada indistintamente por cristianos, musulmanes y animistas.
TiSA, un tratado para privatizar los servicios públicos
El valor de las exportaciones del sector servicios en la UE se ha duplicado en dos años y ha alcanzado en 2014 728.000 millones de euros. Ocupa al 70% de la mano de obra y está previsto que llegue a concentrar hasta el 90% del empleo en los próximos años.
Previo al TISA, el último gran acuerdo sobre servicios, conocido como GATS (General Agreement on Trade in Services), se aprobó en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995 y sigue en vigor vinculando a 140 países.
La UE decidió en 2006 dar un giro a su política comercial exterior y lanzarse en pos de la firma de una serie de acuerdos comerciales y de inversión “de nueva generación” con distintos países o grupos de países.
La historia del TiSA comenzó en el año 2012 cuando 16 países acuerdan constituirse como grupo promotor, bajo la llamativa denominación de Really Good Friends of Services (RGF), para impulsar la adopción de un nuevo tratado multilateral de servicios.
La Comisión Europea está negociando este tratado, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, con 23 países: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Mauricio, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán y Turquía.
El conjunto de Estados implicados en esta negociación representa el 70% del comercio internacional de servicios.
Desde la crisis de 2007 los países del Sur –Grecia, España, Portugal, Italia e Irlanda– han visto caer de media más del 40% su inversión frente a un 10% del conjunto de la Eurozona. Su PIB, además, se ha reducido 15% frente a la caída del 5% que vivió en la crisis de 1929.
Guatemala juzga la esclavitud sexual como crimen de guerra
El conflicto interno de Guatemala, que duró desde 1960 hasta 1996, no sólo dejó 200.000 muertos y desaparecidos, sino también un reguero de abusos contra las mujeres.
Los Acuerdos de Paz de 1996 pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno. En ninguno de los 12 puntos firmados se establecieron, sin embargo, medidas para revertir o reparar la violencia contra las mujeres.
Guatemala tiene la tercera tasa de feminicidio más alta del mundo, sólo detrás de El Salvador y Jamaica.
En 2013, 758 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. Una cada dos días. En 2014, la cifra ascendió a 846 mujeres. Entre los años 2008 y 2014, casi 31.000 mujeres sufrieron algún tipo de agresión sexual.
Guatemala se convirtió en 2010 en el primer país del mundo en crear órganos jurisdiccionales especializados en feminicidio.
No hay esperanza en la cárcel de la Illa de Mozambique
En Mozambique hay unos quince mil reclusos, repartidos en 184 prisiones, lo que supone el doble de la capacidad del Servicio Nacional de Prisiones. La tercera parte de ellos son preventivos.
Una de las quejas de la Liga Mozambiqueña de los Derechos Humanos (LDH) es precisamente el abuso de la prisión preventiva. Su último informe, relativo al año 2013, denuncia “tratamiento duro, alimentación inadecuada, falta de higiene, adultos y jóvenes compartiendo celdas, superpoblación y presos que sobrepasan el tiempo de condena”.
España:
La agricultura y la ganadería española aportan menos del 3% al PIB nacional y ocupan a menos de 6 % de la población activa.
Autor >
José Luis Marín / Amanda Andrades
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí