La lucha contra la elusión y la evasión fiscal de las corporaciones multinacionales es imprescindible pero compleja. Imprescindible porque la evasión detrae ingentes cantidades de recursos de las arcas públicas que podrían ser destinados a financiar la sanidad y la educación así como a disminuir la carga impositiva que soportan las empresas pequeñas y medianas de base nacional.

Resulta compleja no sólo porque las corporaciones abusan profusamente de las disparidades, las contradicciones y las carencias provocadas por el hecho de que los sistemas fiscales son de ámbito nacional --mientras que las corporaciones actúan a nivel transnacional--, sino también porque es una lucha que se desarrolla en dos frentes: en uno, claramente, las propias multinacionales que quieren preservar este statu quo dado que les reporta una enorme cantidad de beneficios. En el otro, y éste más difícil de combatir, un puñado de países, algunos europeos, que les ofrecen el marco legal necesario para que esta situación se perpetúe. Y este último es el más arduo, dado que estos países son también los que, en teoría, deben legislar y actuar para acabar con la evasión fiscal.

Esto es lo que estamos presenciando en estos momentos en la Unión Europea, acciones en los dos frentes.

El pasado 28 de enero el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, el francés Pierre Moscovici, presentó el Paquete de Medidas contra la Elusión Fiscal (Anti-Tax Avoidance Package) que implementa las directrices internacionales elaboradas y ratificadas por la OCDE para la lucha contra la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (conocido como proyecto BEPS, por sus siglas en inglés).  

El proyecto BEPS establece las bases para la lucha internacional coordinada contra la evasión fiscal. Sin embargo, pese a su ambición, no es vinculante para los miembros de la OCDE. Es ahí donde se debe entender la iniciativa de la UE: las directivas europeas incluidas en el Paquete de Medidas sí serán vinculantes para los Estados miembros una vez presentadas en el Parlamento Europeo y aprobadas en el Consejo.

La importancia de la aprobación e implementación de estas medidas es obvia porque sólo la elusión fiscal detrae de las arcas públicas europeas entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales, según cálculos muy conservadores de la propia Union Europea (UE). La pregunta es si estas medidas serán adoptadas y si serán suficientes. 

Las medidas contra la elusión fiscal en Europa: el informe país por país

El principio general es que las corporaciones deben pagar sus impuestos donde se generan sus beneficios. Este principio se ha desarrollado con dos directivas.

La primera, contra la Elusión Fiscal, establece las medidas necesarias para ayudar a los países a bloquear las técnicas más habituales empleadas por las multinacionales para evadir impuestos. Éstas son jurídicamente vinculantes para los Estados miembros, como también lo son las recomendaciones que deben ser incorporadas a los convenios fiscales de los Estados miembros para prevenir los abusos de la grandes corporaciones.

La segunda directiva, la revisión de la referente a Cooperación Administrativa, se centra en asegurar la transparencia fiscal. Para garantizarla, la Comisión establece que las autoridades fiscales de cada país intercambiarán información fiscalmente relevante de las multinacionales (ventas, beneficios, número de empleados, impuestos pagados, etcétera) cada tres meses.

Este informe es fundamental dado que acabar con la opacidad fiscal es el requisito necesario para evitar que las multinacionales desvíen sus beneficios desde los países donde desarrollan su actividad y generan sus beneficios a otros (de la UE o extracomunitarios) con baja presión fiscal.

El hecho de que este informe no sea público, como sí lo son los estudios análogos relativos a la banca y a las empresas mineras, ha recibido numerosas críticas tanto por parte del propio Parlamento Europeo como de múltiples organizaciones ciudadanas. Tanto el comisario Moscovici como el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya se han manifestado partidarios de ello. La decisión final debería conocerse el próximo mes de mayo.

La principal razón por la que el informe debe ser hecho público es que son los ciudadanos, a través de los medios de comunicación y de sus representantes en los parlamentos, los que, en definitiva, se constituyen en garantes últimos de que las corporaciones transnacionales cumplan con sus obligaciones fiscales. Recordemos que las acciones en Europa contra los convenios fiscales privilegiados y secretos (tax rulings en inglés) se iniciaron en noviembre de 2014 como consecuencia de la indignación causada por el Luxleaks, la filtración masiva de información relativa a los convenios tax rulings firmados por Luxemburgo con mas de 300 multinacionales, muchas de ellas estadounidenses, en la época en la que Jean-Claude Juncker era el primer ministro y ministro de Finanzas del país. Estos convenios permitían a las grandes corporaciones, asesoradas por Pricewaterhouse Coopers, tener una base legal para pagar unos impuestos de sólo el 1% de sus beneficios.

Las nuevas medidas impulsadas por la UE son, en muchos casos, un paso fundamental en la dirección correcta. Sin embargo, no serán suficientes para asegurar que las multinacionales no eludan impuestos hasta que no se consiga la armonización fiscal en la UE. Ésta permitiría disponer de un tipo impositivo común para el impuesto de sociedades válido para todos los Estados miembros de la Unión e impediría la carrera hacia el precipicio que supone que los Estados miembros de la UE compitan entre sí para atraer la inversión de las multinacionales mediante la reducción de la presión fiscal. Y esa competición tiene un claro vencedor, las corporaciones transnacionales, y millones de perdedores, los ciudadanos europeos.

Las sanciones: la consideración de ayuda estatal ilegal

Las sanciones destinadas a condenar la evasión fiscal pueden ser impuestas por la UE o por los países en los que opera la multinacional. En el primer caso, la UE puede sancionar al considerar que el convenio fiscal con la multinacional vulnera los principios de la normativa sobre ayuda estatal. Estos establecen que los Estados no deben vulnerar la libre competencia entre empresas concediendo ventajas fiscales a unas empresas sobre otras. Si esto ocurre, se considera que la ayuda estatal es ilegal y el Estado es condenado a recuperar los impuestos no pagados por la empresa beneficiada.

El Parlamento Europeo ha decidido también hace pocas semanas que el dinero recuperado no debe quedarse en el país que ha infringido la normativa europea de ayuda estatal, sino que debe ir a los Estados miembros que han sufrido las consecuencias de esa acción o a las propias arcas de la UE.

La sanción impuesta a Bélgica y anunciada a mediados de enero por la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, entra en el ámbito de esta ayuda estatal ilegal. Bélgica ha sido condenada a recuperar más de 700 millones de euros en concepto de impuestos no pagados por parte de más de 35 empresas multinacionales, casi todas ellas europeas.

También Irlanda, está bajo el escrutinio de la Comisión por el tratamiento fiscal que ha proporcionado a Apple. En este caso, los impuestos no pagados por el gigante tecnológico que deben ser recuperados por Irlanda ascienden a 7.300 millones de euros. La resolución está prevista para marzo.

El caso de Apple es paradigmático de cómo operan las multinacionales en Europa con la ayuda imprescindible de algunos países comunitarios. El mecanismo es el siguiente: las ventas de los productos Apple en Europa se realizan a través de la filial en Irlanda. Las otras empresas subsidiarias de Apple en el resto de los países europeos sólo reciben una comisión por sus ventas. Este procedimiento permite al gigante tecnológico trasladar los beneficios generados en Europa a Irlanda, en donde el tipo impositivo es del 12,5% en vez de los tipos de alrededor del 30% que debería pagar en otros Estados miembros como Alemania, Francia, Italia o España.

La investigación sobre los convenios fiscales privilegiados y secretos entre corporaciones transnacionales y algunos países comunitarios se lleva a cabo por TAXE, el Comité Especial del Parlamento Europeo creado en 2014. TAXE se ha enfrentado a grandes dificultades para desarrollar la investigación no sólo debido a la negativa de las multinacionales a colaborar (algunas incluso a comparecer), sino también a la cantidad mínima de información facilitada por los países investigados.

Las sanciones: el caso Google

Los Estados miembros de la UE también pueden iniciar acciones legales contra compañías. Aunque algunos países no optan por esta vía --es el caso de España--, otros, como Italia, Francia o Reino Unido sí lo hacen. 

Examinando el caso de Google, Italia ha impuesto una sanción de 227 millones de euros a esta empresa por impuestos no pagados entre 2009 y 2013. Francia, por su lado, ya ha declarado que los impuestos impagados podrían ascender a entre 500 y 1.000 millones de euros.

En Reino Unido, el acuerdo alcanzado asciende a 175 millones de euros por impuestos no pagados entre 2005 y 2015. El modo en el que este importe ha sido calculado no ha sido hecho público infringiendo claramente el principio de transparencia.

La baja cuantía de la sanción impuesta ha sido ampliamente criticada, entre otros, por el Partido Laborista, que la ha calificado de irrisoria. De hecho, la Comisión confirmó que había recibido la petición del Partido Nacional de Escocia (SNP) de iniciar una investigación para establecer si este acuerdo podía considerarse una ayuda estatal ilegal. La comisaria Vestagen ya ha declarado a la BBC que estaría dispuesta a analizarla.

Las dificultades de luchar en dos frentes

Las normas comunitarias establecen que la normativa fiscal debe ser aprobada por el Consejo por unanimidad de todos los Estados miembros. En consecuencia, es fácil anticipar que, como ya ha sucedido en el pasado, existirá una oposición feroz a todas las acciones dirigidas a erradicar la evasión fiscal y caminar hacia la armonización fiscal en la Eurozona. Y esta oposición estará liderada tanto por los países bajo investigación como por las corporaciones transnacionales a través de sus poderosos lobbies.

El hecho de que sea Holanda la que ostente en estos momentos la presidencia de turno de la UE da pie a un mayor escepticismo puesto que, además de ser uno de los países bajo investigación, es la encargada de tomar la iniciativa y marcar el ritmo de las reformas que deben emprenderse. De todas manera, y siguiendo con el símil militar, es bien sabido que un buen general escoge sus batallas. Pues bien, atendiendo a lo que está en juego, la batalla por la armonización fiscal, esta es claramente una de ellas.