“Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro”. La mítica canción de La Lupe debería sonar atronadora mientras usted lee este artículo porque lo cierto es que las negociaciones sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea son puro teatro, para qué engañarse. Es la única conclusión posible a la vista de la propuesta hecha por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, de cara a la reunión que los presidentes de Gobierno europeos mantendrán en Bruselas el próximo 18 y 19 de febrero. Allí se discutirán y se votarán los nuevos términos, consensuados con el primer ministro británico, David Cameron, bajo los que el Reino Unido aceptará seguir en la Unión Europea… siempre que los británicos voten mayoritariamente sí al referéndum que Cameron ha prometido convocar antes de final de 2017. 

Durante meses se ha hablado de que era una negociación difícil pero la realidad es que lo que Cameron pedía no era demasiado trascendente y Tusk ha pasado por el aro con facilidad, aceptando casi sin pestañear incluso la restricción de los derechos de los inmigrantes comunitarios. Si el primer ministro británico supera el examen de la próxima semana en Bruselas, su única misión será acelerar la celebración de la consulta para salvar su legado político y su reputación. Necesita que esa mayoría que aún tiende al sí en su país no se le tuerza hacia el no a causa de la presión de los euroescépticos, incluidos el casi centenar de rebeldes tories de su partido, en desacuerdo con los términos negociados por Cameron. Además, si un atentado terrorista se produjera en suelo británico o llegara el verano y empezara a multiplicarse la presión inmigrante a las puertas de Europa --ese coco moderno que sirve políticamente igual para un roto que para un descosido y que se utiliza junto a la palabra miedo para que los ciudadanos crean que es mejor estar solo que acompañado-- a Cameron se le pondrían las cosas cada vez más difíciles. De ahí que ya incluso baraje el 23 de junio como fecha tentativa de la consulta para que el asunto no se le vaya de las manos.

El líder de los tories, que amenazó por motivos electorales con abandonar Europa si Bruselas no se doblegaba a la voluntad británica, en realidad siempre ha sido proeuropeo aunque de cara a la galería nacional necesitaba demostrar que luchaba por los intereses británicos. Ahora que la función de teatro entre él y Tusk parece haber concluido, Cameron se ha embarcado en un intenso tour de negociaciones dirigido a que sus 27 socios apoyen un documento que aún no es definitivo pero que a priori no parece alterar demasiado el equilibrio europeo puesto que ni siquiera necesitará que se retoquen los tratados comunitarios actuales para que entre en vigor. En general no se contemplan cambios de enjundia. El problema es que en lo referente a políticas migratorias, se desconocen las consecuencias a largo plazo de ese pequeño pero simbólico paso que va a dar Europa hacia la segregación entre comunitarios.

Tusk le concede a Cameron casi todo lo que, más o menos, éste exigió en noviembre, que en realidad tampoco era mucho: en cuestión de soberanía le propone que cualquier legislación europea pueda ser bloqueada si quince miembros se oponen a ella, restándole así legitimidad al Parlamento Europeo y además reconoce explícitamente que “Reino Unido no está comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión” –-en realidad nunca lo estuvo del todo--; también le concede que en política monetaria todas las decisiones de emergencia para salvaguardar la estabilidad financiera de la Eurozona no supondrán “responsabilidad presupuestaria” para los británicos, lo que garantiza que el Reino Unido pueda ir por libre en política monetaria --algo no muy diferente a la situación actual--. Además se reconoce la voluntad de regular las relaciones entre miembros en materia de impuestos y bajar la presión fiscal a las empresas dentro de la Unión –-tampoco es que sufrieran demasiado actualmente--. En resumen, unos cambios cosméticos a los que acompaña un cuarto mucho más grosero respecto a la idea original de Unión Europea y libre circulación de ciudadanos y que sin llegar a ser decisivo sí que tiene un peso simbólico cuya trascendencia sólo dirá el tiempo --y la presión de los refugiados que llueven sobre Europa--. 

Cameron reclamaba que los inmigrantes europeos que se instalen en su país no pudieran tener acceso, durante sus primeros cuatro años en el Reino Unido, a las ayudas económicas que su gobierno ofrece a los trabajadores de ingresos bajos. Con un juego bastante maniqueo de cifras, el primer ministro afirmó en noviembre que de esas ayudas (working tax credits, un complemento a los salarios más bajos) se beneficiaban unas 224.000 europeos aunque en realidad, según los datos hechos públicos por Hacienda recientemente, sólo 84.000 las solicitaron en el año fiscal 2013/2014. No se trata de ayudas millonarias: lo máximo que un trabajador puede conseguir no llega a 150 libras al mes. Y actualmente la cifra de británicos que se acogen a estas ayudas supera notablemente a la del resto de europeos. Aun así, con la presión interna de los eurófobos, que sostienen que Europa sólo sirve para que los inmigrantes vengan a Reino Unido a quitarles el pan, Cameron necesitaba un hueso para calmar a las fieras, sobre todo a las de su partido, donde cerca de un centenar de tories amenazan con hacer campaña en contra de Europa de cara al referéndum. Además ahí están los cuatro millones de votos que consiguieron los extremistas xenófobos del UKIP, dispuestos a luchar por el no con uñas y dientes.

En el documento propuesto por Donald Tusk se cede en parte a las exigencias del primer ministro, cuya reivindicación justifica alegando que esas ayudas sirven de imán para que los europeos quieran ir al Reino Unido antes que a otros lugares de Europa (es el segundo país europeo con mayor inmigración global después de Alemania, con más de 300.000 inmigrantes sólo en 2015, de los cuales casi la mitad europeos). Se olvida de que la gente cuando emigra lo que busca es trabajo, y en su país resulta que el paro no llega al 6%. Navegar a través del mar abierto de la burocracia inglesa no es fácil ni para los propios británicos así que argumentar que polacos o españoles se mudan a Reino Unido pensando en cobrar sus ayudas cuando a menudo ni siquiera son capaces de desenvolverse en inglés es sólo parte del discurso del miedo, que siempre funciona como arma electoral. 

Pero importa poco: Europa ha tragado y se ha bajado un poquito los pantalones inventándose un nuevo término, freno de emergencia, con el que se define su intención de permitir que se limiten los derechos de los trabajadores europeos en Reino Unido como pedía Cameron. Eso sí, se maquilla con un límite: sólo podrá pisarse el freno cuando el país reciba “un flujo de trabajadores de otros Estados de magnitud excepcional durante un amplio periodo de tiempo”. Esos límites serán graduales, no podrán superar los cuatro años y necesitará de la aprobación del resto de la Unión Europea pero el texto reconoce ‘de facto’ que el país está ya en una situación de emergencia y por lo tanto puede aferrarse a ese freno y aplicar los recortes en cuanto el documento entre en vigor. 

La gente no sufrirá excesivamente las consecuencias de esta medida puesto que hablamos de cifras de ayuda muy bajas. Sin embargo, al aprobarla (en apariencia una victoria para los británicos), en realidad Europa le abre la puerta a la segregación ciudadana legalizada y crea un mal precedente que con el tiempo podría adquirir tintes mucho más oscuros. Sobre el escenario europeo los malos son los británicos pero se trata sólo de teatro: Europa podría sacarle partido a la medida en el futuro. Y más cuando las crisis de refugiados van camino de convertirse en el pan nuestro de cada día en nuestras fronteras. Si se sanciona la discriminación dentro de Europa, ¿qué no seremos capaces de hacer con los que vienen de fuera?