Quizás la prueba más determinante de que es necesario cambiar la Constitución de 1978 es la constatación de que hace apenas cuatro años prácticamente ninguna opción política proponía en su programa un cambio constitucional; hoy parece que incluso las posiciones más conservadoras, entre ellas Ciudadanos, hablan abiertamente de modificar la Constitución. Incluso el PP, alertado por la erosión de la legitimidad del sistema, parece dispuesto a plantear una reforma controlada de la Constitución en aquellos aspectos que entiende pueden ser actualizables.

Ahora bien; el bipartidismo y sus nuevos aliados entienden esta reforma con un carácter limitado, y acotan la reforma a aquello que se puede negociar entre ellos; es decir, quieren aplicar el mismo mecanismo que en las dos reformas constitucionales anteriores: la del artículo 13.2 para allanar la firma del Tratado de Maastricht, y la del artículo 135, fruto de las presiones de las fuerzas europeas menos democráticas. En ninguno de los dos casos se aplicó la cláusula de garantía que prevé el Título X de la Constitución española: cuando lo solicite una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las cámaras puede legitimarse la reforma a través de un referéndum constitucional. Entre el PP y el PSOE no hubo en aquel momento un puñado de mujeres y hombres buenos --ni siquiera Pedro Sánchez, en aquel momento diputado al Congreso-- que alzaran la mano para consultar al pueblo sobre la conveniencia de la reforma. En su lugar, habían preferido convocar un referéndum sobre la Constitución Europea, tan inútil que nunca entró en vigor.

El gran peligro que se cierne en la negociación entre el PSOE, Ciudadanos y posiblemente el PP es que la reforma constitucional a la que pueden llegar estos partidos es incapaz de fundamentarse en una hoja de ruta democrática. Se tratará de un mero maquillaje para reformar lo mínimo para que todo permanezca lo más similar posible a lo que hay. La negociación entre partidos, lo que ellos denominan consenso, solo puede alcanzar, quizás, ese mínimo. Quién sabe si algunas cláusulas sobre el funcionamiento del Senado, quizás alguna garantía de transparencia, y poco más.  Es decir, estas negociaciones, sin una hoja de ruta democrática como fundamento, fracasarán. 

Y fracasarán por dos razones:

La primera, porque el abecé en lo que está de acuerdo el bipartidismo ya está incorporado en su mayor parte en la Constitución: bicameralidad, circunscripción electoral provincial, elección partidista del Tribunal Constitucional, fiscal general del Estado designado por el Ejecutivo,... Ninguno de esos fundamentos, tan necesarios en la construcción de una verdadera democracia avanzada --siguiendo el término utilizado por la propia Constitución--, estarán sujetos a negociación, porque su modificación no interesa a ninguno de los partidos del sistema. En los temas sustantivos, por lo tanto, la reforma fracasará.

La segunda, porque buena parte de los artículos más importantes para construir materialmente una nueva Constitución (Estado de las autonomías, función de los partidos políticos, Corona, derechos fundamentales....) son intangibles; esto es, según el Título X de la Constitución el mecanismo de reforma es tan enrevesado que se hace imposible su modificación en sus aspectos sustantivos: mayoría de dos tercios del Congreso, mayoría de dos tercios del Senado, disolución de las Cámaras, nuevas elecciones, mayoría de dos tercios del nuevo Congreso, mayoría de dos tercios del nuevo Senado, y referéndum aprobatorio. Una quimera con la que ya soñó el presidente Rodríguez Zapatero para eliminar la discriminación de la mujer respecto al hombre en la sucesión al trono (artículo 57.1 de la Constitución) y no pudo culminar con éxito; ni siquiera la primera de la etapas pese a que, en principio, todos los partidos estaban de acuerdo con la decisión. Difícilmente, por lo tanto, podrá el PSOE avanzar hacia el Estado federal cuando el propio artículo 2 de la Constitución, protegido por el cerrojo de la reforma agravada, se refiere claramente a las autonomías y las regiones.

En definitiva, el problema no es la reforma de la Constitución; porque la Constitución puede ser reformada en aspectos accidentales que no repercutan en prácticamente nada sobre el sistema de gobierno, económico o social en el que vivimos. El problema es qué reformar en la Constitución, pero, sobre todo, cómo hacerlo. Y aquí solo cabe una respuesta: profundizar en el principio democrático. Lo que, al mismo tiempo, daría un marco real para solucionar la cuestión catalana con plena legitimidad.

La Constitución de 1978 consagra el principio democrático en el artículo 1. Además, abre los asuntos de interés público a la participación popular en el artículo 23, e incluso habilita una herramienta de expresión directa por la vía del referéndum a través del artículo 92. Es decir, ofrece ya un sistema de garantías democráticas al que es posible apelar para que sea la ciudadanía la que establezca el alcance de las reformas. Por ello, el referéndum para consultar sobre el cambio constitucional propuesto por Podemos es perfectamente ajustado a la legalidad, puesto que no se están suplantando los mecanismos establecidos en el Título X de la Carta Magna, ni su resultado tendría efectos jurídicos inmediatos. Sencillamente se estaría consultando a la ciudadanía sobre su voluntad de la ruta a emprender. Ahora bien, sí creemos que una mayoría cualificada alcanzada en las urnas para una reforma amplia de la Constitución debería servir como un poderoso estímulo para que los partidos políticos –especialmente, aquellos que se resisten a perder privilegios en ese debate-- pusieran en marcha el proceso de cambio constitucional requerido.

Por eso, el verdadero reto histórico de un Gobierno de Pedro Sánchez debe ser la asunción de una hoja de ruta democrática, donde se plantee que el cambio constitucional estará en manos de diálogos abiertos y plurales, plenamente legitimados, con participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos; y que garantice que cualquier modificación de la Constitución dependerá, finalmente, de la voluntad popular. Solo así podremos confiar en el proceso de regeneración, que es lo que principalmente votaron las ciudadanas y los ciudadanos españoles el pasado 20 de diciembre.

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José María Guijarro y Rubén Martínez Dalmau son diputados de Podemos en el Congreso de los Diputados por Valencia y Alicante, respectivamente.