Marruecos anunciaba el pasado 25 de febrero que rompía todo contacto con las instituciones de la Unión Europea. La razón, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que reconocía que el Sáhara es el Sáhara y no otra cosa. Y por ello, anulaba el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión, aprobado en marzo de 2012 y que afecta a productos agrarios y pesqueros. El Tribunal señalaba como causa básica de su nulidad el hecho de que “aprueba su aplicación al Sáhara occidental”, como si fuera una provincia marroquí más. Además, reconocía al Frente Polisario la legitimidad para defender los derechos de los saharauis. Esta organización fue la que presentó y defendió el recurso.

El conflicto territorial del Sáhara forma parte del arsenal de bombas de relojería que el franquismo dejó desatadas en su testamento político. España colonizó sus 266.000 kilómetros cuadrados tras la conferencia de Berlín, en 1884; lo convirtió en provincia tras la II Guerra Mundial y, en la práctica, se desentendió del asunto al eludir dar los pasos para aplicar el derecho de autodeterminación que la ONU había consagrado en 1960.

De hecho, sigue figurando como “territorio no autónomo” español desde 1963, tres años antes de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la resolución que obliga al Gobierno español a organizar bajo sus auspicios, y tras consultar a Marruecos y a Mauritania, un referéndum que permita testar “las aspiraciones de la población autóctona”.

Marruecos lleva seis décadas, desde que logró la independencia en 1956, reclamando su soberanía sobre el Sáhara, territorio que comenzó a ocupar con la Marcha Verde de 1975 y que controla por completo desde 1979, cuando Mauritania se retiró de la zona sur. El Gobierno español reiteró su intención de descolonizarlo y de crear una autoridad tripartita con mauritanos y marroquíes ese mismo año. El anuncio quedó en agua de borrajas.

Dos años antes había nacido el Frente Polisario, que sigue definiéndose como “un movimiento de liberación nacional, fruto de la larga resistencia saharaui contra las diversas formas de ocupación extranjera” que ha sufrido su tierra. “Debe ser considerado como una persona moral”, señala la sentencia, que añade que si su figura no está reconocida por las leyes de un Estado es porque no existe el saharaui.

Su representante en Bruselas, Jamal Zakari, califica la sentencia como “un éxito” e insta a la UE, a los Estados miembros y a las empresas europeas a negociar con ellos la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental. “Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo en un entorno legal para trabajar con respeto al Derecho Internacional”, afirma.

Zakari, para quien la sentencia trae “ilusión” y “optimismo”, insiste en afirmar que “Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara" y deja claro que si la UE apela la sentencia, responderán. El representante del Polisario pide “responsabilidad” a los Veintiocho.

La Comisión y el Consejo, sin embargo, insisten en mantener su postura: han presentado un recurso contra la sentencia –el plazo terminaba el día 22 de febrero-- y han solicitado al tribunal que no la ejecute. Según un portavoz del Consejo, “los acuerdos bilaterales no se cuestionan” y la resolución “no pone en tela de juicio el Acuerdo de Asociación que existe entre la UE y Marruecos”. Sin embargo, responsables de ambos organismos llevan días eludiendo explicar qué argumentos han utilizado. El portavoz del Consejo admitió no conocer los detalles.  

En el pleito inicial, el Consejo sostuvo que la personalidad jurídica del Frente Polisario no es equiparable a la de un Estado, mientras que la Comisión la tachaba de “dudosa” por ser “funcional y transitoria” hasta la eventual creación del Estado saharaui. Ambos rechazaban que pudiera pleitear y mantenían que era “difícil de entender” en qué medida puede afectarle el acuerdo comercial. Intentaron pintar una pescadilla que se mordía la cola.

Casi cuatro décadas después de que Marruecos iniciara la ocupación del Sáhara, la UE formalizó con su Gobierno un renovado acuerdo comercial ventajoso para sus productores y para los clientes de estos –principalmente grandes cadenas europeas de distribución de alimentos--, pero perjudicial para los agricultores españoles. Para los consumidores resulta irrelevante: no pueden negociar los precios con el tendero cuando llenan su nevera.

“Marruecos es la marca blanca de la agricultura europea”, señala el responsable del sector de frutas y hortalizas de la organización agraria Coag, el almeriense Andrés Góngora, que explica cómo el tratamiento arancelario que la UE da a los productos agrícolas marroquíes acentúa la ventaja económica de los productores del Magreb sobre los españoles al sumarse a otros beneficios competitivos como los relacionados con las condiciones laborales y el modelo de propiedad de la tierra.

El acuerdo asigna a los primeros 300 millones de kilos de tomate que anualmente llegan a la UE desde Marruecos un precio mínimo de 46 céntimos, 28 menos que el que soportan el resto de países

Cada uno de los primeros 300 millones de kilos de tomate que anualmente llegan a la UE desde Marruecos deben tener en la primera transacción en suelo comunitario, según el acuerdo comercial, un precio mínimo de 46 céntimos, 28 menos que el que soportan el resto de países. La diferencia entre el precio de venta y el de producción se elimina, en ambos casos, mediante una tasa arancelaria.

“No podemos competir a ese precio”

“Los agricultores españoles podemos competir con un kilo de tomate a 64 céntimos, pero no a 46”, indica Góngora, quien, además de sostener que “esas concesiones generan una competencia desleal”, añade que la agricultura marroquí ya ha desbancado a la española en productos que necesitan mucha manipulación como la judía verde, y también en algunos cítricos, “por las condiciones laborales”.

El acuerdo comercial asigna precios mínimos de 57 céntimos al kilo de alcachofas, 42 al calabacín, 48 a las clementinas –para las primeras 175.000 toneladas--, 26 a la naranja y 49 al melocotón, y liberaliza por completo el trasiego de productos como la sandía, el melón, el pimiento o el limón.

Coag, que destaca el peso del sector agrario español en la balanza comercial tras haber alcanzado el valor de sus exportaciones 10.500 millones el año pasado, sostiene que la renovación del acuerdo, cuya anulación definitiva eliminaría esas condiciones y asignaría a los productos marroquíes los mismos precios que a los del resto de terceros países, supuso “un duro mazazo a la economía y empleo” españoles. “Solo el aumento del contingente de tomate –sostiene-- suponía una pérdida de 350.000 jornales anuales en España”, equivalente a varios millares de empleos diarios.

El sector agrario marroquí tiene, como otros del área del Magreb, algunas peculiaridades. Entre ellas destaca la convivencia de sistemas tradicionales como las 2.000 almazaras que producen aceite en pequeños pueblos con la llegada de inversores europeos, algunos procedentes del sector inmobiliario, para interesados en financiar y explotar plantaciones de olivo. Otra consiste en la cohabitación de minifundios y secanos con planes como Marruecos Verde, cuyo objetivo es atraer a inversores europeos para que cultiven olivos y fruta en zonas de regadío. Este programa ha permitido transformar en una década 750.000 hectáreas de secano, principalmente en el área de Agadir, al norte del Atlas, y aumentar un 27% la producción del sector oleícola.

Eso sí, los inversores, principalmente procedentes de Italia, España, Francia y Alemania, y especialmente atraídos por la ventaja competitiva que puede suponer la laxa legislación laboral de Marruecos, tienen que aceptar dos condiciones: tener un socio local y explotar la tierra en régimen de arriendo o cesión de uso –normalmente, por periodos de medio siglo--, ya que la normativa local impide las transacciones de terrenos a extranjeros.

El 94% del millón de peones agrarios marroquíes no está dado de alta en la Caja Nacional de Seguridad Social

Marruecos aplica sus modelos productivos también en la zona del Sáhara que controla, y las empresas que operan allí canalizan el género hacia la exportación como marroquí. Esos son los dos principales motivos que llevaron al Tribunal de Justicia de la UE a declarar ilegal el acuerdo comercial: por una parte, la legislación europea sobre la comercialización de frutas y hortalizas veta la venta de productos frescos si sus etiquetas no especifican el país de origen –esa cuestión ha generado otro pleito comunitario tras otra demanda del Frente Polisario pendiente de resolver--, y, por otra, el tribunal estima que el Consejo de Europa se saltó su obligación de examinar previamente en qué medida el acuerdo con Marruecos iba a afectar al Sáhara.

La sentencia es tajante cuando afirma que el Sáhara occidental “es administrado de hecho” por Marruecos “no estando incluido en las fronteras internacionalmente reconocidas” a este y sin disponer para ello de “ningún mandato” de la ONU ni de otro organismo internacional.

“Si la Unión permite la exportación hacia sus Estados miembros de productos procedentes de este otro país que han sido fabricados u obtenidos en condiciones que no respetan los derechos fundamentales de la población del territorio de quien provienen, corre el peligro de animar indirectamente tales violaciones o de sacar provecho de ellas”, añade.

Para Vega Díez, directora de Cooperación Internacional de la ONG Cerai (Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional), una de las entidades sociales que operan en la zona, “el Sáhara Occidental es en la práctica un país sin gobierno y en tierra de nadie que controla Marruecos, que es quien decide sobre su pesca y sus yacimientos de fosfatos y que extiende allí sus prácticas agrícolas”. “Algunos países, entre ellos España, usan el agua y la tierra del Sáhara como si fuera marroquí”, apunta.

“No es cierto que [las empresas extranjeras que invierten en Marruecos y el Sáhara] estén creando allí un mercado empresarial local”, anota, aunque tengan socios locales y contraten para trabajar a personas de la zona. “Producen allí para exportar hacia aquí, hacia la UE –añade-. Es un negocio privado basado en el uso de la tierra” que llega “a provocar desplazamientos de poblaciones al comerciar con grandes extensiones de tierra en las que vive gente”.

Esta ONG, que sostiene “al 100% que el territorio saharaui no es marroquí y que se debe acabar el proceso de descolonización”, desarrolla en Marruecos varios programas de promoción del cooperativismo y de creación de sistemas locales de venta para mejorar la situación de la población autóctona. Ésta, en opinión de Díez, queda prácticamente al margen de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. “Los afectados –explica– son las empresas del agronegocio, que producen allí a precios muy reducidos, en ocasiones en zonas con carencias de alimentos. Cumpliendo las exigencias sociales, sanitarias y ambientales de sus países de origen no obtendrían esos márgenes”. “Esas empresas no traen a Europa productos más baratos ni más sanos”, añade.

3.000 empresas españolas operan en Marruecos

Las empresas españolas comenzaron a aterrizar en Marruecos hace dos décadas, en un proceso que se aceleró a principios de los 2000, con la entrada en vigor del primer acuerdo comercial entre ese país y la UE. Algunas de ellas trabajan allí para multinacionales que proveen de productos como el aceite a grandes cadenas de distribución de alimentación europeas.

En Marruecos operan alrededor de 3.000 empresas españolas en varios sectores que incluyen desde la agricultura hasta el turismo pasando por las inmobiliarias, la construcción o el textil. Las tres comunidades con mayor presencia son, por este orden, Cataluña, Andalucía y Galicia. Francia ronda el millar.

Organizaciones como el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) han denunciado cómo el convenio del campo establece que un trabajador de una plantación cobre 143 euros mensuales por seis jornadas de ocho horas a la semana: le sale la hora a 70 céntimos, frente a los algo más de cinco euros brutos de España para trabajos de temporada. El 94% del millón de peones agrarios marroquíes no está dado de alta en la Caja Nacional de Seguridad Social.

“La mayoría de los peones no están dados de alta”, corrobora Díez, que anota que los salarios varían mucho en función de la zona del país de que se trate y del tipo de tarea y cultivo. Con todo, las diferencias con cualquier país europeo son notables. Y, como consecuencia, también los márgenes.

Esa es una de las ventajas que Marruecos explota para tratar de captar inversores. El salario promedio en Marruecos es “casi diez veces menos que el salario medio en España”, publicitaba hace unos años la Cámara de Comercio del país alauita en un folleto titulado Invertir en Marruecos, en el que destacaba también que los tratados con la UE y con EEUU daban “acceso a un mercado de más de mil millones de consumidores”.

Según el folleto, el Plan Marruecos Verde “aumentará el PIB marroquí a 15.000 millones de euros (174 mil millones de dírhams), y creará 1.150.000 puestos de trabajo para 2020”, además de triplicar “la renta de aproximadamente 3.000.000 de campesinos”. Es decir, que, si todo sale bien, al final de la década puede haber mileuristas rurales en el país.

El contenido de los recursos de la Comisión y el Consejo de Europa, sobre los que el tribunal debe pronunciarse antes de la primavera de 2017, permitirá saber si la UE da por buena la ocupación marroquí del Sáhara o si, por el contrario, su postura se acerca a la de EE.UU. Su secretario de Estado de Comercio en 2006, Robert Zoellick, comunicó por carta a un miembro de la Cámara de Representantes que el acuerdo de liberalización comercial con el reino alauita no incluía los territorios saharauis porque “los Estados Unidos y otros muchos países no reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental”. Suiza y Noruega, entre otros, mantienen la misma posición.

“Vamos a ver si somos capaces de que la sentencia se aplique”, señala Góngora, que recuerda que “Marruecos siempre se ha negado a utilizar una etiqueta diferenciada para los productos procedentes del Sáhara, porque eso supondría reconocer la existencia del territorio, de su Estado”, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Su publicación, por lo pronto, ha comenzado a tener efectos en la comercialización de los productos agrarios. El hecho de que el tribunal pueda emitir en cualquier momento una medida cautelar que adelante su aplicación ha provocado inquietud tanto a los exportadores marroquíes como a los importadores comunitarios, que tienen sus principales puntos de operación en el puerto holandés de Ámsterdam  y el francés de Sète, y que comienzan a tantear otras fuentes de suministro.