Uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. El problema de esta afirmación, que cualquier persona mínimamente informada y con algo de honestidad intelectual compartiría, es que cuando hablamos de ciencias sociales, y en concreto de economía, muchos de estos “hechos” no son sino hipótesis contrastadas en modelos, y a veces es difícil identificar una evidencia empírica que los sostenga más allá del modelo.

Dani Rodrik, notable economista poco sospechoso de veleidades heterodoxas, acaba de publicar en castellano su último libro, Las leyes de la economía, en el que describe con notable precisión y rigor la naturaleza de la ciencia económica y del constructo intelectual que los economistas llamamos “modelo”, esto es, una serie de reglas matemáticas que permiten identificar relaciones entre las principales variables económicas. Los modelos son el ladrillo base de la economía, las herramientas con las que los economistas se enfrentan a la realidad. Nos permiten interpretarla, y, no sin fracasos estrepitosos, prever la evolución de la economía o de unas cuantas magnitudes importantes. Hay modelos de todos los tamaños y orientaciones, y, pese a su complejidad matemática, no son sino simplificaciones de la realidad social.

Simplificaciones que responden a determinadas condiciones y teorías, que parten de axiomas o hipótesis previas, y que construyen complejas dinámicas que permiten estudiar la complejidad social.

De modelos hablamos cuando nos referimos al debate que, de manera paralela y afortunada, se ha producido a ambos lados del Atlántico con la cuestión de los multiplicadores fiscales. En síntesis, los economistas del precandidato demócrata Bernie Sanders (y de manera paralela el equipo económico de Podemos en España) han elaborado un plan de medidas económicas que supone que el gasto público incrementa el Producto Interior Bruto en mayor medida que su propia cuantía, y, por lo tanto, se financia en parte a sí mismo. La relación entre la variación del gasto público y la variación del PIB es lo que llamamos multiplicador fiscal. Si un incremento de gasto público de 100 euros supone un incremento del PIB de 120, diremos que el multiplicador es 1,2.

A este efecto se une el impacto en los ingresos públicos. Si 100 euros de gasto generan 120 euros de producto interior bruto, y estos 120 euros de producto interior bruto tributan al 30% de impuestos, el resultado es que 100 euros de gasto público generan 36 euros de ingresos públicos y el resultado neto es que el incremento del gasto real ha sido de 64 euros. Este razonamiento parece contraintuitivo y muchos, particularmente los enemigos del gasto público, lo considerarán el cuento de la lechera. Este “efecto” tiene su origen en el multiplicador de Keynes, que examinó el impacto en la demanda agregada y en los niveles de renta del gasto público, y forma parte esencial de la manera keynesiana de entender la economía.

Los multiplicadores fiscales deben ser cogidos con pinzas, y yo no basaría mi política económica exclusivamente en ellos. El PIB no se puede mantener permanentemente a través de un impulso del gasto público

Una vez expuesto el principio fundamental, y aplicado –con mucha mayor complejidad que en este ejemplo– en los programas económicos de Sanders y Podemos, han llegado las reacciones. Algunas han sido tan simples que no merece la pena detenerse en ellas, pero otras han dado lugar a buenos comentarios y columnas, lo cual es de agradecer, dado el poco respeto que habitualmente se mantiene en las discusiones entre economistas. En el caso de Estados Unidos, han sido economistas demócratas quienes han dudado de los cálculos del equipo de Bernie Sanders. En el caso español, han sido economistas como Jesús Fernández Villaverde –que escribió una buena entrada en Nada es Gratis– o Rafael Domènech, en Expansión. El argumento de fondo de estas críticas es básicamente el mismo, y se basa en el uso del paradigma dominante en estos momentos en la macroeconomía académica e institucional, los modelos neokeynesianos de equilibrio general dinámico.

De acuerdo con este paradigma, un incremento de gasto público en un periodo dado significaría efectivamente un crecimiento del PIB en ese periodo, pero su efecto se iría diluyendo a lo largo del tiempo y terminaría siendo nulo a largo plazo –versión de Villaverde– o incluso negativo –versión de Domènech– dado que tendría efectos colaterales en el ahorro y la inversión, tales como un posterior incremento de impuestos o una mayor deuda pública. De hecho, de acuerdo con estos modelos autores, el impacto sería menor del esperado dado que los agentes económicos “descontarían” a futuro el efecto de una subida de impuestos para enjugar el déficit público o pagar la deuda pública generada. Las conclusiones de este análisis son coherentes con los modelos neokeynesianos, que recogen la hipótesis de las expectativas racionales –los agentes económicos conocen y reaccionan a los acontecimientos futuros– y que dibujan trayectorias de vuelta al equilibrio, esto es, a la senda de crecimiento del PIB a largo plazo.

En honor a la verdad, cabe señalar que con un alto grado de honestidad intelectual, ambos autores recogen matizaciones a sus comentarios. En el caso de Fernández Villaverde, señala que si el gasto público es invertido en incrementar el PIB potencial, a través de inversiones en infraestructuras, educación o innovación, parte del efecto a corto plazo se trasladaría a un incremento del PIB a largo plazo, si bien señala que para que esto ocurra se deben dar unas condiciones de las cuales el autor duda. En el caso de Domènech, señala que la teoría de los multiplicadores fiscales es coherente con la teoría keynesiana clásica, por lo que tampoco habría que desecharlos sin un examen riguroso. ¿Deberíamos, por lo tanto reconocer entonces que Sanders y los economistas de Podemos están equivocados, y que los economistas demócratas, Fernández-Villaverde y Domènech tienen razón? No tan deprisa: hay matizaciones que hacer.

Cuatro matices concretos

En primer lugar, cabe señalar que los argumentos de Fernández-Villaverde para desechar la opción de que el gasto público se destine a políticas favorecedoras del crecimiento a largo plazo no son totalmente consistentes. Él señala la inversión en políticas de crecimiento como algo que da resultados a muy largo plazo, pero no tiene por qué ser así. Políticas destinadas a incrementar la I+D o la cualificación de los trabajadores pueden dar resultados a medio plazo, lo suficientemente cerca como para amortiguar el impacto del gasto público en la deuda pública o en el déficit. Esta es, por ejemplo, la posición de Larry Summers, quien, contradiciendo a los blogueros, sí considera que hay free lunch.

En segundo lugar, ambos autores presuponen que España se encuentra cerca de su crecimiento potencial, lo cual no es tan cierto, en la medida en que el output gap –la diferencia entre el PIB real y el potencial, a pleno uso de los factores de producción– es negativo. Es decir, que en España hay hoy desempleo involuntario por encima del desempleo estructural. En ese caso, un impulso del gasto público efectivamente podría servir para que esa diferencia entre el PIB real y el potencial se estrechara. En otras palabras, lo que puede ser efectivamente cierto si España estuviera en equilibrio puede no serlo cuando no lo estamos. La economía neokeynesiana reconoce también el efecto contracíclico de la política fiscal, y hoy por hoy, pese a nuestro crecimiento, España sigue por debajo de su PIB potencial.

En tercer lugar, es difícil medir el efecto de los multiplicadores. Blanchard y Leigh, con una metodología neokeynesiana impecable, admitieron en 2013 que el Fondo Monetario Internacional había errado en la estimación de los multiplicadores fiscales, que resultaron ser mucho mayores que sus previsiones. Este error contribuyó a empeorar en gran medida los resultados de la política fiscal contractiva seguida por los países europeos entre 2010 y 2013. En condiciones de baja inflación, tipos de interés cercanos a cero –lo que los economistas llaman el Zero Lower Bound– y output gap negativo, los multiplicadores fiscales han tendido a ser mayores de lo previsto. Pero su estimación fue una estimación ex post, no ex ante. De hecho, se han vertido ríos de tinta sobre el tamaño de los multiplicadores fiscales en los procesos de consolidación fiscal vividos en los años duros de la austeridad.

En cuarto y último lugar, las caracterizaciones de Domènech y Fernández-Villaverde de “vieja economía” al keynesianismo merecen ser también matizadas. Los modelos neokeynesianos no han sido particularmente eficaces a la hora de interpretar esta crisis. El propio Fernández-Villaverde admitió en su día que se debería trabajar más en la interpretación de las causas y evolución de la crisis financiera, a la luz de los discretos resultados que han dado algunas de sus propias modelizaciones. Desde la “unificación” que supuso la aparición de los modelos DSGE y de la economía neokeynesiana ha llovido mucho y aparte de revitalizar visiones que se pensaban “enterradas”, otras nuevas perspectivas abren caminos interesantes para comprender la nueva macro (particular interés tiene el trabajo de Paul de Grauwe, entre otros).

Políticas destinadas a incrementar la I+D o la cualificación de los trabajadores pueden dar resultados a medio plazo y amortiguar el impacto del gasto público en la deuda o en el déficit

Todo esto tampoco significa que haya una victoria abrumadora para los economistas de Podemos y de Sanders. Las estimaciones a priori de los multiplicadores fiscales deben ser siempre cogidas con pinzas, y yo no basaría la efectividad de mi política económica exclusivamente en ellos. Y aunque así fuera, el PIB no se puede mantener permanentemente por encima de tendencia a través de un impulso del gasto público.

Dejando al margen las limitaciones institucionales que representa la demencial arquitectura del euro, en la que ya hemos entrado en otras ocasiones, lo cierto es que tarde o temprano hay que hacer política de oferta para incrementar la productividad. Lo que puede y debe ser un instrumento contracíclico no puede convertirse en un instrumento procíclico so pena de generar graves desequilibrios en el medio plazo. No digo que los economistas de Podemos lo hagan, pero ahí está el límite de su acción, en saber en qué momento el output gap será prácticamente nulo o positivo. Llegado ese momento, la política fiscal expansiva será, efectivamente, y como dicen Fernández-Villaverde y Doménech, pan para hoy y hambre para mañana.

En cualquier caso, es saludable que los economistas debatan desde una perspectiva rigurosa y serena. Atrás quedan los tiempos en los que el director de FEDEA se reía a carcajadas en televisión ridiculizando “el mito del multiplicador fiscal”. La evidencia empírica de estos años y los resultados de las prescripciones económicas nos han enseñado a todos a tomarnos más en serio las propuestas de los economistas que no piensan como nosotros. Hay algunos que no se han dado por aludidos por la realidad, pero cabe preguntar qué clase de economistas son.