Entre los años 2008 y 2011 se cometió un fraude con un puñado de proyectos de cooperación subvencionados por la Generalitat Valenciana y una parte sustancial del dinero no llegó a sus destinatarios, comunidades necesitadas en países subdesarrollados. Se trata de un caso de corrupción repulsivo pero poco conocido en el resto de España. En 2012, cuando comenzó el procedimiento judicial y me personé como acusación popular a título individual, fueron muchos los que tildaron de inútiles los esfuerzos que realizábamos los fiscales Anticorrupción, la abogada de la Generalitat, la juez instructora y unos pocos más. Para qué tanto trabajo, decían algunos, si luego a los culpables nunca les pasa nada. El mismo ambiente de desesperanza e impunidad se respiraba en marzo de 2013, cuando expliqué el asunto en el diario El País a través del artículo Caso Cooperación: la depravación moral.

Sin embargo, entre enero y marzo de 2014 se celebró en el TSJ de la Comunidad Valenciana el juicio de la primera de las tres piezas separadas, que concluyó con sentencia condenatoria. Meses después el Tribunal Supremo confirmó las penas de 6 años para los dos protagonistas de la trama y el ingreso en prisión de otros cinco encausados, lo que convierte este proceso en un hito en la lucha contra la corrupción política en España.

A raíz de esta experiencia, un grupo de ciudadanos decidimos constituir una asociación que lleva por nombre Acción Cívica contra la corrupción y que, ajena a cualquier ideología política, brinda su estructura para que otros abogados puedan incidir en esa misma dinámica. El socio de honor es el escritor Antonio Muñoz Molina, lo que nos honra y nos otorga el empuje necesario para llevar a cabo esta andadura.

Los miembros de la junta directiva de Acción Cívica pertenecemos a generaciones distintas y procedemos de ámbitos diversos. Nos unen unas inquietudes sociales, la independencia respecto a intereses partidistas o económicos y una honda preocupación por el estado de nuestro país. Consideramos que los ciudadanos debemos dar un paso al frente contra la corrupción política, esa lacra que tanto daño ha hecho ya a nuestra democracia, a nuestra convivencia y a nuestra economía, y nos rebelamos contra la idea de que no es posible cambiar el estado actual de las cosas, mostrando así nuestra confianza en la sociedad española y muy especialmente en su juventud.

En el caso Cooperación pude comprobar que una Acusación popular activa es capaz de llevar a cabo un papel muy útil como complemento de la labor de la Fiscalía Anticorrupción. Es una herramienta que tenemos ahí, reconocida por la Constitución y al alcance de la ciudadanía, que está desaprovechada y a menudo mal utilizada cuando la ejercen los partidos políticos. Tras el estudio minucioso del sumario, un acusador popular que esté al servicio de la justicia puede moverse en ámbitos ajenos a los cauces oficiales, hablar con personas capaces de aportar información, atar cabos desde una perspectiva diferente de las cosas y, en última instancia, completar los interrogatorios a acusados y testigos durante la instrucción y el juicio oral.

Aunque vemos que muchas de nuestras conversaciones —en el entorno laboral, en bares, en reuniones de amigos— giran de un modo recurrente en torno a los casos de desvío y despilfarro de dinero público, esta indignación raramente se traduce en una acción constructiva. Sobra ruido y faltan acciones serenas y pragmáticas, y en ocasiones vemos que ni siquiera los sectores directamente afectados toman medidas efectivas para defender lo suyo. Se celebran algunas manifestaciones en la calle, y eso está bien, pero hay que ser conscientes de que los cambios sólo llegarán actuando desde dentro del sistema y utilizando el instrumento apropiado: el Derecho.

Quedan aún por destapar muchos más casos de este tipo, pues hace ya tiempo que los partidos políticos mayoritarios, en connivencia con algunas empresas constructoras, instituciones financieras, organizaciones patronales y sindicatos, anularon los mecanismos de control que les impedían campar a sus anchas, causando un saqueo monumental en Administraciones autonómicas, provinciales y municipales. Vemos que algunas tramas delictivas interactuaron con otros casos aparentemente inconexos, por lo que sólo queda concluir que una parte sustancial de la clase política está cubierta, como mínimo, por una capa de corrupción. Si de verdad pretendemos salir algún día de la crisis ética, social y económica que nos azota, consecuencia en gran medida de lo anterior, debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para ayudar a jueces y fiscales, que encarnan el último filtro del Estado de Derecho. Cuando veo el talento desaprovechado que hay en España, sobre todo entre los jóvenes, preparados pero desmotivados y casi sin opciones, pienso en la necesidad imperiosa de hacer una limpieza profunda, que pasa por juzgar y encarcelar a los corruptos, restituir el dinero robado e implementar sólidas medidas de control en la Administración.

Acreditados estos puntos —la utilidad de la figura de la Acusación popular y la inacción generalizada ante el saqueo del dinero de todos—, nuestra asociación brinda la posibilidad de que, pasados unos filtros, abogados de cualquier punto de España puedan personarse como acusadores en nombre de la misma en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos. Desde hace unos meses estamos personados en un juzgado de Colmenar Viejo por un caso de presunta prevaricación continuada en su Ayuntamiento; pronto llegarán más. 

Tal y como reflejan sus estatutos, Acción Cívica no se identifica con ideología política alguna: este es el principio fundamental que le da sentido, alimenta su funcionamiento y le otorga su fuerza. Su único cometido consiste en coadyuvar a la justicia y colaborar en el esclarecimiento de la verdad sin importar el color de los partidos involucrados en cada uno de los casos. Quedan fuera también motivos de cualquier otra índole, como pueden ser rencores u odios personales, que no suelen conducir a metas positivas. No estamos contra nadie sino a favor de la sociedad. Actuamos sólo desde planteamientos racionales, de un modo aséptico y constructivo, y al servicio siempre de la Fiscalía Anticorrupción, una institución digna de encomio a la que de forma recurrente se le niegan los refuerzos que tan urgentemente necesita.

Además de luchar por obtener sentencias ejemplares para los casos de corrupción, Acción Cívica lleva a cabo una labor de divulgación de ideas relacionadas con sus objetivos. En coordinación con otras instituciones surgidas de la sociedad civil, defendemos la necesidad de que la clase política se desprenda de gastos superfluos y construya una Administración eficiente, algo necesario para tener una mínima autoridad moral ante los ciudadanos. Pedimos que se otorgue a los 2,5 millones de funcionarios una potestad real para controlar la gestión de lo público y para, según les exige la ley, alertar de las irregularidades que detecten. No se puede demorar más la implantación de medidas de protección al denunciante, sobre todo la fijación en su nivel funcionarial y la inmediata puesta a su disposición de un abogado.

En el final de Todo lo que era sólido, imprescindible ensayo que nos sirve de guía, Antonio Muñoz Molina afirma que “no tendremos disculpa si no hacemos todos lo poco y lo mucho que está en nuestras manos, en las de cada uno, para que no se pierda lo que tanto ha costado construir, para asegurar a nuestros hijos un porvenir habitable”. Es hora de que los ciudadanos demos un paso adelante y reivindiquemos nuestro espacio. Desde Acción Cívica, con humildad pero con determinación, actuando siempre al servicio de fiscales y jueces, lucharemos para marcar a la clase política los límites que impone nuestro ordenamiento jurídico y la ética más elemental.

Antonio Penadés es escritor y presidente de Acción Cívica (accion-civica.org)