A algunos extranjeros les llama la atención en Buenos Aires los pisos y las casonas que tienen ciertos escritores, arquitectos, políticos, sindicalistas o ejecutivos. En otras latitudes distantes vivirían en viviendas más modestas, piensan. Lo que ocurre en la capital argentina se repite por toda Latinoamérica. Parte de la explicación, solo una parte, radica en la injusticia tributaria que han denunciado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la ONG Oxfam. Ambas entidades concluyeron en un trabajo conjunto que los ricos en esta región pagan menos de la mitad del impuesto de la renta que abonan sus pares en EE. UU. y un cuarto de lo que desembolsan en países europeos.

De unos 16 países evaluados en Latinoamérica, solo en tres de ellos (Argentina, México y Uruguay), el 10% más rico de cada sociedad paga como tributo a la renta personal entre el 8% y el 10% de sus ingresos brutos. Solo en México alcanza el 10%. En Paraguay, los ricos solo abonan el 1%. Venezuela y Ecuador apenas están un poco mejor. En Colombia pagan el 4%; en Perú, el 5%; en Brasil, el 6%, y en Chile, el 7%. Nada que ver con EE.UU., donde contribuyen con el 14%, y mucho menos con Francia (18%), Alemania (23%), Reino Unido e Italia (25%) o Suecia (30%).

Seguramente habrá millonarios que se quejen de que el sector público latinoamericano les reporta poco o nada en servicios educativos, sanitarios o de seguridad, pero también es cierto que en la mayoría de los países de la región la recaudación tributaria es baja y, por tanto, quedan escasos recursos para el gasto estatal. Pero incluso en los países latinoamericanos con ingresos impositivos en relación al PIB similares a los de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la estructura tributaria también “favorece la recaudación de impuestos al consumo, como el IVA, lo que pone a las personas con menores ingresos en una gran desventaja frente a personas y empresas más ricas con beneficios de exenciones tributarias y facilidades para eludir impuestos”, según el estudio de la CEPAL y Oxfam. En el club de países ricos que es la OCDE, la recolección de gravámenes supuso entre 2000 y 2013 el 34% del PIB, frente al 21% de la media latinoamericana. Brasil promedió el 36%; Argentina, con los impuestos a la exportación ahora reducidos por el nuevo Gobierno de Mauricio Macri, el 31%; y Bolivia, el 28%. Chile y Colombia sumaron el 20%; México, el 19%; Perú, el 18%; y Venezuela, el 14%, lo mismo que República Dominicana y apenas por encima del peor registro de la región, el 13% de Guatemala.

“Los sistemas tributarios de la región suelen estar más orientados a los ingresos laborales que a las ganancias de capital y a menudo carecen de impuestos sobre bienes inmuebles y sucesiones, de manera que se incrementa la concentración de la riqueza”, advierten la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima, en el estudio. Los más ricos latinoamericanos terminan pagando menos impuestos que sus pares estadounidenses y europeos porque cuentan con más exenciones y menores tipos, según el informe.

El fraude de impuestos sobre la renta personal, corporativa y el IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320.000 millones de dólares al año, es decir, 6,3% del PIB

Justo ahora que América Latina está ajustando sus gastos por la resaca que dejó la ya pasada bonanza de las materias primas (principales exportaciones sudamericanas), el combate contra el fraude, la elusión, las exenciones y los bajos tipos tributarios con los que se benefician muchos afortunados puede constituir una, no la única, fuente de ingresos para aliviar el ajuste. Federico Poli, exdirector de Asuntos Económicos de la Secretaría General Iberoamericana, advierte de que Latinoamérica crece “menos que la Eurozona”, han regresado “con fuerza los déficits gemelos” (fiscal y comercial) y además caen en forma estrepitosa las exportaciones, la inversión y la colocación de deuda en el extranjero, en medio de la subida de tipos de interés de EE.UU. que lleva a que los capitales huyan de los mercados emergentes a los desarrollados. “Si uno quita 2009, cuando se cayó el mundo, el PIB latinoamericano sufrió en 2015 la peor caída desde 1984, un 0,25%”, alerta Poli.

“En un escenario de crecimiento casi cero, y caídas en commodities (productos básicos), la opción es abordar reformas fiscales que garanticen más y mejor recaudación”, opina Susana Ruiz, experta tributaria de Oxfam. “La otra alternativa es ajustar el gasto, y eso tiene un gran riesgo social”, añade Ruiz en diálogo telefónico.

El fraude de impuestos sobre la renta personal, corporativa y el IVA le cuesta a América Latina y el Caribe más de 320.000 millones de dólares al año, es decir, 6,3% del PIB, según la CEPAL. Los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por fraude y elusión (artilugio legal) de impuestos sobre la renta a individuos. “Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, es decir, un aumento seis veces superior al del PIB de la región", planteó Simon Ticehurst, director de Oxfam para América Latina, al presentar la investigación en Santiago de Chile. "Gran parte de esta riqueza se mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales. Es vergonzoso que en la mayoría de los países de la región continúe el aumento progresivo en la tasa y los bienes que pagan IVA, en vez de atacar la evasión fiscal y reducir las exenciones que reciben los que más tienen”, agregó Ticehurst.

Pero no sólo eluden los tributos los ricos sino las multinacionales. En el informe de la CEPAL y Oxfam se menciona la manipulación de precios de transferencia de bienes, servicios y regalías entre filiales de distintos países del mismo grupo empresarial para pagar menos impuestos en origen y tributar en paraísos fiscales. Además, los gobiernos otorgan un “trato favorable” a las multinacionales en materia de impuestos, por medio de reducciones “excesivamente generosas” de los tipos y, de acuerdo con algunos cálculos, la carga impositiva para las empresas nacionales equivale al doble de la aplicada a las extranjeras, según ambas entidades. Por eso, la recomendación consiste en que los países latinoamericanos coordinen su política de atracción de inversiones para evitar una sangría que empobrezca a todos.