El 7 de febrero de 2008, a menos de un mes de unas elecciones generales, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, pronunciaba en una emisora de radio aquello de: “No estamos en una crisis económica”. Menos de un semestre después, el 24 de julio, la inmobiliaria Martinsa-Fadesa se declaraba en concurso de acreedores, el mayor de la historia de España, un seísmo de magnitud diez en la escala de los indicadores de una debacle económica. El país era obligado por las bravas a mirar al fin el enorme agujero negro que se abría bajo sus pies. La economía no tenía cimientos. El espejismo de la bonanza se había levantado a crédito. Todo (casi todo) eran deudas. Deudas que, privadas del grifo del crédito nuevo que tan alegremente había hinchado la vaca durante años, de repente no podían pagarse y obligaban a otros a no poder pagar a su vez las suyas. 

España entraba por la puerta grande en la era de las suspensiones de pagos, un dominó que aún hoy no ha terminado de derribar fichas y que habría amenazado seriamente la Amazonia de no ser porque el BOE, donde se inscriben los concursos a diario, hace tiempo que sólo se publica en formato digital. Además de los bancos, que habían alimentado al monstruo, carpinteros, albañiles, empresarios del cemento y del azulejo, encofradores, transportistas, decenas de miles de trabajadores, Hacienda y la Seguridad Social (aunque cada uno con su lugar más o menos preferente) se pusieron a la cola tras cada caída a esperar turno para cobrar, ya fuera antes de que la empresa se recuperase, o bien una vez fuese liquidada y vendidos sus activos, como ha ocurrido en la mayoría de los casos. Tras el sector de la construcción, que había liderado el milagro del ‘España va bien’, vendrían todos los demás. La economía estaba infectada de deuda de arriba abajo, la metástasis fue imparable. 

No todo han sido disgustos en aquella pandemia empresarial. Un negocio floreciente, al menos para algunos, ha arraigado con fuerza en ese desastre. Cada vez que un juez declara a una empresa en concurso de acreedores, bien sea porque esta lo haya pedido (lo que le permite en principio mantener el control de la gestión), o porque lo solicita un deudor, es necesario poner al frente del reparto a alguien que se asegure del correcto orden de pagos y la adecuada gestión para proceder a ellos: el administrador concursal. Es la persona, física o jurídica, que lo mismo tiene que supervisar a un gigante del negocio inmobiliario como Martinsa que un emporio turístico saqueado por sus propietarios como Marsans. Lo mismo una pyme que una multinacional como La Seda. Lo mismo… pero no. 

España entraba por la puerta grande en la era de las suspensiones de pagos, un dominó que aún hoy no ha terminado de derribar fichas

Cuando la crisis golpeó a España se encontró una normativa sobre concursos de acreedores con dos características en lo que a los administradores concursales se refiere, que han llenado de polémica, suspicacias y algún expediente el panorama concursal. Por un lado, los administradores eran elegidos de forma discrecional por el juez que declarase el concurso y, por otro, cobraban en función de un arancel, un porcentaje relacionado, entre otras cosas, con el activo y la deuda de la empresa que entraba en suspensión de pagos. Cuanto más grande era la caída, mayor la factura del administrador. Las cifras en algunos casos, en una crisis como la que ha vivido este país, alcanzaron cotas nunca vistas desde aquel julio de 2008 en que Martinsa reconoció que no daba para más. Cada administrador de la inmobiliaria (y se seleccionó a tres) cobró entre 4 y 6 millones de euros. Las cifras bailan según quien hable de ellas. Pero incluso con el dato más bajo, la factura de Martinsa a sus tres administradores concursales, una vez liquidada la empresa (proceso en el que está inmersa ahora y que se prevé que dure hasta cuatro años), superará los 16 millones de euros que habrá ido pagando la caja de la empresa.

Un país agujereado

Para hacerse una idea del horizonte que se abrió de repente ante los ojos de los administradores concursales, en el año 2007 se presentaron en España 1.589 solicitudes de concurso de acreedores en juzgados de lo mercantil. En 2008, la cifra se disparó a 4.813 solicitudes y no paró de crecer hasta superar las 10.000 anuales tanto en 2012, como en 2013, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De esa cantidad, en el año 2012 fueron declarados (es decir, tramitados por el juzgado correspondiente) 7.541 concursos, cifra que ascendió a 8.199 concursos declarados en 2013. Cada uno de esos dos años, más de 5.000 empresas de las que habían solicitado concurso no lograron salvarse y terminaron en liquidación. 

La factura de Martinsa a sus tres administradores concursales, una vez liquidada la empresa superará los 16 millones de euros, que habrá ido pagando la caja de la empresa

Si estas cifras son llamativas, su dimensión se dispara si se tiene en cuenta lo que encerraban los concursos de mayor tamaño, lo que da idea también de lo que ha implicado para los administradores la gestión de los colosos caídos en desgracia. La caída por excelencia, que merece siquiera un párrafo de explicación, es la citada de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, emblema de cómo se hacían las cosas en este país casi hasta el día antes de que todo saltase por los aires y que ocupa el primer puesto del podio hasta que Abengoa, en situación cada vez más delicada, diga lo contrario. 

Martinsa-Fadesa se constituyó a finales de 2006, tras la compra por parte de Fernando Martín y su socio Antonio Martín de la inmobiliaria Fadesa por 4.000 millones de euros a Manuel Jove (el gran ganador de la jugada, el que saltó del barco a tiempo). La operación se hizo en su mayoría con un crédito por importe de 2.579 millones. Nacía un gigante endeudado hasta las tejas. Ni un año duró el sueño. Martinsa-Fadesa, con una plantilla de 880 trabajadores, presentó concurso de acreedores ante la imposibilidad de atender su pasivo, la histórica cifra de 7.200 millones de euros. Estuvo en concurso hasta marzo de 2011 y en marzo de 2015, cuatro años después de salir, el consejo de administración de la compañía, incapaz de lograr la adhesión suficiente a un nuevo convenio de acreedores, solicitaba la liquidación de la empresa.

Habitat provocaba otro terremoto en noviembre de 2008 al solicitar el concurso en los juzgados por no ser capaz de atender una deuda de 2.300 millones de euros derivada en su mayoría de haber comprado a crédito Ferrovial Inmobiliaria para cumplir el sueño de Bruno Figueras de convertirse en uno de los más grandes. Del primer convenio con los acreedores, que implicó una quita del 20%, se acabó en 2014 en un segundo pacto por el que se perdonaron a la empresa de Figueras otros mil millones, el 75% de los créditos. Mejor cobrar algo que nada. 

La Seda de Barcelona presentaba concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado Mercantil de la Ciudad Condal, ante la imposibilidad de afrontar el pago de vencimientos por 235 millones de euros de una deuda total que superaba los 646 millones. En el otoño de ese año, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián admitía el concurso de Fagor Electrodomésticos, perteneciente a la Corporación Mondragón, con una deuda superior a los 1.000 millones de euros, alrededor de 2.000 socios cooperativistas y más de 5.000 empleados. 

Son algunos de los concursos citados de forma espontánea por administradores concursales consultados sobre los procesos que entre la profesión se consideran los más relevantes en cuanto a la retribución generada para los administradores. 

Prácticas cuestionadas

Fuentes de los juzgados de lo mercantil de una de las grandes ciudades españolas y por tanto, entre las que mayor número de concursos ha acogido, describen a CTXT, bajo el más estricto compromiso de mantener su anonimato, la rutina que se instaló en los juzgados cuando la cantidad de procesos empezó a dispararse y empezaron a aparecer los grandes. “Era como la lotería. Yo como juez he llevado hasta 600 concursos al año, más de dos al día, si no contásemos las vacaciones. Como el nombramiento era discrecional, aquello daba lugar a camarillas, a camaraderías y a polémicas y al constante cuestionamiento de la honestidad de los jueces. Entre las principales sospechas, estaba el hecho de que empezaron a multiplicarse las jornadas dedicadas a la administración concursal, jornadas que eran convocadas y patrocinadas por los despachos dedicados a la propia administración de los concursos y a las que se invitaba a participar a los jueces que adjudicaban esos concursos. Se pagaban de media unos 500 euros por conferencias de media hora, además de la invitación al hotel, etc.”

“Era como la lotería. Yo como juez he llevado hasta 600 concursos al año, más de dos al día, si no contásemos las vacaciones"

Según explican fuentes del CGPJ, la actividad extrajudicial de los jueces está estrictamente regulada por su régimen de incompatibilidades. Es incompatible, por ejemplo, que un juez milite en un partido político o que ejerza como parte en una localidad en la que tenga intereses. Luego existen actividades compatibles pero que necesitan autorización, como ser profesor de universidad o una actividad similar que implique cierta continuidad, o la asistencia a cursos en horario de audiencia. Y finalmente hay actividades que son compatibles y no requieren autorización, como es el caso de asistir o participar en cursos fuera del horario de audiencia. Es legal, explican las citadas fuentes, “y una de las pocas vías de complementar la limitada retribución de los jueces, sobrecargados con la avalancha de casos que trajo la crisis y los escasos medios con que han contado”. 

Se instaló otra rutina, continúan. “Cuando surgía un concurso de los grandes, el juzgado se llenaba de personas buscando la adjudicación, comerciales de despachos, de las principales auditoras, que invitaban a comer a los jueces para dejarles claro que estaban a su disposición. A partir de 300.000 o 400.000 euros de retribución al administrador, se podía considerar que ya se estaba hablando de uno de los superconcursos". Y empezaba el desfile. Aquello, reconocen las citadas fuentes, no demuestra tampoco una práctica ilegal pero sí un modo poco ortodoxo de hacer las cosas, máxime cuando había cantidades importantes de por medio. 

La situación no era cómoda para muchos jueces, cuya decisión podía verse cuestionada. Fuentes de los juzgados de lo mercantil de Barcelona comentan que en la ciudad condal se tomó la decisión desde 2013 de celebrar reuniones informales periódicas entre los propios jueces para mantener entre ellos un diálogo sobre el reparto de concursos. Se trataba, explican, de buscar cierto equilibrio no sólo para repartir de la forma más equitativa posible los concursos más jugosos, sino para evitar que unos administradores se llevasen las joyas quebradas mientras otros se encargaban de procesos por los que no iban a ver un euro. Estos últimos, por más que sean los macroconcursos de las facturas millonarias los que más atención han captado de los medios, han sido los mayoritarios. Concursos en los que la masa de activos de la empresa concursada no daba para pagar lo estipulado al administrador. Empezaron, cuentan las citadas fuentes, a equilibrar los concursos no sólo entre administradores ni sólo los de mayor tamaño sino de forma que se compensase los que suponían un ingreso más relevante con los que no, y se pasó a publicar cada seis meses los nombramientos efectuados en Barcelona para hacer visible el reparto.  

Había otro hándicap a la hora de seleccionar a los administradores concursales de las grandes caídas que trajo la crisis. No se podía adjudicar a cualquiera la administración de una empresa de gran tamaño, mucho menos de una multinacional, lo que redundó en que determinados administradores con nombres y apellidos y despachos concretos acaparasen buena parte de los procesos. “Al estar basado en un porcentaje, había concursos cuyas facturas para los administradores eran una barbaridad”, reconocen en un conocido despacho del sector, “y tampoco había un abanico de administradores tan amplio para encargarles la administración”. 

No se podía adjudicar a cualquiera la administración de una empresa de gran tamaño, mucho menos de una multinacional, lo que redundó en que determinados administradores con nombres y apellidos y despachos concretos acaparasen buena parte de los procesos

A principios de 2015, Infocif hizo público un ranking, basado en las publicaciones del BOE, con los nombres de los administradores encargados de un mayor número de procesos desde 2007 hasta finales de 2014. Aunque las cifras totales incluían concursos cuyo cierre ya había sido inscrito en el registro, otros en curso y otros recién adjudicados, la capacidad de algunos de los despachos demostró ser asombrosa. Interconcursal, que ocupaba la primera posición, había gestionado durante la crisis y hasta esa fecha 285 procesos. El segundo lugar lo ocupaba el citado Pedro Bautista Martín Molina, con 143 concursos administrados. Antonia Magdaleno, cuyo nombre, ya conocido en la profesión, se ha hecho familiar por ser elegida para administrar el concurso de Martinsa-Fadesa, sumaba 53. 

Conflictos y expedientes

La competencia trajo consigo conflictos entre los profesionales del sector. El más sonado, de nuevo, implica el descalabro de Martinsa-Fadesa. Los administradores concursales seleccionados para el proceso de la inmobiliaria por el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña fueron KPMG, Bankinter y Antonia Magdaleno, socia en aquel momento del bufete Broseta Abogados. 

Magdaleno tomaba la decisión de constituirse por su cuenta hace unos años y Broseta la denunció por estafa. Hay dos versiones de esta historia, la que dice que Magdaleno ha sido denunciada por liquidar con Broseta cantidades inferiores a lo que realmente recibió por el concurso de Martinsa-Fadesa y el de Urazca, que cifran la cantidad sisada en el entorno de los 4,5 millones de euros; y la de la propia Magdaleno. Consultada por CTXT, la abogada, reconocida como una de las mayores expertas en procesos concursales del país, considera que el problema reside en que Broseta pretendió que los procesos eran del despacho cuando “el colegio arbitral dejó claro que los concursos eran míos”, afirma, “porque era yo la designada en primera persona y porque ningún juez me cesó cuando me fui. No sólo no ocurrió sino que el juez de Martinsa, cuando comenzó la liquidación, me volvió a nombrar administradora”. El caso está pendiente de apertura de juicio oral, y a Magdaleno se le impuso una fianza de 5,4 millones de euros. 

La abogada llama la atención sobre que las cifras no deben llevar a engaño. La cuantía no es beneficio. Primero porque hay muchos concursos en los que no se cobra y después porque en los grandes hay todo un equipo trabajando. “En la liquidación de Martinsa, que ahora está en marcha, entre los tres administradores habrá unas 40 a 45 personas trabajando”. Reconoce que en la fase común del concurso, cuando tuvo lugar el pago más cuantioso, esa cantidad se limitaba a unas 15 personas. Eran los comienzos de la crisis y Magdaleno admite haber ido aprendiendo con cada nuevo proceso. Su despacho cuenta ahora con una treintena de personas frente a la media docena con que comenzó hace tres años. 

Pero además de estas consecuencias de la competencia entre colegas, la cuestionada actuación de los jueces supuso incluso la apertura de algún expediente con drásticas consecuencias. Es el caso de lo ocurrido con el juez Fernando Presencia, exmagistrado del número 2 de lo mercantil de Valencia, que fue ‘desterrado’ a Talavera de la Reina por decisión del Consejo General del Poder Judicial por considerar este que no había pedido la autorización oportuna para impartir determinados cursos. El calvario del juez Presencia, considerado un juez estrella y polémico por su defensa de la resolución de los concursos basándose en la dación en pago, se inició cuando un alumno denunció que el juez concedía presuntamente a alumnos de un máster en el que participaba los concursos que acababan en su juzgado. Presencia está actualmente suspendido de su cargo en los juzgados de Talavera, pendiente de un proceso por no haber practicado las diligencias debidas en un caso de un accidente. 

Una ley vieja y sus consecuencias

Sin restar importancia a la arbitrariedad del proceso de selección y la retribución de los administradores, el problema de la avalancha de concursos y la falta de reflejos del legislador tiene una dimensión aún mucho mayor. La Ley Concursal y la normativa relacionada datan de 2004, “una ley que se hizo en época de bonanza y sin pensar siquiera en la posibilidad de una crisis del tamaño de la sufrida”, comenta Antonia Magdaleno. Cuando estalla la crisis, “las estructuras se quedaron rápidamente pequeñas, los funcionarios no estaban preparados para este tipo de procesos, bastante distintos a los procesos civiles normales y sobre todo el número de casos hizo que fuera materialmente imposible que ninguno de los juzgados cumpliese con los plazos establecidos en la ley, que son muy importantes porque no es lo mismo que un concurso se declare a los cinco días de haberlo solicitado que a los tres meses. Hay un periodo donde no se sabe bien si la sociedad está en concurso o no, si se pueden hacer determinados gastos o no y, aunque el juez no haya dictado el auto declarando el concurso, todos los proveedores se enteran de que se ha pedido y dejan de suministrar porque les entra el miedo, empeorando la situación de la empresa”.

Lo que se hizo durante la crisis fue poner parches, anunciar mejoras pero “no se invirtió más dinero, que al final es lo que hace falta. Los juzgados seguían saturados. La situación ha ido cada vez a peor”

En su opinión, “si hubiera habido mayor celeridad, una visión más mercantil, con la rapidez necesaria, etc. se habrían podido evitar liquidaciones sin duda”. Lo que se hizo durante la crisis fue poner parches, anunciar mejoras pero “no se invirtió más dinero, que al final es lo que hace falta. Los juzgados seguían saturados. La situación ha ido cada vez a peor”.

El legislador, sin embargo, añade Magdaleno, se limitó a ir “parcheando a base de presión de lobbies. Que a los bancos no les gustaba una parte de la norma, se crearon los acuerdos de financiación que si se cumplían ciertas reglas les protegían; que a los bancos tampoco les gustaba que por ser socio de la concursada les subordinaran el crédito, se cambió para decir que sólo era así en determinadas circunstancias”.

Sobre la polémica surgida con la selección de los administradores concursales, Antonia Magdaleno asegura que para ella es lo mismo que se haga “por lista corrida o mediante sorteo siempre que haya una selección previa. Que sólo puedan ser administradores concursales quienes pasen unos determinados exámenes, determinadas pruebas objetivas y que dentro de esas pruebas se incluyan tanto conocimientos como experiencia y equipo con que se cuenta. Si tú tienes unas listas bien formadas de forma objetiva dará igual”. 

Lo que ha sucedido con la crisis, comenta, es que “compañeros que nunca se habían mostrado interesados por los procesos concursales quisieron subirse al carro y cuanta más crisis ha habido y menos trabajo para los abogados, más abogados y economistas se han sumado. Un abogado matrimonialista que se quedaba sin trabajo con la crisis hacía un cursito y entraba en las listas para poder optar a concursos. Ese abogado, con todos mis respetos, no está capacitado para llevar un concurso grande. A lo mejor uno pequeño, puede. Pero no uno grande porque se va a volver loco. Si además en los medios no para de decirse que los administradores concursales se hacen millonarios, cosa que por cierto es mentira, la gente se apunta pensando que es un chollo y luego resulta que no”. 

Porque, como apunta Magdaleno, una cosa es la factura y otra el margen que deja finalmente. “No conozco a ningún administrador que se haya retirado. Es un negocio que obviamente te da unos beneficios, si no, nadie lo haría. Pero te da unos beneficios de trabajo, porque tienes que pagar a tu equipo si lo quieres hacer bien”.

La nueva norma

A mediados del año pasado, el Gobierno aprobaba una nueva norma que afectaba entre otros asuntos a la selección de los administradores. A partir de entonces, no son tres administradores. Además, deben formar parte de un registro tras el paso de un examen y se ha establecido un tope máximo de cobro de 1,5 millones de euros. La norma está en buena medida sujeta al desarrollo de un reglamento aún pendiente que deberá aprobar el nuevo Gobierno, cuando exista.