Hay buena mandanga en la pista de baile. Parece una de esas escenas del cine de los sesenta, con la orquesta a todo trapo y unos señores y señoras muy bien puestos que lo dan todo con unos virtuosísimos movimientos. La música no cesa: en el momento en que se detenga, el público se dará cuenta de que son músicos decrépitos quienes inducen sus pasos de baile, y se mirarán a sí mismos extrañados, preguntándose por qué llevan tantos años asistiendo a la misma fiesta, con la misma música y los mismos canapés insulsos.

La historia del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada se remonta a 2003. Trece años de bailoteos, copas y Tony Curtis vestido de mujer. Trece años que llegan a su final el 13 de abril de 2016, con la detención de quien había ocupado la alcaldía de la ciudad durante todos esos años, José Torres Hurtado. Su partido, el PP, al contrario que con otros de sus cargos políticos a quienes ha seguido respaldando tras indicios de corrupción, lo suspende de militancia. “Nadie es perfecto”, habría dicho Osgood.

Cinco días después, el alcalde de Granada presenta su dimisión junto a Isabel Nieto, la concejal de Urbanismo, y Sebastián Pérez, presidente del PP de Granada, quien decía más tarde que él había dimitido “sin tener absolutamente nada que ver en ninguna trama”. El típico yo pasaba por ahí y me ha tocado dimitir. Isabel Nieto, a su vez, señalaba al exjefe del área de Urbanismo y denunciante de la trama que ha conducido a las detenciones, Jacobo de la Rosa, como verdadero responsable de esas cosas de las que usted me habla. “Yo me he sentido amenazada todo este tiempo por este señor, que tiene problemas psíquicos, y si me pasa algo ya saben quién es”, anunciaba Nieto a los medios.

No hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada

Para entender la supuesta trama de corrupción urbanística en Granada que la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se encuentra investigando es imprescindible poner nombres y apellidos a cada uno de los casos. Los expedientes urbanísticos que hay repartidos por la ciudad llevan a un “denominador común”, explica Paco Puentedura, único concejal de Izquierda Unida en Granada. “En todas las irregularidades urbanísticas que se están investigando son los mismos empresarios quienes son beneficiados a través de la recalificación de terrenos, que compran baratos o con concesiones administrativas a bajo precio, y con una capacidad de negocio que se acaba incrementando de forma artificial sin que el planeamiento lo permita”, denuncia.

A José Julián Romero se le investiga por una operación urbanística en el Cerrillo de Maracena (Palacio de Hielo), parkings construidos por su empresa en la ciudad —en los que entra en juego su estrecha relación con Manuel Lorente, funcionario municipal de Urbanismo, también arrestado el pasado 13 de abril e investigado en 2008 por su relación con el empresario— y un plan parcial en Casería de San Jerónimo, donde se sitúa la urbanización Ciudad de la Luz. Fue la operación en el Cerrillo de Maracena la que costó a Torres Hurtado su primera imputación en 2013, cuando fue llamado a declarar por un presunto delito de prevaricación que finalmente quedó archivado.

El Palacio de Hielo es una construcción que nunca llegó a realizarse, precedida de un convenio firmado en 2006 entre el ayuntamiento, la empresa de José Julián Romero (J. Julián Romero Consulting S.L.) y Comarex Desarrollos S.L. para hacer frente a una deuda entre ambas partes. Era el resultado a una operación por la que se había tratado de convertir el Palacio de Hielo en un gran centro comercial, tras una propuesta de contrato de compraventa del propio José Julián Romero a través de una empresa con domicilio fiscal en Holanda. La sociedad extranjera acabaría desapareciendo, las obras quedarían paralizadas y Granada, con los votos a favor del PP y en contra de los grupos de la oposición, aprobaba un pago en especie por valor de siete millones de euros a cambio de una parcela del terreno original del Palacio de Hielo tasada en más de ocho millones.

El caso de la Ciudad de la Luz es aún más negro. Como parte del Plan Parcial N2 del ayuntamiento del PP, el consistorio toma parte en la construcción como un propietario más. “En este caso hay una serie de maniobras muy extrañas en la Junta de Compensación, entidad urbanística encargada del desarrollo de ese plan parcial, que toma decisiones por comisión ejecutiva, dejando fuera a pequeños propietarios, con la única participación de los grandes promotores y el ayuntamiento”, señala Puentedura. Las obras de urbanización terminan con un sobrecoste de tres millones de euros. Se desvía el río Beiro sin el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y con un informe contrario de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Llega un momento en el que José Julián Romero pide licencia de primera ocupación y, a pesar de que las obras no están terminadas, se le concede. Esta operación se justifica a través de los avales que el promotor presenta en julio de 2012 por valor de cerca de dos millones de euros, con los que el ayuntamiento podría completar la obra en el caso de que Julián Romero no lo hiciese en los dos años siguientes. Pasan los dos años, la obra no se lleva a cabo y el ayuntamiento pierde los avales al no proceder a su ejecución dentro del plazo. Manuel Lorente, quien ya ha aparecido en esta historia unos párrafos más arriba, habría sido el encargado de otorgar dicha licencia de primera ocupación como director de Obras.

Algunos de los pequeños propietarios del plan parcial denunciarían los hechos a la Fiscalía, que abriría diligencias de investigación. La trama de corrupción empezaba a asomar, y nuestro siguiente implicado no estaría exento de protagonismo.

El caso Serrallo: baluarte de la corrupción

El Serrallo Plaza es un centro comercial de reciente construcción que envuelve al empresario Roberto García Arrabal. Un espacio del que se deshizo en 2015, en plena investigación, al vender su sociedad Área de Inversiones Sur SL, propietaria del espacio, a un fondo de inversión extranjero. Jacobo de la Rosa, exdirector general de Urbanismo, y a quien señalaba Isabel Nieto hace escasos días, denunciaba el caso en 2013 a través de un informe al que CTXT ha tenido acceso.

La irregularidad está ligada al parque que hay alrededor del centro comercial Serrallo Plaza, un sistema general de espacios libres: es decir, una zona verde. En dicho terreno se plantea en 2006 un parque de atracciones infantil que debía ocupar un 2% del parque. Dicho 2% se supera a través de una serie de licencias concedidas por el Ayuntamiento de Granada, apareciendo una discoteca con restaurante y una pista de patinaje donde debían ir atracciones infantiles. En total, más de 1500 metros cuadrados que permanecen ocupados a día de hoy, frente a los 660 permitidos dentro de ese 2%.

A través de un detallado escrito de 23 páginas, el 29 de enero de 2013, Jacobo de la Rosa denunciaba estos hechos, hablando de la introducción de “usos y aprovechamientos urbanísticos no permitidos por el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) en este tipo de suelo, espacio libre público-zona verde, distorsionando las determinaciones urbanísticas del mismo y reduciéndose de hecho la superficie de dicho sistema general”. Este informe se lo envía a Isabel Nieto, que, según narra Puentedura, “una vez lo recibe, le presenta un escrito pidiéndole que lo retire”.

Cuando el 15 de octubre de 2013, la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo abre diligencias penales, señala, además de a Torres Hurtado y a Isabel Nieto, a Emilio Martín Herrera (director de Licencias), María Paz Spínola (directora de Urbanismo) y Agustín Belda (coordinador del Área de Urbanismo y Obras) por emitir informes favorables que permitían el uso y aprovechamiento de la zona verde, dando cobertura legal a la operación urbanística. También apuntaba hacia Manuel Lorente, por ejecutar las obras teniendo conocimiento de la ilegalidad de las mismas, y se hacía responsables como promotores a Enrique Legerén, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, y al propio empresario, Roberto García Arrabal.

Es el mismo empresario al que se investiga por otras dos cuestiones en terrenos próximos al centro comercial. Por una parte, el Pabellón Mulhacén, una zona de equipamiento deportivo con un 30% de uso terciario —es decir, usos relacionados con el ocio y la hostelería— en la que los números no cuadran. Donde tenían que ir varias pistas de padel, aparece un McDonalds. Otra de parkings: en la concesión administrativa, los promotores se comprometen a hacer un parking subterráneo que nunca se llega a construir, para finalmente ocupar parte de las instalaciones deportivas iniciales con una zona de aparcamientos al aire libre. Las obras acaban invadiendo 300 metros cuadrados de una parcela propiedad de otro empresario, que denuncia los hechos.

El otro caso corresponde a una parcela del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). García Arrabal se hace con otra parcela de uso deportivo por dos millones de euros. Más de lo mismo: el plan general de ordenación urbana indica que el 70% de edificabilidad de esa parcela es para equipamiento deportivo, mientras que el 30% puede tener un uso terciario. El promotor plantea construir una residencia universitaria —el PTS alberga varias facultades sanitarias— aprovechando ese uso exento de instalaciones deportivas, si bien su construcción es incompatible con una parcela de uso deportivo.

Tras presentar un estudio de detalle que pretendía vincular la residencia universitaria a la propia Universidad de Granada, y aun con la negativa de ésta a llegar a ningún tipo de convenio hasta poder valorar si la residencia cumple o no con los requisitos —es decir, una vez esté construida—, el ayuntamiento se muestra a favor de alterar el planeamiento del terreno. El 18 de marzo, un mes antes de las detenciones, Isabel Nieto se levantaba de una comisión de Urbanismo alegando sentirse coaccionada: la presión de los empresarios para que el plan saliera adelante chocaba con la promesa de Paco Puentedura de denunciar el caso a la Fiscalía.

“Lo que pretenden es incrementar de forma artificial el valor de esa parcela, porque el metro cuadrado hubiese costado mucho más si el uso de la parcela permitiera la residencia, dado que la capacidad de negocio sería mucho mayor”, apunta el candidato de Izquierda Unida, que además se apoya en que “ni siquiera el ayuntamiento podía justificar el que se pudiesen cambiar los usos de esa parcela, cuando justo al lado hay una parcela que es de titularidad del ayuntamiento que sí permite el residencial singular, es decir, permitiría una residencia universitaria”.

Alcaldía, urbanismo, técnicos y empresarios: todos en el ajo

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, también está en el punto de mira por hacer un “o jugamos todos o se rompe la baraja”. Se estudia su implicación como promotor de un bloque de viviendas en el número 6 de la calle Obispo Hurtado, en un terreno de uso previsto como educativo según la ordenación urbanística original. Pero no está ahí la presunta ilegalidad, sino en la alteración de los metros edificables, con el agravante de una sanción de 489.386 euros que acabaría reducida a 60.000 euros, y por la que el ayuntamiento aún no ha dado explicaciones.

A esto se suma la investigación que mantiene abierta la UDEF en busca de indicios que vinculen a Torres Hurtado con las constructoras a las que se ha estado beneficiando, algo que vendría a sintetizar todo el entramado. Posibles comisiones ilícitas que se suman a la imputación por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación y ordenación del territorio, entre otros.

El 13 de abril de 2016, no solo caían el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto. Roberto García Arrabal y José Julián Romero, empresarios protagonistas de las irregularidades en el área de Urbanismo de la ciudad durante la última década, eran también detenidos. A ellos se sumaba Enrique Legerén,  y varios altos cargos de la cúpula de Urbanismo, entre los que están Manuel Lorente y Emilio Martín Herrera.

“Hay un modus operandi en esta ciudad por el cual determinados aspectos del desarrollo urbanístico se acuerdan con los promotores en una mesa y con la connivencia de algunos técnicos”, afirma Paco Cuenca, candidato del PSOE a la alcaldía y, presumiblemente, próximo alcalde de Granada. Cuenca habla de la necesidad de poner en marcha una auditoría en materia de urbanismo, personal y economía. “Solo hay una prioridad, que es desalojar la corrupción de este ayuntamiento, que no es Torres Hurtado, ni es Isabel Nieto, ni es solo, que lo es, Sebastián Pérez, sino que es toda la forma de operar, todo el entramado, a nivel de funcionamiento, tanto en decisiones técnicas como decisiones políticas”, declara Cuenca, que asegura que “se van a abrir cajones y a levantar alfombras” en cuanto lleguen al gobierno.

El lunes 25 de abril se formaliza la dimisión de Torres Hurtado, Isabel Nieto y Sebastián Pérez en pleno. Quedan menos de diez días para que tenga lugar la sesión de investidura. Todos los grupos de la oposición han hablado de la necesidad de regeneración del ayuntamiento, de sacar al PP de la institución. Todos están dispuestos a propiciar un gobierno del PSOE con Paco Cuenca a la cabeza, incluido Ciudadanos, quienes —con Luis Salvador al frente— volvían a dar la alcaldía al PP tras las elecciones de mayo de 2015. Ahora, casi un año después, nos rasgamos las vestiduras. Granada se merecía más que esto.