El efecto inmediato de la disolución de las Cortes es que Mariano Rajoy seguirá en la Moncloa al menos cuatro meses más fuera de control. En contra de todas las leyes parlamentarias, hizo aprobar cinco presupuestos en una legislatura de cuatro años y ahora está escribiendo un estrambote gubernamental: nueve meses en funciones. La democracia del 78 ha servido durante años unos menús de gobierno que han oscilado entre las mayorías absolutas y los gobiernos en minoría con apoyos nacionalistas, siempre sobre la base de dos partidos hegemónicos que se han venido turnando en el poder. La crisis del bipartidismo, con la irrupción de dos nuevas fuerzas ha puesto patas arriba el tablero sin que los actores políticos, viejos o nuevos, hayan sabido por ahora recolocar las piezas para alcanzar acuerdos de gobierno más complejos, de tres o tal vez más siglas.

Durante los cuatro meses que han transcurrido desde el 20 de diciembre se ha escrito hasta el aburrimiento sobre la incapacidad de nuestros políticos de alcanzar pactos de gobierno, como si se tratara de una minusvalía insuperable. Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etcétera, serían ejemplos a seguir, aunque se haya pasado por alto que Bélgica llegó a estar año y medio sin gobierno o que la fragilidad de las coaliciones en Italia dio pie a legislaturas y gobiernos tecnocráticos (bajo sugerencia alemana) de extrema brevedad.

La práctica de las Comunidades Autónomas, y por supuesto la de los Ayuntamientos, desmiente desde muy antiguo nuestra metafísica incapacidad para el pacto. Nacionalistas y socialistas gobernaron Euskadi en coalición desde 1985 hasta 1998; Aragón, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, incluso Andalucía han registrado gobiernos encabezados por el PSOE con diversos aliados locales, por lo general bastante estables. Se diría que las alianzas que se consideran viables sobre medidas concretas se vuelven imposibles cuando se abordan programas de política general.

Volver a las urnas el 26 de junio es el resultado de un bloqueo del que son copartícipes los líderes de los cuatro primeros partidos nacionales. Lo triste es que que el centro-izquierda ha perdido una oportunidad única de traducir en mayoría de gobierno lo que fue una mayoría de votos en las urnas. La responsabilidad debe repartirse entre varios actores. Primero, el Comité federal , comandado por Susana Díaz, antepuso sus luchas internas a los intereses del país, y colocó dos absurdas líneas rojas que ataron de pies (no a Podemos) y manos (no a los independentistas) al secretario general, Pedro Sánchez.

Pese a ese mandato tan estrecho, este se decidió por fin a asumir la responsabilidad de formar gobierno declinada por Rajoy. Y lo hizo firmando un pacto con Ciudadanos mientras negociaba con Podemos, confiando en que la formación morada se conformase con ser la única oposición de izquierdas del Parlamento. Sánchez, elegido por sus militantes para girar el PSOE a la izquierda y por los electores para acabar con las nefastas políticas del PP, no consiguió el objetivo. En su descargo se puede aducir que Podemos ayudó muy poco a vencer las resistencias de los barones del PSOE con su estrambótica puesta en escena, a caballo entre la puerilidad y la chulería, dando muchas veces la impresión de que le importaba más el "sorpasso en la segunda vuelta" que la emergencia social.

Sería una ingenuidad olvidar otro factor decisivo en la correlación de fuerzas actual: la Europa financiera, el IBEX35 y sus medios acorazados han hecho (y seguirán haciendo) todo lo posible (y usando las peores artes posibles) para evitar que el PSOE pacte con Podemos y para impulsar una Gran Coalición.

En ese sentido, el nuevo partido del poder bancario/mediático, Ciudadanos, ha cumplido a la perfección el papel de tapón de la hemorragia bipartidista para el que fue creado. Sus objetivos declarados son frenar el independentismo e impedir la llegada de Podemos al poder, y por eso se negó desde el minuto uno a negociar un gobierno tripartito. 

Ahora, habrá que ver si la eterna división de las fuerzas de izquierda y centro izquierda no pone en bandeja una nueva victoria de la derecha. El PSOE tendrá que afrontar la nueva campaña en peores condiciones que la anterior, tras haber pactado con un partido neoliberal que prolonga las peores políticas españolistas del PP. Dado el fraccionamiento del voto que mostraron las urnas el 20-D, y que las encuestas anticipan de nuevo para el 26 de junio, hay que exigir a los partidos un redoblado esfuerzo por descubrir confluencias programáticas que puedan traducirse en alguna alianza estable de gobierno, superando las incompatibilidades personales que han estado en primer plano.

El ocaso de esta nonata legislatura obliga además a los partidos a ser especialmente parcos en los gastos de campaña. Y no hay fórmula más eficaz que sustituir caravanas y mítines por debates en televisión. Los llamados partidos emergentes ya tienen su cuota de pantalla en función de las pasadas elecciones, y Rajoy no podrá esconderse detrás de su vicepresidenta en funciones para evitar el debate con sus adversarios. Es de esperar que, al menos, los candidatos en liza eviten convertir la inminente campaña en una prolongación de los reproches cruzados durante los últimos cuatro meses.

No está de más recordar que lo que vuelve a juzgarse son los cuatro años de la mayoría absoluta de Rajoy, con su batería de copagos sanitarios, pérdida de derechos laborales, ley Wert de educación, ley Mordaza, crecimiento de la desigualdad y aumento del índice de pobreza hasta un tercio de la población. A lo que se suman los incontables escándalos de corrupción que han hecho del Partido Popular una (presunta) organización delictiva.

Lo que está en juego es cómo corregir esta terrible herencia. Y, aunque el resultado de las urnas resulte tan enrevesado como el del 20-D, los dirigentes políticos no pueden fracasar otra vez en la formación de una mayoría parlamentaria que cambie de verdad el rumbo del país. Tengan en cuenta que mientras tanto Rajoy seguirá gobernando sin control y sin la menor capacidad política para renegociar con Bruselas cosas tan urgentes como el calendario de la reducción del déficit o el infame acuerdo sobre los refugiados que huyen de las guerras de Oriente Medio.