Las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 propiciaban el fin del sistema bipartidista y la época de mayorías absolutas del Partido Popular en Madrid, Valencia o la Comunidad Valenciana. No fue así en Castilla y León, donde el popular Juan Vicente Herrera se proclamaba por quinta vez consecutiva presidente autonómico, convirtiéndose así en el más longevo actualmente en el cargo (15 años dirigiendo la Junta). Aun siendo el presidente que más se ha aferrado al gobierno autonómico, por el cargo pasaron antes otros populares que dieron pronto el salto a la primera plana de la política nacional como José María Aznar (presidente del Gobierno), Jesús Posada (presidente del Congreso) y Juan José Lucas (ministro de la Presidencia). Sumando los cuatro presidentes, los castellanoleoneses consumarán el próximo año treinta años de gobierno popular.  

Aunque a nivel municipal siete de las nueve provincias repiten color de gobierno después de las elecciones de hace un año, en Valladolid --feudo histórico de los populares-- el poder del PP llegaba a su fin después de cinco legislaturas. Su alcalde, Francisco León de la Riva, más conocido por llamar morritos a Leire Pajín, entre otros exabruptos, se despidió del cargo en junio de 2015 inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para ejercer la función pública. De la Riva, condenado por desobediencia a la corte, construyó unos áticos irregulares en un edificio de Caja Duero –donde reside--, negándose a la demolición de los mismos durante más de un año. El proceso le ha costado a la nueva corporación municipal 2,7 millones de euros.

El caudillismo de De la Riva no solo deja huella a nivel personal. La nueva corporación liderada por el joven socialista Óscar Puente no podía imaginar que una simple carta escondida en los cajones por el anterior primer edil iba a comprometer la deuda y el equilibro presupuestario del nuevo gobierno. En enero de 2011 el entonces alcalde de Valladolid firmaba lo que en el ámbito empresarial se conoce por ‘comfort letter’ o carta de conformidad que obligaría al Ayuntamiento a avalar parte de la deuda, 101 millones, que estaba contrayendo la sociedad Valladolid Alta Velocidad para una operación de soterramiento ferroviario. Puente cree que la carta, que que no fue trasladada al pleno municipal para su aprobación, carece de validez legal: “Estamos hablando de un documento que no es que se tramitara mal, es que no se tramitó directamente. Requiere de un informe de intervención, de asesoría jurídica, de la secretaria general y además no lo puede firmar sin autorización expresa del pleno. Una vez recabados todos los informes lo pusimos en conocimiento del Juzgado de Instrucción puesto que el informe de la asesoría jurídica manifestaba que la ‘comfort letter’ podía ser constitutiva de delito”.

A nivel regional, sentencias como la de De la Riva marcaron el discurso contra la corrupción en el debate preelectoral de las pasadas municipales. En campaña, el presidente Herrera se jactaba de que Castilla y León no formaba parte del mapa de la corrupción. Aquel eslogan le ha explotado en la cara en menos de un año. En este primer curso de legislatura, no dejan de desfilar alto cargos autonómicos del Partido Popular en las dos comisiones de investigación solicitadas por la oposición. Incluido el propio Herrera, que comparecía el pasado 3 de junio para dar explicaciones sobre la concesión y los sobrecostes del Hospital de Burgos; una Imagen inédita que quedará en la memoria colectiva de los castellanoleoneses.

657 millones de sobrecoste

Durante su comparecencia sobre este proceso, que investiga la presunta concesión a dedo de la construcción del edificio y un sobrecoste de 657 millones sobre el presupuesto inicial, el presidente Herrera arguyó que no se produjeron desviaciones del presupuesto sino una mayor inversión. Además defendió el modelo de concesión público-privada porque si no se hubiera planteado bajo esa fórmula, Burgos seguiría sin hospital. Por contra, el portavoz de Izquierda Unida, José Sarrión, sostiene que hay una serie de incongruencias que desmienten la versión del presidente: “Nadie nos ha podido explicar por qué no se multa o se le rescinde el contrato a la UTE encargada del Hospital de Burgos, cuando a 45 días de la fecha de entrega la empresa llevaba la mitad de la inversión prevista. Al contrario, lo que hace la Junta es cambiar los pliegos del contrato, perdonar la multa a las empresas y pagar a la UTE 90 millones de indemnización por modificación del contrato y lucro cesante. Además en el nuevo pliego la inversión sube un 50%, mientras que el precio lo hace un 65%. Con lo cual ha existido un sobrecoste”. 

Pero no es el único frente abierto en las Cortes. La segunda comisión de investigación trata sobre la llamada “Trama Eólica” que persigue el pago de comisiones de Iberdrola a sociedades y altos cargos populares como Federico Trillo o Vicente Martínez Pujalte para agilizar la tramitación de parques eólicos en la comunidad. Y en la misma comisión, como pieza separada, los sobrecostes y la adquisición ‘a dedo’ de terrenos en Portillo (Valladolid) para la construcción de un parque empresarial y la sede de la nueva Consejería de Economía conocida como “La Perla Negra” en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. Todo ello, con el beneplácito de Tomás Villanueva --consejero de Economía de la Junta durante doce años y presidente del PP de Valladolid hasta 2008--, según apuntan la comisión parlamentaria y los responsables de la Junta llamados a declarar por el Juzgado de Instrucción nº2 de Valladolid. La irregularidad más flagrante en torno al proceso tiene que ver con la empresa encargada del proyecto, que emitió la factura por la construcción del edificio tres meses antes de que el concurso saliera publicado en el boletín de la comunidad.

Rescate de Ciudadanos

La renovación de Herrera como presidente fue posible gracias al acuerdo con Ciudadanos, que  se abstuvo en el pleno de investidura. El PP se garantizaba así 47 procuradores de un total de 84. En relación con los casos de corrupción existentes, el portavoz de C’s en las Cortes –Luis Fuentes-- manifiesta a CTXT la compatibilidad entre el acuerdo de gobierno alcanzado y los casos de corrupción destapados: “En el documento que firmamos con el Partido Popular estipulamos que todos aquellos procuradores y altos cargos que estuvieran imputados tenían que abandonar su puesto en cuanto se les abriera juicio oral. Hasta que no se produzca ese hecho, no podemos llamarles corruptos”. Aunque la Trama Eólica y la Perla Negra todavía están en fase previa, este proceso no solo salpica a antiguos dirigentes. Cinco altos cargos de la Junta en la actualidad ya han declarado como imputados ante el juzgado vallisoletano, entre los que se encuentra el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo Figueroa (hermano del exministro), así como el secretario de la Consejería de Cultura, y los actuales directores generales de Calidad y Sostenibilidad, Industria e Innovación Tecnológica y de Presupuestos y Estadística.

Para los partidos de izquierda en las Cortes, la actitud del Partido Popular sobre la corrupción dista de ser ejemplar: “El problema radica en que las comisiones de investigación nacen muertas. El PP preside las comisiones y decide quién debe dar o no explicaciones según establece el Reglamento de las Cortes. Con lo cual estas comisiones son un teatrillo y al final no sirven para esclarecer nada. Nuestro caballo de batalla en esta legislatura es la modificación de dicho reglamento”, sostiene el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. En la misma línea, José Sarrión (IU) ve incomprensible que la comisión de la Trama Eólica esté paralizada desde febrero y que no vayan a acudir a las Cortes Martínez Pujalte o Federico Trillo. Y añade: “En la comisión del Hospital de Burgos, el PP ha reducido la lista de comparecientes a 53 de los 160 que proponíamos los grupos de la oposición”.

La imagen del gobierno autonómico no podría estar más desacreditada; pero nuevos escándalos que planean sobre el ejecutivo regional. A primeros de mayo, el PSOE destapaba gastos de difícil justificación en las cuentas de la Junta de 2014: copas (1.128 euros), restaurantes (192.330 euros), supermercados (9.923 euros), bazares chinos (1.514 euros), multas de tráfico (3.477 euros), estancias en alojamientos rurales (1.020 euros) y un gasto de 1.000 euros en “incineración de miembros” –no pregunten a quién corresponde-.

Ante esta acumulación de escándalos, los partidos de la oposición se ven en la tesitura de no poder plantear una moción de censura al gobierno de Herrera. De los 84 procuradores que conforman las Cortes de Castilla y León, el PP tiene la mitad de los escaños. Aunque no ha faltado voluntad. El único procurador de Izquierda Unida en las Cortes, José Sarrión, presentaba una propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes para resolver el empate en escaños mediante el voto ponderado que cada partido representa. Con esta medida, tanto la moción de censura como el resto de medidas que contarán con el apoyo de la totalidad de la oposición ya no quedarían bloqueadas al contar con 200.000 votos más que el PP --728.820 votos frente a 510.951 del PP--. A pesar de que el portavoz de C’s afirma a CTXT estar abiertamente a favor de una moción de censura, sus actos han ido por otro lado en la Cámara, absteniéndose en la moción planteada por IU.

Empleo y demografía, principales problemas

En el primer semestre de 2015, Castilla y león se convertía en la comunidad que más habitantes perdía: 12.000 ciudadanos menos, el 24% del conjunto de España. Estas cifras suponen que desde el inicio de la crisis su población haya descendido en más de 112.000 habitantes, superando holgadamente a la segunda que más pierde, Castilla La Mancha, con 84.000 menos. Una de las causas que explica este fenómeno es la especial vulnerabilidad del territorio castellanoleonés, con un 44,19% de ciudadanos que viven en núcleos rurales de menos de 10.000 habitantes. Para Sarrión, la despoblación masiva en la comunidad se debe a la fragilidad de los servicios públicos en estos territorios rurales, que les deja indefensos ante el desempleo: “Si no combatimos la despoblación, el resto de problemas vienen detrás. Es una especie de círculo vicioso. Si la gente se marcha, los servicios públicos caen con ellos y esto generará que acabe emigrando más gente”.

En esa dirección apunta el barómetro de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (SOCYL), primero elaborado a nivel regional. La principal diferencia entre las preocupaciones de la población urbana y rural es que estos últimos consideran la situación demográfica como el mayor problema (70,33%). Además los habitantes de las zonas rurales consideran los servicios sociosanitarios como la principal dificultad (81%), seguida por el modelo económico-productivo (49,2%) e infraestructuras como Internet, carreteras, telefonía y transportes (36,4%). “Ha habido una serie de medidas por parte de la Junta que han tratado de revertir el problema demográfico, todas ellas han sido fallidas. Esto se puede deber a que se ha reconocido demasiado tarde el problema y a que las medidas no han sido adecuadas. Por ejemplo, una política para incentivar la natalidad que si no va a acompañada de una visión de conjunto no sirve para nada. Hasta que no se produzca un cambio en el modelo productivo, los esfuerzos que se realicen serán ineficaces”, explica su presidente, Ángel Martín. Y añade: “Una política que genera consenso negativo independientemente de la ideología es el empleo. Tanto a izquierda (el 84%) como a derecha (el 70%), los castellanoleoneses suspenden la política de empleo de la Junta”.

Desde Izquierda Unida, que ha presentado una veintena de iniciativas y preguntas relacionadas con el empleo en este primer año, la estrategia de empleo de la Junta es similar a una política de reacción ante incendios o catástrofes: “Tenemos en tejido industrial muy débil y en pleno siglo XXI existen zonas blancas de Internet y telefonía móvil. Eso significa que no puedes crear una empresa. Hay albergues rurales que no pueden operar si no tienen una línea de teléfono o una web para reservas. Este año han cerrado o van a cerrar las dos plantas más importantes de lácteos de la comunidad en Valladolid con beneficios para la empresa. Mientras tengamos un Partido Popular que a nivel nacional y regional ha fomentado estos cierres de empresas amparadas en su reforma laboral, no tendremos capacidad para crear nuevos puestos de trabajo”.

Hecho en lo que sí coinciden Ciudadanos y IU, para los que “es intolerable que en un año el PP no haya presentado ni una sola propuesta de ley y haya bloqueado las de la oposición”. Preguntado acerca de su apoyo a la investidura de Herrera, Fuentes hace cierta autocrítica y duda de que volvieran a repetir el apoyo dado al PP: “Para nosotros todo era nuevo, si volviéramos atrás sí que hubiéramos buscado más garantías de cumplimiento de todo aquello que presuponíamos. Para nosotros lo importante era el espíritu de la firma más que el contenido. Queríamos un cambio de actitud y es lo que todavía no son capaces de aceptar. No se han dado cuenta de que no tienen mayoría absoluta pero están actuando como si la tuvieran”.

En lo que sí confían los grupos de la oposición es en que estamos ante la última legislatura del Partido Popular. Desde Podemos achacan la culpa a C’s por haber “ejercido de bastón de apoyo de Herrera y haber retrasado el cambio que tanto pregonan a nivel nacional”. Sarrión, en cambio, cree que los casos de corrupción, más que evidenciar la ilegalidad en las formas, dejan patente una comodidad y pasividad del gobierno regional, como en el Hospital de Burgos donde “en lugar de apostar por la inversión pública e implicarse en el proyecto deciden externalizar las obras y la gestión aunque sea un coladero de dinero público”.

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la hegemonía del PP seguiría inamovible en la comunidad de cara a las elecciones del 26 de junio. A pesar de que Unidos Podemos le ganaría terreno arrebatando dos escaños al Partido Popular en Segovia y Palencia (y uno más en Salamanca en detrimento de Ciudadanos), los populares aumentarían su influencia con dos nuevos escaños en Ávila y Soria en detrimento del PSOE. El bastión popular se despuebla; pero sigue, pese a todo, aportando la mayor cifra de diputados al Grupo Popular en Madrid. Las encuestas vaticinan que, el domingo, los electores enviarán 16 diputados populares al Congreso.