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Colombia inicia el camino de la reconciliación

Los guerrilleros recibirán del Estado un salario mínimo y formación durante dos años. En el campo, uno de los más desiguales del mundo, tendrá lugar una reforma agraria para sentar las bases de una paz duradera

Germán Aranda Cartagena de Indias , 27/09/2016

<p>Juan Manuel Santos firma el Acuerdo final de paz en Cartagena de Indias.</p>

Juan Manuel Santos firma el Acuerdo final de paz en Cartagena de Indias.

Juan Pablo Bello / SIG

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El comandante Rodrigo Londoño, alias Timochenko, habrá de recordar durante el resto de sus días la tarde calurosa del 26 de septiembre de 2016 cuando bajo la brisa caribeña de Cartagena de Indias estrechó su mano con el presidente colombiano Juan Manuel Santos para firmar la paz entre las FARC y el Estado. 

El acuerdo se selló con un balígrafo, un bolígrafo hecho con una bala, y es el intento más firme de la historia de Colombia de poner fin a un conflicto que en 52 años ha dejado al menos 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados, contando víctimas civiles y de ambos bandos, según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Recordará también Timochenko, un cardiólogo que se enroló en las FARC con 23 años, en 1982, y que hoy es su jefe de Estado Mayor, el susto que se dio cuando un estruendoso caza le pasó a destiempo por encima interrumpiendo su discurso (“efectivamente esos aviones estaban saludando a la paz”, dijo después Santos) o el momento en que citó al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, figura omnipresente en la cultura colombiana, que lo mismo puede ser citado por el mayor alto mando de la guerrilla o por el presidente del país. 

“Me bastó dar un paso dentro de la muralla para verla en toda su grandeza a la luz malva de las seis de la tarde, y no pude reprimir el sentimiento de haber vuelto a nacer”, escribió Gabo y rescató Timochenko sobre la ciudad de Cartagena, en un horario parecido y bajo un cielo similar. Una súbita tormenta tropical de mediodía había limpiado el cielo y dado brillo a los muros ocres de la ciudad colonial y a las camisas blancas de paz que vestían la inmensa mayoría de presentes, incluyendo los invitados: Nicolás Maduro, Raúl Castro, Mauricio Macri, Ban Ki-Moon o Juan Carlos I, que representó a España. 

“Volver a nacer”, reiteró Timochenko respecto a una Colombia que espera “el amanecer de la paz, el amanecer de la vida”, palabras del presidente Santos, una vez terminado el conflicto. 

Las FARC tienen ahora seis meses para entregar las armas a la ONU, que las recogerá de varios depósitos ubicados cerca de las zonas de influencia de la guerrilla

El presidente Santos, firme candidato al Nobel de la Paz, se refirió a García Márquez como el “gran ausente” de la histórica ceremonia y aseguró que estaría feliz “viendo volar sus mariposas amarillas en la Colombia que él soñó, que alcanza una segunda oportunidad sobre la tierra”. Santos dio la “bienvenida” a las FARC a la vida democrática, “no estamos de acuerdo en la forma de entender la política y la economía, pero defenderé su derecho a defender sus ideas”. Timochenko pidió perdón a las víctimas y, al mismo tiempo, mantuvo la defensa de su ideología basada en la lucha contra las “desigualdades inherentes al capitalismo”, un discurso que las FARC quisieron combatir en el campo, aunque a la vez haya sido un grupo terrorista capaz de sembrar el terror entre sus vecinos campesinos.

Tras cuatro años de negociaciones en La Habana, sellados con el histórico acuerdo del pasado 24 de agosto, las FARC tienen ahora seis meses para entregar las armas a la ONU, que las recogerá de varios depósitos ubicados cerca de las zonas de influencia de la guerrilla.

El próximo 2 de octubre, un plebiscito debe dar legitimidad al acuerdo. El Sí es favorito en las encuestas. Una reciente encuesta de Polimétrica, para Radio Caracol, estima en un 54% el apoyo al acuerdo y en un 12% el número de indecisos. El expresidente Álvaro Uribe y su campaña por el No, porque el acuerdo “entrega el país a las FARC”, convence al 34% de los llamados a votar.

Arranca ahora una nueva era en Colombia, la del posconflicto, con muchos interrogantes a los que los seis puntos del acuerdo de 300 páginas de La Habana intentan dar respuesta. Uno de ellos es cómo será la vida de los excombatientes rasos, que en la reciente cumbre de las FARC realizada en la región selvática de los Llanos del Yarí reconocían su miedo a las represalias. Mientras que los miembros del secretariado de la guerrilla contarán con escoltas personales --sus nombres son conocidos en el país-- y muchos de ellos entrarán en la vida política, los jóvenes que hasta ahora combatían principalmente en el campo colombiano deberán confiar en el mismo ejército al que hace poco tiempo se enfrentaban para velar por su seguridad. Será difícil que no haya víctimas.

Las FARC entrarán en política con seis escaños. A partir de 2018 se convertirán en 10, divididos entre el Senado y la Cámara baja

Los guerrilleros recibirán del Estado ocho millones de pesos (unos 2.500 euros) para empezar su nueva vida y un salario mínimo durante dos años, en los que podrán participar en campamentos de formación donde se les instruirá para incorporarse al mundo laboral y evitar así un reciclaje de la violencia que les lleve a integrarse en mafias y convertirse en sicarios. Ese fue el camino de muchos paramilitares después del proceso de paz firmado con Uribe en 2006.

Las FARC entrarán en política con seis curules (escaños), que se convertirán a partir de 2018 en 10 asientos en el Congreso (mitad en el Senado y mitad en la Cámara), a los que se sumarán los que consigan en las elecciones. La apertura política de una élite gobernante históricamente bipartidista y cerrada se completará con nuevos escaños para áreas deprimidas y con un nuevo estatuto de oposición que garantice una mayor apertura en la vida política del país.

En el campo, uno de los más desiguales del mundo y caldo de cultivo de conflictos desde la época poscolonial hasta el surgimiento de la guerrilla, tendrá lugar una reforma agraria sobre la que deberían sentarse las bases de una paz duradera y una mayor equidad social. Muchos campesinos desplazados deberán poder volver a sus tierras y los sin tierra tendrán la oportunidad de adquirir terrenos a partir de un fondo formado por terrenos baldíos propiedad del Estado, campos utilizados para fines ilícitos como el narcotráfico o antiguas reservas forestales que fueron explotadas y perdieron su valor de reserva.

Los cultivos ilegales de cocaína, muchos de ellos controlados con pago de altos impuestos a las FARC, deben ser progresivamente sustituidos. El Gobierno también se compromete a invertir en educación, sanidad, recreo, infraestructuras, asistencia técnica y alimentación en el medio rural. Para muchos niños y adolescentes del campo, el ingreso en la guerrilla ha sido una oportunidad ante la escasez mientras las FARC se han enriquecido en los últimos años gracias al control de un 60% del negocio del narcotráfico, según datos brindados por el Ministerio de Defensa en 2014.

Uno de los puntos clave del acuerdo de La Habana es la creación de una justicia transicional que atenuará las penas a los crímenes de lesa humanidad para aquellos exguerrilleros que reconozcan sus delitos y pidan perdón por ellos a las víctimas en las comisiones de verdad y justicia, conceptos que junto a la reparación y la no repetición constituyen los ejes de la reconciliación en Colombia. El pago de indemnizaciones a las víctimas y el esclarecimiento de los asesinatos, así como la investigación de los 2.760 desaparecidos por las FARC, según un informe de la Corte Penal Internacional, ayudarán a cerrar heridas o al menos a hacerlas menos dolorosas. No habrá amnistías para los crímenes de lesa humanidad, pero sí para delitos de menor gravedad cometidos por guerrilleros que los reconozcan.

Los cultivos ilegales de cocaína, muchos de ellos controlados con pago de altos impuestos a la guerrilla, deben ser poco a poco sustituidos

Entre los juristas, como en la sociedad colombiana, existe división con respecto al tratado de paz. Para algunos, como el exconstitucionalista Carlos Holmes Trujillo, el acuerdo supone “incorporar algo a la fuerza en el bloque de constitucionalidad” y “torcerle el pescuezo al derecho internacional”. En las calles de Cartagena, unos diez manifestantes contra el tratado de paz se concentraron al grito de “terroristas” y de “no queremos otra dictadura como la cubana” a pocos metros del Centro de Convenciones donde se celebró la ceremonia. El fuerte dispositivo de seguridad les cerró el paso a los aledaños del recinto. “El acuerdo no es de paz, está solamente enfocado a darle impunidad a las FARC y que lleguen al Congreso”, afirmaba Elisa Restrepo, una de las manifestantes. “Yo voto por el no porque se le está dando un pésimo mensaje a nuestro país y es que el crimen no se paga, que usted tiene que asesinar, tiene que matar y violar niños. Yo tengo un familiar desaparecido por parte de las FARC desde hace más de quince años”, se exaltaba otro de los manifestantes.

El estudiante de Derecho Juan Carlos Martínez también tiene parientes víctimas de las FARC, pero defiende una posición totalmente contraria. “He visto a guerrilleros pidiendo perdón ante las víctimas y se puede contemplar un alivio y una liberación importante por parte de los dos lados”. Para este joven bogotano de 21 años, las concesiones a las FARC son el único camino para la paz. Su padre salió de la región de Buga,  pocos kilómetros al norte de Cali, amenazado por las FARC. En uno de sus regresos a su tierra, encontró muerto a un hombre al que la guerrilla había asesinado al confundirlo con él. “La bala le entró por el pecho y, al caerse al suelo, siguió su trayectoria atravesándole el cráneo desde la garganta”, rescata Martínez a partir de relatos de la familia.

El asesinato por parte del Ejército y los paramilitares de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica acabó con el proceso de paz de 1984

La hermana de la abuela de Juan Carlos era concejal. Fue asesinada por las FARC. El hermano de su abuela, propietario de tierras, estuvo secuestrado durante meses y cayó en la quiebra al pagar su rescate. Su propia abuela recibía con tiros a los miembros de las FARC cuando se acercaban a su casa y se salvó de más de un tiroteo, cuenta Juan Carlos. Todos ellos vivían en San Vicente del Caguán, una región selvática 600 kilómetros al sur de Bogotá, muy cercana a los Llanos del Yarí, donde hace una semana las FARC decidieron por unanimidad aceptar el pacto de La Habana.

También fue en San Vicente del Caguán donde estuvo secuestrada durante años la expresidenciable Ingrid Betancourt y varios políticos, así como la mayoría de policías y militares colombianos capturados por la guerrilla, hasta la Operación Jaque que los liberó en 2008. 

El conflicto de las FARC se remonta a finales de los años cuarenta, cuando  grupos comunistas de autodefensa en el campo se aliaron con los liberales en su cruento enfrentamiento contra los conservadores. Estos años, entre finales de los cuarenta y finales de los cincuenta, se conocen en Colombia como La Violencia. Cuando liberales y conservadores acordaron un reparto de poder para acabar con el conflicto, los comunistas quedaron excluidos del juego y los guerrilleros fundaron las FARC en 1964. 

En el 84, tras unas negociaciones de paz con el entonces presidente Belisario Betancur, las FARC fundaron un partido político, la Unión Patriótica. La violencia, no obstante, no cesó. El asesinato por parte del Ejército y los paramilitares de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, entre ellos dos candidatos presidenciales, puso fin a la paz.

Varios procesos de paz fracasaron luego, pero la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, y los duros golpes militares que Uribe asestó a las FARC durante sus dos mandatos (2002-2010), con espectaculares operaciones de rescate gracias a una fuerte inversión en la inteligencia militar, han llevado a la guerrilla a ver en la paz la única salida posible. El enriquecimiento de sus altos mandos mediante el narcotráfico, los secuestros, violaciones y la muerte de civiles restan credibilidad a la esencia política de un grupo considerado terrorista por los principales actores de la política internacional. 

“Ahora, nuestra única arma serán las palabras”, aseguró Timochenko, quien, como los otros miembros del secretariado de las FARC, puede tener en la política la mejor solución para su vidas y la oportunidad de redimirse y recuperar cierta credibilidad. “Cesó la horrible noche que nos ha cubierto de sombra durante más de medio siglo”, cerró su discurso Santos, en una referencia al himno colombiano. Se vislumbra “el amanecer de la paz” que atraiga una mayor inversión económica y turismo. La mayoría de los colombianos lo afrontan con optimismo, nunca conocieron un país en paz, pero también con recelo.  

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1 comentario(s)

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  1. Antonio Eduardo Araujo Miranda

    Ita est!

    Hace 4 años 6 meses

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