"¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?" es la pregunta a la que deberán responder sí o no los colombianos en el plebiscito que tendrá lugar el próximo 2 de octubre.

La aplicación plena del convenio de paz negociado en La Habana representa una profunda transformación de un país que lleva más de medio siglo en guerra. Según el último sondeo de IPSOS, para la revista Semana y RCN Radio, el 72% de los encuestados apoya el acuerdo de paz, contra el 28% que votaría No.

Ante este momento histórico para Colombia, partidarios del Sí y del No plantean su visión del conflicto y sus dudas sobre el proceso.

“Quiero darle la oportunidad a la palabra frente al fusil”

Juan Carlos Villamizar (39 años) lleva unos días muy intensos, recorriendo el país en un mes clave para incidir en la transición que vive Colombia. Es consultor en pedagogía de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), que promueve la consolidación de la paz, con énfasis en comunidades afectadas por el conflicto armado interno.

“Mi voto es sin ninguna duda por el Sí. No es un voto por Juan Manuel Santos ni por Álvaro Uribe, ni por las FARC”, explica este colombiano. “Es un voto por acabar con un conflicto de más de 50 años, siendo consciente de que el Sí no va a permitir de inmediato una paz duradera y estable”, reconoce Villamizar. “Se trata de una paz que comienza a desarrollarse en medio de una guerra, aunque resulte paradójico, porque existen aún otros sectores armados con los que no se ha conseguido negociar”. En este sentido, este consultor votará afirmativamente “para darle la oportunidad a la palabra frente al fusil”. Asimismo, apunta: “Después de cuatro años de negociaciones, es importante darle peso a la política por encima de la violencia”. Por lo que “es un voto para cualificar la democracia, ante un reto tan grande e histórico para nuestro país”, opina Villamizar.

Si gana el Sí el próximo 2 de octubre, implica también “reformular la participación ciudadana, para que otros sectores sociales puedan acceder al poder político”, explica este bogotano. En este sentido, según este consultor de derechos humanos, “a partir de ese día empieza la participación real de la sociedad civil, y será con la implicación de todos que se implementen todos los puntos del acuerdo”. Después de compartir reflexiones en un foro sobre la reparación de las víctimas del conflicto en el exterior, Villamizar asegura: “Queremos a su vez una paz mestiza, plural y diversa”.

“La paz no se ha conseguido, ni está cerca”

Carlos Tamayo (50 años) trabaja como comunicador social y votará No en el referéndum, “pero no quiere decir que no quiera la paz”, asegura indignado, mientras termina su bandeja paisa, un plato tradicional que combina 14 alimentos, en una taberna de Salento. Este vallecaucano se muestra disconforme con el convenio firmado en La Habana, ya que, opina, “los asesinos han quedado libres completamente”. “Quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad deben pagar con cárcel o una sanción visible y compensatoria para las víctimas”, razona este periodista.

“La paz no se ha conseguido, ni está cerca”, opina Tamayo. “Lo único que se ha conseguido es silenciar las armas en algunos frentes de las FARC, ya que otros --especialmente en las zonas límites con Venezuela-- no están de acuerdo con lo pactado.” De hecho, “siguen secuestrando y extorsionando”, asegura. Por otro lado, según este colombiano, “los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tienen una mentalidad más fuerte y siguen activos, presionando al gobierno para que negocie también con ellos.”

No obstante, este vallecaucano está seguro que ganará el Sí el próximo 2 de octubre. “En Colombia tenemos una dictadura encubierta, ya que el presidente Santos tiene la mayoría del Congreso comprada, con la famosa mermelada: son los incentivos que paga a alcaldes, gobernadores, diputados y senadores a cambio de garantizar el Sí”.

Por otro lado, este periodista se queja que tras 10 años luchando por una emisora para su pueblo, el gobierno se lo ha denegado, mientras que el Ministerio de Comunicaciones ha anunciado que entregará la licencia de 31 emisoras no comerciales a las FARC.

El Gobierno colombiano y las FARC han pactado desarrollar programas para sustituir los cultivos ilícitos de coca, que crecieron durante el conflicto y alimentan el narcotráfico. Para este comunicador, las FARC “no piensan dar ni un peso a las víctimas”, y añade: “La guerra es un negocio, así que creo que los guerrilleros se cambiarán sólo de nombre”.

“Necesitamos el Sí para que las futuras generaciones tengan una sociedad más justa y solidaria”

Para Nubia Marlen (60 años), profesora de literatura ya jubilada, el proceso de paz es necesario después de medio siglo de guerra en el que “hemos sufrido todo tipo de vejámenes, desarraigos, orfandad, expropiación, y lo más grave, retraso en salud y educación”. Esta docente, quien ha vivido y trabajado siempre en Bogotá, se ha retirado a vivir a un pequeño pueblo colonial de Santander. “Éste es un país rico en tierras y recursos, y los colombianos somos gente con pujanza, que queremos avanzar”, reclama.

“Mi voto por el Sí es para que las futuras generaciones tengan una sociedad más justa, solidaria y ecuánime”, opina Marlen, y recuerda al escritor colombiano William Ospina: “Todos cometieron errores, pero se equivoca el que trata de convertir en héroes a unos y en villanos a otros”. Esta profesora de Literatura añade que “se debe trabajar el recuerdo y reconciliarnos con la memoria”.

“La guerrilla está haciendo campaña por el Sí con el fusil en la mano”

“Éste puede que sea el anuncio más importante que he hecho en mi vida”, dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Para Daniel Sandoval (27 años), el mandatario está abanderando un proceso poco transparente y una paz confusa en algunos de los aspectos más importantes, como la entrega de los menores de edad por parte de la guerrilla, así como la impunidad para sus miembros, principal crítica de los opositores al acuerdo,  liderados por el expresidente Álvaro Uribe. “Me parece que las FARC deben responsabilizarse por sus actos, y pagarlo con cárcel”, opina este joven, mientras atiende detrás del mostrador en una acogedora librería de Medellín.

“La guerrilla está haciendo campaña por el Sí con el fusil en la mano… ante eso, ¿quién les va a decir que no?”, opina Sandoval. Un campesino humilde, que es el que realmente ha sufrido la violencia, “no puede rechazar la paz”, explica. Durante años, la guerrilla colombiana despojó de sus tierras a miles de campesinos. Ahora, tras el pacto, muchas serán devueltas a sus legítimos dueños. Para este librero no es suficiente: “En Colombia no va a haber paz porque falta acabar con el ELN, la delincuencia común, el hurto, la inseguridad,...”.

“No sabemos si los guerrilleros de las FARC cambiarán su brazalete por el del ELN, así que esto nos va a hacer daño a largo plazo, porque podrán seguir matando bajo otras siglas”, asegura este joven. “La gente debe votar No para dejar la puerta abierta y que se replanteen esos puntos indefinidos, y conseguir un acuerdo de paz serio y real”.

El Gobierno colombiano ha publicado el acuerdo final de paz, negociado en Cuba a finales de agosto y que se firmará el próximo 26 de septiembre en Cartagena. Éste deberá ser ratificado en las urnas para proceder a su implementación. Cualquier ciudadano puede consultar este documento completo, lo que para Sandoval no garantiza un proceso transparente, ya que  “¿quién va a leerse 300 páginas?”.

“A partir de ahora el camino para negociar no serán las armas”

Michael Montoya (32 años) es un economista social y votará a favor, aunque es consciente de que muchos colombianos están esperando una judicialización de las FARC, por la que sus miembros paguen por todos sus crímenes. “Esto sería lógico -- asegura-- si se hubiera ganado la guerra por la vía armada. Sin embargo se trata de una negociación, donde ambas partes desean pactar para mejorar la situación actual de ambos lados”. Para este economista, los puntos pactados se enfocan fundamentalmente en redireccionar el gasto público del armamento hacia destinos más productivos y reincorporar a los soldados de la guerrilla en labores productivas de la economía, principalmente en la agricultura. En este sentido, Montoya asegura que para llevar a cabo estos acuerdos “se necesita una transición y una inversión económica significativa, pero es mejor eso, que financiar una guerra”. Para facilitar la reinserción, los guerrilleros tendrán algunas subvenciones económicas que podrán destinar a comprar una vivienda o emprender pequeños negocios. Este gasto y los privilegios otorgados a los guerrilleros son el principal argumento de los opositores al acuerdo. Montoya opina como un miembro del equipo negociador del gobierno, Roy Barreras: "La guerra es mucho más costosa que la paz".

Otro punto importante de lo pactado en La Habana, que este joven de Medellín considera imprescindible, es que los líderes guerrilleros tengan participación política para que su voz sea escuchada, sobre todo porque “a partir de ahora la vía para hablar no serán las armas”.

Asimismo, este joven economista piensa que sería positivo que el Estado se enfocara en reincorporar a los soldados de la guerrilla en sectores más productivos como el industrial, a través de capacitación profesional, para que tengan mejores oportunidades laborales y sociales.

“¿Cómo decirles a las víctimas que olviden en nombre de la paz?”

Claudia Vélez (44 años) es peruana, pero reside con su familia en Bogotá desde hace unos años. Sin haber vivido en primera persona el conflicto colombiano, pero sí el terrorismo de Sendero Luminoso que azotó su país de forma sangrienta en los ochenta, Vélez siente el deber moral de expresarse por la tierra que la ha acogido. “Nadie que viva aquí rechaza la paz”, asegura esta freelance, pero no está dispuesta a pasar por alto muchos de los puntos que fueron aceptados, “en nombre de un bien mayor”, como que “muchos asesinos no vayan a la cárcel ni un solo día y no tengan siquiera que pedir perdón”.

Esta peruana asegura que después de conocer a personas que han perdido muchos familiares, y que aún desconocen el paradero de sus hermanos o padres, lo tiene claro: “¿Cómo decirles a todos ellos que pasen página y olviden en nombre de la paz?”.

Por otro lado, esta arquitecta discrepa en que el acuerdo firmado implique modificar la Constitución de Colombia o cómo se ha planteado la única pregunta del plebiscito.

Según lo pactado, el movimiento político que surja del fin de las FARC contará con representación parlamentaria garantizada durante 10 años. Hasta las elecciones de 2018, con portavoces que tendrán voz, pero no voto. En este punto, Vélez tampoco está de acuerdo: “Es injusto que los líderes de las FARC tengan más representación que otros grupos mucho más numerosos, como los afrodescendientes o los indígenas”.