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¿Criminalizan la pobreza las leyes penales españolas? Es una de las conclusiones que parece apuntar las estadísticas oficiales sobre reclusos de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, que reflejan cómo más de un tercio de los presos –un 38%, 18.897 de 51.303-- cumple condena por delitos contra el patrimonio –daños incluidos--, a los que se suma otra quinta parte --11.161, un 21,7%-- de penados por tráfico de drogas.

Aunque no es la única conclusión que sale de esas tablas. Los datos sobre presos dan fe de la inflación punitiva que padece España, un país en el que, como consecuencia del constante aumento de las conductas catalogadas como delito y del endurecimiento de las penas, se produce la paradójica convivencia de uno de los índices de criminalidad más bajos de Europa –y descendiendo-- con una de las tasas de población reclusa más elevadas del espacio comunitario.

Esa combinación hace que en un país con 300 asesinatos al año haya 3.839 presos –un 7,4%-- por crímenes, que otros 3.241 internos --6,3%-- cumplan condenas por lesiones y delitos contra la libertad y que haya 3.200 violadores y agresores sexuales encarcelados. Penas largas para delitos graves que acarrean prolongadas estancias entre rejas. Al mismo tiempo, algo más de una décima parte de los reclusos --5.369-- están encarcelados por conductas que han sido criminalizadas en los últimos tres lustros --1.252 por delitos contra la seguridad vial-- o cuyas penas se han endurecido en esos años, caso de los 3.938 maltratadores y los 179 reclusos encerrados por infracciones contra las relaciones familiares, como el impago de pensiones de manutención de los hijos.

Paralelamente, en algo que se ha convertido en una constante histórica española desde el medievo, la cifra de delincuentes de cuello blanco encerrados parece baja: se queda en 846 falsificadores y 282 defraudadores fiscales y autores de delitos contra la Administración de justicia, aunque a esta cifra habría que añadirle la de los estafadores --6.904 delitos probados el año pasado--, que no aparecen discriminados en las estadísticas de Instituciones Penitenciarias. Completan la lista los 1.954 presos por infracciones contra el orden público, 69 que cometieron faltas y los 677 incluidos en el apartado de “otros”.

La elevada población reclusa extranjera

El número de infracciones penales denunciadas en España apenas bajó un 11% en el cuatrienio 2011-2015: pasó, sumadas faltas y delitos, de 2.285.525 a 2.035.625 pese al desplome de algunas especialidades como los robos. Eso se debió, en parte, al aumento de la lista de conductas criminalizadas y al endurecimiento de las penas con relativa cercanía temporal, caso de las que tienen que ver con la seguridad vial o las relaciones familiares. 

Los jueces declararon probados el año pasado 288.756 delitos, algo menos de la séptima parte de las infracciones denunciadas, lo que generó un total de 222.862 delincuentes condenados. El desglose de esas infracciones, y el de las 247.600 penas de prisión que conllevaron, apuntan a la existencia de un patrón legal criminalizador de la pobreza.

Más de la quinta parte de los condenados --52.044 de 222.862, el 22,4%-- son extranjeros, un peso demográfico que duplica el que se da en la calle, donde no alcanzan el 10% --4.418.898 empadronados de 48.438.422, sin papeles al margen--, y que se dispara en la cárcel, donde los 17.324 reclusos de origen extranjero contabilizados en agosto de este año suponían la tercera parte de las 51.303 personas encerradas en prisiones españolas. La relación entre sexos en la población extranjera, más afectada por situaciones de pobreza que la autóctona, pasa de una mujer por cada seis varones entre los condenados a una de cada doce entre los presos.

Por otro lado, tras los delitos relacionados con la seguridad vial, que el año pasado generaron 89.445 condenas, el 30% del total, las infracciones más castigadas por los tribunales españoles son las más de 60.000 relacionadas con la subsistencia: 20.611 hurtos, 29.499 robos, 10.202 defraudaciones y 3.278 usurpaciones de vivienda, a las que se añaden buena parte de los 4.854 daños y, aunque están regulados en otro título del Código Penal, de los 12.415 casos de tráfico de drogas. 

La relación entre delitos declarados probados y personas encarceladas según el tipo de infracción arroja un saldo claramente punitivo en el caso de los ladrones y los traficantes: 74.790 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico –el 25% del total-- y 12.415 casos de tráfico de droga –el 4,2%--, la mayoría por acciones de menudeo, generan, respectivamente, el 38,7% y el 21,7% de los presos. Es decir, que especialidades delictivas que suponen menos de un tercio de la delincuencia probada generan casi dos tercios de los reclusos.

De hecho, la Estadística de Penados que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística) revela cómo los delitos contra el patrimonio y contra la seguridad colectiva –estos últimos incluyen el tráfico de drogas-- son los principales generadores de condenas de más de dos años de prisión, de cumplimiento ineludible salvo casos excepcionales: 3.537 en el primer caso y 4.282 en el segundo, lo que da idea de la dureza de la ley –o de los tribunales-- con este tipo de delitos.

Menor peso tienen en las estadísticas judiciales las condenas por lesiones derivadas de agresiones --37.082, el 12,8% de los delitos--, los 14.499 quebrantamientos de distintas condenas –no siempre de prisión, ni mucho menos-, las 11.882 agresiones a agentes de la autoridad, las 10.427 amenazas, los 7.071 infracciones contra las relaciones familiares y los 5.030 delitos sexuales.

5.000 traficantes menos encarcelados

La reforma penal de 2010, que redujo los castigos para el trapicheo de drogas, y la de 2015, que amplió las facilidades para las deportaciones en un nuevo caso de mezcla de las políticas criminales con las de extranjería –el efecto fue similar al de la penalización del top manta en la etapa de José María Aznar--, provocaron una reducción del 32% en los encarcelamientos por delitos y contra la salud pública: de 16.454 a 11.161. 

En esa evolución, no obstante, también tuvo algo que ver el descenso de la delincuencia. En solo cuatro años, de 2011 a 2015, y según los datos del Ministerio del Interior, el tráfico de drogas se redujo de 15.220 casos a 12.052.

En ese mismo periodo, los robos con violencia e intimidación pasaron de 96.855 a 65.032, los asaltos a domicilios cayeron de 126.419 a 113.452 y la sustracción de vehículos descendió de 60.061 a 39.164. Y, de manera prácticamente paralela, la cifra de reclusos por delitos contra el patrimonio se reducía un 18% al bajar de 23.018 reos a 18.897 en seis años. Sin embargo, esas cifras también revelan otra realidad: 65.707 robos menos solo redujeron en 3.021 el número de ladrones presos, mientras el descenso de 3.168 episodios de narcotráfico coincidió, gracias a la aplicación de medidas penales, con un desplome de  5.293 en el de traficantes encarcelados.

Ese baile de cifras está relacionado con la llamada cifra negra, que es como se conoce al número de fechorías denunciadas que las fuerzas de seguridad no llegan a resolver, o al menos no con pruebas de suficiente entidad como para acarrear una condena en la vía penal, aunque también tiene que ver con él el desfase entre la fecha de comisión del delito y la firmeza de la condena. El tráfico de drogas es uno de los delitos con menor cifra negra, ya que en el grueso de las infracciones la detención es simultánea a la detección de la actividad –mayoritariamente consiste en pases que la Policía intercepta en la calle-- y la carga de prueba –la intervención de pequeñas cantidades de estupefaciente-- acarrea una condena en la práctica totalidad de los casos, por lo que la reducción de las penas para los casos de venta al menudeo y las facilidades para conmutar el cumplimiento de condenas de menos de seis años por la deportación aparecen como claves para entender esa reducción del número de reclusos por este tipo de infracciones.