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En las últimas semanas venimos escuchando y leyendo muchas declaraciones y artículos de opinión acerca de la situación de la hucha de las pensiones en nuestro país así como de la necesidad de reformas en el sistema de pensiones y las formas de recaudación. Sin embargo, un asunto que ha quedado relegado a un segundo plano, y que es de primer orden, es el relativo a la brecha de género en las pensiones.

Las mujeres son las grandes olvidadas cuando se habla de pensiones. Y no sólo en España: la falta de atención que la política y la academia han prestado a este problema ha sido generalizada en la mayor parte de países de la Unión.

De hecho, no es hasta 2013 (¡hace apenas tres años!) cuando la Comisión Europea decidió estudiar esta situación y reconocer la magnitud de una brecha de género que organizaciones de la sociedad civil venían denunciando.

Según datos de 2014, la brecha de género en las pensiones en la Unión Europea ronda el 38%, cifra que oscila notablemente entre el 3,7% de Estonia, frente a un 34% en España o un 48,8% en Chipre. No obstante, el mínimo común denominador prevalece en toda Europa situando a las mujeres en una clara desventaja frente a los hombres de cara a la jubilación.

No es una brecha que se inicie en la tercera edad, antes bien, forma parte de una desigualdad crónica que necesita ser corregida en todas las edades. Por un lado, que la brecha salarial sigue estando en niveles alarmantes, ya que las mujeres de la UE cobraron un 16% menos por hora que los hombres en 2015 (en España la brecha salarial se situaba en torno al 14% en el sector público y el 22% en el privado en 2012) y, por otro, que todavía un 20% de mujeres mayores (frente a un 14,6% de hombres) vive en riesgo de pobreza y exclusión social.

La brecha de género en las pensiones en la Unión Europea ronda el 38%, cifra que oscila notablemente entre el 3,7% de Estonia, frente a un 34% en España o un 48,8% en Chipre

Todo este conjunto de estadísticas viene a demostrar que la situación de desventaja y desigualdad por motivo de género, a nivel laboral, social y económico, se prolonga más allá de la vida laboral y sitúa a las mujeres en mayor riesgo de pobreza en la vejez.

Entre otros factores, hay que mencionar los estereotipos de género y la segregación del mercado laboral, que hacen que los trabajos más feminizados sean precisamente los más precarios y peor remunerados, y que sean las mujeres las que más se acogen a jornadas reducidas o a tiempo parcial por motivos de cuidados de un hijo o de familiar dependiente.

El alcance insuficiente o, directamente, la falta de políticas apropiadas de conciliación, como la ausencia de permisos por maternidad y paternidad intransferibles y pagados en su totalidad, penaliza también a las mujeres.

También, en el caso de la pensión de viudedad, el hecho de que las pensiones no sean un derecho individual garantizado para toda persona alcanzados los 65 años de edad, sino que esté vinculado a la contribución del cónyuge, disminuye la independencia económica del viudo/a que no ha cotizado, en su mayoría mujeres.

Las recomendaciones de la UE en materia de pensiones recogidas en el Libro Blanco: agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, de 2012 --el referente ideológico y libro gurú de las recientes reformas en los sistemas de pensiones en los distintos Estados miembros, entre ellos España (y que se viene revalidando con las recomendaciones por país en el marco del Semestre Europeo)-- no han tenido en ningún caso en cuenta el indicador de la brecha de género en las pensiones. Asimismo, estudios recientes demuestran que estas recomendaciones han perjudicado al objetivo de lograr la igualdad de género en las pensiones y han contribuido a ensanchar dicha brecha todavía más.

Las recomendaciones de la UE en materia de pensiones no han tenido en ningún caso en cuenta el indicador de la brecha de género 

Este Libro Blanco y las subsiguientes recomendaciones, que el alumno aventajado del PP ha aplicado a nuestro sistema de pensiones a pies juntillas, tienden a vincular los beneficios sociales al crecimiento y a la situación de los mercados de trabajo y financieros para centrarse así en aspectos macroeconómicos pero no en el propósito social de las propias pensiones.

Estas recomendaciones son las que han promovido en nuestro país la congelación de las pensiones, la aplicación del factor de sostenibilidad que desvincula la actualización de estas del IPC y lo vincula a la esperanza de vida, la prolongación a 37 años cotizados necesarios para recibir el total de la jubilación, así como la extensión a 25 años mínimos cotizados para poder acceder al derecho de pensión contributiva.  Todo ello, sin haber hecho un estudio de los impactos de género de estas reformas.

Si queremos hacer política al servicio de las necesidades de la gente tenemos la obligación y el derecho de hacer política de manera diferente, también y sobre todo en lo que se refiere a impulsar medidas integrales que aborden la situación de desventaja que sufre la mujer en el mercado laboral y, consecuentemente, en el acceso a una pensión pública digna para todos y todas.

Desde el Parlamento Europeo estamos trabajando, precisamente, en un informe para impulsar una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones.

Ese documento defiende una pensión pública mínima como un derecho individual e independiente de la vida laboral y el estado civil

Ese documento defiende una pensión pública mínima como un derecho individual e independiente de la vida laboral y el estado civil; el incremento del salario mínimo por encima del umbral fijado en el 60% del salario medio neto, el establecimiento de mecanismos compensatorios o correctivos adecuados para que las carreras interrumpidas debido a los cuidados no se vean penalizadas en el cómputo de años cotizados, así como el establecimiento de escuelas infantiles gratuitas, accesibles y de calidad para todas.

Nuestro reto se construye bajo la premisa de que la pirámide demográfica y la mayor esperanza de vida de las mujeres no puede penalizarlas a la hora de acceder a una pensión; en ese sentido, es necesario reconsiderar el factor de sostenibilidad y tener muy en cuenta, a la hora de la toma de decisiones, los riesgos para la igualdad de género que representa el paso de las pensiones de seguridad social a los sistemas de capitalización individual, ya que las pensiones privadas se basan en las contribuciones individuales y no compensan los tiempos que se destinan a los cuidados, los períodos de desempleo, bajas por enfermedad o discapacidad.

Para dignificar la política, para devolver las instituciones a la gente, estas tienen que servir para resolver sus problemas y corregir las medidas que perpetúan la desigualdad.

Una vejez digna, con una pensión adecuada y servicios sociales suficientes marcan el termómetro de nuestra democracia. De nosotras y nosotros depende que los hombres y mujeres mayores de mañana tengan pensiones públicas decentes y en condiciones de igualdad.

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 Tania González Peñas es portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Empleo de la Eurocámara.