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De poco han servido las reuniones interministeriales, las quejas oficiales y extraoficiales, las manifestaciones ciudadanas frente al consulado de España en Lisboa, las amenazas diplomáticas y el frágil espíritu ibérico: España se ha negado a atender las protestas de Portugal en relación al futuro Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Almaraz (Cáceres). Al ministro de Medio Ambiente portugués, João Matos Fernandes, reunido el pasado 12 de enero en Madrid con su homóloga española, Isabel García Tejerina, le faltó tiempo para confirmar su peor amenaza: dos minutos después de terminar la reunión, con García Tejerina aún en el edificio, anunció a los medios que Portugal presentaría una queja ante la Comisión Europea.

Y cuatro días después ahí fue, la primera queja formal ante Europa presentada entre hermanos peninsulares en 30 años. La última, allá por 1986, fue presentada por Portugal ante la Unión Europea y obligó a España a recular en su intento de crear un cementerio nuclear en la salmantina localidad de Aldeadávila de La Ribera, en el río Duero.

El Ejecutivo de Rajoy no sólo se niega a realizar el estudio, sino que propone que sea el país luso quien se encargue de ejecutarlo y financiarlo

La reclamación esta vez se refiere a la negativa por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy de realizar el estudio de impacto medioambiental que Portugal estima necesario antes de la ejecución de las obras para el almacén. Según Portugal, este tipo de complejos debe contar con un estudio previo sobre posibles impactos medioambientales transfronterizos, lo que se recoge en el artículo 7 de la directiva 2011/92/UE del 13 de diciembre de 2011. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy no sólo se niega a realizar el estudio, sino que propone que sea el país luso quien se encargue de ejecutarlo y financiarlo. 

En Portugal cunde la sensación de que a Mariano Rajoy le ha entrado el síndrome Donald Trump, y no están por la labor de financiar ningún estudio sobre una central de almacenamiento española para los residuos de una central nuclear española. En este escenario, o los portugueses pagan por el estudio, o el ATI sale sin él. 

El Gobierno de España puede sentirse orgulloso de dos gloriosas proezas en su primer mes de 2017: la primera es haber puesto a todos los partidos del Parlamento portugués de acuerdo, sin fisura alguna, sobre un tema en particular –el desmantelamiento de Almaraz y su oposición al futuro ATI–. El país entero casi lo ha celebrado, tan poco acostumbrado a semejante homogeneidad dentro de la Assembleia; y la segunda, haber conseguido que los portugueses se sientan como mexicanos haciendo frontera con unos Estados Unidos cegados de megalomanía.

La batalla ahora no es “nuclear sí, nuclear no”, que, como en una guerra mundial, se mueve dividida fuera del campo científico en dos trincheras estancas, casi incomunicables salvo en escasas y navideñas ocasiones. En la mayoría de los casos todo depende de qué alto mando nos informe de las ordenanzas, ya es difícil tener una idea precisa sobre un tema tan científico y delicado. Pero más difícil aún es no tener una opinión partidaria sobre un debate tan urgente para esta generación y las que vendrán.

La batalla ahora es, por el contrario, casi exclusivamente diplomática, aunque con ramificaciones bien profundas: políticas, energéticas, económicas, financieras, sociales, medioambientales. España ha cerrado puertas y oídos y lanza la patata caliente a los despachos de Bruselas. De hecho, el secretario de Estado español para la Unión Europea, Jorge Toledo, anunció el mismo 16 de enero a su homóloga portuguesa, Margarida Marques, que ya se están colocando las primeras piedras del complejo de almacenaje. Toledo asegura que la obra tiene aún categoría de obra civil, a la espera de que el Consejo de Seguridad Nuclear español emita, presuntamente, el informe que autorice el uso futuro como almacenamiento de residuos de combustible nuclear.

Una iniciativa ciudadana presentó un recurso de alzada ante el Ministerio de Energía contra el informe medioambiental positivo que permitió la autorización del almacén

La negativa de España a atender las peticiones de Portugal le puede costar cara no sólo en dinero, sino también en un tiempo que cada vez es más precioso. Y quizá pueda costarle el propio ATI, porque, además de la queja formal ante la Comisión Europea, el pasado 30 de enero una iniciativa ciudadana presentó un recurso de alzada ante el Ministerio de Energía contra el informe medioambiental positivo que permitió la autorización del almacén –ya que en este informe no se había consultado a Portugal–. Si a este recurso no se le da respuesta en el plazo reglamentario de un mes, desembocará en un proceso contencioso administrativo en los tribunales ordinarios, lo que presumiblemente paralizaría la obra automáticamente.

Como explica Nuno Sequeira, miembro de la Dirección Nacional de la asociación portuguesa Quercus, las asociaciones y particulares en contra del ATI –y del alargamiento de la vida útil de la Central de Almaraz– están dispuestos a seguir con los “mecanismos usados hasta ahora: movilización social, conferencias, manifestaciones, comunicados de prensa y llamamientos a los órganos de poder central y local. También a la participación pública en consultas, procesos de licencias (…), y las quejas y procesos judiciales siempre son un recurso posible”.

¿Un almacén temporal… para residuos nucleares?

Los problemas que rodean la ejecución del ATI ponen al descubierto dos de las cuestiones más polémicas en torno a las centrales nucleares. Más allá de los posibles riesgos que puedan acarrear los fallos en las instalaciones antiguas y otras reminiscencias a un hipotético Fukushima, dos cuestiones levantan ampollas: el tratamiento de los residuos y el proceso de desmantelamiento de las centrales cuando haya que cerrarlas.

El Almacén Temporal Individualizado de Almaraz está proyectado en los terrenos al norte de la Central Nuclear, y su presupuesto alcanzaría los 24 millones de euros. Podrá albergar hasta 20 contenedores de almacenaje para el combustible gastado, y los contenedores estarían fabricados en hormigón y enterrados a dos metros bajo el suelo. Algunos sectores advierten contra la herencia que las generaciones futuras recibirán por culpa de nuestras actuales necesidades energéticas –más bien por no poder satisfacerlas de forma limpia–. El físico y activista antinuclear Paco Castejón aseguraba, en un encuentro en Cáceres previo a las manifestaciones que se sucedieron el año pasado contra el ATI de Almaraz, que los residuos nucleares “son una verdadera pesadilla. No hay una solución para esto y no sabemos qué hacer con ellos”.

Por el contrario, otras voces defienden que serán precisamente las generaciones futuras quienes podrán hacer uso de esos residuos hoy poco reutilizables. Según explica Manuel Lozano Leyva, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Sevilla y autor de Nucleares, ¿por qué no?, “el 95% del uranio contenido en el combustible nuclear usado (CNU) es susceptible de ser usado en el futuro”. Pero, más allá del debate científico, Lozano Leyva reconoce que “el ATI de Almaraz y los de todas las demás centrales serán imprescindibles por el freno al ATC –Almacén Temporal Centralizado– por razones políticas e ideológicas ramplonas”. ¿A qué se refiere Lozano Leyva cuando nombra el ATC?

El Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, en Cuenca, previsto para principios de 2018, no va a estar terminado a tiempo por problemas con los terrenos escogidos para su ubicación

Las razones que aducen Gobierno y eléctricas para la necesidad del ATI es que el Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas, en Cuenca, previsto para principios de 2018, no va a estar terminado a tiempo por problemas con los terrenos escogidos para su ubicación. Este superalmacén llevaba décadas planteado e iba a suplir las carencias de almacenaje de muchas, o todas las centrales españolas. Por ahora el ATC no ha pasado del PowerPoint. Nuno Sequeira asegura que “todo indica que España estará muy lejos de conseguir un consenso en cuanto a la localización del ATC (…) Existe una fuerte presión del consorcio de empresas que explota la Central Nuclear de Almaraz para continuar su labor después de 2020, y la construcción del ATI será un fuerte argumento para que esto ocurra”.

El proyecto del ATC del Partido Popular, en el fango desde 2011

En diciembre de 2011, un mes después de que el Partido Popular ganara las elecciones generales, y con María Dolores de Cospedal como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, Villar de Cañas ganaba la larga y encarnizada pugna por acoger el futuro ATC. Y esto a pesar de que la localidad no había quedado en primera posición, sino en cuarta de un total de 13 aspirantes.

La inversión rondaría los 700 millones de euros en un pueblo de unos 300 habitantes. La especulación se apoderó del municipio, terrenos que antes costaban 72 euros el metro cuadrado pasaron a valer 180 euros, se reabrieron sucursales bancarias, el Ayuntamiento amenazó a los vecinos con la expropiación si se negaban a vender bajo el plan urbanístico, hubo intentos de paralizar las obras del ATC por parte del Parlamento castellano manchego –con los únicos votos en contra de los populares–, o problemas por la posible violación de un Espacio Protegido. Hasta hoy nadie ha conseguido desbloquear el ATC de forma definitiva.

Ya en julio de 2012, algunos medios contaron que un informe de la propia Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, la sociedad estatal que se encarga del tratamiento de residuos y del desmantelamiento de las centrales obsoletas) alertaba de “riesgos geotécnicos relevantes”, es decir, problemas serios con el terreno escogido. Ese mismo mes Enresa formalizaba la compra de 55 hectáreas –a unos 10.000€ la hectárea– para el futuro ATC de Villar de Cañas, que iba a estar terminado para 2016 con un presupuesto de 1.000 millones de euros. A enero de 2017, el ATC aún sigue pendiente de arrancar después de 80 millones gastados –en comprar terrenos, pavimentar carreteras, un edificio para empresas de tecnología y una nave para las operaciones de sondeo– sin que se haya puesto una sola piedra encima de otra para el verdadero complejo de almacenaje. Como afirma Nuno Sequeira, “en el caso de que la central continuase en funcionamiento después de 2020, en uno o dos años aparecerán serios problemas a nivel de almacenamiento de los residuos”.

Problemas de financiación

La financiación de la gestión de los residuos lleva tiempo en entredicho. Como asegura el físico Lozano Leyva, las centrales españolas están “amortizadas hace muchísimo tiempo, igual que las hidroeléctricas, que son las que producen energía más barata. Unos 20€/megavatio frente al coste total que hace unos días alcanzó los 100”. Sin embargo, el sistema de tasas por el que Enresa comenzó, en 2010, a recibir financiación de las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares no se ha actualizado en 7 años –Iberdrola, Nuclenor, Endesa, Unión Fenosa y HC Energía–. Ya en 2015 el Tribunal de Cuentas cuestionó este sistema de financiación, advirtiendo de que debían revisarse las tasas cada año si la empresa pública no quería enfrentarse a un agujero de 1.800 millones de euros en un futuro próximo. 

El sistema de tasas por el que Enresa comenzó, en 2010, a recibir financiación de las empresas eléctricas propietarias de las centrales nucleares no se ha actualizado en 7 años

Por este motivo las eléctricas buscan cerrar la financiación de los ATI –presumiblemente, si no se pone en marcha pronto el ATC de Cuenca, otras centrales además de Almaraz deberán contar con un almacén individualizado para sus residuos– y del ATC cuanto antes. Aunque Lozano Leyva asegura que los que deberían estar menos interesados en la energía nuclear son “sus dueños, las eléctricas, que hasta ahora han sacado muchísimo más rendimiento a las primas de las renovables”.

Enresa, en lugar de seguir el consejo del Tribunal de Cuentas y revisar las tasas pagadas por las eléctricas –previsiblemente al alza–, anunció en octubre de 2016 que contrataría al bufete de abogados estadounidense Jones Day como asesores jurídicos sobre SPV’s –Sociedades Vehículo de Propósito Especial–. La creación de una SPV responde a la necesidad de aislar los riesgos de financiación de un proyecto de sus accionistas, aunque el propio proyecto queda como garantía de pago a los prestamistas.

Con la creación de esta sociedad ad hoc para la financiación del fondo que nutre a Enresa, la sociedad estatal eludiría las restricciones a los criterios de inversión establecidos por el Comité de Seguimiento y Control del propio fondo. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, sin experiencia previa en el sector de la energía, llegó a la sociedad estatal desde la Fundación Empresa y Crecimiento –previo paso durante un año por la también estatal Paradores–, fundada en 2001 por Ana Patricia Botín y dedicada a crear y gestionar fondos de capital riesgo en América Latina. Zaballa asegura que la creación de una SPV ayudaría a “maximizar la rentabilidad” del fondo que en última instancia deberá financiar el desmantelamiento de las centrales nucleares. Sin embargo, otros advierten de que en algunas ocasiones el uso de SPV’s ha permitido a empresas como Enron manipular cuentas a gran escala.

Así las cosas, el conflicto diplomático entre España y Portugal por la idoneidad del ATI de Almaraz lleva de fondo, de forma clara, el desacertado intento de construir el ATC de Villar de Cañas y, por supuesto, el futuro de la propia Central Nuclear de Almaraz. Lo que parece claro es que Portugal tiene mucho que decir en este asunto, dado que la central está situada a sólo 100 kilómetros de sus fronteras, río Tajo arriba. Algunas iniciativas populares incluso han movilizado recursos civiles para monitorizar la radiactividad atmosférica en Segura, la localidad portuguesa más próxima a la Central de Almaraz. Según Manuel Costa Alves, uno de los promotores del proyecto Tajo Seguro, “la red oficial de recogida de datos de radiactividad atmosférica no es accesible en tiempo real (…), y es el río, y su cuenca hidrográfica, el vehículo de transporte de contaminantes radiactivos para Portugal”.