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El recibo de la luz se ha encarecido un 24% en los últimos seis años  –un 34% en diez--, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), que también revelan cómo en ese tiempo, y pese al encarecimiento de otros combustibles fósiles como los derivados del petróleo, el gas natural solo ha subido un 13%.

Esa evolución del precio contrasta con la clara tendencia a la baja que, según la misma fuente, ha tenido el consumo doméstico. Los 50,6 millones de kilovatios/hora que las viviendas principales del país consumieron en 2006 siguieron creciendo en los últimos años de hinchado de la burbuja y los primeros de su desinfle hasta los 69,7 de 2010, para iniciar entonces una reducción constante hasta los 48,5 de 2015, según indica la Encuesta de Presupuestos Familiares, que revela cómo –cosas del ahorro-- la demanda media por hogar cayó de 3.953 kw de 2010 a 2.641 en solo cinco años.

Ese mismo estudio indica cómo, paralelamente y pese al desplome del consumo, la factura global de los hogares aumentó de 12.810 millones de euros a 13.280 --con un pico de 14.409 en 2012-- en ese mismo quinquenio, en el que el gasto medio por persona pasó de 277 a 288 euros.

¿Y cómo es posible que el precio de un producto suba un 23% en cinco años mientras su demanda cae un 30,5%? ¿O que el encarecimiento para las familias alcanzara un 83,2% entre 2003 y 2015 según los cálculos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)? Cosas de la regulación del mercado español, los precios de cuyo sector doméstico solo se ven superados por los de dos islas como  Irlanda y Chipre y en el que la paradójica evolución de la oferta y la demanda ha tenido dos efectos principales: un desgarro en el bolsillo de una ciudadanía azotada por la crisis y unos magros beneficios para las compañías eléctricas, cuyos tres principales emporios –Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa-- superaron los 5.000 millones de beneficios en 2015.

Pese al desplome del consumo, la factura global de los hogares aumentó de 12.810 millones de euros a 13.280 --con un pico de 14.409 en 2012-- en ese mismo quinquenio

¿Cuánto vale la electricidad?

La causa principal de esa deriva se halla, básicamente, en el peculiar sistema español de tarifación de la electricidad, un mercado en el que operan tres tipos de empresas --productoras, distribuidoras y comercializadoras-- y en el que, en la práctica, la parte del león de los tres ámbitos está en manos de los grandes grupos como Endesa, Iberdrola y Gas Natural, con el añadido de la pública Reesa (Red Eléctrica) en el capítulo del transporte.

El sistema de tarifación, popularmente conocido como “la subasta” y cuya operativa está investigando la Fiscalía de la Sala Civil del Supremo, consiste en que, hora a hora, las comercializadoras presentan sus pedidos para que los cubran las productoras, algo que estas hacen con una oferta jerarquizada que encabeza la energía de origen nuclear, a la que le sigue la renovable --eólica, solar e hidráulica-- antes de que llegue la de instalaciones que consumen carbón y gas. 

El sistema tiene una justificación operativa: entra primero en el sistema la electricidad procedente de centrales que no se pueden apagar y activar en función de la demanda, le sigue aquella cuyo origen depende de los elementos naturales y el pedido se completa, si es necesario, con la generada a partir de combustibles fósiles. “El objetivo es garantizar el suministro y casar oferta y demanda. Hay centrales a las que se les paga por estar disponibles cuando crece la demanda”, explica Enrique García, de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Otra cosa es cómo se valora esa cesta de energías, ya que el sistema de “subasta marginal” hace que la más cara de ellas (vea aquí oferta y demanda en tiempo real) marque el precio de todas las aportadas. Por eso en épocas de elevada demanda el precio se dispara, ya que entran en la factura las centrales de reserva, especialmente las que queman gas y derivados del petróleo.

No obstante, tanto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) como la OCU cuestionan este sistema. La primera sostiene que las empresas que explotan centrales nucleares e hidroeléctricas –las únicas sobre las que hasta ahora se ha pronunciado-- obtienen beneficios extraordinarios, ya que sus instalaciones están completamente amortizadas, gracias al arrastre de los precios que marcan las tecnologías renovables y las de combustibles fósiles.

Otra cosa es cómo se valora esa cesta de energías, ya que el sistema de “subasta marginal” hace que la más cara de ellas marque el precio de todas las aportadas

La organización de consumidores  reclama una auditoría sobre el precio de la luz. “Quizás se paga un precio más alto del que se debería pagar”, apunta García, que declina pronunciarse sobre los efectos que puede tener a medio plazo sobre el recibo la obsolescencia del parque nuclear español, cuyas ocho centrales caducan en los próximos doce años, en los que también vencerán, en cadena, las concesiones de buena parte de las centrales hidroeléctricas del país, cuya reversión al Estado encuentra trabas en el Ministerio de Medio Ambiente que dirige Isabel García Tejerina, contrario también a que las eléctricas deban entregar el 25% de su producción, una obligación de coste millonario con la que el Gobierno lleva más de medio siglo haciendo la vista gorda.

El Gobierno como árbitro y principal beneficiario

Con todo, y pese a las subidas que en los últimos días han puesto el kilovatio producido en el entorno de los 10 céntimos –cien euros el megavatio--, la energía no supone, ni de lejos y por extraño que pueda parecer, la parte principal del recibo. Ni su encarecimiento afecta por igual a todos los consumidores.

Menos del 30% de la factura se corresponde con energía propiamente dicha. De hecho, el precio oficial del kilovatio lleva años por encima de esos 10 céntimos al estar gravado con un peaje de acceso de algo más de 4,4 céntimos. La subida de estos días (vea aquí las tarifas de hoy) situaba este martes 24 de enero el precio para el consumidor entre los 94 céntimos de la madrugada y 1,95 euros del prime time de la cena. Ocurre algo similar con la parte referida a la potencia, que tiene en el recibo un peso similar a la energía: 4,12 euros mensuales por kilovatio contratado, más del 80% de los cuales procede de otro peaje de acceso. 

“Los peajes, que suponen la parte fundamental del recibo, son, básicamente, los costes de distribución” de la energía a través de la red, aunque incluyen otros conceptos como, entre otros, las ayudas al carbón y las renovables, la moratoria nuclear o los costes de abastecer a Canarias y Baleares, explica García. Los marca el Gobierno.

La subida de estos días situaba el martes 24 de enero el precio para el consumidor entre los 94 céntimos de la madrugada y 1,95 euros del prime time de la cena

Es decir, que el grueso del recibo de la luz, que incluye otros conceptos como el alquiler de equipos de suministro y de medida --1,5 y 2,6 euros mensuales, respectivamente y sin descuento los meses de lectura estimada--, lo marca, a través de los peajes, un ejecutivo, que es, al mismo tiempo, uno de sus principales beneficiarios: la base que suponen los apuntes de energía y potencia –más el arriendo de aparatos-- está gravada con un impuesto a la electricidad del 5,11%, una cifra que, tras añadirle el gravamen por disponer de contador, se convierte en la base sobre la que se aplica el IVA. Al final, más de la cuarta parte de lo que paga un consumidor acaba vía impuestos en las arcas del Estado, que es quien establece a cuánto ascienden los otros dos tercios del precio sobre los que se calculan los tributos.

El IVA de la electricidad es del 21%, ya que los gobiernos llevan décadas coincidiendo en considerar que la electricidad no es un bien de primera necesidad merecedor del tipo reducido del 4% y dictaminando que gravar un tributo con otro no es un caso de doble tributación.

Mercado libre y pequeño consumidor

“Para nosotros, en el recibo de la luz se da un caso claro de doble tributación porque un impuesto se grava con otro, aunque se trata de algo legal porque la ley así lo establece”, apunta Enrique García, que recuerda también cómo el impuesto de la electricidad se creó para financiar las ayudas a la minería del carbón y se mantiene pese a su reducción.

Las variaciones de la parte energética del recibo –al alza en invierno y a la baja en verano-- tienen reflejo en todos los recibos, aunque no de manera homogénea. Las oscilaciones al alza y a la baja afectan directamente, cada mes, al 45% de familias –casi 12 millones-- cuyos contratos están sujetos a la tarifa de mercado o PVPC (Precio de Venta del Pequeño Consumidor), pero no al 55% con acuerdos de mercado libre. Estos últimos se revisan cada año, y los nuevos precios dependen del nivel de la fecha de renovación. La práctica totalidad de las comercializadoras operan con los dos formatos.

Pese al empeño del mercado y sus reguladores en que el recibo siga subiendo, sigue siendo posible ahorrar luz. Por ejemplo, comparando precios para elegir la compañía y el tipo de contrato más ventajoso para cada uno, como propone la CNMC, uno de los escasos organismos que se dedica a la supervisión de la letra pequeña del sector. O, también, aplicando un uso sostenible de los electrodomésticos como recomienda la fundación Ecodes.