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Hay ausencias significativas. En los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas llama la atención la de la lista de las entidades bancarias que conceden créditos a los partidos políticos para su funcionamiento ordinario y para sus campañas electorales. En la última comisión mixta Congreso-Senado, la que recibe los informes del órgano de fiscalización, resultaron decisivas las ausencias de la portavoz del PNV, María Dolores Etxano, y el senador convergente Joan Bagué. 

Esas ausencias permitieron al PP rechazar las propuestas de resolución en las que el PSOE, Podemos y C’s reclamaban, aprovechando el debate sobre la situación financiera de los partidos y de sus fundaciones en los años 2012 y 2013, que los próximos dictámenes incluyan el listado de préstamos, con su cuantía y su prestador, que se cree un registro con los proveedores de los partidos o que las formaciones con números rojos –más de una docena en la fecha de los informes-- sigan un plan de ajuste. 

Al portavoz de Podemos, el asturiano Segundo González, no le cuadraban las cuentas y preguntó al presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), si se habían movido los banquillos: poco, un cambio en su propio equipo y otro en el PDeCat. Por acción o/y por omisión, de nuevo, salió derrotada la transparencia. En este caso, con un lejano eco de la histórica colaboración de la derecha cuando se habla de dinero. Aunque sea el que les presta el banco.

La financiación de los partidos políticos es uno de los granos que se le ha enquistado al sistema post-78. Lo que comenzó pareciendo unas simples espinillas, como aquellas tragaperras que le salieron penalmente gratis al PNV o aquellos nubarrones llegados de los casinos que nunca llegaron a mojar a Convergència, empezaron a aparentar quistes con asuntos como los de Naseiro (PP) o Filesa (PSOE) antes de que la sociedad asumiera que lo que la partitocracia padecía era una metástasis: Pallerols en UDC, las sospechas del “tres per cent” y las confesiones y condenas que señalan a un PP que sigue a lo suyo, como si nada, sin olvidar aquellas condonaciones de créditos de Caja de Ronda y La Caixa a los socialistas andaluces y catalanes, que hoy serían perseguibles.

Simpáticos, adhesivos y endeudados

Los partidos políticos tienen un problema de conexión con la sociedad, puesto que hay más cargos públicos que militantes, y otro de dependencia, ya que el 80% de los fondos que manejan en blanco --216 millones de 269,2 en 2013, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas-- son subvenciones. Fueron 273 millones en el ejercicio anterior, casi la mitad de ellos --133-- en subvenciones a grupos parlamentarios y municipales. 

Llama la atención el origen oficial de los 52,3 millones restantes: 4,5 de fundaciones, 5,9 de donaciones y 42,8 de aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes. Las formaciones políticas despiertan en España adhesiones y simpatías de tal intensidad que triplican la cuantía de las cuotas que la militancia declara a Hacienda: 14,5 millones en 2014, uno y medio menos que cuatro años antes --y eso que desgrava.

¿Esas simpatías generan confianza en los partidos? Quién sabe. Sí parece tenerla la banca, con la que mantenían en 2013 créditos vivos por valor de 205,7 millones --32 menos que un año antes-- de los que 127 estaban avalados por unas garantías hipotecarias que redujeron en 14,9 millones en solo doce meses. Aunque no todos presentaban la misma solvencia: Eusko Alkartasuna arrastraba hace cuatro años 800.000 euros de débitos vencidos; Unió Democràtica, medio millón, e IU, 400.000.

La vigente normativa sobre financiación de partidos políticos castiga la condonación de deudas por parte de las entidades financieras, una medida que suena racional tras el rescate de la banca con miles de millones de dinero público, los escándalos multimillonarios provocados por asuntos como las cláusulas suelo o las preferentes, y las consecuencias sociales de la ejecución masiva de créditos hipotecarios concedidos a las familias. ¿Por qué con unos sí se conjuga el verbo condonar y con otros no? 

Sin embargo, esa expectativa de ejemplaridad encuentra un contraste paradójico en el propio funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de las Cortes: aprobaron la semana pasada el informe de fiscalización de los partidos de 2012 y de 2013 cuando el plazo para perseguir posibles infracciones es de cuatro años. Ese ritmo ha llevado a la Fiscalía General del Estado a pedir algunos ajustes en la normativa que, visto el eco obtenido en el Congreso, no parece que vayan a propiciar mayores beneficios sociales que los del inventario.

PP y PSOE: 64 y 88 millones en créditos en dos años

Casi la mitad de esa deuda de 2013 la acumulaban los dos principales partidos, el PSOE con 63,5 millones y el PP con 38,2, seguidos de Convergència i Unió, que sumaba 23 –de ellos 5,5 como coalición, 4,5 CDC y 13,2 Unió--, el PNV --21,4-- y, más lejos, IU, con 14.

La vorágine electoral iniciada en 2014, a falta de conocer la fiscalización de las elecciones del 26 de junio del año pasado, y sin tener en cuenta las autonómicas de 2015, que el Tribunal de Cuentas controla por comunidades, elevó el recurso de los partidos a los créditos bancarios. O el apoyo de los bancos a las formaciones políticas, según se mire.

Este resultó enorme para los conservadores y los socialistas. Los primeros se endeudaron en 26,7 millones --5,9 en las europeas, 10,1 en las locales y 10,7 en las generales de diciembre de 2015-- con los que pagaron más de la mitad de los 48,3 que declararon como ingresos mientras los segundos se empeñaban en 24,8 --6,9; 9,3 y 8,6-- con los que cubrieron una parte algo más elevada de su presupuesto de 40,85. Ese endeudamiento situaría en 64,9 los créditos de los que tuvo que responder el PP entre 2013 y 2015 y en 88,3 los del PSOE.

La banca financia el 95% a Ciudadanos

Quien vio crecer de una manera exponencial las muestras de confianza de los bancos en ese periodo fue Ciudadanos, que pasó de no aparecer en el informe de 2013 a lograr 559.117 euros para las europeas de 2014, 1,3 millones para las locales de 2015 y 7,6 más para las generales de ese mismo año. Esa creciente financiación cubrió el 95% de sus necesidades: 9,4 millones de 9,8 en los tres comicios.

El apoyo bancario a los partidos que facilitaron la investidura de Mariano Rajoy y que negocian la mayoría de las iniciativas que salen adelante en el Congreso, de una altura similar a la que tuvo UPyD antes de su implosión  --1,95 millones para cubrir un presupuesto de dos en las europeas de 2014--, contrasta con el de otras formaciones como Podemos, que no solicitó un solo crédito bancario en los tres comicios.

En realidad, los morados gestionaron 2,8 millones, ya devueltos, procedentes de algo más de 12.000 préstamos de militantes y simpatizantes. Otras formaciones electorales exitosas utilizaron una fórmula similar: Ahora Madrid llevó a Carmena a la alcaldía con un presupuesto de 180.000 euros del que el 90% procedía de microcréditos de sus bases y el 10% restante de donaciones de estas, y Martiño Noriega llegó a la de Santiago con un gasto de 19.500, de los que 8.400 tenían un origen similar.