Cuando hablamos del “futuro de Europa” --para el cual ni Juncker ha encontrado La Solución--, somos conscientes de que un poco más de tinta vertida desde un país periférico de un Estado periférico no dará con la clave que resuelva el futuro de un continente sumido en múltiples crisis. Este debate se aborda constantemente polarizando entre “más o menos UE” o “reforma vs. ruptura” --como si el mundo no fuera ya suficientemente binario-- cuando deberíamos abordarlo reivindicando poner la vida en el centro; acercando las instituciones a la ciudadanía; recordando nuestra deuda histórica, económica, social y ecológica con el Sur Global y con un planeta finito. Y deberíamos hacerlo afrontando algunos de sus grandes retos: la extrema derecha, la austeridad, la Europa fortaleza y la crisis de legitimidad de las instituciones europeas.

La pobreza provocada por las políticas de austeridad tiene rostro femenino; cuando el Estado de bienestar se retira, las tareas de reproducción de la vida recaen sobre las mujeres

Sin duda, uno de los retos más urgentes y preocupantes en Europa es el auge de la extrema derecha. No obstante, en el caso del Estado español hay una notable ausencia de un movimiento político xenófobo como los que han proliferado en Europa los últimos años; un estudio comparativo del think tank británico Demos habla de la “excepción española”. Desde luego, no estamos libres de culpa; según una encuesta de Chatham House del pasado febrero, un 41% de los ciudadanos españoles apoyaría la prohibición de la inmigración desde países musulmanes. Que estos prejuicios latentes --xenofobia e islamofobia-- no se hayan traducido en un movimiento de extrema derecha no es gratuito, tiene que ver con el trabajo de movimientos sociales u organizaciones que han señalado a los culpables --a las élites políticas y económicas-- de los efectos de la crisis en vez de a los inmigrantes --que también son víctimas de ella--. En Barcelona, la experiencia de la PAH ha sido y es ejemplar en este sentido; ha conseguido tejer redes de solidaridad y apoyo mutuo entre gente de nacionalidad española y extranjera en la lucha conjunta por el derecho a la vivienda. El municipalismo es también un actor crucial: ofrece un espacio de proximidad y encuentro, permite trabajar para desmontar los miedos y prejuicios y rompe con la falsa dicotomía entre la globalización y el nacionalismo autoritario, poniendo sobre la mesa otros posibles marcos de identidad y gobernanza.

El segundo gran reto del que ni Cataluña ni el Estado han podido escapar son las políticas de austeridad impuestas por la Troika, que han traído de regalo el cambio de una Constitución --que hasta entonces era inamovible-- para comprometerse al pago de la deuda por encima de las necesidades de su población. Estas políticas están disparando y cronificando los niveles de desigualdad de manera alarmante y el Estado español es uno de los que mayores índices de desigualdad tiene en Europa --según el FMI se estima que el 20% con mayor renta gana casi ocho veces más que el 20% más pobre--. Con la excusa de la deuda primero, y de la necesidad del libre comercio después, experimentamos privatizaciones, degradación laboral y recortes de servicios, de derechos sociales básicos y de libertades. La pobreza provocada por estas políticas tiene rostro femenino; cuando el Estado de bienestar se retira, las tareas de reproducción de la vida recaen sobre las mujeres aunque, paradójicamente, el movimiento feminista ya venía alertando de la crisis de cuidados antes de 2008.

Es incoherente e intolerable defender una política de la paz de puertas adentro pero no de puertas afuera

Frente a esta emergencia social, es el momento de poner la vida en el centro de la economía. Mientras Europa sigue imponiendo niveles de déficit --pero no marcando inversiones mínimas en servicios sociales, como sanidad o educación, que son esenciales para garantizar una vida digna a toda la ciudadanía--, los ayuntamientos del cambio están mostrando que hay alternativa a la austeridad. Muchos de ellos están en vías de remunicipalizar bienes comunes como el agua o las guarderías públicas y de introducir ayudas para combatir la feminización de la pobreza, reconociendo así la centralidad de los cuidados en la economía. Al mismo tiempo, la ciudadanía está ejerciendo un liderazgo en el rechazo de la dictadura de la deuda: la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ha cuestionado la legitimidad de la deuda pública y ha denunciado los mecanismos de endeudamiento ilegítimo; y en diversos municipios se ha cuestionado la legitimidad de ciertos préstamos y se han puesto en práctica experiencias de profundización en la transparencia y la participación. El maltrato a Grecia nos muestra la Europa que no queremos; es necesaria una conferencia europea sobre la deuda y que la población arranque auditorías ciudadanas para repensar qué economía necesitamos: una sin paraísos fiscales, en la que la banca pública esté al servicio de las necesidades de la población y no de las élites, donde la fiscalidad sea progresiva y justa. Y no solo los movimientos sociales nos vienen alertando de los peligros de la austeridad: el propio FMI reconocía el error al calcular los impactos nefastos que ha tenido en las economías europeas.

El tercer reto es cómo pensar la relación de Europa con el resto del mundo desde una perspectiva de seguridad vital en vez de desde una visión militarista. Sabemos que las políticas de la Unión Europea y los Estados en materia de migración y comercio perjudican a las poblaciones del Sur Global. Nos vanagloriamos de que diez países europeos se encuentran entre los veinticinco considerados más pacíficos del mundo, pero entre los diez que encabezan la venta de armas encontramos cinco países europeos, uno de ellos España. Es incoherente e intolerable defender una política de la paz de puertas adentro pero no de puertas afuera: colaborando a la inestabilidad en el Sur Global y por tanto provocando la migración que luego rechazamos en pro de esa política securitaria interna.

Antes de presumir de intervenir en otros países para “ayudarlos” tendríamos que empezar por reducir las emisiones de carbono, dejar de vender armas y promover el comercio justo, que son modos más efectivos de caminar hacia la justicia global. La política exterior europea debería basarse en los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible para deshacernos de la hipocresía de no dar asilo pero preocuparnos de que la población europea pierde peso a nivel mundial. Europa y los gobiernos europeos incumplen los compromisos de asilo excusándose los unos en los otros y apuestan por el cierre de fronteras, mientras desde las ciudades se ha levantado la lucha por el cierre de los CIE o por las ciudades refugio.

Es urgente que los gobiernos del Sur planten cara al Banco Central Europeo, y que defiendan los intereses de sus poblaciones frente a los de los grandes poderes financieros

El último reto es la desafección hacia la UE. Mientras el municipalismo gana legitimidad, las instituciones de la UE la pierden como nunca en su historia. Un tercio de la población europea mantiene su confianza en ellas en la actualidad, frente al 50% que lo hacía hace diez años. Cada vez que la ciudadanía tiene la oportunidad de valorar el proyecto a través de un referéndum, lo rechaza, como ha sucedido en los últimos meses con el Brexit y el referéndum constitucional en Italia. La ciudadanía ve las instituciones europeas alejadas y poco democráticas.

En este contexto, es urgente que los gobiernos del Sur planten cara al Banco Central Europeo, y que defiendan los intereses de sus poblaciones frente a los de los grandes poderes financieros. No obstante, a corto plazo no podemos esperar que los Estados solucionen el déficit democrático del sistema actual. Quienes sí están construyendo alternativas son los municipios y las ciudades, trabajando en red, de la mano de la ciudadanía, para responder a las necesidades de sus territorios; la red de ciudades refugio, de municipios libres de paraísos fiscales o contra la deuda ilegítima y los recortes, de ciudades en transición. Los municipios están colaborando para crear alternativas sociales, económicas y ambientales desde abajo a pesar del obstáculo que supone la Ley Montoro (LRSAL).

Del municipalismo estamos aprendiendo la importancia de una relación de tensión positiva entre las apuestas institucionales y la ciudadanía organizada. No hay estrategia institucional que valga si no cuenta con una sociedad exigente y activa que apoye la lucha contra los poderes fácticos y empuje para que vaya más lejos. Es urgente explorar vías para democratizar las instituciones europeas si se quiere que la Unión Europea tenga futuro: escuchando desde abajo, no restando más soberanía a los gobiernos estatales, ni estos a las administraciones más cercanas a la población, los municipios. Si la Unión Europea abandona a su ciudadanía, el descontento continuará: el futuro de la Unión Europea sólo existirá si se consigue construir una mayor democracia desde abajo, desde el municipalismo y escuchando a los movimientos sociales, poniendo en el centro una vida digna que merezca ser vivida, sostenible y respetuosa.

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Sònia Farré i Fidalgo. Diputada por Barcelona de En Comú Podem.