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El proyecto europeo se ha politizado. Desde la firma del Tratado de Roma hace ya 60 años, efeméride que ahora celebramos, el proceso de construcción europea estuvo liderado por políticos, altos funcionarios y académicos que deseaban acabar con la historia de guerras civiles en el seno de Europa. La ciudadanía respaldó esta aventura como un depósito de confianza en sus líderes pero, honestamente, sin un fervor europeísta ampliamente compartido. De este modo, hemos ido construyendo Europa, pero echando de menos la constitución de ese auténtico demos europeo. Ahora bien, ese mundo se ha acabado.

Desde el fracaso de la non nata Constitución Europea, se ha comenzado a fraguar en muchos países de la Unión ese discurso nacionalista que se ha alimentado de la incorrecta gestión de la crisis, y de los retos posteriores en la gestión de los refugiados o en los actuales problemas de seguridad, junto al desafío del Brexit. La crisis económica rompió la confianza norte-sur. Los países del norte comenzaron a aportar financiación para rescatar a varios países mediterráneos y a Irlanda y, con ello, se inició un discurso contra los supuestos despilfarros de Estados como el nuestro. Y en el sur, por otra parte, se generó un sentimiento de rencor ante quienes nos exigían duros ajustes como contrapartida de esas ayudas. En la crisis de refugiados, la fractura norte-sur se amplió a este-oeste. Los países de la Europa occidental intentaron dar una respuesta más solidaria ante las personas que huían de la guerra y la miseria más allá de nuestras fronteras. Por contra, al este, naciones muy homogéneas étnicamente apostaron por elevar muros ante la llegada de refugiados. A su vez, la crisis de seguridad está golpeando a todos los europeos y el Brexit supone un desafío para toda la Unión. Todas estas crisis han bloqueado el funcionamiento ordinario del proyecto y lo han puesto en una encrucijada.

Ante esta situación, la Comisión Europea, hastiada de pelear con los Estados para avanzar en la integración, único camino, por otra parte, para intentar resolver estos y otros desafíos, ha decidido poner a los Estados ante su espejo. El Libro Blanco sobre el futuro de la Unión, recientemente publicado, plantea cinco opciones de futuro, un menú al que deben responder los Estados. De algún modo, la Comisión ha renunciado a ejercer el liderazgo europeísta al proponer estas opciones, algunas de las cuales podrían representar un paso atrás sin precedentes. No comparto, por tanto, el estilo de ese Libro Blanco pero, de algún modo, debería ser útil, al menos, para reflexionar.

Desde la izquierda, no puede haber otro compromiso que continuar en el proceso de construcción europea, que no es otra cosa que la puesta en planta de una institución pública para la intervención y la redistribución. Los Estados nación han perdido de facto la soberanía, no por cesiones a Europa, sino por el nuevo entorno en el que nos ha tocado vivir, marcado por los mercados globales. Creer que la vuelta al Estado nación es un refugio ante la adversidad no deja de ser una ensoñación, que como casi todas esconde la miseria y la división. Por ello, la construcción europea no es otra cosa que la recuperación de la soberanía efectiva, si bien su implementación para avanzar en los valores progresistas necesita de mayorías políticas que lamentablemente no hemos conseguido en los últimos años. No podemos alejarnos de Europa porque ahora haya una mayoría conservadora. Fuera de Europa no habrá izquierda posible, porque no habrá institución pública alguna para intervenir en los mercados.

Ante esta realidad, los socialistas españoles apostamos claramente por una Europa federal, vía que aparece en el menú de la Comisión. Ahora bien, ese camino necesita del consenso de todos los Estados miembros y parece que algunos de ellos no están por esa labor. Por ello, no podemos caer rehenes de aquellos países más escépticos, debemos buscar otras opciones para seguir construyendo Europa.

Para resolver esta disyuntiva, el Libro Blanco de la Comisión ofrece también la opción de avanzar en una Europa de círculos concéntricos, un modelo flexible, donde no todos los Estados deban comunitarizar las mismas políticas. De algún modo, la unión monetaria o la zona Schengen representan ya ejemplos de ese camino de integración. Sin duda, esta opción supone un second best, pero no podemos cruzarnos de brazos ante los discursos euroescépticos de algunos países. Ahora bien, el avance en esa Europa flexible exige algunos condicionantes adicionales.

En primer lugar, cualquier cooperación reforzada, ya sea para dotar de un pilar fiscal a la zona euro, avanzar en las políticas sociales o adoptar una política única de defensa y seguridad, debe estar abierta a todos los Estados, con independencia de que se incorporen desde el inicio o más adelante. La Unión es un proyecto inclusivo y, aunque no debamos paralizarnos por los Estados con más dudas, tampoco podemos dejarlos fuera sine die. Por lo tanto, cualquier avance debe contemplar un sistema de incorporación a futuro.  

En segundo lugar, aunque no por ello menos relevante, los nuevos avances deben seguir fielmente el método comunitario y no suponer un reforzamiento del modelo intergubernamental que ha primado en los últimos años.

Esta condición podría parecer un mero detalle técnico, pero resulta central en el proyecto europeo para garantizar la legitimidad democrática de la Unión y, por lo tanto, los propios valores sobre los que se asienta este proyecto. En los últimos años y al calor de la crisis económica, los Estados decidieron poner en común nuevas reglas fiscales, un fondo europeo para financiar rescates o la constitución del Fondo Único de Resolución para abordar crisis bancarias. Estas nuevas políticas, aun siendo “europeas”, no han sido incrustadas en el acervo comunitario de la Unión, de modo que ni la Comisión ejerce un papel ejecutivo en su implementación, ni el Parlamento Europeo las controla. De este modo, suponen sólo reglas a las que los Estados se atan, pero sin la presencia de instituciones que las ejecuten en el marco de un modelo nítidamente democrático. Así pues, en estos momentos, Europa estudia cómo introducir tales avances en el modelo de la Unión, y no puede ser que nuevos avances se vehiculen a través de tratados intergubernamentales.

En los próximos meses, Europa afrontará elecciones clave en Francia, Alemania y quizá en Italia. Estoy convencido de que a finales de año, los europeístas habremos vencido en cada una de estas citas y probablemente la representación de la izquierda gane peso en las instituciones europeas. Estas citas con las urnas servirán para enfrentar esos discursos nacionalistas y populistas, y movilizarán a su vez a la ciudadanía comprometida con Europa. Habremos politizado para bien el proyecto europeo. Habremos dado un paso adelante en la constitución del demos europeo.

Se abrirá entonces una ventana de oportunidad para mantenernos unidos en la negociación del Brexit que, de algún modo, tendrá que ser revalidado en el Reino Unido y aún está por ver que finalmente se vaya. Pero ese tiempo también será vital para avanzar en la construcción europea, como única respuesta a los desafíos del presente y la opción necesaria para viabilizar políticas progresistas, ante la incapacidad técnica de los Estados nación para impulsar políticas de redistribución.

Por ello, el proyecto europeo, más que nunca, es la única opción para recuperar la soberanía y ejercerla desde una visión de conjunto. Pero dependerá de las urnas que ese poder político impulse medidas conservadoras o progresistas. Mantengamos la confianza en la Unión y peleemos por una mayoría de izquierdas en las instituciones.

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Jonás Fernández es diputado socialista del Parlamento Europeo.