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238 millones. Esta es la cifra que Montoro, ministro de Hacienda, exige “indisponer” —así de feo es el lenguaje administrativo— sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid del año pasado. 238 millones no son pocos millones. Suponen el 7% de lo que normalmente gasta la corporación municipal. Muchos más si se tiene en cuenta que los recortes se deberán concentrar en aquellas partidas no sujetas al pago de funcionarios y de servicios corrientes, esto es, en aquellas líneas que se encabezan con el rótulo de “inversiones” o de “gasto social”.

La norma que permite esta injerencia es la ley del propio ministro, la Ley Montoro —todo un alarde de onanismo político—, que reforma a su vez la norma reguladora de las administraciones locales. En términos sucintos, esta ley de 2013 traducía a lenguaje municipal el nuevo artículo 135 de la Constitución. De nuevo en términos sucintos: los ayuntamientos perdían toda autonomía presupuestaria real, sus competencias se limitaban, su gasto se restringía. Su autonomía, el único reconocimiento constitucional al viejo principio de subsidiariedad —“lo que se pueda hacer a la escala más próxima que no lo haga la superior”—, era sencillamente liquidada. Nuestra ya pobre democracia local quedaba restringida a cumplir con lo que, hoy por hoy, tiene que hacer todo buen gestor municipal: gastar poco en materia social, ayudar al negocio, principalmente turístico e inmobiliario, y externalizar y privatizar todo aquello que todavía sea competencia municipal: limpieza, depuradoras, bibliotecas, polideportivos, etc.

Con el 5% de la deuda total de las instituciones del Estado y con el 13% de la gestión presupuestaria, la Ley Montoro ha convertido los ayuntamientos en paganos del despilfarro público

Con el 5% de la deuda total de las instituciones del Estado y con el 13% de la gestión presupuestaria, la Ley Montoro ha convertido los ayuntamientos en paganos del despilfarro público. El dedo de la “buena gestión” los ha señalado como responsables. Lo gracioso es que lo ha hecho un gobierno del mismo color que el del Ayuntamiento (Madrid) en 2013 y que con 6000 millones de deuda reunía el 20% de la deuda total de los ayuntamientos; que se había dejado 6000 millones en enterrar la M-30 (y quizás otros tanto en intereses) y que se había gastado otros 400 en reformar el Palacio de Correos, sede del nuevo Ayuntamiento; amén de multitud de chanchullos,  despilfarros y negocios turbios, que se dejan entrever en las entretelas de instituciones como Caja Mágica, Ifema o Madrid Destino.

238 millones son muchos millones. Pero muchos menos que los más de 1000 millones de superávit primario del actual Ayuntamiento de Madrid. ¿Debe el consistorio municipal renunciar a los diez nuevos polideportivos que iba a construir este año, o a las 15 escuelas infantiles que tenía previsto abrir, y que por cierto deberían ser competencia de la Comunidad de Madrid? ¿O debe emplear todo este dinero en reducir una deuda municipal, que ya se reduce a buen ritmo, para que quizás dentro de 24 meses y con un previsible cambio de gobierno se puedan reactivar las “inversiones legítimas” al estilo de los tiempos de Gallardón?

Carmena todavía no ha dictado sentencia. Pero todo parece inclinarla por un simple “hay que cumplir la ley”. Y esto aun cuando ayuntamientos, comunidades y el propio Estado, en manos de gobiernos del PP-PSOE, hayan rebasado repetidamente los techos de gasto

Carmena, la jueza alcaldesa, todavía no ha dictado sentencia. Pero todo parece inclinarla por un simple “hay que cumplir la ley”. Y esto aun cuando ayuntamientos, comunidades y el propio Estado, en manos de gobiernos del PP-PSOE, hayan rebasado repetidamente los techos de gasto. Desde el primer momento, Carmena ha entendido que su función es la “buena gestión”. Como si ella misma fuera el caballo de refresco tras el agotamiento y mal hacer de unos pésimos gestores. O como si hacer política fuera gestionar o administrar según criterios neutrales y asépticos.

Sea cual sea su decisión final, de lo que podemos estar seguros es de que la ola que le llevó a la alcaldía fue una ola política, no administrativa. Fue una movilización que arrancó el 15 de mayo de 2011 contra la dictadura financiera y contra las políticas de austeridad. Una ola que reclamó en los ayuntamientos la auditoría de la deuda, la total transparencia de los contratos públicos presentes y pasados. Que exigió revertir la política de privatizaciones y de expolio público. Y que se opuso a la Ley Montoro como mordaza a la democracia municipal. Todo esto debería ser tenido muy en cuenta en la decisión final del consistorio.