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Estrasburgo, villa francesa pero tan germánica, a los pies del Rin, frontera de ambos países, refugio de Gutenberg, símbolo de reconciliación para el naciente proyecto europeo. Así era vista la capital alsaciana en 1952, cuando la Comunidad del Acero y el Carbón, la CECA, embrión de la UE, ubicó allí su Asamblea Común, en uno de los dos extremos de la línea imaginaria de 400 kilómetros que la une con Bruselas. La actividad política comunitaria circula por este eje, cortando el conocido París-Berlín, al menos físicamente una semana vez al mes. Un circo ambulante de miles de personas se desplaza hasta el Parlamento Europeo en su sede oficial: los eurodiputados, sus equipos, funcionarios y personal administrativo, periodistas y lobistas.

Las tres capitales de la UE, Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, forman un pequeño corredor que atraviesa Alsacia, los Vosgos, los bosques del Gran Ducado y las Ardenas hasta llegar a Flandes. Estamos, quizás, ante los campos de batalla más sangrientos de Europa occidental, donde París y Berlín mantuvieron su pulso político desde la Guerra de los 30 Años, en la primera mitad del S.XVII, hasta que el general estadounidense George Patton perforó en las navidades de 1944 el último empuje del Tercer Reich.

los costes directos de esta dispersión geográfica ascienden a 100 millones de euros al año, según un informe del propio Parlamento en 2014. Los indirectos, que sólo se pueden estimar, rondan los 20 millones anuales

En Estrasburgo se instaló en 1949 el Consejo de Europa, organización internacional dedicada a promover la democracia y los derechos humanos en el continente. La ciudad se vendía como referente de la naciente paz europea, ocasión que no quisieron perder los padres fundadores de la UE pese a su coste económico adicional y los problemas logísticos. Tres años después, la CECA instalaba allí su pseudo-parlamento, sin funciones legislativas ni elección directa ciudadana. Este  ocupaba “por razones prácticas” las dependencias existentes del Consejo de Europa.

Es el inicio de la tricefalia comunitaria que dura hasta la actualidad. La Alta Autoridad de la CECA, germen de la Comisión de hoy en día, estaba en Luxemburgo. Bruselas no se convertiría en ‘capital’ de facto de las comunidades europeas hasta el Tratado de Roma de 1957. Mientras, la Asamblea tenía su sede de alquiler en Estrasburgo. El “acuerdo continuó hasta 1999” cuando la institución se trasladó a sus dependencias actuales, una aparentemente inacabada torre cilíndrica de cristal, situada en la orilla de un afluente del Rin, que toma el nombre de Louise Weiss, escritora y periodista de la posguerra. Una vez conseguida la unificación alemana y para cerrar el círculo de la reconciliación, el Tratado de Maastricht ungió en 1992 esa ubicación “donde se celebrarán los doce períodos mensuales de plenos (...). Los Comités se reunirán en Bruselas”.

La doble sede parlamentaria conlleva una importante carga económica en tiempo de crisis e infla la creencia de que la Cámara es un ineficiente cementerio de elefantes retirados de la política nacional, con excesivos privilegios, rodeados de una maraña de burocracia. Los costes directos de esta dispersión geográfica ascienden a 100 millones de euros al año, según un informe del propio Parlamento en 2014. Los indirectos, que sólo se pueden estimar y están vinculados principalmente al movimiento de los políticos, asistentes, funcionarios y trabajadores, rondan los 20 millones anuales. Además, una tercera pata sostiene la institución parlamentaria, las oficinas de su secretaría general en Luxemburgo, situadas en un nuevo edificio valorado en 650 millones de euros con el nombre de Konrad Adenauer, antiguo canciller de la República Federal de Alemania. Allí trabajan casi 2.500 personas. Trasladar este personal a Bruselas costaría otros 60 millones, con costes indirectos como las 1.000 plazas escolares para sus hijos en un nuevo Colegio Europa que habría que construir en la capital belga.

Con la unificación en una sola sede, el Parlamento Europeo se ahorraría, como mínimo, un 5% de su presupuesto anual, según las cifras del informe. La propia institución reconoce, sin embargo, en un documento interno de 2013 que “los costes adicionales provocados por la dispersión geográfica han sido estimados de manera conservadora entre 156 y 204 millones, o aproximadamente el 10% del presupuesto anual del Parlamento Europeo”.

El contrato de mantenimiento de la instalación de Estrasburgo, con 220.000 metros cuadrados e inutilizada el 89% del tiempo --su actividad política se reduce a 12 semanas al año, 42 días-- es de 20 millones de euros anuales, un coste idéntico al de la sede más pequeña de Luxemburgo. El presupuesto de seguridad alcanza otros 7,7 millones para cada una. Los 100 trabajadores que forman el personal de la sede de la capital alsaciana pasean libremente por los pasillos ‘desocupados’ tres semanas al mes, por un coste anual de 8 millones de euros.

Una vez al mes dos trenes especiales a cargo del presupuesto del Europarlamento trasladan a Estrasburgo a los 751 eurodiputados, a sus miles de asistentes y al personal administrativo y funcionarios. Es un circo ambulante, como se le conoce en los corrillos bruselenses, que parte el lunes de la capital belga y vuelve el jueves, cuando finaliza la mayor parte de la actividad en Estrasburgo. El coste supera los 200.000 euros. Cada eurodiputado recibe 306 euros diarios como parte de una dieta por desplazamiento.

En la cuarta semana del mes, la del Pleno en Estrasburgo, viajan transportados en ochos grandes camiones cientos de baúles de plástico duro a disposición de los parlamentarios, delegaciones y partidos. Miles de documentos en la era digital con un coste de 300.000 euros anuales, según el contrato con la empresa responsable. Traductores e intérpretes con residencia en Bruselas acompañan a la comitiva, un desplazamiento de tres millones de euros.

“Francia nunca autorizará” el traslado

El gasto extraordinario que acarrea la sede de Estrasburgo y sus problemas logísticos han sido denunciados en dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. En 1997 y en 2012, la Corte afirmó que no se debería perjudicar el buen funcionamiento de la institución y admitió las desventajas y costes ocasionados por la pluralidad de ubicaciones, “costes considerados más onerosos en una crisis económica”, según su abogado general Mengozzi. Pero Francia tiene capacidad de veto sobre cualquier iniciativa para desplazar el Parlamento de Estrasburgo.

El Tratado de Roma del 57 estableció Bruselas como la capital oficiosa de las entonces Comunidades Económicas Europeas y garantizó a los Estados miembros la competencia para decidir la ubicación de las instituciones. Apenas un año después, la naciente Asamblea Parlamentaria Europea, que pasaría a denominarse Parlamento Europeo en 1962, emitió una recomendación en la que abogaba por que su sede estuviese al lado de la Comisión y el Consejo, es decir, en Bruselas. Posteriormente, sin embargo, el Tratado de Maastricht de 1992 recogió oficialmente que “teniendo en cuenta la evolución histórica de la UE, de sus instituciones, así como las consideraciones de la dispersión geográfica”, la sede sería Estrasburgo. Cualquier cambio de los tratados europeos requiere la aprobación mayoritaria de todos los Estados miembros.

Una vez al mes dos trenes especiales a cargo del presupuesto del Europarlamento trasladan a Estrasburgo a los 751 eurodiputados, a sus miles de asistentes y al personal administrativo y funcionarios

“Es una prioridad política para el Gobierno francés acoger el Parlamento Europeo en Estrasburgo”, destaca el informe de la institución de 2014, sin importar los costes económicos, los problemas logísticos o el creciente rechazo a esta dispersión. En 1999, 250 eurodiputados firmaron una carta rechazando la sede alsaciana y al año siguiente una resolución de la Cámara sugería por 401 votos a favor y sólo 77 en contra una enmienda a los tratados para que los eurodiputados pudiesen decidir por mayoría absoluta la ubicación. La moción no era vinculante y los Estados la obviaron, igual que la votación de 2013 que apoyó por una mayoría de tres a uno el fin del sistema de las dos sedes. O con la petición ciudadana firmada por más de un millón de personas exigiendo un debate sobre la ubicación del Parlamento Europeo.

Ahora circula otra propuesta: que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ocupe las dependencias de Estrasburgo cuando deba abandonar Londres tras el Brexit. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, atajó rápidamente cualquier debate al respecto con un “no creo que debamos intercambiar la sede por una agencia, no estamos en un mercado”. En su equipo señalan que “como presidente respeta los Tratados, pero al mismo tiempo no esconde que una mayoría de diputados se ha manifestado en numerosas ocasiones a favor de una sede única”. Oficialmente, Tajani no bloquearía un debate entre los gobiernos de la UE sobre una propuesta de los eurodiputados para eliminar la sede de Estrasburgo.

Francia no lo aceptará nunca, gobierne quien gobierne. En 2015, el presidente Francois Hollande dejó claro, mientras firmaba una partida presupuestaria de 1.000 millones de euros para Estrasburgo y Alsacia, que “Francia nunca autorizará una modificación de cualquier tipo” sobre el estatus de esta ciudad. Su sucesor, Emmanuel Macron, sigue la línea oficial porque la villa es “el lugar de la reconciliación histórica de Europa”, según su nueva ministra de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau. “Nunca hemos concebido la UE como una entidad que debiese contar con una única capital”, declaró recientemente Loiseau.

Los eurodiputados galos también rechazan en la Cámara el abandono de la sede alsaciana, aunque los debates plenarios que defienden con tanto ahínco no les generen luego la misma expectación. Hace unas semanas, sólo uno de los 74 legisladores de ese país estaba presente en el hemiciclo: curiosamente el euroescéptico Gilles Lebreton, del Frente Nacional. Ese día había poco más de 30 eurodiputados de los 751. Y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, estalló. “El Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo. Que sólo una treintena de eurodiputados asista a este debate muestra claramente que el Parlamento no es serio”, vociferó.

En paralelo al debate entre Juncker y Joseph Muscat, el primer ministro de Malta, había en ese momento “literalmente docenas” de reuniones, trabajos internos de grupo y comisiones. Ese es el otro gran problema de Estrasburgo, en apenas cuatro días comprime al máximo la actividad política para votar decenas de enmiendas que se trabajan durante meses en Bruselas. “Es imposible ir a todos los debates, hay millones de reuniones en paralelo”, se excusa un eurodiputado mientras otro apuesta por “organizar mejor la agenda del pleno para concentrar los debates importantes”.

Tras 70 años de funcionamiento, el Pleno de Estrasburgo presenta vacíos ridículos, supone un coste injustificado para los contribuyentes y plantea problemas logísticos a todo su travelling circus político.