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Un año después de aquel 23 de junio en el que los ciudadanos de Reino Unido decidieron soberanamente abandonar el proyecto comunitario, han comenzado en Bruselas las negociaciones formales sobre el Brexit. De un lado, el negociador jefe de la UE, el francés Michel Barnier. Del otro, el británico David Davis, secretario de Estado del Reino Unido para la salida de la UE.

Los dos bandos mantenían hasta ese encuentro posturas enfrentadas en el fondo y en la forma. Davis había asegurado que “la batalla sobre las etapas” sería “la batalla del verano”,  aventurando que Londres no cedería en su intención de empezar a negociar ya la futura relación comercial y política con los europeos. Para la Comisión, primero había que “atajar la incertidumbre ligada al Brexit y asegurar que la salida es ordenada”. Es decir, abordar los problemas que pueden tener que afrontar los europeos residentes en el Reino Unido y los británicos residentes en la UE, las futuras relaciones fronterizas y las obligaciones contraídas por Reino Unido con el resto de socios comunitarios y la UE en sí misma.

la UE ha llegado en la mejor posición bajo la premisa de que la “unidad será la fuerza”, tras superar desafíos existenciales en los comicios holandeses o franceses

Esta fue la versión vencedora tras las primeras siete horas de negociación. Los encuentros formales entre ambas delegaciones se desarrollarán una semana al mes hasta el otoño. Como si se tratase de la final del campeonato del mundo de ajedrez, habrá diferentes partidas y en la primera, Barnier destrozó a Davis al imponer las reglas y temas a abordar. “Hemos acordado la importancia de los tiempos en esta primera fase; ciudadanos, factura e Irlanda son los asuntos principales que tratar lo antes posible”, explicó el francés. Si para finales de 2018, los 27 socios comunitarios comprueban un progreso suficiente, las negociaciones se abrirían al diseño de la futura relación comercial y política.

Doce meses después del referéndum británico, la UE ha llegado en la mejor posición bajo la premisa de que la “unidad será la fuerza a lo largo de unas negociaciones difíciles”, tras superar desafíos existenciales en los comicios holandeses o franceses, donde un triunfo de la extrema derecha eurofóbica la habría golpeado mortalmente. En Reino Unido no pueden decir lo mismo. El fracaso electoral de los conservadores el 8 de junio deja con una sensación de interinidad a una primera ministra, Theresa May, que requiere del apoyo unionista norirlandés, del Democratic Unionist Party, para su gobierno. La prensa británica cuestionó en Bruselas si su gobierno tiene ahora capacidad de influencia al ver que no aparecían sus reivindicaciones iniciales. Lacónico, David Davis reconoció su derrota con un “lo importante no es cómo empiezan sino cómo terminan las negociaciones”. En palabras de Barnier, “es el Reino Unido el que abandona la UE, el mercado único y la unión aduanera, no al contrario. Es necesario que cada uno asuma las responsabilidades y consecuencias de sus decisiones”.

Los ciudadanos primero

Una de las primeras consecuencias que ‘sufrirá’ el Gobierno británico durante las negociaciones es la creación de tres grupos de trabajo sobre los derechos ciudadanos, el arreglo financiero y terceras cuestiones. No habrá en paralelo conversaciones sobre las relaciones comerciales entre Reino Unido y la UE-27 y sí un diálogo técnico prolongado entre los números dos de cada negociador jefe sobre Irlanda del Norte.

Tras el fracaso electoral de May la prensa británica cuestiona si su gobierno tiene ahora capacidad de influencia al ver que no aparecían recogidas sus reivindicaciones iniciales

El primer grupo analizará cómo proteger los derechos de los europeos en Reino Unido, cerca de tres millones de personas, y también de los 1,2 millones de británicos asentados en la UE. Londres acepta los principios de “reciprocidad”, el mismo trato para ambas partes; “la continuidad de derechos”, no perder prestaciones sociales o garantías adquiridos; y la “no discriminación”, que no haya un trato diferente según el origen de cada inmigrante europeo. Está por ver si este principio se aplica también entre los derechos que ya gozan los actuales residentes y los que lleguen a Reino Unido en el futuro. “Los ciudadanos primero”, es el eslogan de la Comisión, “que los ciudadanos a ambos lados del Canal sigan viviendo como solían”.

Reino Unido inicialmente hablaba de frenar la llegada de inmigrantes europeos con cuotas anuales, de penalizar la contratación de extranjeros o incentivar fiscalmente a las empresas que contratasen a británicos, también de recortar los movimientos de los europeos que vivían en su suelo con controles fronterizos. Era lo que se conocía como hard Brexit o Brexit duro, incumplir una de las cuatro libertades del Mercado Único, junto a la de mercancías, servicios y capitales. Bruselas y los 27 fueron claros, sin una libertad, no se puede acceder a las otras. El peor escenario parece haberse sorteado y se espera que May ofrezca en los próximos días “una oferta generosa” sobre la cuestión ciudadana.

El ‘Brexit’ le costaría a Londres hasta 100.000 millones de euros

La segunda cuestión trascendental de las negociaciones que ahora comienzan es definir los términos del arreglo financiero, la ‘factura del Brexit’ que Reino Unido debe pagar a las arcas comunitarias. El ex primer ministro David Cameron firmó, al igual que el resto de líderes europeos, el presupuesto de la UE para 2014-2020, que financia cientos de programas de infraestructuras, I+D o educativos que también benefician a Reino Unido. Al país, le restaría una contribución de 20.000 millones a ese presupuesto.

Además, en sus 44 años de pertenencia comunitaria, Londres ha contraído obligaciones con el resto de socios y con la UE en su conjunto, desde las pensiones de los funcionarios hasta su cuota en rescates como el irlandés, en ayuda exterior a África o el Caribe o en programas europeos de inversión y desarrollo ya comprometidos cuyo horizonte temporal supera 2020. Este reste à liquider, el importe a liquidar, alcanzó en las primeras estimaciones de la Comisión 60.000 millones de euros. Sin embargo, los últimos números en circulación son más elevados y salen de los encuentros que el Ejecutivo europeo mantuvo con diplomáticos del resto de socios. Incluyen también compromisos adquiridos como las ayudas a Ucrania o los nuevos cálculos de Francia y Polonia, uno para proteger los fondos agrícolas, el segundo en la defensa de las prestaciones que reciben sus ciudadanos. El importe estaría más cercano a los 100.000 millones en términos brutos.

Reino Unido podría rebajar el importe final de la factura descontando el cheque británico agrícola conseguido por Margaret Thatcher en los años 80 pero siempre que cubra los pagos de la PAC, la Política Agraria Común, del ejercicio 2019-2020. La evolución de la ‘multa de salida’ ha crecido conforme los 27 socios comunitarios echaban cuentas, la UE cosía las heridas provocadas por los desafíos euroescépticos y el Gobierno de Theresa May dejaba pasar los meses.

Los próximos meses verán la luz cuatro rondas negociadoras más, hasta octubre, con el objetivo de definir los criterios sobre la cuestión ciudadana y la financiera

En un encuentro hace semanas en Londres entre May, Davis, Juncker y Barnier, el negociador británico habría dicho a los europeos que no había nada en los tratados comunitarios que obligase a su país a “pagar un penique” tras abandonar la UE. La Cámara de Lores apoyó esa postura reconociendo, eso sí, que si Reino Unido quería una relación futura favorable y acceder a los mercados europeos, era crucial alcanzar un acuerdo. Davis evitó este lunes 19 de junio cualquier tipo de bravuconada similar en Bruselas y la impresión es que cruza el Canal de la Mancha sin conseguir una concesión de los europeos; “no tengo el cuerpo para ello [concederla]”, dijo Barnier en rueda de prensa al ser preguntado. Ni siquiera con la cuestión norirlandesa, que preocupa en Bruselas hasta el punto de que en palabras de un diplomático europeo “esa frontera no puede convertirse en un libre tránsito para que entren al mercado común desde Reino Unido mercancías sin control”, Londres consiguió abrir su deseado frente sobre las relaciones futuras con la UE.

Dublín ha hecho mucho lobby en Bruselas durante los últimos meses para que los europeos interiorizasen que “nada en el acuerdo [con Reino Unido] debería menoscabar los objetivos y compromisos establecidos en el Acuerdo de Viernes Santo”. Para los 27 y para la Comisión, “evitar la creación de una frontera dura en la isla” es básico y está establecido como punto número 14 de sus líneas rojas negociadoras. Mientras en la Comisión, la República de Irlanda y el resto de socios europeos comparten este objetivo común, en Reino Unido las aguas bajan revueltas. El apoyo de los unionistas del DUP a May desestabiliza el acuerdo tácito norirlandés por el que protestantes y católicos no ostentarán una posición de superioridad en las autoridades autonómicas. Los republicanos del Sinn Fein ha alertado ya de que la alianza tory-unionistas en el Parlamento Británico “viola el Acuerdo de Viernes Santo”, además de reprochar a May los recortes de fondos para Belfast.

Los próximos meses verán la luz cuatro rondas negociadoras más, hasta octubre, con el objetivo de definir los criterios sobre la cuestión ciudadana y la financiera. “En el momento en el que podamos constatar un progreso suficiente, seré el primero dentro de mis responsabilidades en recomendar al Consejo”, aseguró Barnier, “la apertura en paralelo del estudio sobre la relación futura”. No hay fecha concreta, pero en la Comisión dejan caer que debería producirse en el inicio de 2018, tiempo suficiente para cerrar todos los detalles del acuerdo del Brexit y llevarlo a los parlamentos nacionales para su aprobación mientras se avanza en la relación futura, que quedaría para una aprobación posterior al Brexit. Si se llega a marzo de 2019 sin un acuerdo sellado y los 27 no amplían el plazo para negociar, Reino Unido saldría automáticamente de la UE y las relaciones comerciales se regularían según las leyes de la Organización Mundial del Comercio.

Un acuerdo justo es posible y mucho mejor que no alcanzarlo, dicen en la Comisión. Esa era la premisa de los 27 antes del inicio formal de las negociaciones. La del primer Gobierno May era que antes de conseguir el acuerdo deseado por los europeos, era mejor no alcanzarlo. La primera partida cae del lado europeo.