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El debate sobre la exportación de armas españolas a países de dudosa reputación en cuanto a respeto a los derechos humanos e intervención en conflictos, como Arabia Saudita o Qatar, ha relanzado, también, la cuestión de la industria militar en el Estado. Tras la manifestación contra el terrorismo del sábado pasado en Barcelona, en la que se denunció la responsabilidad del Gobierno español y del monarca Felipe VI en el comercio de armas y, por extensión, en las guerras, esta cuestión ocupa de nuevo la actualidad mediática y además se ha convertido en un arma (nunca mejor dicho) arrojadiza con el conflicto nacional entre Catalunya y España como factor añadido.

Entre los motivos de la protesta, la presencia de quienes representan públicamente a las empresas de armamento en sus viajes comerciales fue el detonante para denunciar, también, la militarización de las fronteras o la exportación de armamento y material militar por parte del Estado Español, que bascula ya entre el sexto y el séptimo puesto, en función del semestre, en el ranking mundial de países exportadores. Pero, ¿cuál es la realidad del sector? ¿Y cuáles sus principales empresas exportadoras? ¿Tiene industria militar Catalunya?

Inyección de optimismo (y de fondos públicos)  a la industria militar española tras la crisis

En el directorio de empresas que suministran materiales y servicios al Ministerio de Defensa,  constan hoy 580 empresas. Eso no significa que todas ellas se dediquen a la producción de arma, sus componentes y manufacturas, ni siquiera que formen parte de la industria militar, pues se incluyen empresas de mantenimiento del personal militar y sus instalaciones (energía, combustible, comida, limpieza). Como define el Diccionario de la guerra, la paz y el desarme (Icaria, 2015), la industria militar o de defensa la forman aquellas empresas que fabrican armas o sistemas de armas, componentes de armas, material de defensa o tecnologías destinadas al uso militar o al mantenimiento de las fuerzas armadas. Y, también, aquellos servicios sin los cuales un arma no es operativa, por ejemplo, las tecnologías de comunicación, de sistemas de vuelo, de guiado de misiles o de mantenimiento de las armas.

El ‘éxito’ de las empresas del sector de la defensa en el exterior ha venido acompañado del “inicio de un nuevo ciclo inversor”, como la patronal TEDAE llama al aumento del 32% en los créditos del Ministerio de Defensa

Según la patronal del sector, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), hay 381 empresas ligadas al sector de la defensa (en 2012 eran 393). En cuanto a volumen de producción y venta, esta industria facturó, en el año 2015, por valor de 7.428 millones de euros y empleó a más de 21.000 trabajadores aunque, como destaca el informe La burbuja de las armas y la industria militar en España, que el Centro Delàs publicará en breve, la cifra es aproximativa porque la mayoría de esas empresas no desglosan qué datos corresponden a la producción militar y cuales a la producción de carácter civil.

A pesar de su importancia y peso en los Presupuestos Generales del Estado, la industria militar representó, según el mismo informe, un 1,02% del total de la producción industrial en España y tan sólo un 0,86% del total de ocupación industrial.

En lo que respecta a las exportaciones, que ya son de largo la principal fuente de ingresos y actividad de las empresas de armamento, 122 de estas compañías vendieron en 2015 material a otros países, dos tercios a países de la UE y la OTAN, como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Turquía y, el resto, a más de 50 Estados, entre los que destacan los países Oriente Medio, que se consolida como mercado prioritario a pesar de ser una de las regiones más inestables del mundo.

En junio denunciábamos, tras la publicación del informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso de 2016, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, la falta de escrúpulos  con la que las empresas españolas consiguieron batir ese año un nuevo récord en la cifra de venta de material militar al exterior, exportando por valor de 4.052 millones de euros.

Cuestionábamos y cuestionamos la venta de esas armas, buques, aviones y explosivos a países que no pueden garantizar, por su situación interna o su política exterior, que ese material no va a ser utilizado en conflictos. Algunos de los casos más flagrantes en ese sentido son los de Egipto --en una situación política muy inestable--, Turquía, Ucrania e Irak -en conflicto abierto- o el de Arabia Saudí, uno de los socios comerciales más polémicos de la industria española de armamento.

Esas exportaciones controvertidas no sólo no parece que se vayan a rectificar, sino que van a ser reforzadas con la puesta en marcha de algunos proyectos de gran calado incluidos en los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA), que habían quedado congelados a la espera de tiempos mejores y que el aumento del gasto militar ha permitido reanudar.  El ‘éxito’ de las empresas del sector de la defensa en el exterior ha venido acompañado, tras vivir unos años de claro estancamiento debido a los ajustes presupuestarios y la disminución de las partidas públicas destinadas a defensa,  del “inicio de un nuevo ciclo inversor”, como la patronal TEDAE llama al aumento del 32% en los créditos del Ministerio de Defensa.

La inclusión en los presupuestos de 24 PEA, de los que la industria militar en España se nutre en gran parte, ha permitido conocer la cifra total de endeudamiento que supusieron estos proyectos, que se financiaban a través de créditos y ayudas a I+D. En total fueron 17.487 millones que, a medida que entregaban las armas, debían ser reintegrados al Tesoro Público para saldar la deuda establecida. Esto no se ha llevado a cabo en su totalidad y hoy se adeudan alrededor de 15.000 millones.

Las grandes beneficiadas con los PEA son, precisamente, las grandes empresas de la industria militar española, que también son sus principales empresas exportadoras: el grupo Airbus (cuya cuenta de resultados arrojó 124 millones de euros en 2015), Navantia (100% de titularidad pública y con continuas pérdidas) y EXPAL S.A. (que fabrica explosivos y proyectiles y facturó 255 millones de euros en 2015), que desplaza del cuarto puesto a General Dynamics/Santa Bárbara Sistemas. Esta última empresa, principal proveedora del Ejército de Tierra, dejó de suministrar sus productos estrella, los blindados Leopardo Pizarro y los obuses de 155 mm contratados por el Ministerio de Defensa español y vió reducida considerablemente su facturación, pasando de 499 millones de euros en 2006 a 102 millones en 2015. A ellas se suma Indra Sistemas, una multinacional española de tecnología electrónica de uso civil y militar cuya sede en Barcelona representa, además, la cara visible de la industria militar en Catalunya.

Entonces, ¿hay o no hay industria militar en Catalunya?

“En Catalunya también hay industria militar, subvencionada con fondos públicos”, respondían algunos críticos con la protesta que ha relanzado todo este debate, movilizados especialmente por uno de los carteles presentes en la marcha, que invitaba a imaginar un país –en este caso, aunque la banderola solo lo insinuara, una futura república catalana-- que no venda armas. Algunos de ellos citaban datos recogidos en el informe del Centro Delàs La industria militar en Catalunya: un deseo insatisfecho, elaborado por Pere Ortega, experto en el ciclo económico militar y presidente de la entidad.  

En el documento, que es prácticamente el único que ofrece datos concretos sobre la presencia de esta industria en Catalunya, hace un repaso exhaustivo de la producción militar exclusivamente catalana, que coloca en manos de 35 empresas, la mayoría dedicadas al diseño o a la ingeniería o a la tecnología electrónica, aunque en algunas de las más importantes, como las filiales de Sener, GMV o Rohde & Schwarz o Alava ingenieros (ahora Grupo Álava), trabajan directamente en componentes y sistemas para aviones y helicópteros de combate, carros blindados o misiles. Aún así, la fabricación de armas, componentes de armas y explosivos en Catalunya es testimonial y la industria destaca, en este territorio, sobre todo por la producción subsidiaria de componentes y la oferta de servicios. Se conoce, eso sí, la ubicación de un polvorín de la empresa MAXAM, cuya cara oscura EXPAL es uno de las grandes fabricantes de explosivos en España, en Marganell, cerca del Bruc.

No se puede decir, pues, que la industria militar catalana, que en las primeras décadas del siglo pasado jugó un papel considerable en el desarrollo industrial y económico del país, como se recoge en Industria de las armas en Catalunya: de los trabucos a la aeronáutica, posea un volumen relevante hoy en día. Aun así, cabe resaltar que, aunque no destaca en lo cuantitativo, Catalunya es sede de algunas de las mayores empresas vinculadas al sector, como la mencionada INDRA Sistemas, con presencia en 33 países y unas ventas en material de defensa de 326,98 millones de euros en 2015, lo que supone el 19% de su producción total.

Otra empresa importante sería CIMSA, con sede en Les Franqueses del Vallès, que fabrica paracaídas militares, sistemas de frenado de aviones o sistemas de estabilización para torpedos y en 2015 empleaba a 36 personas y vendió material de defensa por 2,51 millones de euros, un 60% del total de su producción. Cabe destacar el caso de la empresa catalana GTD, con sede en Barcelona, que se asoció a la francesa Nexter, creando Ibersystems, para participar en la licitación del blindado 8x8, que la inyección de crédito en los PEA ha desbloqueado tras más de cuatro años congelada.

Catalunya es sede de algunas de las mayores empresas vinculadas al sector, como INDRA Sistemas, con presencia en 33 países y unas ventas en material de defensa de 326,98 millones en 2015, lo que supone el 19% de su producción total

Aunque no podemos saber con exactitud a cuánto asciende la producción militar total que tiene lugar en Catalunya, sí que sabemos que, en 2012, la industria militar catalana ocupaba a 478 personas y facturaba 124 millones de euros,  lo que suponía aproximadamente un 2% de la producción estatal y una ocupación del 1,6%. Hoy, si bien no se tienen prácticamente datos de nuevas empresas catalanas que suministren armamento, complementos o servicios al Ministerio de Defensa, sí que sabemos que con la crisis y la reducción de ayudas de instituciones como la Generalitat de Catalunya, que en el periodo 2002-2011 subvencionó al sector con 19 millones de euros, algunas empresas importantes, como EMTE Sistemas, acabaron por cerrar.

Así pues, aunque Catalunya posee, efectivamente indústria militar, representada en una de las empresas más importantes del Estado, esta tiene un volumen total irrisorio en comparación con otros territorios, como el País Vasco donde la indústria de defensa supone sobre un 16% del total estatal, o Andalucía y Madrid, que concentran más del 80% de las empresas de armamento, componentes y servicios militares y de defensa del Estado. Cosa que no significa, desafortunadamente, que los sucesivos gobiernos catalanes sean menos militaristas. Solo hace falta remitirse a las declaraciones del actual presidente catalán sobre la necesidad de dotar a la futura república catalana con un ejército propio.

P.S.: Este artículo no podría haberse hecho sin el conocimiento colectivo creado por los investigadores e investigadoras del Centro Delàs, plasmadas en varios informes a lo largo de los años. Sería injusto, pues, atribuirme el mérito de la obtención los datos que exponen la situación de la industria militar.

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Nora Miralles es investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz.