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Tomo prestado en el título una expresión utilizada por Xacobe Bastida en un brillante artículo, uno de esos de los que el público español no alcanza a oír hablar por el calculado silencio con el que las élites tratan a aquellos intelectuales o académicos que piensan diferente y merecen, precisamente por ello, tan injustos trato y calificativos (el de “independentista” es uno muy al uso y eficaz en la cultura política española, y tome nota el lector de que a servidor, con muchos menos méritos académicos y recursos intelectuales que el autor citado, lo encontrará seguramente colocado en esa misma categoría).

El caso es que, como explica Bastida, la actitud ante los problemas no es la misma si se es juez o si se es político. El juez –se entiende en nuestra cultura jurídica-- ha de aplicar a los problemas que se le presentan las leyes, de tal suerte que aquéllos encuentran en éstas (y no en la voluntad del juez: que realmente sea así es otra historia, pero así funciona y se sostiene el modelo) las soluciones oportunas, y de alguna manera predeterminadas, en cada caso. El político no actúa de la misma manera ante los problemas. Su lógica es diferente. Cuando se encuentra ante alguna dificultad, puede ocurrir que piense en apelar a la ley, pero si no encuentra solución en ella, lo que hará, si desea resolver el problema que tiene, es cambiar la ley o buscar algún medio que le permita evitar su aplicación. Así actúan, de manera arquetípica, juez y político.

Sucede que en este problema que lleva acaparando la atención de todos en España sobre el derecho a decidir que los catalanes (parte de ellos) consideran tener, el político, como nos explica Bastida, ha decidido hacer lo que no se espera de él: actuar como un juez (como Jurista, dice él). En vez de buscar soluciones a un problema que parece grave (tal indica la magnitud del ruido y la excitación que se puede ver en torno a él), el político español ha decidido blandir la ley (la Constitución) y rechazado cualquier solución que pase por adaptar ésta al problema que tiene encima de la mesa. Actitud inesperada que ha tratado de maquillar de al menos dos formas, que conviene examinar brevemente: 1) la imposibilidad jurídica de la solución; 2) la inmoralidad de la solución.

No me detendré en la primera de ellas porque en estos cinco últimos años ha habido tiempo para explicar con todo lujo de detalles que la organización de un referéndum consultivo sobre la independencia en Cataluña es perfectamente posible con los instrumentos que actualmente existen, sin modificar nada o con cambios mínimos (tal era el parecer del Profesor Rubio Llorente). Nótese por otro lado que, desde la perspectiva del político ante los problemas a la que aludía, incluso en caso de que lo anterior no fuese cierto (pero lo es), siempre cabría la posibilidad de la reforma constitucional para hacer que el referéndum fuese posible. Pero no perdamos tiempo con algo que no parece ya discutible jurídicamente: las vías transitables en derecho existen y son incluso numerosas.  

Centrémonos en la cuestión de la moralidad de la solución. La opinión pública dominante ha insistido –resumiendo mucho-- en que la organización de un referéndum y la eventual secesión serían un drama. Naturalmente, no se trata –entiendo-- de presentar lo que algunos llaman “divorcio político” (la secesión) como algo positivo y maravilloso de por sí. Como ocurre con un matrimonio, cuando se llega a la situación del divorcio, o se empieza a hablar de él, la única conclusión válida y objetiva es que el proyecto de vida en común ha fracasado. Lo cual no quiere decir –ojo-- que haya sido un fracaso, sino que, por una razón u otra, ya no tiene futuro. Ese fracaso es objetivo y, por lo tanto, todos deberíamos poder verlo de la misma manera. Creo que es así. Ahora bien, que ese proyecto político común del que hablamos se encuentre en una situación de fracaso, y que esa situación sea desagradable para ambas partes (los divorcios lo son), no es algo que haya de motivar (en el sentido de “justificar”) actitudes irracionales como sería pensar que lo adulto y responsable es no hacer nada y dejar la relación en esa situación de fracaso en que se encuentra. Lo que sería alargar indefinidamente una relación desagradable y contraproducente.

Alguien dirá –seguro--: “Eh, ¡las segundas oportunidades existen!”. Por supuesto que sí, pero aquí cabría notar, siguiendo con nuestro símil, que difícilmente se le podrá decir a quien quiere el divorcio porque considera que su matrimonio está haciendo aguas que se merece una segunda oportunidad, eso sí, sin cambiar nada. No, aquí lo que se suele hacer es al menos prometer algo (la credibilidad es importante también) que permita al otro creer que la situación cambiará a mejor y permitirá a la relación salir del fracaso. ¿Qué ha hecho o prometido el Gobierno español en este problema del que hablamos al Gobierno catalán? Nada.

Retomando el hilo de lo que decía, y una vez explicado que no es lo esperable en democracia no hacer nada ante un problema o una situación de fracaso, solo puede concluirse que el Gobierno español (sus diferentes órganos de decisión) tenía la obligación moral de actuar ante un problema objetivamente identificable y diagnosticado como grave. Podía actuar de la más comprensiva y democrática de las maneras, como en el Reino Unido (sí, convendría ya dejar de repetir o insinuar la estupidez –con perdón-- de que en democracia la actitud del Estado español ha sido tan digna y ejemplar como la del Reino Unido), o bien de manera más astuta (como se espera del político), prometiendo un cambio en la actitud del Gobierno español, cambio que podría adoptar cualquier forma (pacto fiscal, reforma constitucional en sentido federal, etc.) de cara a evitar así aquello que visiblemente el Gobierno español ha querido evitar por todos los medios: que haya un referéndum. 

Lo que moralmente no podía hacer en democracia bajo ningún concepto el Gobierno español es cruzarse de brazos, mentir sobre las posibilidades jurídicas del sistema respecto de la cuestión referendaria, y no dar ninguna salida al problema. Esa no es una actitud moralmente aceptable ante los problemas.  

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Jorge Cagiao y Conde. Profesor titular (acreditado catedrático) de la Universidad François-Rabelais de Tours (Derecho y Lenguas) y director de la colección Auctoritas en la editorial Le Manuscrit (París). Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio del federalismo y del nacionalismo español y comparado. Entre sus principales publicaciones, como autor o coautor, se encuentran: La teoría de la federación en la España del siglo XIX (2014), Le multiculturalisme et la reconfiguration de l’unité et de la diversité dans les démocraties contemporaines (2014) y Federalismo, autonomía y secesión en el debate territorial español. El caso catalán (2015), Políticas lingüísticas en democracias multilingües. ¿Es evitable el conflicto? (2015), y El encaje constitucional del derecho a decidir. Un enfoque polémico (2016).