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En CTXT hemos pedido numerosas veces, desde enero de 2015, la dimisión de Mariano Rajoy. Se trata, hemos dicho siempre, del presidente del Gobierno más peligroso de la democracia. Rajoy empeora y mancha todo cuanto le rodea. Líder de un partido con cientos de imputados y condenados por corrupción, ha sido incapaz de asumir su responsabilidad pese a que los jueces consideran probado que el PP se ha financiado ilegalmente durante años, actuando como una organización criminal. Esta misma semana, la fiscal del caso Gürtel ha afirmado que el PP se lucró con la trama, y concluyó: “Queda plena y abrumadoramente acreditada la caja B del PP”.

La otra parte del problema Rajoy es la actitud negligente que ha mantenido siempre hacia Cataluña. Actuando con una mezcla de fervor anticatalanista e irresponsabilidad adobada de electoralismo, sus decisiones y omisiones han llevado el problema catalán —con la inestimable ayuda de unos líderes indepes no menos delirantes y de unas élites españolas paralizadas por el miedo a las protestas y desconectadas de la realidad-- a una situación límite, complicadísima de revertir sin crear daños graves. 

¿Era posible atajar la carrera soberanista del Govern hace cinco, cuatro, tres, dos años? Lo era, sin duda. Pero, tras acabar con el Estatut en el TC, Rajoy eligió el desprecio y la confrontación antes que sentarse a negociar con la Generalitat. Era una forma de tapar las miserias propias y de desviar la atención de los recortes y la reacción popular que han marcado la Gran Recesión (2008-2017). Y confirmaba que el PP no tiene un proyecto para España o, peor, que ese proyecto se define por la aplicación de las políticas que impone Alemania y por su antagonismo frente al nacionalismo periférico. Una España que no se piensa y construye en términos positivos (democracia, fraternidad, inclusión, modernización) sino meramente negativos (frente al separatismo: España; frente a la plurinacionalidad: España; frente al desarrollo de los principios constitucionales y democráticos, más España). Exactamente el mismo esquema, pero al revés, que emplean los nacionalistas catalanes.

Ahora, colocado al fin en la tesitura de tener que hacer algo, Rajoy ha optado por las peores soluciones posibles. Primero, ha subcontratado a jueces, fiscales y policías para tratar de atajar un problema político con el código penal y la represión. Después, ha propuesto la salida más drástica posible, un artículo 155 brutal, una especie de bomba H cargada de peligros para la democracia y la convivencia, iguales o mayores que los que intenta conjurar, y que según prestigiosos juristas contiene medidas inconstitucionales que atentan contra derechos fundamentales individuales y principios democráticos. 

Los españoles estamos en manos de un Gobierno irresponsable, que una y otra vez rechaza el diálogo y cabalga la propaganda y la confrontación. Primero nos dijeron que si no había DUI no habría 155, luego que no lo habría si Puigdemont convocaba elecciones, o eso al menos ha transmitido el PSOE. Ahora nada es suficiente y todo indica que vamos al 155 de cabeza.  

Es de esperar que las medidas pactadas por el PP y Ciudadanos, con la anuencia cada vez más renuente del PSOE, durante las consultas secretas con el rey, no sean finalmente aplicadas. Que el PSOE se haya desmarcado del ejercicio de autoritarismo que supondría la aplicación del 155 si Puigdemont convoca elecciones es un primer paso. Pero sería deseable que Pedro Sánchez defendiera con la misma energía la solución propuesta por Miquel Iceta, sea cual sea la postura que adopte la Generalitat. 

Las guerras entre nacionalistas nunca tienen buena solución. Envenenan el juego político, impiden la argumentación compleja, fracturan la cohesión social y dividen a los ciudadanos y a los partidos. En este sentido, cabe pedir también a los dirigentes de Podemos que intenten tender puentes reales con el PSOE en lugar de lanzar críticas destructivas, incluso más agresivas que las dirigidas al PP. Se trata de tejer redes, pactos y alternativas que frenen lo peor y ofrezcan un proyecto pactado, imaginativo e integrador.

Si el PP y Ciudadanos imponen finalmente su criterio punitivo, veremos sin duda aumentar el miedo y la violencia, el clima social empeorará, los problemas más urgentes quedarán arrumbados, saldrán fortalecidos los partidos de la derecha, y nadie prestará atención –-como ha pasado esta semana con el juicio de la Gürtel— a los procesos en curso, mientras Rajoy aparecerá glosado en los medios públicos y concertados como el hombre que evitó la secesión, el adalid de la ley y el orden o incluso el salvador de la patria.

Antes de que se tomen decisiones irreparables, parece conveniente analizar qué consecuencias puede tener la aplicación del 155 propuesta por el Gobierno.

1. Aumentará la desafección de una amplia mayoría de la población catalana. Buena parte de los catalanes se opone a esa radical ocupación del autogobierno; al menos, una mayoría similar a la que rechaza  la actuación del Estado el 1-O. El 155 significa que la política española respecto a Cataluña sigue renunciando a dirigirse a una mayoría de catalanes, a ofrecerles algo, a escuchar su opinión o preferencias. Por ejemplo, muchos catalanes creen que los resultados del 1-O no legitiman al Parlament para hacer la DUI (55%, según la encuesta que publicó El Periódico el 23/10/2017). Este es un argumento netamente democrático, y no es el único, que el Gobierno español podría compartir con amplios sectores de la sociedad catalana si quisiera dirigirse a ella. 

2) Si hay oposición física a la aplicación del 155, lo que es probable, se tratará de resistencia pasiva, de interposición de personas al paso o la acción de las fuerzas del orden u otras acciones similares a las que se dieron el 1-O. Es posible que haya uso de la fuerza, detenciones y encarcelamientos como los que hemos vivido estos días. ¿Hasta dónde es aceptable el uso de las porras y las pelotas de goma para la convicción democrática de los españoles?

Aunque no haya agresiones a policías y otras personas, ni provocadores dispuestos a la violencia, seguramente se darán muchas formas de resistencia para impedir arrestos, ocupaciones de medios de comunicación (!), etcétera. Y tendremos que volver a hablar de delitos de opinión. ¿Hasta dónde llegará la represión de la libertad de expresión, precedidas por una Ley Mordaza ya aplicada a mansalva para acallar a titiriteros, manifestantes y otros atrevidos disidentes? 

3. Los españoles veremos mermadas las posibilidades de una reforma de la Constitución que atienda a los intereses de todas las partes, incluida Cataluña. El 155 nos hurtaría un debate en condiciones de libertad y mutuo reconocimiento. Asimismo, paralizaría (¿durante cuánto tiempo?) la posibilidad de una alianza entre el PSOE y otras fuerzas de cara a una hipotética alianza de izquierdas. 

El diálogo es siempre posible, incluso en las peores circunstancias. Sin ir más lejos, todos los gobiernos democráticos, incluido el de Aznar, dialogaron o negociaron en su día con ETA. ¿Cómo no va a ser posible negociar con las fuerzas políticas elegidas por los catalanes?

Recordemos, en todo caso, a quienes dicen que el diálogo es inviable y a quienes intentan torpedearlo a toda costa, una pequeña verdad histórica. El diálogo es siempre posible, incluso en las peores circunstancias. Sin ir más lejos, todos los gobiernos democráticos, incluido el de Aznar, dialogaron o negociaron en su día con ETA. ¿Cómo no va a ser posible negociar con las fuerzas políticas elegidas por los catalanes?

Es muy cierto que Puidgemont y su exigua mayoría se han situado fuera de la legalidad catalana y española, han avasallado a la oposición en el Parlament y han ignorado a millones de catalanes que no quieren oír hablar de independencia. Pero también lo es que jamás han recurrido a la violencia o los desórdenes. Sus movilizaciones han sido ejemplarmente pacíficas. Incluso si en un rapto de locura declararan ahora la DUI, la primera obligación del Estado sería mantener la serenidad, evitar la violencia y cualquier atisbo de conflicto civil y sentarse a dialogar. Lo contrario supondría adentrarse en un escenario impredecible.

En fin, no queda sino pedir a los bandos en liza que dejen de pensar en la patria y las banderas, que se pongan a pensar en los ciudadanos y en el interés general y que no tomen decisiones sin posible marcha atrás. La única salida democrática que les queda a los independentistas es parar su huída hacia delante y convocar elecciones. El Estado debería responder en cualquier caso con mesura y sentido común, aparcando la aplicación del 155 y convocando una mesa de diálogo inmediata.

No quisiera terminar sin señalar lo obvio: otras políticas son posibles, y los líderes democráticos deben saber que en este envite nos jugamos, además de la relación entre Cataluña y España, la calidad de nuestra democracia, la convivencia y el futuro, especialmente el de los jóvenes y el de los más débiles. 

Suerte, pues, a todas y todos.

Salud y libertad.