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Y finalmente, lo consiguieron. El Gobierno español y el Govern catalán han culminado este 27 de octubre su particular competición de irresponsabilidad sincronizada y han logrado llegar, en el mismo momento y entre abrazos y ovaciones de sus subalternos, a la meta que ambos anhelaban: el choque frontal sin espacio para el diálogo o la marcha atrás.

Tras una bochornosa votación secreta y con solo 70 sufragios a favor (el 48% de una Cámara en la que votó el 51,8% de los diputados), el Parlament ha declarado la República Independiente de Cataluña. Unos minutos después, tras un debate insuficiente, el Senado ha aprobado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, gracias a la mayoría absoluta del PP y el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

Invocado por el Gobierno para restaurar la legalidad en Cataluña, el 155 otorga poderes excepcionales al Ejecutivo. En CTXT siempre nos hemos mostrado contrarios a la aplicación del artículo más abstracto de la Constitución, una especie de botón rojo de consecuencias imprevisibles. Y todavía confiamos, pese a todo, en que los incompetentes líderes políticos que nos han llevado hasta aquí recuperen la cordura, regresen a la cultura del pacto y no conviertan su fracaso en una tragedia colectiva.

Pero lo cierto es que estamos donde los extremistas de uno y otro bando querían: en la ruptura institucional y la rotura de todos los puentes; y a los ciudadanos y medios de comunicación independientes nos toca un papel marginal, intentar contribuir a evitar males irreparables aportando ideas. Estas son las propuestas del consejo editorial de CTXT para lo que se avecina:

1. La aplicación del artículo 155 ofrece enorme discrecionalidad al Gobierno del Partido Popular. Es su responsabilidad, por tanto, emplear esa herramienta lo menos posible, y en cualquier caso con toda cautela y prudencia. Es también responsabilidad de la oposición que ha apoyado su aplicación, y de la que no lo ha hecho, controlar desde el Parlamento a un Gobierno conocido por sus tendencias represivas, para que no cometa el menor abuso y respete escrupulosamente los derechos fundamentales y los principios democráticos. El anuncio de Mariano Rajoy, al caer la noche, de destituir al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones en Cataluña el 21 de diciembre es un mal menor que evita un escenario de alto riesgo al reducir la situación de excepcionalidad al plazo legal más breve posible. 

2. El segundo objetivo del 155 debería ser la administración neutral y efectiva del día a día de la Generalitat. Por encima de cualquier otra consideración, debe servir para normalizar la vida pública y la convivencia, nunca para empeorarlas. Sería inaceptable tomar medidas extremas (ilegalizar partidos o listas, intervenir medios, realizar detenciones masivas, prohibir los derechos de expresión, reunión y manifestación) y usar la violencia. Si el Gobierno atropella derechos fundamentales en el trance de "restaurar" la legalidad, la oposición debería proceder de inmediato a una moción de censura. Sería también deseable que el Gobierno pida a los fiscales que calmen su fervor punitivo. 

3. En este sentido, cabe exigir también a los líderes y servidores públicos catalanes prudencia y serenidad en la cesión temporal de poderes a la Administración central, para no tensar más la situación y los ánimos de la población. Absténganse los gobernantes que nos han metido en este embrollo de presentarse como mártires o héroes, pues Cataluña no ha llegado a esta falsa independencia por vías revolucionarias ni plenamente democráticas: la comunidad internacional no otorga validez al referéndum del 1O, y no reconocerá nunca –a no ser que el Gobierno español se vuelva loco-- a un nuevo Estado que nace avasallando a la oposición y con medio Parlamento ausente.

Recuerden también esos líderes que la DUI y el 155 tienen como consecuencias inmediatas la suspensión temporal del autogobierno de Cataluña y la toma del poder por parte de un Gobierno desacreditado por su tolerancia y connivencia hacia la corrupción. Esto significa que las víctimas reales de la decisión del Govern y del Senado son (somos) los ciudadanos españoles y catalanes que querríamos ver a Rajoy fuera del Ejecutivo: los que no deseamos la independencia de Cataluña, y también, y esto es trágico, los que la desean de corazón.

En este día tan duro, acabamos con una nota de leve esperanza. El sistema nacido en 1978 ha llegado a 2017 herido de gravedad, y Cataluña ha demostrado que estamos ante una crisis de Estado. La solución a una crisis de ese calado no puede ser la represión, la fractura ni los atajos democráticos. España necesita un reseteo a fondo, nuevas mayorías y liderazgos y un renovado pacto social y generacional para reformar la Constitución si quiere concederse un nuevo periodo de estabilidad, libertad y convivencia.

Esperemos que lo urgente dé paso cuanto antes a lo importante, y que seamos capaces de salir de este fracaso reforzando los derechos y la democracia. Por eso pedimos, por enésima vez, a los partidos de centro izquierda y de izquierda que trabajen codo a codo para conseguir esos objetivos lo antes posible.