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TRIBUNA

Dos autos de prisión y muchas dudas democráticas

La propia jueza reconoce que encarcelan a Junqueras y los siete consellers para que no sigan pidiendo la independencia. Sólo por eso. Política pura

Joaquín Urías 3/11/2017

Pedripol

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Desde que empezó lo que se ha dado en llamar ‘el desafío independentista’, el Gobierno de Mariano Rajoy optó por la estrategia de parapetarse detrás de jueces, tribunales y otras instituciones. Así, ha buscado desde el primer momento que sea el Estado como institución, y no determinadas fuerzas políticas, quien se enfrente con el independentismo político catalán. De ese modo ha conseguido reducir notablemente el propio desgaste político; al mismo tiempo ha creado la imagen de que es el Estado español en su conjunto el que se encuentra amenazado. Los términos de la discusión pública han dejado de girar en torno a la conveniencia o no de pactar un referéndum, de reformar la Constitución o de aumentar el autogobierno. España entera está en riesgo, y le toca defenderse.

Puede que no sean presos políticos, pero se les encarcela por hacer política. Poco o nada se dice en el auto de auténticos reproches penales o indicios de delito. Se insiste en su voluntad independentista, y por eso se les encarcela

Es evidente que se trata de un argumento que convence, aunque sea falaz. La separación o no de un pedazo de territorio nacional, siendo tremendamente trascendental, no supone un riesgo de tanta entidad para el funcionamiento del Estado democrático. En todo caso, lo peor de esa estrategia es la manera en que ha desvirtualizado algunas de las instituciones más esenciales para el equilibrio de poderes, la garantía de los derechos y, en definitiva, el funcionamiento del Estado de Derecho que tanto dice defender.

Empezó con el Tribunal Constitucional. El Gobierno se escondió detrás del que debe ser el garante último de la neutralidad de la Constitución y lo lanzó por una pendiente peligrosa. Se anularon declaraciones sin contenido jurídico; se prohibieron determinados debates ideológicos en el seno de un órgano parlamentario; se extendieron los efectos de las sentencias hasta extremos de auténtica censura política. Cuando eso no fue suficiente, el presidente Rajoy consiguió reformar la ley y convirtió al Tribunal Constitucional en un tribunal penal que lanza amonestaciones y advertencias, remite asuntos al fiscal y fija sus propias multas. Pretendía incluso que este Tribunal sustituyera al art. 155 CE y suspendiera a las autoridades autonómicas catalanas. Ahí, por fin, después de varios años de vergüenza pública, el Alto Tribunal se plantó. Entonces recurrió a los jueces ordinarios, con predilección manifiesta por algunos de ellos.

En España, a diferencia de muchos países de nuestro entorno, la fiscalía no es independiente. Recibe órdenes directamente del Gobierno. Pero sus decisiones tienen apariencia de judicialidad, así que sirve para el mantra de la separación de poderes. La idea sigue siendo que esto no parezca una lucha política, sino una reacción del Estado de Derecho frente a los independentistas. Por órdenes del Gobierno, en los meses pasados, el fiscal ha autorizado registros, ha dado órdenes a la policía actuando como policía judicial, ha requerido a centenares de alcaldes bajo amenaza de prisión y toda otra serie de disparates que aún hacen sonrojarse a cualquier fiscal no ya progresista sino simplemente preocupado por su independencia. Lejos de detenerse ahí, la fiscalía se ha movilizado para conseguir el apoyo de determinados jueces en su lucha contra el independentismo político.

Ahí entra en juego la Audiencia Nacional. Se trata, ya se sabe, de un órgano excepcional que plantea bastantes problemas desde el punto de vista del derecho al juez natural. En todo caso, en la Audiencia Nacional hay extraordinarios jueces de instrucción, con un altísimo nivel técnico. Y otros que, visto lo visto, quizás no tanto. Lo compensan, aparentemente, con una voluntad ilimitada de apoyar la lucha contra el independentismo que capitanea el Gobierno.

Sólo así puede entenderse la decisión de enviar a prisión provisional a los miembros del Gobierno autonómico de Cataluña recién destituidos, de modo excepcional y constitucionalmente discutible, en aplicación del art. 155 CE.

El Gobierno, fiel a su estrategia, intentó dar imagen de moderación y no ha aplicado por ahora las medidas más dudosas y agresivas de las que aprobó el Senado. A cambio, ha encargado a la fiscalía que pida y consiga la entrada en prisión de los líderes independentistas. No importa que realmente hayan cometido un delito o no. La narrativa del ataque al Estado exigía acabar la crisis con los políticos sediciosos en la cárcel. La estrategia de Rajoy no permitía otro final, y los españoles que la siguen lo exigían a voces hace semanas.

Los delitos que se les imputan a los miembros del Govern parecen sacados de una novela decimonónica. Y no es casualidad. Se trata de tocar la tecla adecuada en los ciudadanos y jueces de bien

La decisión de la jueza de instrucción de la Audiencia Nacional tiene, pues, muchísimo de político. No me atrevo a poner en duda la independencia judicial, ni creo necesario para demostrar esta afirmación imaginar ningún tipo de contactos o llamadas desde el ejecutivo a la jueza. Basta leer los autos de prisión. Piezas literarias que constituyen el mejor ejemplo de justicia política imaginable.

Los delitos que se les imputan a los miembros del Govern parecen sacados de una novela decimonónica. Y no es casualidad. Se trata de tocar la tecla adecuada en los ciudadanos y jueces de bien. Hay que presentar la cuestión como si fuera una asonada golpista que hay que castigar del modo que sea; con ley o sin ella. Es la rebelión. La sedición.

El pequeño detalle es que nuestro código penal sólo castiga las rebeliones violentas y las sediciones tumultuarias. Nada de eso es aplicable a unos consejeros que, desde su mesa del Consejo de Gobierno, se limitaban a gestionar una Comunidad Autónoma y a desafiar, políticamente, a sus adversarios en el Estado. O no debería serlo, porque la jueza no ha dudado en entrar al trapo y regalarle al Gobierno la fotografía que exigía: quienes se atrevieron a encabezar el movimiento político por la independencia, en prisión.

Y no lo justifica jurídicamente. En el ambiente que se vive en España estos días, no hace falta.

Los autos de prisión descansan argumentalmente en la existencia de una supuesta hoja de ruta “para alcanzar la independencia de Cataluña”. Se trata, dice, de un plan criminal secreto, elaborado desde 2015 para conseguir crear un Estado propio. Aparece en un documento de análisis que ya entonces decía que el camino a la independencia pasaba por la celebración de un referéndum y la posterior declaración de la República catalana. Incluso preveía la posibilidad de que el Gobierno central interviniera la autonomía catalana y aconsejaba para ese caso actos pacíficos y puntuales de protesta pública. Ese documento lo habría escrito en los mismos términos cualquier estudiante de derecho o ciencias políticas. No dice nada nuevo… Salvo para la jueza. Para ella esto demuestra una premeditación propia de criminales. La organización de un referéndum, el 1 de octubre, y la posterior declaración de independencia, en su opinión son el producto de una conspiración. Contra el Estado.

Simplificar de esta manera un proceso político complejo, cuajado de requiebros y de improvisaciones resulta cuanto menos infantil. Celebrar un referéndum, más que un plan urdido por una organización criminal, es el único camino posible en cualquier territorio del mundo para conseguir su independencia. La declaración unilateral, por su parte, estuvo en el aire hasta el día antes, cuando el propio president de la Generalitat estuvo a punto de convocar elecciones anticipadas. La teoría del “plan preconcebido”, secreto y criminal no es que se caiga sola, es que no convence a nadie. Ni siquiera a un niño. Bueno, al parecer sólo a algún juez de la Audiencia Nacional. Difícil no ver mucho más de voluntarismo que de ecuanimidad jurídica en esta decisión.

se trata de un castigo, adoptado esencialmente para contentar a cierta opinión pública, en un ejemplo más del uso inconstitucional de la prisión provisional que hacen con demasiada frecuencia los jueces

La jueza continúa encuadrando entre las acciones perseguibles la aprobación de leyes, otros trabajos parlamentarios y declaraciones públicas. En fin, cosas de políticos. Puede que no sean presos políticos, pero se les encarcela por hacer política. Poco o nada se dice en el auto de auténticos reproches penales o indicios de delito. Se insiste en su voluntad independentista, y por eso se les encarcela.

Por supuesto, se trata de una medida provisional y revisable. En eso se amparan quienes la defienden. Ni condena definitivamente a los consellers, ni estos carecen de la posibilidad de recurso. Es cierto, pero tales consideraciones no pueden ocultar que se trata de un castigo, adoptado esencialmente para contentar a cierta opinión pública, en un ejemplo más del uso inconstitucional de la prisión provisional que hacen con demasiada frecuencia los jueces.

Efectivamente, continúa extendida la práctica de usar la prisión para calmar a una opinión pública feroz y castigar determinados delitos que molestan especialmente al juzgador. Es algo que los abogados ven a diario en su trabajo, pero basta recordar el asunto de los titiriteros encarcelados hace unos meses por la propia Audiencia Nacional.

En este caso lo deja en evidencia el diferente trato dado al consejero Vila. Casualmente el mismo al que muchos políticos español presentan como el candidato ideal de un independentismo moderado y sometido a la Constitución. En su caso se le permite eludir la prisión provisional. La razón que da el auto es que dimitió antes de la declaración de independencia, demostrando que no tenía voluntad secesionista, de modo que no hay –dice-- riesgo de reiteración delictiva como en los demás. De este modo, la propia decisión judicial reconoce que los encarcelan por independentistas, para que no sigan pidiendo la independencia. Sólo por eso. Política pura.

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Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional.

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11 comentario(s)

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  1. JOSEP

    Es perfectamente legal declarar la independencia despues de haber realizado un referendum con un 91% QUE DECLARARON SI A LA INDEPENDENCIA. Los que no quisieron votar, fue su decisión auspiciados por unos partidos políticos que no aceptan que la democracia este por encima de una constitucion votadas hace 40 años y no votada por una amplísima capa social por debajo de los 60 años. La democracia siempre debe estar por encima de leyes caducas.

    Hace 4 años

  2. Manuel

    Basado en el 48% de los votos emitidos y con acciones fuera de la legalidad no se pueden erigir en la voz de todos los catalanes y ademas despreciar a esa otra mayoria. Si la minoría manda o prentende mandar a la mayoría eso es dictadura o al menos lo intentan.

    Hace 4 años

  3. jonbaine

    pues nada, parece ser que intentar romper España no es nada grave...es una cosita de nada, hay que dejarlos hacer que no hacen daño a nadie...AYYYYY Dios mío!!!

    Hace 4 años

  4. jere

    Sr. Alberto, siguiendo su razonamiento está Ud. ejerciendo violencia sobre sus lectores. Una violencia dialéctica y moral que pretende imponer su ideología. Fomenta con su escrito la rebelión y la sedició, a la vez, como si no fueran conceptos excluyentes entre sí, con el objeto de alterar lo establecido (por nosotros). Veremos lo qué dictan los jueces de Bélgica.

    Hace 4 años

  5. jere

    Sr. Maspalomas, ¿cree que la integridad territorial está por encima del principio democrático?

    Hace 4 años

  6. pedroluis

    Como cuando Tejero me parece muy bien y justo que golpistas estén en la cárcel. No hago distingos entre golpistas

    Hace 4 años

  7. Alberto

    Muy bien, otra demostración más de partidismo, pero sin el más mínimo rigor que se espera de alguien formado. Tanto la suya como la del autor del artículo, que no sólo no argumenta los motivos que conllevan la prisión provisional, sino que además, muestran un desconocimiento lamentable, para alguien de su nivel educativo, del lenguaje español. Si uno entra en el diccionario de la R.A.E. verá que: tumulto Del lat. tumultus. 1. m. Motín, confusión, alboroto producido por una multitud. 2. m. Confusión agitada o desorden ruidoso. sublevar Del lat. sublevāre 'levantar', 'alzar del suelo'. 1. tr. Llevar a alguien a la sedición o al motín. Sublevar a los soldados, al pueblo. U. t. c. prnl. 2. tr. Excitar indignación, promover sentimiento de protesta. sedición Del lat. seditio, -ōnis. 1. f. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. 2. f. Sublevación de las pasiones. y por último, violento; violento, ta Del lat. violentus. 1. adj. Dicho de una persona: Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. 2. adj. Propio de la persona violenta. 3. adj. Que implica una fuerza e intensidad extraordinarias. 4. adj. Que implica el uso de la fuerza, física o moral. 5. adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo. 6. adj. Dicho del sentido o la interpretación que se da a lo dicho o escrito: Falso, torcido, fuera de lo natural. 7. adj. Dicho de una situación: Embarazosa. 8. adj. Dicho de una persona: Que se encuentra en una situación embarazosa. Su proceso ha sido tumultuoso porque han llevado a la sublevación, que ha llevado a la sedición, un alzamiento violento, es decir, ejercido por el uso de la fuerza, tanto física como moral. Pero además, se rebelaron, (rebelión, Delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos.). Y cierta hostilidad hubo, ya que hostilidad es ejercer un acción hostil, es decir, contra un enemigo. (hostil. Del lat. hostīlis. 1. adj. Contrario o enemigo.). En su caso, el estado español y sus leyes. Todos ustedes sabían de antemano, y estaba más que avisados, que el marco jurídico le impedía legalmente hacer lo que pretendían, a pesar de ello, lo orquestaron, lo idearon y llevaron a cabo. Hicieron oídos sordos a las advertencias del Tribunal Constitucional, de los letrados de su propia mesa parlamentaria y siguieron adelante. Y por si no fuera poco, se mostraron orgullosos en lo acontecido, siguieron adelante, y mostraron más de una vez que no pararían el proceso y comenzaron a destruir pruebas de ese laboratorio, al más puro estilo Breaking Bad, que fue ese pretendido referéndum. Si uno lee atentamente la LECRIM, verá que la concesión de la libertad provisional, se concede en vista a la gravedad del delito, la posibilidad de fuga (la mitad de su parlamento sigue por Bélgica) y la posible destrucción de pruebas del delito (algo que cada día parece más patente por las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad del estado), y la trayectoria criminal del investigado. Los investigados encarcelados provisionalmente, no sólo no admitieron su delito, sino que públicamente, afirmaron que seguirían con sus actos delictivos. No mostraron ni un ápice de reconocimiento del mismo y ningún interés de vuelta al marco jurídico. Y en sus manos está colaborar con la justicia, aceptar el delito y salir en libertad provisional hasta juicio.

    Hace 4 años

  8. Alberto

    Muy bien, otra demostración más de partidismo, pero sin el más mínimo rigor que se espera de alguien formado. Tanto la suya como la del autor del artículo, que no sólo no argumenta los motivos que conllevan la prisión provisional, sino que además, muestran un desconocimiento lamentable, para alguien de su nivel educativo, del lenguaje español. Si uno entra en el diccionario de la R.A.E. verá que: tumulto Del lat. tumultus. 1. m. Motín, confusión, alboroto producido por una multitud. 2. m. Confusión agitada o desorden ruidoso. sublevar Del lat. sublevāre 'levantar', 'alzar del suelo'. 1. tr. Llevar a alguien a la sedición o al motín. Sublevar a los soldados, al pueblo. U. t. c. prnl. 2. tr. Excitar indignación, promover sentimiento de protesta. sedición Del lat. seditio, -ōnis. 1. f. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. 2. f. Sublevación de las pasiones. y por último, violento; violento, ta Del lat. violentus. 1. adj. Dicho de una persona: Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. 2. adj. Propio de la persona violenta. 3. adj. Que implica una fuerza e intensidad extraordinarias. 4. adj. Que implica el uso de la fuerza, física o moral. 5. adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo. 6. adj. Dicho del sentido o la interpretación que se da a lo dicho o escrito: Falso, torcido, fuera de lo natural. 7. adj. Dicho de una situación: Embarazosa. 8. adj. Dicho de una persona: Que se encuentra en una situación embarazosa. Su proceso ha sido tumultuoso porque han llevado a la sublevación, que ha llevado a la sedición, un alzamiento violento, es decir, ejercido por el uso de la fuerza, tanto física como moral. Pero además, se rebelaron, (rebelión, Delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos.). Y cierta hostilidad hubo, ya que hostilidad es ejercer un acción hostil, es decir, contra un enemigo. (hostil. Del lat. hostīlis. 1. adj. Contrario o enemigo.). En su caso, el estado español y sus leyes. Todos ustedes sabían de antemano, y estaba más que avisados, que el marco jurídico le impedía legalmente hacer lo que pretendían, a pesar de ello, lo orquestaron, lo idearon y llevaron a cabo. Hicieron oídos sordos a las advertencias del Tribunal Constitucional, de los letrados de su propia mesa parlamentaria y siguieron adelante. Y por si no fuera poco, se mostraron orgullosos en lo acontecido, siguieron adelante, y mostraron más de una vez que no pararían el proceso y comenzaron a destruir pruebas de ese laboratorio, al más puro estilo Breaking Bad, que fue ese pretendido referéndum. Si uno lee atentamente la LECRIM, verá que la concesión de la libertad provisional, se concede en vista a la gravedad del delito, la posibilidad de fuga (la mitad de su parlamento sigue por Bélgica) y la posible destrucción de pruebas del delito (algo que cada día parece más patente por las investigaciones realizadas por las fuerzas de seguridad del estado), y la trayectoria criminal del investigado. Los investigados encarcelados provisionalmente, no sólo no admitieron su delito, sino que públicamente, afirmaron que seguirían con sus actos delictivos. No mostraron ni un ápice de reconocimiento del mismo y ningún interés de vuelta al marco jurídico. Y en sus manos está colaborar con la justicia, aceptar el delito y salir en libertad provisional hasta juicio.

    Hace 4 años

  9. Profr. José Francisco Ojeda González

    Rajoy va derecho al fracaso. Encarcelar al liderazgo de la Generalitat va a fortalecer el movimiento soberanista; las manifestaciones sociales para exigir la libertad de los presos políticos, las huelgas que se programan incluyendo una general indefinida, la manifestación de un país entero, nos habla ya de un pueblo en insurgencia. Hasta quienes antes no estaban por la independencia van a rechazar el autoritarismo español y preferir ser ciudadano de otro país en nacimiento. Cuando España empezó su guerra contra el movimiento independista, éste no contaba con la mayoría de los eventuales votantes consultados; ahora sus nomios son mayores que los unionistas pro-España. Europa va a propiciar pronto el desenlace que dé apariencia de democracia: Va a recomendar "el" referéndum que Cataluña necesita, quiere y exige para poder ver hacia el futuro.

    Hace 4 años

  10. Maspalomas

    "La separación o no de un pedazo de territorio nacional, siendo tremendamente trascendental, no supone un riesgo de tanta entidad para el funcionamiento del Estado democrático.". Esa frase ya por si sola da una idea de la seriedad que tiene el articulo. Ahora la pregunta, Joaquin, es: ¿cuanto te pagan?. ¿Tan mal estan las cosas como para tener que aceptar esos dinerillos que te esté pagando el secesionismo?.

    Hace 4 años

  11. Jesús Díaz Formoso

    “quienes tienen a su cargo la gestión de una Institución del Estado deben soportar las criticas de su actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean, y, en su caso, pesa sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento (STC 143/1991, FJ 5). Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un servicio público esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquel que divulgue irregularidades en su funcionamiento, siempre que estas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos”. - STC, 2ª de 15/1/2001, nº 2/2001

    Hace 4 años

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