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La presencia de Carles Puigdemont en Bruselas hace pensar que Bélgica es el destino elegido por el presidente electo de la Generalitat para afrontar los requerimientos judiciales y lanzar la campaña del PdeCat a las elecciones del 21D. El traslado de Puigdemont, que ha sido utilizado por la juez Lamela para justificar, el martes 2 de noviembre, la prisión incondicional de Oriol Junqueras y siete exconsellers más, ha obligado a la Audiencia Nacional a cursar una Orden Europea de Detención (OED). Esto significa que se aplicaría el Principio de Doble Incriminación, cuya aplicación efectiva requiere que el hecho por el que se solicita la extradición esté tipificado como delito tanto en la legislación del Estado requerido como en la del Estado requiriente. De esta forma, sería la justicia belga la que debería analizar los indicios y fundamentos de la acusación antes de detener y tramitar la extradición a territorio español de Puigdemont. El uso de ese principio se ratificó y "globalizó" en la Resolución del IV Congreso de Derecho Penal Internacional celebrado en Roma en 1969: el principio de doble incriminación es condición obligatoria para proceder a la extradición.

En este sentido, el Código Penal belga contempla el delito de rebelión en su artículo 269, pero le otorga una tipificación notablemente diferente a la del Código Penal español. Sin embargo, la entrada en vigor de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en 2004 dificulta esta estrategia: el nuevo modelo de cooperación judicial suprime el principio de doble incriminación con un listado predeterminado de delitos, a la vez que regula el “rechazo al reconocimiento y ejecución de una resolución a partir de un listado tasado de motivos de denegación”. Problema: entre la lista de ilícitos que componen el listado de delitos no se encuentran los delitos de rebelión y sedición. Sí que se podría reconocer, en cambio, el de “malversación de caudales públicos” dentro del estipulado por la OEDE como “corrupción”.

A la elección de Bélgica como destino en un momento complicado por los nuevos embates de la Fiscalía y la Audiencia Nacional se suma el hecho de que Carles Puigdemont haya elegido al abogado Paul Bekaert como asesor judicial. Bekaert, de 68 años, y con un largo historial vinculado a la defensa de los Derechos Humanos y al asesoramiento a personas sobre las que pesaban órdenes de extradición, es recordado en el espacio mediático español por su defensa de la militante de ETA Natividad Jáuregui en 2013, cuando consiguió que el tribunal de Apelaciones de Gante negara su extradición a España.

Más sonada, aunque actualmente pese menos en el imaginario de los contertulios, fue su defensa de Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz. Acusados de formar parte del comando Vizcaya y huidos de la justicia española, fueron detenidos el 14 de junio de 1993 por la gendarmería belga en Vilvorde. Pese a la petición de extradición del Gobierno español, el Tribunal de Primera Instancia de Bélgica los puso en libertad el 8 de diciembre de 1993. La excarcelación se logró alegando que la confesión sobre la que se constituían las pruebas en los tribunales españoles habían sido obtenidas mediante “golpes y malos tratos”. La liberación de los presos vascos provocó un terremoto político en el Estado español y dificultó la cooperación jurídica entre ambos países; finalmente, los tribunales belgas desestimaron la petición de asilo político de los implicados.

Orígenes de un desencuentro judicial

La historia de las malas relaciones jurídicas entre España y Bélgica se remontan a la II Guerra Mundial. La madrugada del 8 de mayo de 1945, un avión Heinkel 111, facilitado por Abert Speer, aterrizaba aparatosamente en la Bahía de la Concha, en San Sebastián. El piloto, Leon Degrelle, recientemente nombrado General de las SS por Himmler y huido frente a la inminente derrota alemana en la guerra, acabó gravemente herido después de que el avión se quedara sin gasolina y cayera al mar. Rescatado y atendido, el régimen franquista le concedió asilo político. 

Leon Degrelle (Bouillon, Bélgica, 1906) fue un oficial de la Legión Valonia –unidad extranjera adscrita a las SS alemanas–,  fundador del Partido Rexista, alto mando durante la II Guerra Mundial y uno de los hombres fuertes de Hitler en Bélgica. Según cuenta el propio Degrelle en sus memorias noveladas, escritas en Madrid, en agosto de 1944, durante la entrega de la Cruz de Caballero con Hojas de Roble –distintivo militar único en el III Reich--, Adolf Hitler le susurró al oído: “Si tuviese un hijo, me gustaría que fuese como usted”.

Miembro de las Waffen SS e implicado en el exterminio de los judíos belgas, Degrelle consiguió que el franquismo le protegiera de las peticiones de extradición procedentes de los Aliados, dirigidas tanto a él como a Pierre Laval –jefe de la Milice francesa y principal colaborador de la Gestapo durante el gobierno de Vichy. Pese a manifestar sus deseos de colaboración, la hospitalización de Degrelle a raíz de su accidente de avión retrasó el procedimiento. Juzgado in absentia en diciembre de 1945, fue condenado a muerte por su colaboración con el régimen nazi y se le retiró la nacionalidad belga.

En agosto de 1946, Franco fingió ceder a la presión internacional, pero en el último momento facilitó su huida. Unos años después, en 1954 se le concedió la nacionalidad española bajo el nombre de José León Ramírez Reina y, ayudado por Falange Española, trabajó y, posteriormente, dirigió una empresa de construcción contratada de forma habitual por el gobierno franquista. Así, pese a que Bélgica siguió pidiendo la extradición de Degrelle durante más de 15 años, nunca salió de territorio español.

Como cuenta Javier Juárez en Guarida del lobo: nazis y colaboracionistas en España (2007), caído el franquismo y acabada la transición, en 1983 el gobierno de Felipe González siguió denegando peticiones de extradición de criminales de guerra residentes en territorio español, alegando su inexistencia. Unos años después, la revista Cedade –una publicación nacionalsocialista editada en España durante las décadas de los 70, 80 y 90-- le dedicaba un número especial: en la portada, su fotografía y el titular: “León Degrelle: un león ibérico nazi”. La negativa del Gobierno español a su extradición motivó las amenazas belgas de llevar el caso a instancias internacionales, dado que, según argumentaban, la negativa incumplía los tratados internacionales firmados por el Reino de España.

Y aquí entramos en un complejo entramado de informaciones parciales y contradictorias de difícil comprensión: según contaron distintos periodistas que accedieron a filtraciones de la embajada española en Bruselas, la intervención del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) resultó crucial para frenar el conflicto bilateral. Tras la abdicación de Leopoldo III, su hijo, Balduino I, se había convertido en Rey de los belgas en 1951. Su largo mandato (1961-1993) se siguió con interés en España por su matrimonio con la aristócrata española Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (1928-2014), más conocida como Fabiola de Mora y Aragón. Según algunos reportajes de investigación, el CESID disponía de información “delicada” sobre el monarca belga, sobre su vida personal y sus negocios, que motivaron la decisión de la justicia belga de no recurrir a instancias internacionales y retirar las peticiones de extradición. Degrelle vivió los últimos años de su vida en Torremolinos y murió el 31 de marzo de 1994 en el Sanatorio Parque San Antonio (Málaga) a los 87 años, después de vivir casi 50 años como fugitivo de la justicia belga.

¿Una nueva vía belga?

En los últimos años, la cooperación judicial entre Bélgica y España ha tendido a recuperar cauces de normalidad y colaboración. Una evolución que ha permitido mejorar las relaciones diplomáticas y afianzar la colaboración entre los Estados y sus respectivos sistemas judiciales. Pese a ello, aún pesa en el imaginario colectivo que durante los años 90 e inicios de los 2000, fueron numerosos los miembros de ETA que dirigieron su exilio y sus peticiones de asilo político al territorio e instituciones belgas. Y lo cierto es que muchos de ellos consiguieron esquivar o aplazar los requerimientos de justicia española. En su mayoría, bajo el asesoramiento de Bekaert.

La elección de Bruselas por Puigdemont, así como la contratación de Paul Bekaert como representante y asesor jurídico, pueden ser resultado de la improvisación de un govern que parece transmitir que se acabó el viaje iniciado, que ha llegado el momento de “recalcular la ruta”. En cambio, nada induce a pensar en su desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones judiciales entre Bélgica y España.

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Vicent Galiana es Doctorando en Historia Contemporánea e investigador de la  Càtedra de Memòria Democràtica @gacavi2