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Lesa humanidad significa que existe “un plan sistemático y generalizado contra la población civil”. Contra los derechos humanos. Quien lo explica es Facundo Trotta (Villa María, Córdoba, 1976), que se convirtió en el fiscal revelación de una megacausa judicial contra los responsables de un campo de concentración, llamado La Perla, que funcionó a pleno rendimiento durante la dictadura argentina (1976-83). El Tribunal dictó sentencia hace un año, tras casi cuatro de audiencias, por las que pasaron 581 testigos para decir lo que sabían de 716 víctimas, en 27 causas y contra 45 acusados. Fue un juicio histórico que acabó con 38 condenas, 28 de ellas a prisión perpetua.

“Tenemos que darnos cuenta de que el proceso de memoria, verdad y justicia es un proceso que mira al pasado para determinar las responsabilidades en los crímenes, pero pensando en el presente y para el futuro”, relata el fiscal.

La causa se tituló Menéndez, Luciano Benjamín y otros, por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. Se calcula que unas 2.500 personas padecieron en la sala de torturas de ese centro de detención ilegal, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad argentina. La mayoría de esos detenidos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes; muchos de esos cuerpos aún no han sido hallados.

Unas 2.500 personas padecieron en la sala de torturas del centro de detención ilegal La Perla, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad argentina. La mayoría de esos detenidos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes

Hace pocas semanas, con ocasión de la presentación del documental La sentencia: crónica de un día de justicia, de Guillermo Iparraguirre, Trotta comentaba que le tocó asumir el rol del fiscal titular cuando el megajuicio ya tenía fecha de inicio y, entonces, leyó en un periódico que la causa le quedaba grande. Sonríe ahora, y agrega: “Por supuesto que me quedaba grande, a mí y a cualquiera”. “Ser fiscal de juicios de lesa humanidad implica un rol social; son causas complejas de trascendencia histórica”, añade.

Facundo Trotta acaba de llegar a su despacho después de una visita que él mismo ha guiado por el campo de concentración –hoy convertido en espacio de memoria– para alumnos de escuelas secundarias de la zona. El compromiso del fiscal se selló a lo largo de tres años y ocho meses de testimonios, burlas de los represores y detalles macabros sobre desapariciones, torturas y asesinatos que daban cuenta de un plan sistemático de represión, que incluyó vejámenes sexuales y robo de bebés nacidos en cautiverio.

Proveniente de una pequeña ciudad de la pampa húmeda, Trotta había nacido apenas un mes después de que Jorge Rafael Videla irrumpiera en escena con un Golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976. Hijo de un médico y una profesora de lenguas, asegura que en su infancia no tuvo noticias de aquel eufemismo llamado Proceso de Reorganización Nacional, que nombraba una de las dictaduras más comprimidas y sangrientas de la historia reciente de Occidente.

Trotta soñaba de chico con ser como Tony Petrocelli, heroico abogado defensor de los inocentes en la serie norteamericana. En la vida real, la primera sensación de que había algo malo en los gobiernos militares la tuvo cuando vio la preocupación en la cara de su padre en 1986. Fue en el momento en que el expresidente Raúl Alfonsín dijo aquello de “la casa está en orden”, tras una sublevación militar que dio paso a la sanción de leyes que ponían punto final a los juicios por la dictadura y disculpaban a los oficiales de menor rango por la obediencia debida. Por eso no le cuesta nada responderle a un adolescente que le pregunta cómo puede pedir condenas a los represores por lo que hicieron cuando él apenas estaba naciendo: “Justamente, un fiscal tiene que acusar en base a los testimonios y los elementos de prueba”.

El fiscal acompaña a los chicos al antiguo campo de exterminio porque cree que “transmitir este proceso de memoria, verdad y justicia es la manera en que la sociedad puede sanarse”. En este caso, se demostró que hubo un plan sistemático de represión, al punto que La Perla se construyó deliberadamente para ser un campo de concentración –aprovechando las obras de ampliación de autopistas que se hacían en vistas del Mundial de Fútbol del 78–, mientras otras cárceles o regimientos se utilizaron para fines diferentes.

“Un campo de concentración se alimenta de personas, que tienen que dar información para que los represores puedan ir a capturar a otras personas. En un momento le quitaron las atribuciones a la Policía, porque se les iba la mano en las torturas y mataban. Hay que saber torturar, eso se aprende (el modelo es francés)”, desgrana Trotta. “Ya en octubre del 75 hay actividad en La Perla”, advierte, y añade que “en el caso de estos crímenes hay mucho contexto social, político e histórico en juego”. La fecha es apenas uno de los datos que indican que hubo un plan anterior al Golpe de Estado y en el que participaron también responsables civiles.

Antes de que comenzara el juicio, el joven fiscal llenó un pizarrón de su despacho intentando aprenderse los nombres y las historias de las víctimas. Eran más de 700 y él seguía memorizando, hilvanando, asociando. Tras cada una de las 352 audiencias, de vuelta al despacho, a repasar testimonios: “En un juicio tan largo no hay tiempo para recuperarse emocionalmente, cada día hay un nuevo golpe”.

Intentaba --confiesa-- no quebrarse nunca en la sala, para no desconcentrarse. Un testimonio lo conmovió particularmente: fue el de Tita, una mujer que cuidaba a un secuestrado con fallo renal tras los golpes y a punto de morir en la cuadra. “Tita contó que después de varios días de no dormir, atendiendo a su compañero en estado desesperante, se fue a descansar unas horas, y justo, ahí, él murió; ella sigue sintiendo cargo de conciencia por haberse ido ese rato a dormir”. Al día siguiente, pasaría otro carcelero despertándolos al grito de “Buenos días, muertos que caminan”.
“En la sala de audiencias, si estaba a punto de llorar pensaba en otra cosa para seguir con la potencia puesta en ese lugar. Al final, un sábado me quebré solo en mi despacho, repasando los testimonios de las víctimas para elaborar el alegato”, dice Trotta. También asegura que de allí se sale “siendo otra persona, si uno se atreve a sentir como el otro”.

¿Hasta cuándo? fue la pregunta retórica del alegato final, como respuesta a las voces que usan esta expresión en sentido peyorativo, que hablan de venganza o de para qué seguir removiendo viejos conflictos, y proclamando el cese de la acción judicial. “La respuesta es: hasta que no se determine la responsabilidad de los cómplices civiles del terrorismo de Estado; hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la justicia; hasta que no ubiquemos a los nietos que las abuelas siguen buscando; hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos. Los conflictos del pasado hay que resolverlos porque es la única manera que podremos construir una sociedad sobre la base del respecto a las instituciones democráticas”.
Las desapariciones son delitos permanentes, aclara el juez Jaime Díaz Gavier. De hecho, en estos días, Facundo Trotta está colaborando con la Fiscalía en un juicio que ha sentado en el banquillo a magistrados que fueron cómplices o renegaron de su deber de ayuda durante la dictadura.“El Estado, en tanto garante del respeto a la Constitución y las leyes, no puede aceptar que sus funcionarios se aparten de ese marco. Por ello, si los funcionarios estatales, utilizando instrumentos del Estado, cometieron crímenes, deben ser juzgados”, insiste Trotta.
¿Y qué decirle a la gente que argumenta que aquello fue una guerra, que también había guerrilleros?. “Por suerte es bien minoritaria esta posición dentro de nuestra sociedad. Que en la actualidad se siga sosteniendo que el terrorismo de Estado que sufrió nuestro país fue una guerra significa desconocer todas y cada una de las sentencias dictadas en los juicios. Es como desconocer que en nuestro país existió un plan generalizado de violación a los derechos humanos. Por otra parte, debemos tener claro que frente al proceder ilícito de los ciudadanos, el Estado solo puede responder con la ley”, explica Trotta.

El fiscal concluye con una reflexión. “Creo que todo el equipo de la Fiscalía estuvo a la altura de las circunstancias. Creo que con la sentencia se reconoció, después de 40 años, a las víctimas y familiares de esta causa la calidad de víctimas del terrorismo de Estado, y el daño que sufrieron. Y con la condena, el Estado les está diciendo que ese daño no le es indiferente y que los responsables no quedan impunes en nuestro país”.