Apenas unas horas después de que Mauricio Macri fuera elegido nuevo presidente de Argentina, el diario La Nación publicó un editorial titulado “No más venganza” donde justificó el terrorismo de Estado de la última dictadura militar (1976-1983), pidió que se cuente la “verdad completa” de lo ocurrido en aquellos años, aportando el punto de vista de los represores, y formuló dos pedidos puntuales: 1) que los condenados, procesados e imputados por crímenes de lesa humanidad que son ancianos puedan irse a sus casas bajo la figura de arresto domiciliario y 2) que se ponga fin a las investigaciones sobre la complicidad de los magistrados judiciales con la dictadura, hecho que calificó como una “persecución”. Los dueños del diario no esperaron ni siquiera que la Alianza Cambiemos, liderada por el PRO, terminara de festejar para querer imponerle su agenda en política de derechos humanos. “La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70”, aseguró el matutino. El editorial generó un amplio repudió entre organizaciones sociales y políticas y hasta los propios periodistas del medio se reunieron en asamblea y rechazaron el pedido de impunidad. Macri aseguró que “la Justicia tendrá independencia para seguir trabajando”, pero la clave pasará por ver si considera los juicios una política de Estado y asume un compromiso activo desde el poder ejecutivo para seguir promoviendo las causas.

El momento que eligió el diario La Nación no es casual. El triunfo de Macri no representa solo un cambio de gobierno, sino que promete ser un punto de quiebra respecto de las políticas que impulsó el kirchnerismo durante los últimos doce años. La política de derechos humanos referida a los crímenes de la dictadura podría ser uno de los temas a revisar debido a algunas pistas que ya había dado el propio Macri. En diciembre aseguró que “los derechos humanos no pueden ser en términos revanchistas”, idea que La Nación recupera en su editorial al pedir que no haya más “venganza”. Los grupos minoritarios que reivindican el terrorismo de Estado de la década del 70 hace tiempo que buscan instalar la idea de que con la llegada del kirchnerismo la Justicia pasó a ser manipulada por grupos de izquierda comprometidos con la guerrilla de entonces para que opere como un tribunal popular destinado a linchar a todos aquellos que tuvieron algún tipo de participación en la represión. Por eso las palabras de Macri despertaron esperanza en la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, creada en 2009 para conseguir una amnistía general de los militares, al mismo tiempo que las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación por esos dichos.

El texto de 'La Nación' busca equiparar a ambos “bandos”, al reflotar la teoría de los dos demonios, como si tuviera la misma responsabilidad un grupo guerrillero que el Estado encargado de garantizar la ley y el orden

 “Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar”, dice el editorial de La Nación, que no lleva firma, aunque el nombre del director del diario, Bartolomé Mitre, aparece siempre encima del espacio reservado a estas columnas. “A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de ´juventud maravillosa´”, remarca el texto dejando en claro su preocupación por lo que le han contado a las nuevas generaciones sobre esos hechos. Luego explica lo que supuestamente sucedió en ese momento desde la perspectiva de los represores: “La sociedad dejó aislados a esos ´jóvenes idealistas´, mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían”. De ese modo, busca equiparar a ambos “bandos”, al reflotar la teoría de los dos demonios, como si tuviera la misma responsabilidad un grupo guerrillero que el Estado encargado de garantizar la ley y el orden.

Para comprender lo que significó el terrorismo de Estado que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983 es necesario recordar que los militares implementaron un plan sistemático de exterminio dividido en cuatro etapas: el secuestro, la tortura, la detención y la ejecución. La picana eléctrica, el submarino y las violaciones sexuales fueron las formas más comunes de tortura en los 360 centros clandestinos de detención que se montaron en unidades militares y dependencias policiales. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas documentó en 1984 más de 7.300 desapariciones, en su gran mayoría jóvenes de entre 15 y 35 años, pero en su momento se advirtió de que podría haber muchos más casos no denunciados. Los organismos de derechos humanos hablan de cerca de 30.000. Las víctimas fueron obreros, estudiantes, políticos, intelectuales, periodistas e incluso sacerdotes. Todas las ejecuciones fueron clandestinas porque, si bien la Junta Militar había establecido la pena de muerte, nunca la aplicó. Esta política de exterminio que copió métodos de la Alemania nazi y de las aberraciones cometidas por los franceses en Argelia, el diario La Nación la califica como operaciones militares eficaces, obviando los detalles.

A mediados de la década del 80, el Gobierno de Raúl Alfonsín juzgó a las cúpulas militares por estos crímenes aberrantes, pero por la presión de los rangos medios de las Fuerzas Armadas no avanzó más e impulsó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El presidente Carlos Menem fue más audaz y entre 1989 y 1990 indultó a las cúpulas militares, junto con algunos guerrilleros que también estaban en prisión, para “reconciliar a los argentinos”. Los familiares de las víctimas de la dictadura no buscaron venganza por mano propia, pero siempre insistieron en la necesidad de llevar adelante una política de Memoria, Verdad y Justicia que incluyera el juzgamiento de los responsables de aquellos hechos.

Los primeros resultados los obtuvieron mucho antes de que el kirchnerismo llegara al poder. El 9 de junio de 1998, por ejemplo, el dictador Jorge Rafael Videla, presidente de facto entre 1976 y 1981 e indultado por Menem en 1990, volvió a prisión, acusado de ser responsable de apropiación de niños, hijos de desaparecidos. Un delito considerado imprescriptible. A su vez, el 6 de marzo de 2001, el juez Gabriel Cavallo declaró “la invalidez, la inconstitucionalidad y la nulidad insanable” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en un caso testigo que ayudó a reinstaurar la justicia. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en mayo de 2003, le solicitó al Congreso que declarara nulas las leyes de impunidad. Además, ordenó bajar el retrato del represor Jorge Videla de la galería de honor del Colegio Militar y recuperó el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, que había funcionado como centro de tortura, para que se erigiera allí un Museo de la Memoria. Finalmente, el Congreso anuló las leyes de impunidad en agosto de 2003 y la Corte Suprema validó la decisión en junio de 2005. A partir de entonces, las investigaciones se reactivaron y los tribunales comenzaron a dictar sentencias. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al 30 de diciembre de 2014 habían finalizado 134 juicios con 554 personas condenadas y 59 absueltas, mientras que otra cantidad similar de investigaciones siguen su curso. A este proceso judicial, el editorial de La Nación lo calificó de “venganza” e incluso hizo referencia a la existencia de “nuevas violaciones de derechos humanos” porque represores supuestamente enfermos o mayores de 70 años están presos en cárceles comunes en lugar de habérseles concedido el arresto domiciliario. En Argentina, la ley 24.660 establece efectivamente en su artículo 32 que el juez podrá disponer la detención domiciliaria en una serie de casos, entre los que se contempla ser mayor de 70 años o estar enfermo, pero el artículo 33 aclara que el hecho de tener 70 años o más no implica que el beneficio se otorgue de modo automático porque debe estar fundado en informes médicos.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas documentó en 1984 más de 7.300 desapariciones, en su gran mayoría jóvenes de entre 15 y 35 años

El editorial del diario La Nación también cuestiona que se investigue la supuesta complicidad de magistrados judiciales con la dictadura y cita, entre otros, el caso de Pedro Hooft. Al juez se le investiga por haber negado habeas corpus en favor de los detenidos por las fuerzas represivas y de visitar centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de Mar del Plata durante los 70. En mayo del año pasado, el Jurado de enjuiciamiento desestimó la destitución y restituyó a Hooft en su cargo dejando en evidencia que los juicios no son meros trámites para condenar a los denunciados por los organismos de defensa de los derechos humanos. El diario se queja de que pese a ese fallo se le sigue investigando, pero lo cierto es que el tribunal no se expidió sobre la cuestión de fondo. Por lo tanto, Hooft aún no ha sido absuelto.   

El editorial de La Nación causó un profundo rechazó en numerosas organizaciones y esta vez incluyó también a los propios trabajadores del diario, primero individualmente en las redes sociales y luego de manera colectiva en una asamblea. “Los trabajadores del diario La Nación decimos sí a la democracia, a la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y decimos no al olvido”, remarca el comunicado. No es la primera vez que La Nación publica editoriales de estas características. El 12 de mayo del año pasado, sin ir más lejos, sacó un texto similar donde decía que “numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas” son “hoy presos políticos por la venganza oficial”. Además, es habitual su defensa de la dictadura militar a través de solicitadas, cartas de lectores  e incluso avisos fúnebres que acumulan elogios para los represores que van muriendo de viejos. Uno de los que suele firmar cartas de lectores en La Nación en defensa de los represores es Federico Young, extitular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires durante el primer mandato de Macri en la ciudad y desde 2012 director de la estatal Subterráneos de Buenos Aires, firma del Gobierno de la ciudad que concentra las funciones de fiscalización y control sobre la concesionaria privada Metrovías. El 5 de agosto de 2012, el funcionario del PRO escribió en La Nación: “La detención de más de mil personas (casi todas militares) acusadas de delitos presuntamente cometidos hace más de 35 años es un atentado contra los derechos humanos esenciales, como son la libertad de las personas y el acceso a la Justicia, y compromete a sus responsables por mala praxis en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Esta sistemática reivindicación de la dictadura militar por parte de La Nación, diario que además convalidó con su complicidad las violaciones a los derechos humanos cuando ocurrían, en los últimos años no había generado tanto revuelo, posiblemente porque se sabía que no había riesgos de que sus pedidos influyeran en la política oficial de derechos humanos. La llegada de Macri, en cambio, deja abierta la posibilidad de que esa minoría que denuncia venganza y reclama impunidad vuelva a ser escuchada. Eso explica por qué esta vez el repudio fue mayor.