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Las ciudades debemos liderar las transformaciones necesarias para frenar el cambio climático porque más de la mitad de la población mundial vive en ellas y son las responsables de hasta el 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pero no solo hay que frenar estas emisiones, sino también las que provocan la ‘boina’ producida por la contaminación atmosférica, que causa miles de muertes prematuras en España.

El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a reducir sus emisiones de efecto invernadero para evitar el calentamiento del planeta por encima de los dos grados como máximo e intentando objetivos más ambiciosos. Entre los compromisos asumidos a nivel internacional destacan la Declaración de Ciudades de la cumbre COP 21 de París, el pacto de alcaldes promovido por la UE y la iniciativa de Greenpeace refrendada por el Ayuntamiento en la Semana de la Movilidad, por la que nos obligamos a reducir un 50% las emisiones derivadas del tráfico para 2030 con respecto al año 2012 y al objetivo de una economía descarbonizada 100% renovable en 2050.

Por otro lado incumplimos la Directiva Europea de Calidad del Aire y estamos haciendo un enorme esfuerzo por satisfacer simultáneamente el derecho a la salud y, por lo tanto, a respirar aire limpio, con el derecho a desplazarse de forma eficaz por la ciudad.

Madrid ha heredado un sistema de infraestructuras de transporte sobredimensionado, que nos ha dejado la ruina de las autopistas radiales de peaje, rescatadas por el Estado y el endeudamiento de la capital equivalente al 50% del de todos los municipios como consecuencia de la ampliación y soterramiento de la M30. Las infraestructuras han crecido fundamentalmente en kilómetros de carreteras sin tener en cuenta la planificación necesaria para una movilidad eficiente y sostenible: más de un millón de vehículos entran cada día en la corona metropolitana.

La aprobación y puesta en marcha del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático supone una apuesta decidida para abordar cambios estructurales en la movilidad que permitan mejorar la calidad de vida reduciendo la contaminación química y acústica, y aumentando la disponibilidad y calidad del espacio público. Además, pretende cumplir los compromisos internacionales en reducción de gases de efecto invernadero con medidas de eficiencia energética y energías renovables.

Este Plan A –porque no hay un plan B– contempla reducir la intensidad del tráfico con medidas como la nueva área de prioridad residencial del distrito Centro, a la que solo podrán acceder en junio residentes y vehículos de servicios públicos, comerciales y los de cero emisiones, entre otras excepciones; o la creación de creación de carriles Bus-VAO en las entradas de Madrid y las reformas de calles ya en la ciudad, de tal forma que tenga mayor protagonismo el transporte público, el vehículo compartido y la bicicleta. Esto sólo será posible con la colaboración de la Administración autonómica y central (Ministerio de Fomento) para priorizar el transporte público mediante plataforma reservada (Bus-VAO) en las autovías de entrada a la ciudad y mejorar las conexiones en transporte público entre diferentes puntos de la periferia. Las tres administraciones ya trabajan en el BUS-VAO de la A-2, pero el Ayuntamiento considera fundamental que este proyecto pueda extenderse al resto de accesos lo antes posible.

Junto a la reducción y racionalización del uso del coche, el Plan A contempla una transición hacia las tecnologías limpias en el parque móvil, con incentivos fiscales, limitaciones de acceso graduales y renovación de algunas de las principales flotas de la ciudad, como la EMT y los taxis.

El papel de la EMT

La transición hacia una EMT más limpia y más sostenible pasa necesariamente por la renovación de la flota y la apuesta por la electrificación en las diferentes fórmulas que ofrece actualmente el sector de la automoción de autobuses, más cuando entre 2012 y 2015 no se compraron nuevos autobuses y la flota está envejecida. Por este motivo, la EMT y el Ayuntamiento se han puesto manos a la obra para que este plan sea una realidad cuando finalice 2019, cuando todos los autobuses serán de bajas emisiones o cero emisiones. Para ello, la empresa municipal ha adquirido 689 nuevos autobuses para el trienio 2016-2018 con una inversión que supera los 182 millones de euros. Entre estos 689 vehículos –en su mayoría propulsados por gas natural comprimido– se encuentran, por primera vez en la historia de la compañía municipal, 15 autobuses estándar de propulsión eléctrica, a los que cada año se irán sumando al menos 15 autobuses eléctricos más.

Además, gracias a un innovador proyecto de la EMT, acaba de comenzar a funcionar la primera línea de inducción eléctrica en Madrid, la línea 76. Con este plan de renovación de la flota, la EMT se adhiere a las premisas europeas tendentes a la descarbonización del transporte público y la mejora de la calidad del aire en las grandes ciudades del viejo continente, con un plan de renovación de la flota y una estrategia de electrificación.

Además, para hacer el servicio de la EMT, que transporta 1,5 millones de usuarios diariamente, más eficiente estamos trabajando en nuevos proyectos de prioridad semafórica para autobuses; en la ampliación de la red de carriles bus; o en un aumento de la intermodalidad.

El sector del taxi también está haciendo un esfuerzo por la renovación de su flota. Un 36% ya es de bajas emisiones y a partir del próximo año todos los nuevos vehículos que se incorporen a la flota también deberán serlo, tras la modificación de la ordenanza municipal que los regula. Para acompañar este esfuerzo del sector del taxi por ser más sostenible, el Ayuntamiento aumentará las ayudas hasta llegar a los 5 millones de euros en 2018. El objetivo es que la flota sea ‘limpia’ lo antes posible.

El Plan A también recoge otras medidas como la ampliación de BiciMad, que comenzará en 2018, o la construcción de 30 kilómetros de itinerarios ciclistas al año. Además, desde que la EMT gestiona BiciMAD se ha conseguido estabilizar el sistema y reducir notablemente las incidencias. El éxito se refleja en los récords históricos de uso que se llevan produciendo desde septiembre. De este modo, la EMT se consolida como un gestor integral de transporte inteligente, que también está asumiendo los aparcamientos públicos remunicipalizados, con los que se obtiene mayor beneficio económico y más flexibilidad en la aplicación de las políticas municipales de movilidad sostenible.

Alta contaminación

Por otra parte, Madrid ha sido pionera en la aplicación del protocolo de episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), que ha servido para reducir la alta contaminación en la ciudad y también para concienciar sobre este problema, que provoca miles de muertes prematuras cada año en la Unión Europea.

La reacción de la ciudadanía ha sido ejemplar cuando nos hemos visto obligados a restringir el estacionamiento y la movilidad para garantizar la salud de la población. Un 20% de los madrileños es mayor de 65 años y vulnerable por tanto a los efectos de la contaminación. Como también lo son la infancia, las mujeres gestantes y los pacientes de enfermedades respiratorios y cardiovasculares.

Recuperación del espacio público

Una ciudad moderna e inteligente, una smart city, apuesta por la recuperación del espacio público para las personas, para pasear e ir en bici o transporte público. La calidad de vida en las ciudades depende de que se racionalice el espacio público reduciendo el destinado al coche, de manera que todas podamos desplazarnos eficazmente a pie, en bici y en transporte público, reduciendo la contaminación tanto atmosférica como acústica. Y que cuando necesitemos un coche recurramos al coche compartido, a poder ser eléctrico. La sociedad se está alejando del concepto de vehículo como propiedad para verlo como servicio. Es mucho más inteligente recurrir a todos los servicios de movilidad en función del viaje que vamos a hacer: BiciMAD, metro, cercanías, buses, moto compartida y eventualmente un coche compartido cuando sea imprescindible. En la ciudad existen seis empresas de sharing con coches y motos eléctricas.

Frente al modelo que ha imperado desde los años 60 del siglo pasado, basado en el acceso a la propiedad del vehículo, la construcción de grandes infraestructuras de transporte y una planificación urbana al servicio del coche; hay que seguir trabajando en una estrategia para la recuperación del espacio, aumentando la movilidad peatonal y ciclista y el transporte público en el reparto modal frente a un excesivo e insostenible uso del vehículo privado que envenena nuestros pulmones y aturde nuestros oídos en una ciudad donde tiene destinado el 80% del espacio público.

La estrategia de movilidad de la ciudad necesita un marco metropolitano en el que participen de forma equilibrada el Ayuntamiento de Madrid, los municipios del área metropolitana, la Comunidad de Madrid y todos los actores incluyendo a los propios usuarios del transporte. De ahí la necesaria potenciación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, recuperando su función de planificación del transporte público en la región.

Metro y Cercanías tienen un gran protagonismo en la ciudad que nos obliga a trabajar buscando la cooperación institucional con el Gobierno de la Comunidad, el Ministerio de Fomento y Renfe, así como a recuperar capacidad en el Consorcio de Transportes. El Ayuntamiento nunca debió perder el Metro en favor de la Comunidad porque es un medio de transporte crucial para la movilidad. El problema en la actualidad es que la vuelta del Ayuntamiento de Madrid al accionariado de Metro requeriría, entre otras cosas y con carácter previo, una recapitalización de METRO DE MADRID S.A. por parte de la Comunidad de Madrid de al menos 650 millones de euros, que en las actuales condiciones presupuestarias de la Comunidad se antoja muy difícil.

Es necesaria una Ley de Movilidad Sostenible de ámbito autonómico que imponga la necesidad de elaborar planes de movilidad sostenible a los ayuntamientos, las empresas, la administración y los grandes centros comerciales y empresariales, y mejore la planificación de la movilidad bajo las premisas de la salud y la eficiencia.

Una Ley de Cambio Climático

Las ciudades estamos dispuestas a ejercer el liderazgo y adquirir compromisos en combatir la contaminación atmosférica y el cambio climático, pero en ambos sentidos es fundamental la implicación autonómica y estatal, porque muchos factores y regulaciones dependen de estas administraciones, y los municipios necesitamos más herramientas para poner en marcha medidas como la implantación de energías renovables, la movilidad eléctrica o el transporte colectivo.

España lleva tiempo prometiendo una Ley de Cambio Climático y todavía no hay borrador. Es urgente sentar las bases estatales de una estrategia que sea ambiciosa para conseguir cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, pues mientras las políticas del Gobierno van en dirección contraria.

Madrid ha trazado 30 medidas de gran calado dentro del Plan A para sentar las bases de un futuro sostenible, con menos contaminación, menos emisiones y que afronte los retos del cambio climático, con entornos más naturales. Precisamente, una de las 30 medidas es la coordinación entre administraciones y la sensibilización ciudadana, porque para conseguir ese cambio es necesaria la implicación de todos los sectores sociales.

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Inés Sabanés. Concejala y Responsable del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.