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En diciembre de 1992, una desconocida revista académica publicó un artículo escrito por los economistas Alexander Tabarrok y Tyler Cowen, titulado La teoría de la elección pública de John C. Calhoun. Tabarrok y Cowen, profesores ambos del célebre departamento de Economía de la Universidad George Mason, afirmaban que el agresivo nativo de Carolina del Sur, conocido por defender los derechos de los esclavistas, había anticipado la “teoría de la elección pública”, la condición sine qua non del pensamiento político libertario moderno.

¿Cómo habían llegado los dos ambiciosos teóricos libertarios a la órbita de Calhoun? Se trata de una enrevesada historia que vino acompañada de una gran polémica a raíz de la reciente publicación de un estudio crítico sobre el actual auge e importancia del movimiento libertario. Durante la Guerra Fría, el estado liberal estadounidense se vio obligado a cambiar de perspectiva para hacer frente a la hipocresía del apartheid racial estadounidense, cuando los comunistas comenzaron a criticar el atraso de las relaciones raciales que existían en el autoproclamado mundo libre. Así fue como los pensadores conservadores que querían reafirmar las tradicionales prerrogativas basadas en una mayoría blanca comenzaron a sentir la urgencia por remodelar sus compromisos y sentar unos nuevos fundamentos ideológicos. Y aquí es donde aparece el bienamado mentor de Tabarrok y Cowen, James M. Buchanan, miembro permanente del programa de estudios de economía de la Universidad G. Mason. Buchanan revolucionó el pensamiento estadounidense con una sencilla tesis cuyo objetivo era desacreditar de raíz la legitimidad del estado liberal: la idea de que podía defender, y defendía, los intereses de un bien común más amplio. En su lugar, Buchanan defendía algo que denominaba teoría de la elección pública: la idea de que los políticos siempre han obrado por interés propio, de modo que algunos ciudadanos eran discriminados.

Muy astutamente, Tabarrok y Cowen se centraron en las repercusiones de la doctrina de Buchanan, y enumeraron las afinidades que existían entre la elección pública y el pensamiento político ferozmente antidemocrático de Calhoun. Calhoun, al igual que Buchanan un siglo y medio después, había teorizado que el gobierno de la mayoría tiende a reprimir a una minoría privilegiada. Tanto Buchanan como Calhoun difundieron ideas cuyo objetivo era proteger a esa minoría agraviada aunque privilegiada. Además, igual que Calhoun argumentó que las leyes solo deberían ser aprobadas por una “mayoría concurrente”, lo que otorgaría poder de veto a una región como el Sur de EE.UU., Buchanan planteó que las leyes solo deberían aprobarse mediante un consenso unánime. En ese sentido, Tabarrok y Cowen afirman que estas dos teorías tenían “el mismo objeto y efecto”: obligar a que personas con intereses diferentes se unieran, y si estas partes interesadas no acordaban nada por unanimidad, el gobierno quedaría paralizado.

Al considerar la filosofía política de Calhoun como el antecedente fundacional de la teoría de la elección pública, Tabarrok y Cowen han confirmado de forma involuntaria lo que los críticos llevaban afirmando desde hacía tiempo: el libertarismo es una filosofía política directamente relacionada con la supremacía blanca. La teoría de la elección pública, un lenguaje técnico que en principio trata del comportamiento humano y de los incentivos, sirve en realidad para asegurarse de que los negros no se libren de sus cadenas.

Cadenas de necios

En el libro que publicó en 2017 la historiadora Nancy MacLean, Democracia encadenada: la profunda historia del plan oculto de la derecha radical para EE.UU., afirma que Buchanan desarrolló sus ideas con el objetivo de servir a la élite del estado de Virginia, cuyo afán era defender las leyes Jim Crow (que propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas). En respuesta a esta contundente crítica de MacLean, diversos perros de presa libertarios han producido en serie docenas de ensayos y críticas (muchos de los cuales han aparecido de manera destacada en la columna política online del The Washington Post llamada The Volokh Conspiracy) en los cuales bramaban no solo que MacLean estaba totalmente equivocada, sino que también podía ser culpable de estafa intelectual, mala fe ideológica y otras ofensas a la auténtica investigación académica.

El tremendo volumen e intensidad de las protestas hace pensar que las observaciones de MacLean han dado en la diana. Y, por tanto, al historiar el carácter presuntamente científico y neutral de la obra de Buchanan, parece como si MacLean hubiera sacudido a este santo libertario del pedestal donde se encontraba. Es como si los muchos y fervientes defensores de Buchanan no quisieran, o pudieran, imaginar que las ideas de su héroe tienen unos cimientos históricos desagradables, o concentrarse solo en la continuidad clave que señalan Cowen y Tabarrok, aunque sea sin darse cuenta, y que encarna el núcleo del proyecto libertario. De igual manera que Calhoun desarrolló su nueva filosofía política en respuesta al creciente temor entre su clase de esclavistas sureños a que una mayoría norteña aboliera la esclavitud, la teoría de la elección pública de Buchanan presentó un enfoque novedoso para resistirse a la imposición federal de respetar los derechos civiles en el Sur.

MacLean proporciona una serie de pruebas sobre las que fundamentar su tesis y afirma que el racismo es el principal resorte que motiva la obra de Buchanan. Por ejemplo, Buchanan envió en 1957 una carta privada a su antiguo profesor, Frank Knight, de la Universidad de Chicago, donde obtuvo su doctorado en Economía. En esa carta, Buchanan expresaba su tristeza porque el presidente Eisenhower hubiera enviado tropas federales para proteger a los nueve estudiantes negros que pretendían acabar con la segregación que existía en el instituto Little Rock Central. El creía, según nos cuenta MacLean, que el fin de la segregación debería ser un proceso gradual y voluntario. Los defensores de Buchanan intentaron refutar las afirmaciones de MacLean sobre las intenciones de Buchanan primero señalando que “ir poco a poco” en temas de justicia racial era por aquel entonces un discurso habitual entre los liberales y conservadores de posguerra y segundo dirigiendo su atención hacia otras declaraciones públicas de Buchanan en las que se posicionaba a favor de fomentar la justicia racial.

Sin embargo, sus intenciones son irrelevantes, lo que importa es el efecto que tuvieron, y en ese sentido, el argumento de MacLean es sólido como una roca: la teoría de la elección pública, que fue adquiriendo cada vez mayor importancia a medida que finalizaba el siglo XX y que ahora es uno de los pilares de la doctrina conservadora que los hermanos Koch comercializan a los políticos de derechas, ha inclinado sin duda la balanza de la justicia del lado de los blancos, ricos y poderosos.

Elegir a toda costa

La propia biografía intelectual de Buchanan recalca este compromiso medular. Se convirtió al neoliberalismo (la idea de que el mercado daba un mejor servicio a las personas que el Estado) mientras estudiaba con economistas de la Escuela de Chicago como Knight y Milton Friedman. Sin embargo, su interpretación única del dogma del mercado libre halló su caldo de cultivo en la política del estado de Virginia durante la década de 1950. Por ejemplo, durante su etapa como profesor de economía de la Universidad de Virginia, donde congregó a un grupo de economistas ideológicamente afines, Buchanan desarrolló ideas a favor de los legisladores estatales que querían frenar los esfuerzos por acabar con la segregación escolar que se iniciaron a resultas de la sentencia judicial del Caso Brown contra Consejo de Educación de Topeka.

Buchanan propuso que Virginia podría burlar el pleno cumplimiento de la sentencia Brown y al mismo tiempo evitar dar la impresión de que el estado pretendía regresar a las rudimentarias normas Jim Crow de privilegio racial. La novedosa solución de Buchanan supuso la introducción de cupones escolares, que proporcionaban a los padres los medios necesarios para enviar a sus hijos a escuelas que ellos mismos elegían a expensas del dinero público, y al mismo tiempo servían para apuntalar los privilegios de la población blanca y acaudalada para restringir el acceso general de todas las razas al bien público de la educación financiada por el Estado. Sostenía que un sistema de cupones era la mejor manera de asignar los recursos en educación porque obligaría a las escuelas a competir por los estudiantes y los recursos, lo que a su vez daría como resultado una mejora de la educación. Sobre el papel, al menos, Buchanan defendía una solución política basada en el mercado y aparentemente neutral desde el punto de vista racial. Sin embargo, la realidad era que así se conseguía perpetuar la segregación racial. Por ejemplo, el condado de Prince Edward de Virginia cerró las escuelas públicas en 1959, mientras repartía cupones a los estudiantes que acudían a escuelas privadas que solo aceptaban a estudiantes blancos. Como consecuencia, los estudiantes negros del condado de Prince Edward continuaron sin poder acceder a la enseñanza oficial durante más de cinco años.

Al alistarse en la primera línea política de la oposición generalizada a los derechos civiles en Virginia, Buchanan inició la que sería una carrera larga y productiva en la confección de ideas económicas al servicio de fuerzas reaccionarias. Más tarde, codificaría toda su obra en el libro publicado en 1962 que puso en marcha la teoría de la elección pública, El cálculo del consenso: fundamentos lógicos de la democracia constitucional, escrito junto a Gordon Tullock, otro economista de la Universidad de Virginia. El estudio de Buchanan y Tullock sigue siendo hoy en día la piedra angular del pensamiento libertario.

El cálculo del consenso adoptó la teoría económica neoliberal de la escuela de Chicago y la aplicó a la función gubernamental. Los economistas de Chicago llevaban tiempo planteando que el intercambio económico existe porque las personas son diferentes: las personas comercian las unas con las otras porque tienen necesidades e intereses diversos. Buchanan y Tullock se preguntaron por qué una teoría de distinción individual tan de sentido común (más conocida como teoría de la elección racional, que explicaba casi todo lo que ellos pensaban que cualquier persona necesitaba saber sobre el comportamiento económico) no había sido aplicada todavía al comportamiento político. El cálculo del consenso fue un intento por remediar esa situación.

Al aplicar la teoría de la elección racional a la política, Buchanan y Tullock descubrieron una irónica incongruencia: mientras que el interés propio sienta de maravilla al mercado, el interés propio en el gobierno, aunque resulta inevitable, tiene desastrosas consecuencias. Para los apóstoles neoliberales de la soberanía del mercado, la clave para descifrar esta aparente paradoja era deconstruir la lógica de la coacción estatal. El mercado asignaba los recursos de manera más justa porque los individuos siempre son los más indicados para tomar decisiones por sí mismos sobre qué comprar y vender y por cuánto hacerlo; Adam Smith tenía razón en glorificar el misterio y la majestuosidad de la “mano invisible”. En cambio, los políticos distorsionaban el ritmo natural del mercado, también por interés propio: los legisladores que necesitaban votos para ser reelegidos aprobaban políticas que conquistaban mayorías. Pero el perverso efecto distorsionador del mercado que provocaban estos últimos era la sobreproducción de bienes públicos, como la educación o la atención sanitaria, que los teóricos de la elección pública y sus patronos conservadores consideraban que sería preferible dejar en manos de las fuerzas del mercado, aun cuando las mayorías democráticas pensaran lo contrario.

Agentes de rentas

Buchanan y sus acólitos libertarios comenzaron entonces a referirse a esos beneficios proporcionados por el gobierno como “rentas”. Dentro del marco de la ortodoxia libertaria, la idea de rentas podía adoptar una clara connotación de inferior destroza Estados. Al fin y al cabo, según la lógica de Buchanan y sus seguidores, que el gobierno entregara subsidios era por definición algo injusto para aquellos que el Estado no protegía. En la mayoría de las ocasiones, sus teorías iban dirigidas contra la asistencia social. Las ayudas gubernamentales a la atención médica para los pobres y las personas mayores eran consideradas rentas (es decir, recargos ilegítimos que los actores estatales imponían al mercado) porque distorsionaban el verdadero mercado de la atención médica; los fondos estatales dedicados a las universidades eran rentas porque distorsionaban el mercado de la educación superior…y así con todo.

En la reacción contra los impuestos y los programas sociales que surgió en la cultura política estadounidense durante la década de 1970 y posteriores, esta crítica al sistema de captación de rentas subvencionado con fondos públicos sirvió para compensar la retórica demagógica dirigida hacia un tipo indigno de pobre: es decir, los políticos prometiendo prestaciones sociales a los negros pobres a cambio de votos. No es de extrañar que los políticos conservadores que vinieron después de Ronald Reagan adoptaran la teoría de la elección pública como justificación para acabar con el New Deal, o que los políticos liberales de centro como Bill Clinton aprobaran políticas como la reforma asistencial, que responde a esta misma lógica.

Tampoco es de extrañar que algunas críticas a la teoría de la elección pública como la de MacLean hayan atacado su racismo implícito. No obstante, las críticas de MacLean que aparecen en Democracia encadenada y la consiguiente tormenta que han ocasionado, han producido por sí solas un efecto distorsionador del mercado. Por muy poderosa que sea la reacción blanca, en los foros de debate libertarios en particular y en la cultura política estadounidense en general, el amplio atractivo que despierta la elección pública reside fundamentalmente (casi igual que la búsqueda del moderno estado liberal por alcanzar una justicia racial administrativa) en las directrices intelectuales con origen en la Guerra Fría.

Marxismo para los que hacen

La historiadora S. M. Amadae argumenta en su libro Racionalizar la democracia capitalista: los orígenes en la Guerra Fría del liberalismo de la elección racional, que la influencia del pensamiento libertario creció durante la segunda mitad del siglo XX principalmente como consecuencia de la Guerra Fría. Más concretamente, la teoría de la elección pública se desarrolló entre otras filosofías libertarias como un arma ideológica para ganar la guerra contra el marxismo. Su intención era igualar al marxismo en sus afirmaciones revolucionarias acerca de la libertad y refutar la capacidad del marxismo para cumplir con sus promesas.

En una conferencia que tuvo lugar en 1993, bajo el título de “El socialismo está muerto”, Buchanan proclamó que “la teoría de la elección pública” había conseguido desenmascarar “el engaño normativo” según el cual “el Estado era, de alguna forma, una entidad benévola, y que aquellos que tomaban decisiones en nombre del Estado estaban guiados por consideraciones relacionadas con el interés general o público”. Aquí aparece, de nuevo, la vieja canción de Calhoun: como los políticos actuaban por interés personal, el Estado era incapaz de gobernar en nombre del interés público. De hecho, Buchanan sostenía que no existía el interés público como tal, y que si algo parecido podía considerarse, en el fondo no era más que un término impreciso que carecía de significado precisamente porque encubría una inevitable ansia de poder por parte de los políticos. Otorgar autoridad al Estado en nombre de una abstracción como el interés público constituía un camino peligroso que solo conducía al totalitarismo.

Peor incluso que algunos imprecisos conceptos progresistas como el interés público eran algunas abstracciones marxistas como la clase. En El cálculo del consenso, Buchanan y Tullock articularon su oposición a “cualquier teoría o concepto de la colectividad que incorpore la explotación de una clase dominada por parte de una clase dominante”. Buchanan pensaba que la clase era una forma especialmente errónea de pensar acerca de la organización de poder en EE.UU., y que el intercambio que tenía lugar en el mercado, respaldado por el derecho contractual, distribuía el poder de tal manera que la gente podía seguir siendo un agente libre de las cargas que defendían algunas falsas solidaridades como la clase. Este, en cualquier caso, era el ideal libertario. Y la gran premisa ideológica de la teoría de la elección pública era subrayar la oposición de este ideal a la distopía marxista y a otras formas afines de colectivismo progresivo.

El liberalismo corporativo y sus cautivos

Durante la Guerra Fría, se caricaturizaba al marxismo como una teoría colectivista (una caricatura a la que la Unión Soviética otorgó bastante credibilidad, ya que fue la primera nación en declararse marxista, aunque confería todo el poder a un estado autoritario). A diferencia de esto, la elección pública era una teoría sobre la libertad que presentaba al Estado como la encarnación de la represión. Lo que este enunciado pasa por alto es el verdadero rol del marxismo como teoría de la libertad que en realidad consideraba al Estado como una máquina de represión. Según la famosa afirmación de Marx y Engels: “El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía”. O como los mismos Buchanan y Tullock reconocían, el marxismo “considera al Estado como un medio a través del cual el grupo económicamente dominante impone su voluntad sobre los oprimidos”. Para los marxistas, la revolución socialista no solo suponía librarse del capitalismo, sino también librarse del Estado.

Desde el principio, el marxismo estuvo impregnado de sentimientos antiestatistas. Cuando Marx falleció en 1883, uno de sus panegiristas de Nueva York decretó que “ahora los verdaderos amantes de la libertad tenían el deber de honrar el nombre de Karl Marx”. La lógica de la destrucción ideológica mutua asegurada hacía que tales declaraciones fueran ininteligibles. Aunque como demuestra el teórico político William Clare Roberts en su obra El infierno de Marx: la teoría política de El Capital, Marx creía que “solo la derrota de este servil y violento Estado puede proporcionar las condiciones necesarias para conseguir la emancipación”. Así sucede, sobre todo, en las últimas secciones de El Capital, en las que Marx discute la “acumulación originaria” (el término que utilizaba para hablar de esclavitud, colonialismo y otras formas de brutal explotación capitalista que resultaron posibles gracias a la intervención directa del Estado).

El antiestatismo marxista perduró en el siglo XX en las obras de Antonio Gramsci, que planteaba que la clase dominante utilizaba al Estado y a otras instituciones culturales para instaurar un poder ideológico sobre la clase trabajadora. Esta forma de poder represor, que Gramsci denominó hegemonía, era particularmente insidiosa porque permitía que la clase trabajadora se identificara con el Estado, aunque este representara los intereses de los capitalistas. El pueblo daba su consentimiento al Estado para que lo oprimiera.

Nicos Poulantzas, un representante de la Nueva Izquierda cuya especialidad era reflexionar sobre el rol del estado capitalista en una época de democracia social, especuló que el estado moderno no funcionaba necesariamente bien para los capitalistas individuales, cuyos intereses eran de índole variada y a menudo entraban en conflicto entre ellos. Más bien, el Estado servía en un sentido más amplio, para apuntalar la perdurabilidad del capitalismo. Aun así, en su esfuerzo por domar un sistema económico explosivo, el Estado se veía a menudo obligado a tomar decisiones difíciles que algún capitalista podría considerar poco atractivas. Por ejemplo, en vista del desempleo generalizado que tuvo lugar durante la década de 1930, el estado capitalista moderno se vio obligado a aumentar las ayudas a la clase trabajadora, algo que solo podía hacer subiendo los impuestos a los ricos. Por tanto, la finalidad del estado era, en definitiva, apaciguar.

Una versión estadounidense del marxismo antiestatal surgió entre los pensadores de la Nueva Izquierda que estaban preocupados con la moralmente desastrosa Guerra de Vietnam, que estos jóvenes intelectuales achacaban a la estrecha complicidad entre los capitalistas y el estado liberal. El historiador Martin Sklar acuñó el término “liberalismo corporativo” en 1960 para explicar este fenómeno. Según la visión de Sklar, el liberalismo del siglo XX no surgió para domesticar al poder corporativo, como creían muchas personas de forma equivocada. Más bien, el poder corporativo capturó al Estado estadounidense en un intento con conciencia de clase por restablecer el orden y volver a un sistema que de otra manera parecía caótico e impredecible. Así pues, los capitalistas y la élite política conspiraron para mantener al poder fuera del alcance de la mayoría de los estadounidenses, amén de los vietnamitas. Que muchos estadounidenses consintieran la existencia de ese sistema sin saberlo no hacía que el liberalismo corporativo fuera menos represivo.

Libre y preocupado

En definitiva, la teoría de la elección pública y el marxismo se dan la mano. Así lo reconocieron Buchanan y Tullock incluso cuando hicieron todo lo posible para justificar esas resonancias. “Enfocar la actividad política basándose en la dominación de clase”, escribieron, “está estrechamente relacionado con nuestro enfoque en un desafortunado sentido terminológico. Por un accidente de la historia, el concepto de dominación de clase, en su variante marxista, ha acabado conociéndose como el concepto o interpretación ‘económico’ de la actividad del Estado”. Este enfoque marxista, que inquietaba a Buchanan y Tullock, “ha dado como resultado que la perfectamente aceptable palabra ‘económico’, acabe usándose de una manera completamente errónea”.

Pero no había nada de accidental en esta estrecha relación. Tanto el marxismo como la teoría de la elección pública separaban la economía del sistema de gobierno y ambas señalaban a la economía, o en el caso del marxismo, a la esfera de la actividad humana más allá del Estado (la sociedad civil), como el lugar donde se fomentaba de verdad la libertad.

En otras palabras, la teoría de la elección pública dio la vuelta a la teoría marxista del Estado. En lugar de querer librar a las masas de un Estado controlado por una élite capitalista, Buchanan quería librar a la élite capitalista de un Estado controlado por las masas insubordinadas. Y esto nos hace regresar, convenientemente, a John C. Calhoun.

El libro de Richard Hofstadter publicado en 1948, La tradición política estadounidense y los hombres que la inventaron, incluía un ensayo titulado: “John C. Calhoun: el Marx de la clase dominante”. Hofstadter escribió que Calhoun prefiguraba a Marx en el sentido de que “tenía un agudo sentido de la estructura social y de las fuerzas de clase”. Calhoun “situó las ideas centrales del socialismo ‘científico’ en un marco invertido de valores morales y elaboró una fascinante defensa de la reacción…”. En palabras del mismo Calhoun:

Hoy existe y siempre existió, en un estadio avanzado de riqueza y civilización, un conflicto entre el capital y el trabajo. La condición de la sociedad en el Sur hace que estemos exentos de los desórdenes y los peligros que resultan de este conflicto, y esto explica por qué las condiciones políticas de los estados esclavistas han sido mucho más estables y tranquilas que las del Norte.

Marx utilizó un argumento similar en sus escritos sobre la Guerra Civil estadounidense, aunque invirtió los términos fundamentales de la valoración que hizo Calhoun sobre el Sur como un modelo paternalista cuasifeudal en el que reinaba la paz social. Marx celebró la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud porque creía que esas fuerzas crearían unas condiciones favorables para que la clase trabajadora se organizara, puesto que un sistema de trabajo libre ya no necesitaría competir con esclavos. En otras palabras, el desorden que temía Calhoun, que daría el poder a las clases bajas, era precisamente el desorden que celebraba Marx.

Dicho de otra forma, Calhoun es análogo a Marx de la misma forma que la teoría de la elección pública es análoga a la teoría marxista del Estado. En nombre de la libertad, la teoría de la elección pública encadenaría al 99% de nosotros que nos encontramos en las clases bajas del neoliberalismo. La teoría de la elección pública es el marxismo de la clase dominante.

Si queremos recuperar el marco de libertad, debemos recuperar el antiestatismo del marxismo, la libertad que está integrada en una teoría de libertad para todos. No es difícil entender por qué los liberales e izquierdistas abrazaron ciertos elementos del estatismo en el siglo XX. El Estado no solo domesticó el caos de una economía de mercado que generó inseguridades en la mayoría de la gente, también protegió los derechos de las personas que necesitaban desesperadamente esa protección, como por ejemplo los estadounidenses negros.

Pero esto representa solo la mitad de la historia. Si nos centramos solo en esa mitad, nos desconcertará pensar por qué el libertarismo ha cautivado a tanta gente. Pues porque además de ser un protector de los derechos civiles, el Estado también es Vietnam: es drones, rescates bancarios, reducciones fiscales para los ricos, cárceles, etc. El Estado es Trump. Si queremos recuperar el marco de libertad y quitárselo de las manos a la clase dominante y a su cohorte de intelectuales, tenemos que recuperar una teoría del Estado para las masas. Y ahora que Trump está al mando de lo que parece ser el mayor enclave capitalista de poder estatal, el proyecto urgente de hacer resurgir la democracia debe depender ni más ni menos que del rechazo total y absoluto a la fantasía libertaria presente en la vida pública.

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Traducción de Álvaro San José

Este artículo se publicó originalmente en The Baffler.