Eran solo ocho palabras, sin mucho sentido si se sacan de contexto, pero cuya desaparición del proyecto de Ley de Sequía tenía todo el sentido. Principalmente, para un Gobierno que, por disparatado (“contrario a la razón”) que pueda parecer ante los efectos que el calentamiento global está teniendo en todo el país y con más de dos años de sequía en algunas zonas de su territorio, mira al agua de algunos ríos como eventual amortiguador del revés electoral que las encuestas le pronostican al partido que lo sostiene.

“En cada una de las cuencas hidrográficas existentes” eran las aparentemente inofensivas palabras que la mayoría absoluta del PP tachó en el Senado, pero que reaparecieron en el Congreso, donde los conservadores se quedaron en minoría defendiendo la modificación frente a la oposición en bloque mientras sus apoyos habituales, C’s y PNV, se abstenían. Su supresión implicaba convertir los bancos de agua, que la disposición adicional séptima prevé habilitar dentro de cada demarcación hidrográfica, en uno solo de ámbito estatal que, cambiándole el nombre por el de “Fondo Público del Agua”, pasaría a gestionar la compra-venta de derechos de riego en todo el país.

Las principales funciones de ese fondo público, que son las mismas que tendrán los que se pongan en marcha en cada cuenca, pero en este caso con el ámbito territorial delimitado, iban a ser “el control de las transacciones de derechos sobre agua de riego” y “la fijación pública de compensaciones”. Es decir, que ese órgano decidiría qué agua viaja de qué lugar a qué lugar y a qué precio. Todo, sobre el papel, con “fines de interés público”, con el objetivo de garantizar “una gestión y un control público transparente”, observando “la restricción temporal de las transferencias ceñida a ciclos de sequía” y “tomando en cuenta los impactos ambientales en juego”.

Ese fondo “abre la posibilidad a la mercantilización de derechos concesionales de aguas entre diferentes cuencas”, explican fuentes de UP. Es decir, a la venta de agua entre los titulares de concesiones en una cuenca y quienes pretendan utilizarla en otra. De hecho, las palabras que el PP pretendía suprimir eran las que limitaban el territorio de los bancos a cada una de las demarcaciones, habitualmente coincidentes con las cuencas de los principales ríos como Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar o Segura, entre otros.

Esas operaciones de venta de derechos, como las realizadas en los últimos años a agricultores murcianos y albaceteños del Segura por los manchegos de los canales de Taibilla y de Extremera, a los que en ocasiones les sale más rentable vender el agua que invertirla en regar sus forrajes, requieren ahora una autorización ministerial. El Fondo Público del Agua simplificaría esos trámites, lo mismo que restará requisitos a los Centros de Intercambio de Derechos que ahora prevé el artículo 71 de la Ley de Aguas para situaciones de sequía dentro de las cuencas, y que obligan a realizar ofertas públicas tanto a la hora de comprar como de vender derechos para usar el agua. Cosas del elemento, que conserva su tendencia natural a la transparencia pese a los continuos intentos de enturbiar su gestión del último cuarto de siglo.

Trasvases, transferencias y transfusiones

El Gobierno confía en el debate político sobre el agua como una de las vías para voltear los pronósticos negativos de las encuestas. Está decidido a tirarse a la piscina de los trasvases, cuyo eufemismo de “transferencia hídrica” lleva camino de mutar en “transfusión sufraguista”. Al tiempo.

De momento no le están saliendo mal las maniobras. Está logrando el acercamiento de un PSOE federal que, ajeno a las suspicacias que su posición genera en algunas de sus principales baronías como Castilla-La Mancha y Aragón, pero consciente de su rentabilidad en otras como la Comunitat Valenciana o Andalucía, se abre a hablar de ese Pacto Nacional que lleva meses promoviendo la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. Mientras tanto, Ciudadanos, el principal rival demoscópico (y quizás en unos meses electoral) de los conservadores en varios de esos territorios, mantiene una posición más cercana que alejada  de esos planteamientos. 

Tejerina parece tener las cosas a favor en el terreno político para alcanzar “el acuerdo necesario para que vean la luz” los trasvases con “la máxima participación, diálogo y consenso”, algo que, según sus propias palabras a El Periódico de Catalunya, consiste, “efectivamente, [en] mayorías en el Congreso”. La carencia de una mayoría absoluta ha borrado del discurso conservador argumentos como los de su antecesor, Miguel Arias Cañete, que caricaturizó tanto el talante del aznarismo como sus planes trasvasistas con aquella histórica apelación a la testiculina: “Tenga usted la seguridad de que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros, estando yo, que esto salía por huevos”.

¿Y cuál es el objetivo de este plan de trasvases para el que el Gobierno lleva meses moviendo fichas? No se trata de garantizar el suministro de agua de boca, asegurado en la práctica totalidad del territorio estatal pese a la sequía. “Los abastecimientos a fecha de hoy parecen estar garantizados, en el caso de las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar”, aunque el recurso a las aguas subterráneas y la desalación ha disparado los costes en algunas zonas de Alicante, Murcia y Almería, señala el preámbulo de la nueva ley, que añade que la aplicación de restricciones “tratará de ser evitada haciendo efectivo el principio legal que prioriza el abastecimiento urbano sobre los usos productivos”.

El proceso de consultas desarrollado de manera vertiginosa el pasado otoño con los usuarios del agua y los agentes sociales y ambientales, cuyos representantes mantenían reuniones de apenas un par de horas con los responsables de planificación de las confederaciones hidrográficas sin intercambio previo de documentación, planteaba, entre “las cuestiones más importantes que se plantean” para ese Pacto Nacional del Agua, cuestiones como “¿faltan interconexiones en la cuenca para garantizar las demandas, para dar una mayor garantía?” y “¿se necesita agua de otra cuenca, por tanto, es necesaria una transferencia desde otra cuenca?”

Hay ocasiones en las que la respuesta parece anterior a la pregunta. Esta parece ser una de ellas visto que el escueto documento de trabajo de esas reuniones planteaba como cuestión principal “la atención a los déficit hídricos” en estos términos: “la ejecución de nuevas infraestructuras, la interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas puede ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua y la estructura socio-económica de algunos territorios”. Es decir, tubos y hormigón para paliar unos desequilibrios hídricos que se están viendo acentuados por la falta de planificación en sectores como el agrario y por las consecuencias del cambio climático. ¿Nostalgia del ‘Estado de Obras’ del desarrollismo? ¿Mero voluntarismo?

¿Qué recursos de dónde a dónde?

La realidad apunta en otra dirección. El último año hidrológico cayeron sobre la España peninsular 48.000 hectómetros cúbicos menos de lo habitual, una tendencia iniciada hace décadas que está teniendo su  reflejo en el caudal que circula por los ríos, hasta el punto de que el que llevó el Segura entre 1995 y 2005 fue un 38% inferior al del periodo 1940-1996 mientras el del Ebro caía un 21%. 

Todo apunta a que el cambio climático intensificará esa merma, que alcanza el 14% en el conjunto del Estado, al mismo tiempo que seguirán avanzando unos procesos de desertificación que ya afectan a más de una tercera parte del territorio. Aunque, paralelamente, los planes hidrológicos de las distintas cuencas prevén añadir a los 4,07 millones de hectáreas de regadío del país otras 687.686, con lo que la superficie habrá aumentado más de un 40% (desde los 3,35 millones de 1998) mientras el caudal de los ríos se reducía un 14%.

No parece sostenible cuando el campo ya es el destinatario de más de tres cuartas partes del recurso que suministran pantanos y canales: 15.127 hectómetros cúbicos (más unos 3.000 de pozos) por 4.613 urbanos y 818 para la industria en 2014. Y menos, cuando más de un tercio del agua que consumen esos cultivos  se sigue aplicando por gravedad en lugar de mediante sistemas localizados, de mucha menor demanda y mayor eficiencia. Estos últimos crecen, sí, pero el ahorro que generan es menor que el aumento de la demanda que provoca el incremento de la superficie de regadío, la cual, según las estimaciones de Ecologistas en Acción, crecerá en unos 3.000 hectómetros en la próxima década si esas previsiones se cumplen.

A este cuadro se le añaden otros datos, entre los que destacan que, según los mismos planes hidrológicos de cuenca en los que el Gobierno pretende basar su Pacto Nacional del Agua, las cuencas del sur, el este y el centro de la península son deficitarias o están a un paso de serlo: la demanda en las del Mediterráneo supera en 873 hectómetros cúbicos a los recursos y el descuadre alcanza los 450 en el Guadalquivir (donde se prevé un aumento de la demanda de 140), los 875 en el Ebro, que ya alimenta ocho trasvases con 138 cada año, y los 60, que serán 920 en quince años por efecto del calentamiento global, en el Duero, mientras el Tajo, cuyas aportaciones se han reducido un 26% en dos décadas para caer al entorno de los 8.200, va camino de los números rojos entre una previsión de descenso del 7% que reducirá los recursos a 7.600 en quince años y una demanda que va camino de 3.000 a la que hay que sumar el caudal ecológico, la servidumbre del trasvase al Segura y la obligación de aportar 2.700 a Portugal. 

Y si no hay, o no va a haber medio plazo, sobrantes de agua en ninguna de esas cuencas ¿de dónde a dónde pretende trasvasar qué recursos el Gobierno? La única forma de liberarlos es, como ya ha ocurrido en algunas zonas de la meseta, donde la diferencia entre precio de venta y rendimiento agrario ha llegado a ser de 100.000 euros por hectómetro, que a algunos concesionarios de agua para riego les salga más rentable venderla que utilizarla y otros puedan obtener beneficios de su compra.

“El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de actividades económicas: es irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos”, señalaba la Ley de Aguas que en 1985 sustituyó a la de 1879, que también indicaba que “el agua constituye un recurso unitario, que se renueva a través del ciclo hidrológico y que conserva, a efectos prácticos, una magnitud casi constante dentro de cada una de las cuencas hidrográficas del país”. Eran otros tiempos: los felices ochenta, antes de que el calentamiento global lo cambiara todo.