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José Manuel Durão Barroso dejó la presidencia de la Comisión Europea en julio de 2014. Año y medio después, fichó a bombo y platillo por Goldman Sachs como presidente no ejecutivo para Europa. Antes de tener relaciones con el banco, debía hacer una promesa a la CE: que nunca haría uso de los contactos y los privilegios que el cargo le había granjeado durante 10 años. Y así se lo prometió a Jean-Claude Juncker, su sucesor al frente de la CE: que jamás haría lobby por Goldman ante organismo alguno de la Comisión. Este pacto entre caballeros fue anunciado en octubre de 2016. El Comité de Ética de la CE dictaminó: “Barroso no ha mostrado el juicio considerado que se podría esperar de alguien que ha ocupado durante tantos años un cargo tan alto” al fichar por uno de los grupos financieros responsables de la última crisis mundial. ¿Conclusión? A Barroso se le mantuvo la reputación, la imagen y la pensión vitalicia de 7.500 euros al mes, después de que se acogiera a la jubilación anticipada. 

Justo un año después de esa promesa, Durão Barroso se reunía, el pasado octubre de 2017, en el hotel NH Silken Berlaymont de Bruselas, con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del área de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen. Después de que Katainen registrara el encuentro en la lista pública que cada comisario debe mantener actualizada, la ONG Corporate Europe Observatory (CEO) envió una petición al vicepresidente para que explicara la naturaleza y el motivo de la reunión. En su respuesta por carta, datada el 31 de enero, Katainen confirmó que la cita que se había realizado a petición de Barroso. 

“Jean-Claude Juncker dijo que (Durão) Barroso había perdido su derecho de entrada en la Comisión con alfombra roja, y que en adelante sería tratado como un lobista”, relata a CTXT Margarida Silva, la investigadora del CEO que recibió la confirmación por carta de Katainen. “La verdad es que, si Barroso consigue simplemente coger el teléfono y hablar o recibir información de un excolega, eso es hacer lobby, pero se convertiría en un lobista con acceso privilegiado”. 

El día que Barroso entró en Goldman Sachs como presidente no ejecutivo y consultor, muchas voces criticaron la decisión. Goldman no es sólo uno de los grupos de presión más influyentes a nivel internacional, con intereses supranacionales en EE.UU., en el ecosistema financiero del Reino Unido y, por supuesto, en el de la UE. También fue uno de los cinco bancos de inversión, junto a Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merril Lynch y Bear Sterns, responsables de la crisis que llevó a decenas de millones de personas a la ruina, al desempleo y la pobreza extrema. La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, criticó duramente el movimiento hacia la banca privada de Barroso, y más aún cuando el propio excomisario reconoció que haría de asesor para el Reino Unido durante el Brexit. 

Ahora, Durão Barroso se defiende de las críticas por su reunión con Katainen aduciendo que no fue una reunión para hacer presión, sino un encuentro con un excolega para discutir cuestiones políticas y “beber una cerveza”. Pero, como recuerda Margarida Silva, fue el propio Juncker quien decidió que Barroso sería tratado como lobista, y no como excomisario. Un lobista más, uno entre tantos, pero no igual el resto. “Estimamos que en Bruselas trabajan como lobistas entre 35.000 y 39.000 personas”, explica Silva. “El lobbying es legal, pero cuando se tiene un acceso privilegiado o hay excesiva proximidad entre los intereses públicos y privados se crean las condiciones para una mayor corrupción”.   

Puertas giratorias

Cuando los asesores de Barroso salieron a defender su reunión con Jyrkin Katainen, usaron la clásica y eficaz táctica del ‘todo está podrido, ergo yo no lo estoy tanto’: “António Vitorino hizo lobby para el Santander ante comisarios europeos y nadie se quejó. ¿Por qué?”, alegaron al diario luso Observadorfuentes próximas a Durão Barroso. Se referían al ex juez del Tribunal Constitucional portugués, ex ministro de Defensa y de Presidencia, ex comisario europeo y actual administrador del Banco Santander Totta (la marca portuguesa del Santander). Vitorino es además el actual candidato del gobierno portugués a la presidencia de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU.

Según Margarida Silva, “cada par de años encontramos uno de estos escándalos” de posible corrupción. “Durante la etapa de Barroso hubo un escándalo gigantesco que envolvió al (por entonces) comisario de Sanidad (John Dalli) y a lobistas de la industria del tabaco. El comisario fue despedido (obligado a renunciar), porque fue acusado de recibir sobornos de la industria tabaquera”. Sin embargo, a pesar de la renuncia de Dalli, éste no dejó de cobrar 9.000€ al mes durante los 3 siguientes años, además de mantener su futura pensión vitalicia de 2.300€ al mes.

Al menos 6 de los 13 comisarios que trabajaron para Barroso en su primer equipo saltaron directamente de la CE a empresas privadas

Al menos 6 de los 13 comisarios que trabajaron para Barroso en su primer equipo saltaron directamente de la CE a empresas privadas, denuncia un informe de CEO. En su último equipo, antes de salir en 2014, lo hicieron 9 de los 26 comisarios a su cargo. Si usar la política a nivel nacional para enriquecerse siempre ha salido rentable, usar las instituciones de la UE como peana para alcanzar la excelencia en el sector privado abre las puertas de un mercado mucho más suculento. “Según los Tratados Europeos, el Artículo 245 obliga a los ex comisarios a actuar de forma que garanticen la integridad y discreción de las instituciones, sobre todo cuando aceptan nuevos cargos. Esta obligación es vitalicia”, asegura Silva. 

CEO ha investigado al equipo de comisarios del segundo mandato de Barroso (2009-2014), y el informe concluye que “la regulación de las puertas giratorias continúa siendo inadecuada y se implementa a duras penas. Los estrechos vínculos entre la administración de la UE y las empresas que debería regular dejan la puerta abierta de par en par al reclutamiento corporativo y a potenciales conflictos de intereses”. 

En realidad, la UE tiene más capacidad de actuación de la que utiliza. Según Margarida Silva, “si la CE decide que tener un puesto en Goldman Sachs, y sobre todo un cargo que incluye actividades de representación, viola sus normas, puede llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Justicia, y Barroso podría perder el derecho a recibir pagos de la UE”. 

Algo similar ocurrió ya con el ex comisario de Industria, Martin Bangemann, cuando anunció que había aceptado un puesto en Telefónica. La UE le inició un proceso ante el Tribunal Europeo, pero acabó retirando la denuncia cuando Telefónica declaró que retrasaría la incorporación de Bangemann 9 meses. Finalmente, Bargemann fue contratado por la empresa española con un sueldo estratosférico: unos 600.000€ anuales. De momento, en el caso de Barroso, las cosas van despacio. Se ha abierto un proceso liderado por el responsable de Justicia de la UE, cuyas conclusiones se conocerán “en las próximas semanas”. Y los partidos de izquierda han pedido que el ejecutivo de Goldman Sachs comparezca ante el Parlamento Europeo.