Este martes se ha conocido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que quemar fotos de los reyes es un legítimo acto de "crítica política" y condena a España a reintegrar los 2.700 euros de multa que impuso a dos jóvenes y a indemnizarles con 14.000 euros. Otra condena más, no es la primera y puede venir una ristra de ellas si es que empiezan a llegar al tribunal los casos de raperos y tuiteros condenados últimamente. El texto de la sentencia recuerda a España que la libertad de expresión no solo es para la información o las ideas inofensivas sino también, y especialmente, para aquellas que puedan generar escándalo, "conmoción" o "preocupación". Ya lo hemos advertido muchas, la libertad de expresión solo es tal, en realidad y aunque esta no sea su definición canónica, si ofende o molesta  a alguien; si no, es sentido común y no necesita defensa. 

En todo caso, esta sentencia se ha conocido en plena semana de dolor y furia por el asesinato de Gabriel. Dolor por el crimen, dolor compartido con los padres. Furia por haber tenido que ser partícipes (era imposible escapar) de un espectáculo del que nos creíamos vacunados por la experiencia del tratamiento mediático del crimen de Alcàsser. ¡Qué inocencia! Una democracia nunca está a salvo mientras existan partidos o políticos irresponsables dedicados a hacer bandera de las peores pulsiones, a excitarlas, a ayudarlas a crecer, a expandirlas, a propagarlas, y no a combatirlas, como sería la obligación de cualquier demócrata. Políticos profundamente inmorales que son capaces de clamar por un aumento de penas en la misma capilla ardiente del niño asesinado. Sólo la altura moral de los padres de la víctima nos ha supuesto un lenitivo a la náusea, y esa altura moral ha servido, además, para desenmascarar a aquellos que más que compartir el dolor de una familia se han lanzado a utilizarlo en beneficio de unas supuestas ganancias electorales.  

Estos días, en los que hemos visto al PP y a Cs abdicar de su trabajo de garantes y defensores de principios democráticos básicos, como la defensa a ultranza de la libertad de expresión, y sumirse en una siniestra competición por ver quién es más duro contra los criminales (y de paso contra quienes no lo son) es el momento de recordar el papel del PSOE en esta historia; un PSOE que ahora trata de pasar más o menos desapercibido, pero que se apresuró a firmar un pacto antiyihadista que irónicamente se presentó “en defensa de las libertades” y que no ha servido nada más que para recortarlas. Es el momento de recordar que desde que hace tres años se firmó este pacto la lucha contra el terrorismo no se ha visto impulsada especialmente y que el atentado de Barcelona no se pudo prever,  como la Prisión Permanente Revisable no ha podido evitar el asesinato de Gabriel ni evitará ningún otro crimen. Recordemos que en tiempos de malestar popular y de exigencias redistributivas la respuesta es siempre el populismo punitivo. Y en ese sentido, recordemos que para lo que sí ha servido el pacto es para que personas corrientes acaben condenadas por tuitear mensajes ofensivos, por hacer bromas de mal gusto o por hacer música u obras de arte que también ofendían a alguien, sobre todo al poder, claro está. 

El pacto ha introducido delitos en el Código Penal que sólo sirven para restringir las libertades, pero también para instaurar un clima de represión generalizada y de miedo en el que la calidad de nuestra democracia ha salido muy debilitada. El Pacto castiga conductas sin ninguna vinculación con el terrorismo y conductas que están amparadas en la libertad ideológica, de pensamiento y expresión; ha servido para perseguir la disidencia política y ha instaurado una especie de estado de emergencia permanente. El PSOE no solo firmó dicho pacto sino que ahora, después de la condena a España por parte del Tribunal Europeo, acaba de votar en contra de que desaparezca el delito de injurias a la corona. ¿De verdad apoyan el argumento que ha utilizado Rafael Hernando de que “la ofensa de forma deliberada a los sentimientos de la gente tiene que tener algún tipo de penalización"?  ¿De verdad, sostiene el PSOE que ofender los sentimientos de la gente (así, en general) debe ser un delito? Y el Partido Popular, que no ha tenido bastante con las condenas europeas, pretende por su parte –con la inestimable ayuda de Cs–, seguir desmontando la democracia y las libertades con una propuesta parlamentaria debatida este mismo 13 de marzo en la que propone perseguir las fake news. Una propuesta delirante esta al parecer surgida de una de las principales productoras de mentiras de este gobierno, una fake new ella misma: María Dolores de Cospedal, presenta una propuesta parlamentaria para “garantizar la veracidad de informaciones”, es decir, para controlar la información. ¿Podemos imaginar algo más pavoroso que el partido que ha dado lugar a tramas y tramas de mentiras políticas (y judiciales) pretenda erigirse en garante de la veracidad de algo? 

Aumentar las penas no previene de ningún crimen, los países con penas mayores no son más seguros. La calidad democrática de un país se mide por la manera en que respeta los derechos de sus peores elementos, abdicar de esos valores nos convierte en una pseudodemocracia. Ofender a alguien con una opinión, una canción, una obra de arte no puede ser un delito. Los Ministerios de la Verdad sólo existen en las dictaduras. Esto es lo que tendrían que enseñar en la  escuela, pero el PP prefiere que el alumnado aprenda la letra del pasodoble La Banderita; es natural. Más penas, más cárceles y más pasodobles castizos. Estamos en un momento en que toca defender lo básico, las libertades y todo lo demás porque la restricción en las primeras tiene mucho que ver con nuestras exigencias de justicia social. Así que, por lo pronto,  el día 17 todas y todos a la calle en la defensa de las pensiones, de las de ahora y de las futuras. 

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Beatriz Gimeno es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid.