Este país se está llenando de peligrosos antisistema. El armazón constitucional de la democracia se contempla cada vez más como una armadura anacrónica que entorpece la acción de las mayorías, ya sea para construir una nueva república, ya para recentralizar la monarquía; para dar instrumentos a la policía sin las trabas de jueces y políticos que se pierden en sus laberintos, o para arreglar en dos tardes, con mano más dura, el problema de la delincuencia, que es que aquí con tanta Constitución lo permitimos todo y nos quedamos indefensos; para acabar (también en dos tardes) con la corrupción de los políticos y la impostura de los partidos, o para reducir los parlamentos a la mínima expresión, a fin de ahorrar gastos. No, los antisistema no son sólo los movimientos neonazis, neofascistas o radicales anticapitalistas: estos tienen sus espacios pequeñitos y apenas contaminan, porque son menos que los testigos de Jehová. Hay muchos otros que no lo saben, porque se consideran “demócratas” y van bien aseados.

¿Es posible que los rasgos del sistema constitucional estén perdiendo el carácter hegemónico sin el que no podría pervivir? Naturalmente, y lo aclaro enseguida, no me estoy refiriendo a la Constitución del 78, sino al 'constitucionalismo', que es la verdadera seña de identidad de nuestro sistema. No me estoy refiriendo a un régimen, sino a un sistema. Y lo que me pregunto es si no hay más forofismo por el régimen que adhesión al sistema en capas de la opinión pública cada vez más importantes. 

En España casi todo el mundo se dice demócrata, pero uno puede creerse demócrata y ser antisistema sin saberlo, porque lo verdaderamente antisistema es desconstitucionalizar la democracia. Es decir, priorizar la regla de la mayoría (la mayoría del “nosotros”) frente a determinadas limitaciones al poder que demarcan ámbitos de protección intocables, “cueste lo que cueste”. O estar dispuestos a que los derechos y las libertades "de los otros" puedan debilitarse para defender... ¡el régimen!. 

Disculpen el párrafo que sigue, pero de vez en cuando hay que recordar en voz alta que la mejor Europa se constituyó a raíz de la tragedia de las guerras y los totalitarismos nazi, fascista y estalinista. De aquellos horrores brotó la fuerza para conjurarse en pactos nacionales y supranacionales con un “nunca más” como bandera. Hagamos un repaso de las cláusulas más vehementes de aquellos pactos de posguerra. La separación real de poderes para evitar el poder excesivo del ejecutivo y su policía; la representación parlamentaria para evitar la autocracia y dar cauce a los conflictos sociales en marcos racionales y transparentes de debate y decisión; la cultura de los derechos fundamentales (es decir, no contingentes ni subordinados) para asentar el orden jurídico y la paz social en la dignidad de cada individuo, incluido el menos parecido a uno mismo; el pluralismo militante y la libertad de prensa para ahuyentar el pensamiento único y la represión de la disidencia;  los límites de la represión y del derecho penal (la presunción de inocencia, la proporcionalidad de las penas, la prohibición de la tortura y de la pena de muerte, el derecho de defensa, la desaparición de la venganza como justificación, la inviolabilidad del domicilio, el desiderátum de la reinserción social de los delincuentes) para que el miedo a la delincuencia no sirva de coartada para la construcción de un Estado policial al servicio del Ejecutivo; el principio de legalidad, es decir, el “gobierno de las leyes” para desterrar la arbitrariedad, la demagogia y la dictadura de las mayorías coyunturales; las políticas sociales (jubilación, salud, educación) como cláusulas de garantía contra la exclusión social; la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de expresión, la intimidad, el secreto de comunicaciones y el acceso a la propiedad privada como blindaje de la condición humana; el sistema de mercado como método eficiente de abastecimiento; los derechos de asociación, reunión y manifestación como instrumentos de vertebración y participación social; la autonomía política de regiones y países geográfica y culturalmente diferenciados. Todo eso es el constitucionalismo, y ese es el sistema europeo al que España, con algo de retraso, se incorporó decididamente a finales de los setenta después de cuatro décadas de excepción autocrática en un tardío "nunca más" que nos hizo mejores. Por cierto, oportuno es recordar hoy que también forma parte del sistema el Convenio de Europa, fruto de la lúcida convicción compartida de que la garantía última de lo más importante (los derechos humanos) debería residenciarse en una instancia lejana a cada Estado en los asuntos en los que éste esté implicado, creando así un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está por encima de jurisdicciones nacionales, gobiernos y parlamentos. También, claro está, de los españoles, no sólo de los húngaros. ¡Bravo!

Pero ahora hemos perdido el miedo a la guerra y el miedo al poder autoritario, y tenemos otros miedos. Ahora la gente le tiene miedo al delincuente, miedo a la invasión musulmana o inmigrante con pérdida de nuestra identidad cultural, miedo al atentado terrorista, miedo a perder el puesto de trabajo precarizado y la propiedad del piso. A nadie se nos puede reprochar nada por nuestros miedos, pero es bueno saber que si los grandes miedos forjan la valentía y el compromiso moral, los miedos pequeños generan pactos mezquinos alrededor del concepto de “seguridad nacional”, que gana más y más aprecio frente a la valentía de los derechos y las libertades. Los miedos pequeños, amplificados por altavoces mediáticos nauseabundos, por la demagogia electoralista y acaso por conveniencias de quienes más que miedo tienen intereses, se instalan en el territorio que han ido poco a poco dejando los desprestigiados valores públicos de solidaridad (no emotiva, sino real) con los últimos, de compasión con los más desafortunados, de tolerancia con los distintos, y se enrocan en un “nosotros” cada vez más pequeñito y confortable. De pronto, a esos valores se les etiqueta de “buenismo” (acaso porque dejaron de ser útiles y se convirtieron en monserga simplona, incapaz de encontrar instrumentos para tocar los metales de la realidad), y esa maldita palabra, el buenismo, otorga licencia para liberarse del discurso moral y ético.

Y ahí lo tienen. La pena de muerte se fuga del desván en el que la teníamos encerrada, y ya se reclama un referéndum (que nos sacaría de Europa, con la única compañía de Bielorrusia). Cualquier límite a la policía o al derecho penal se percibe como un “tiquismiquis” complaciente con el crimen. Las protestas acaban acorraladas en el discurso de los desórdenes públicos: cállese o rellene una instancia, porque en la calle siempre puede saltar la chispa de la violencia. Emerge, ¡desde la política! (¿se acuerdan de Berlusconi?) un discurso antipolítica que reduce el pluralismo a un nosotros contra ellos, es decir, a un patriotismo vindicativo que tiene más banderas que derechos. Una tertuliana dice que el TEDH –Tribunal Europeo de Derechos Humanos– es un engendro socialista, y sus seguidores claman contra Zapatero por haberlo creado. Los parlamentos no nos representan, los diputados son unos privilegiados 'que no sirven para nada', la ley es un estorbo para la eficacia, y la ciudadanía ya no es tanto la dignidad personal de los derechos que se ejercen, como la caja de resonancia de una información tóxica que nos llega por televisiones y periodistas verticalizados de arriba abajo a su pesar. Y en un contexto así, si los partidos políticos han dejado de creer en sí mismos como instrumentos de articulación de pretensiones políticas y sólo necesitan de los ciudadanos su voto, fácil será que compitan por satisfacer más al televidente que al ciudadano: por ejemplo, peleándose por presentarse como los adalides de la prisión por tiempo indefinido como instrumento de restitución moral o, mucho peor aún, por desacreditar ante la opinión pública los más necesarios instrumentos de la política penitenciaria, como son el tercer grado y los permisos con control judicial, o para cuestionar la necesidad de que la policía tenga que pasar por el juzgado para pedir autorización y, por tanto, rendir cuentas: si son delincuentes (es decir, sin una unidad de policía así lo cree), ¿para qué habríamos de darles protección?

Los derechos con sus garantías no son un catecismo. Son un escudo pensado para los momentos peores. Vienen del pasado, y están para el futuro. Son una defensa frente a la prisa y los atajos populistas. Son un depósito de experiencia, una conquista civilizatoria. Pero no se defienden por sí mismos: necesitan ayuda intelectual y política para no ser percibidos como estorbos buenistas contra la eficacia de las soluciones rápidas. Tienen un coste, no salen gratis. Por eso necesitan un impulso ético. Empéñese todo el que pueda, porque es ya no sólo importante, sino también urgente. 

Quiero decir, aunque no interese a nadie, que en mi caso la adhesión al sistema del que hablo provino de la tradición cristiana, que suministraba fundamentos sólidos (culturales, filosóficos, morales y religiosos) para situar como piedra angular la dignidad del último individuo, es decir, del individuo más expuesto a la indignidad: el más pobre, el delincuente, el extranjero, el deforme, la prostituta, el leproso contagioso. Pero desde esa marca cristiana me fue facilísimo encontrarme con otras tradiciones: la liberal y la del socialismo democrático. Esa ha sido siempre mi "patria", y desde esa tradición compartida me siento hoy día un "conservador". Sí, un conservador frente a tendencias que percibo como involuciones sin memoria. Me siento un conservador porque creo que lo más importante que deberíamos hacer sería reivindicar la memoria frente a los voraces vendedores de todo, frente a los malversadores de ese noble patrimonio a cambio de audiencias y votos, y quizás porque soy pesimista y veo en los defectos de ayer más virtud que en las promesas de mañana. 

Antisistema no son sólo los movimientos radicales alternativos que quieren destruir el Estado, sino también aquellos que pugnan por un Estado libre de límites constitucionales. Lo fueron, claro que sí, las autoridades catalanas que diseñaron una ruptura desde las instituciones (¿qué les habría dicho Kelsen?), pero también lo son quienes para defender al régimen, para preservar la seguridad o para defenderse de los delitos, quieren basar el Estado en algo distinto del constitucionalismo: la eficacia, la identidad nacional, la seguridad, la prosperidad de la clase media hacia arriba. Pero si muchos ciudadanos están dejando de ver en los derechos un patrimonio personal, lejos de reprochárselo sin más habrá que pensar en quiénes son los culpables. Algo se estará haciendo mal otra vez. Y algunos deben estar recogiendo los frutos. No los imagino entre los radicales, tampoco en las turbas que claman con rabia contra la asesina de un niño: los imagino más bien en despachos inaccesibles al público. Y por eso soy pesimista.