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Entre 2013 y 2016, empresas norteamericanas y canadienses, asociadas en el grupo de presión Shale Gas España y en clara colaboración con el ya exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consiguieron sacar de la agenda política a las energías renovables y desviar los esfuerzos del Estado hacia los hidrocarburos. Con una serie de cambios legislativos a nivel nacional (ley de Hidrocarburos), el Partido Popular abrió las puertas a la extracción de unos 700.000 millones de euros en forma de gas natural que, aseguraban, yacen en el subsuelo español, para lo que haría falta tirar del polémico método del fracking (extracción de gas a grandes profundidades introduciendo agua y productos químicos a presión para fracturar la roca).

Ese año de 2016, sin embargo, las diferentes trabas administrativas a nivel autonómico y el abaratamiento global de los precios del crudo y el gas acabaron forzando a las empresas interesadas en el subsuelo español a abandonar toda esperanza de extracción. Las prospecciones por fracking se paralizaron, las exploraciones de nuevos yacimientos se hicieron imposibles y, al final, como siempre, la factura de estos fracasos empresariales muchas veces la pagó el Estado. Ahí tenemos el fiasco del almacén de gas Castor, que ha significado unas pérdidas para el Estado en compensaciones a la empresa ACS por valor de 2.419 millones de euros, y que repercutirá directamente en la factura de los consumidores.

Ahora, a pesar de las promesas en sentido contrario por parte del Gobierno portugués, también el país vecino se está dejando seducir por el gas. El Gobierno de António Costa acaba de extender el plazo de las concesiones que tiene el consorcio ENI/GALP para perforar en la costa del Algarve, decisión que ha conseguido el admirable reto de poner de acuerdo a gobiernos regionales y locales de todo el centro-sur del país, independientemente del color político, a empresarios, ambientalistas y hoteleros que se oponen a las exploraciones en esta turística zona del país.

Esta extensión de los plazos de exploración no ha llegado sola. Climáximo, asociación de activistas contra las alteraciones climáticas, acaba de sacar a la luz, el 17 de marzo, que la empresa responsable de las próximas perforaciones en las costas portuguesas, Saipem Portugal, filial del consorcio ENI/Galp, se ahorró entre 2010 y 2016 unos 200 millones de euros en impuestos. Esto se debe a que la filial, que posee el navío perforador que buscará hidrocarburos a partir de septiembre, tiene su sede en la zona franca de Madeira, considerada un paraíso fiscal dentro de Portugal. De hecho, en los años 2014 y 2015 fue la empresa portuguesa que más ahorró en IRPC (Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas, o Impuesto de Sociedades).

Estas ayudas y apoyos estatales a empresas del sector se encuadran en que los datos de Portugal sobre dependencia energética, a pesar de haber mejorado ligeramente en los últimos años, no son nada halagüeños. Según el último informe publicado por la Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), de diciembre de 2017, las necesidades energéticas del país dependen en un 74,8% del exterior, y el consumo de combustibles fósiles subió un 9,3% con respecto al mismo mes del año anterior, con el gas natural como abanderado, con una subida del 23,3%.

No es sólo que Portugal dependa del exterior para mantener sus necesidades energéticas. A esto hay que sumarle que, por ejemplo, este último año Rusia se ha alzado como el mayor proveedor de crudo para Portugal (sólo Rusia supera las importaciones portuguesas del resto de países de la OPEP), con todo lo que esto implica en términos de inestabilidad. Ya veníamos de una situación precaria al depender de países por completo fuera de la esfera de influencia no sólo de la propia Portugal, sino incluso de la Unión Europea, como lo era Angola, el mayor socio de Portugal en la OPEP antes de ser superado por Rusia. Ahora, la actual dependencia con Rusia, con el mundo en una espiral de violencia verbal, al borde de una guerra comercial (en palabras del ministro de Economía alemán, Peter Altmaier) y la obligación de cada país de escoger bando, deja al país luso en un estado de inconsistencia nada apetecible ni recomendable.

Sin embargo, según relata a CTXT João Camargo, investigador de alteraciones climáticas y activista en Climáximo, “Portugal en este momento no es muy dependiente del gas como recurso energético. Sí estamos apostando por el gas, pero no tanto por producir a nivel nacional, sino por importarlo a partir del puerto de Sines (a 150 kilómetros al sur de Lisboa), que intenta competir con otros puertos a nivel europeo para convertirse en uno de los receptores principales de gas proveniente, principalmente de Estados Unidos. Pero Sines tiene una desventaja obvia: los Pirineos, la falta de gaseoductos desde Sines hasta los Pirineos y más allá”. Y Camargo vaticina: “Estamos ante un futuro bail out (rescate financiero). Ya rescatamos a los bancos y ahora vamos a rescatar a las petroleras”.

Las exploraciones y prospecciones en Portugal deben entenderse en este contexto energético, en el que la producción nacional es simbólica, apoyada casi exclusivamente en la electricidad generada por las presas fluviales, y la factura que paga el ciudadano es la más alta de Europa en relación al nivel de renta medio. En este contexto de carencia nacional y dependencia externa el gas, el petróleo o, en menor medida, el carbón aparecen como única solución al interminable proceso de transición hacia las renovables del que tanto se habla y tan poco se siente.

Ahora mismo, según João Camargo, en trabajos de prospección en la alta mar portuguesa “están la italiana ENI, la portuguesa Galp, que a su vez está participada por ENI, y Saipem, que es también una concesionaria de ENI. Y también existe una concesión en tierra de Australis Oil & Gas”. Estas empresas se encuentran en la Costa de Algarve, formando tres zonas de prospección llamadas, sugerentemente, Lavagante, Santola y Gamba (Bogavante, Centolla y Gamba), concedidas al consorcio ENI/Galp, y en los municipios de Batalha y de Pombal, a unos 120 y 170 kilómetros al norte de la capital, respectivamente. 

Son los contratos de exploración del subsuelo que el Gobierno portugués acaba de extender por ocho años, prorrogables dos más, y que están teniendo una fuerte contestación social. “En los contratos (firmados con el Estado), no hay nada que excluya ningún tipo de técnicas de prospección, como la fracturación hidráulica, o si será una explotación convencional o no. Aunque la definición de convencional o no convencional es un poco extraña”, prosigue Camargo, ya que “perforaciones de 1.500 metros no pueden ser convencionales, a pesar de que la técnica sea común. Así, se suman los riesgos de la fracturación y la profundidad”. Si todo marcha como se espera, en septiembre de 2018 la concesionaria Saipem realizará la primera perforación en busca de petróleo de la costa portuguesa.

La situación de España y Portugal en términos energéticos es similar, aunque la es que en España sí existen yacimientos de gas y, casi inapreciables, campos petrolíferos. En concreto, el yacimiento de gas de Viura, La Rioja, liderado por Unión Fenosa Gas Exploración y Producción, filial del grupo Unión Fenosa Gas, que detenta el 58,8% de la explotación junto a Sociedad de Hicrocarburos de Euskadi y Oil Gas Skills; el del Golfo de Cádiz, donde Repsol lidera el yacimiento offshore Poseidón Norte; y liderados por Gas Natural (y su filial Petroleum Oil & Gas), los de El Romeral, en Sevilla, y Marismas, en Doñana.

La producción anual de gas natural de todos los yacimientos representa el 0,19% del consumo anual en España. El resto tuvo que ser importado, sobre todo, de Argelia (57%), Noruega (11%) y Qatar (8%), según datos de la Secretaría de Estado de Energía.

En cuanto a los campos petrolíferos, España cuenta con el de Ayoluengo, Burgos, al que el Gobierno denegó la prórroga de explotación en 2017; los de Boquerón, Casablanca y Rodaballo, frente a las costas de Tarragona, y el de Montanazo-Lubina, también en Viura, propiedad de Repsol. A pesar de éstos y de los yacimientos de gas, España importa el 95% de hidrocarburos del exterior, lo que supone un gasto de 100 millones de euros al día, 36.500 millones al año.

Existe, por último, según señala la web de la Secretaría de Estado de Energía, un proyecto abierto en el que “interviene o se plantea la técnica de fracturación hidráulica (fracking) de alto volumen en España”, aunque se encuentra pendiente de “presentación de Estudio de Impacto Medioambiental”. Se trata del Proyecto Sestero-1, en el municipio de Valderredible, en Cantabria, y cuyos trabajos de sondeo están operados por Petroleum Oil & Gas España, S.A., filial del grupo Gas Natural Fenosa.

Aun así, el último proyecto de Estrategia de Seguridad Energética Nacional en España, aprobado en el Consejo de Seguridad Nacional de 20 de julio de 2015, presidido por el rey Felipe y compuesto por Mariano Rajoy y otros ministros, entre ellos José Manuel Soria, abogaba por “impulsar la investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos y diseño de planes de viabilidad para la extracción de estos recursos en el territorio en condiciones medioambientales apropiadas”. Por supuesto el texto también defendía el uso de las renovables para otorgar más autonomía energética a España, pero tan sólo tres meses después el Gobierno aprobaba el ya conocido como “impuesto al sol”.

Tanto en España como en Portugal, nada hace prever un cambio en los paradigmas energéticos a corto plazo: cualquier cambio de dinámicas tendrá que pasar por la conveniencia de las empresas privadas del sector. Según João Camargo, en los contratos (entre el Gobierno portugués y las empresas energéticas) lo que aparece siempre es que el 100% de lo encontrado pertenece a la concesionaria, los royalties (pago al Estado de un porcentaje de la producción por el derecho de explotación en su territorio) son muy bajos (entre un 2% y un 10%, según datos cruzados entre varias fuentes dentro del sector), y el arrendamiento pagado por el área usada para la explotación también es muy bajo”.

Tanto Galp como ENI fueron contactadas repetidas veces para este artículo, sin respuesta hasta la fecha de publicación.