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El 4 de febrero de 1888 una manifestación pacífica de doce mil personas que, al grito de “Abajo los humos”, se había concentrado en la plaza del ayuntamiento  de Río Tinto convocada por la Liga Contra las Calcinaciones, terminó en tragedia. Una descarga de fusilería del ejército causó la muerte, oficialmente, a trece personas, aunque la cifra real de víctimas mortales superó las doscientas. Es la mayor masacre de población civil de la Europa moderna en periodo de paz. Eran mujeres, hombres, niños, ancianos, campesinos, mineros, vecinos, acompañados por una banda de música. Procedían de todos los rincones de la cuenca minera onubense, que varios articulistas llamaban “el país de los Humos”. Estaban articulados en la Liga contra las Calcinaciones y en las incipientes organizaciones sindicales. Exigían mejoras en el trabajo y, simultáneamente, el fin de la lluvia ácida (anhídrido sulfúrico), provocada por la calcinación al aire libre de piritas a una escala sin precedentes. El cobre así obtenido nutría la demanda mundial de la industria en expansión. 

Fue el episodio clave de un proceso que se había ido fraguando a lo largo de los años, con el paulatino surgimiento de organizaciones antihumistas en toda la cuenca minera, paralelo a la maduración de las organizaciones obreras, anarquistas en su mayor parte. El potencial impugnador de las protestas contra los humos y contra las durísimas condiciones de trabajo en las minas de la Rio Tinto Company se había multiplicado en los meses previos, debido a la alianza de sectores sindicales y de la Liga antihumista. Gracias a la labor de investigadores como el profesor Juan Diego Pérez, Dolores Ferrero, Gerard Chastagnaret y otros sabemos que en esta alianza de obreros, campesinos, ganaderos, algunos grandes propietarios y vecinos, desempeñó un papel importante Maximiliano Torner, un represaliado cubano que había llegado a Riotinto años antes y se declaraba lector de Kropotkin. La gravedad de los hechos provocó un intenso debate en el Parlamento español y gran eco mediático en la prensa nacional e internacional. Fue la primera campaña mediática sobre contaminación en España, y una de las primeras del mundo. Y sin embargo, no se derivaron responsabilidades judiciales ni políticas. Los crímenes quedaron impunes y fueron cayendo en el olvido.

Lo que llama sobre todo la atención de los investigadores es su enorme actualidad. La actualidad de un hecho del pasado no se determina cronológicamente, sino porque sus contenidos, sus anhelos, sus formas, tengan vigencia hoy. Y esto es lo que ocurre con el Año de los Tiros. Hemos señalado antes que la protesta fue resultado de la alianza de distintos sectores socioeconómicos, y de vecinas y vecinos alarmados por el deterioro de su salud, de sus huertos, de sus animales. Es esta condición de base social amplia, anchamente popular e incluso interclasista la que explica que las peticiones de las doce mil personas que llegaron a concentrarse en Ríotinto aunaran lo que hoy llamamos justicia ambiental y  justicia social.  Esta síntesis constituye un ejemplo augural de un tipo de ética ecológica que Joan Martínez Alier ha llamado “ecologismo popular”.

Y sin embargo, aquel trágico acontecimiento se ha mantenido casi en el olvido por todo un siglo largo. A pesar de que determinó la completa supeditación del Andévalo y la ciudad de Huelva a las exigencias de la megaminería y la megaindustria del azufre y el cobre, que continúa. O quizá a ello se debe su largo olvido. El caso es que las organizaciones agrarias no han vuelto a cuestionar el dominio aplastante de la minería, ni las de los pescadores, ni las de diverso color ciudadano, o solo esporádica y minoritariamente. ¿Y qué decir de las potentes organizaciones sindicales mineras anteriores a la dictadura, capaces de sostener algunas de las más importantes huelgas de la lucha obrera en España en el siglo XX?: también dieron la espalda al Año de los Tiros.

La negación de las razones de los antihumistas de 1888, lograda con la sangre de mineros, campesinos y vecinos es un hecho histórico decisivo, pues dio vía libre al dominio casi incontestado de las multinacionales mineras en la cuenca, y de la gran industria asociada al azufre y al cobre que ha ido llegando después al enclave industrial onubense: fundición de cobre, fertilizantes, detergentes, tintes. Y por si este desmesurado paisaje minero y sulfuroso fuera poco, como penúltimo capítulo industrial, empresas del sector energético, como refinerías de petróleo, gas, etc.

Esta desmesura cuprosa y química ha podido legitimarse hasta hoy gracias a la hegemonía que en este siglo largo ha ostentado el llamado “sistema económico”, esa ideología que se nos vende como Ciencia Económica y que tan lúcidamente ha contribuido a desentrañar José Manuel Naredo. Si la megaminería vomita azufre y metales pesados a escala industrial, la Ciencia Económica vomita la “necesidad de puestos de trabajo”, el precipitado más nocivo para la libertad ciudadana. Es la cosmovisión productivista, que se extendió desde fines del XIX a derecha e izquierda del espectro político e hizo ciegos e insensibles a unos y otros a los atentados a la salud humana, al entorno y a la devastación irreversible del paisaje.

Dominio ideológico del crecentismo –productivismo– y por si ello fuera poco, tentáculos clientelares creados en la Restauración, reorganizados en el régimen dictatorial y continuados en lo esencial en el régimen del 78. Algunas voces críticas, a contracorriente, lo han denunciado en Huelva, como el sociólogo Luis de la Rasilla, en un artículo memorable que tituló Una bóveda de miedo y apatía medioambiental, de 1998, donde dice: “Una lamentable y gravísima situación de secuestro en democracia, perpetrado por la insaciable red de intereses que ha ido tejiendo, a la sombra del poder político, la poderosa industria química instalada desde los sesenta en el entorno de los lugares colombinos”. Como algunos sostienen, hay en Huelva y la cuenca minera una “contaminación social” que se asienta sobre la química con origen en el azufre y la hace más plomiza.

Por supuesto que Huelva y la cuenca minera no son una excepción sino, en todo caso, el epítome de la subordinación del conjunto de Andalucía a los intereses del lobby minero y químico transnacional. Las actuales autoridades andaluzas comparten entusiasmadas los planes de este lobby: el presidente de la patronal minera, AMINER, nombrado Comisario del Salón de la Minería Metálica celebrado en Sevilla en octubre de 2017, patrocinado por la Junta, ha declarado que el objetivo de la estrategia minera de Andalucía 2020 es “posicionar a Andalucía como punto de encuentro de las industrias mineras de todo el mundo” y nos anuncia con avidez indisimulada que las autoridades andaluzas han sacado a concurso “más de mil derechos mineros de exploración, aumentando las probabilidades de que haya más yacimientos en un futuro no tan lejano” (diario ABC, suplemento Andalucía, 17/10/2017). En este contexto, un periodista especializado en temas mineros ha hablado de “laboratorio” para referirse a Andalucía como un lugar de ensayo, pionero en el proceso de “remineralización” que experimenta actualmente la Europa periférica (Koven, 2012; Guimaraes-Pérez, 2016). ¡Qué lejos está Andalucía de una Andalucía por sí, los pueblos y la humanidad que soñó Blas Infante en el Ideal andaluz!

La Liga antihumista no se oponía a la minería sino al dominio total por los mineros, a la supeditación completa de una sociedad a sus exigencias sin límite. Defendían una minería a escala apropiada para hacerla compatible con otras actividades, como la agricultura o la ganadería. El cuestionamiento de los antihumistas de una “minería a toda costa” tiene hoy tanto sentido o más que entonces y nos reafirma en la radical actualidad de los sucesos del Año de los Tiros. Porque hoy como entonces la minería sigue siendo, como vio Lewis Mumford, una actividad de “cortar y correr” dejando una secuela de bosques y suelos devastados. ¿Cuánto dura una mina?, ¿quince, treinta años? Los residuos que nos deja duran una eternidad, como nos decían Antonio Ramos y Juan Romero, geólogo uno, maestro el otro y activistas los dos, mientras visitábamos las tres balsas mineras de Río Tinto, con un volumen setenta veces superior al que contenía la siniestrada balsa de Aznalcóllar.

Tenemos que seguir preguntándonos hoy ¿cuánta minería?, ¿con qué objeto?; ¿qué ocurrirá y dónde acabarán el azufre, el arsénico, el mercurio… que se extraerá del fondo de la tierra? Porque, gracias a intelectuales como los citados, sabemos que no siempre más es mejor. Y en lo referente a la minería, lo contrario se ajusta tal vez más a la verdad: mejor cuanto menos materiales telúricos haya que traer a la superficie. La demanda de justicia ambiental, correlativa de la justicia social, necesita ocasiones simbólicas que la reivindiquen, hitos que la fijen a nuestra memoria. El recuerdo del Año de los Tiros es una buena ocasión para ello.

Somos docentes e investigadores, en contacto con estudiantes que se asoman al mundo llenos de esa fuerza de la vida que es la curiosidad, que nos contagia y anima a pedirles, humildemente, que estudien la escala apropiada de las cosas, con la esperanza de que entiendan, como entendimos nosotros un día, que lo grande es feo y lo pequeño es hermoso.

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Félix Talego y Juan Diego Pérez son profesores de Antropología Social e Historia Económica.