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Recientemente una asociación ultracatólica ha denunciado a 20 clínicas privadas que realizan abortos en varias comunidades por algo tan baladí como “publicidad engañosa”. En realidad, es un ataque ideológico en toda regla. Por suerte, la denuncia solo se ha atendido en Madrid y ha dado lugar a algunas sanciones. Es sorprendente que esto haya sucedido al mando de la ahora expresidenta Cifuentes, que se declara favorable a este derecho y que ha intentado desvincularse tenazmente de la facción neocón que gobernó previamente bajo el mando de Esperanza Aguirre y de Ignacio González –de 2004 a 2015–. Parece que todavía tienen peajes por pagar.

Estos ataques a las clínicas privadas –ahora mismo se realizan en ellas el 90% de los abortos de la Comunidad– nos recuerdan los peores momentos de agitación neocón, cuando las mujeres y trabajadores se encontraban en las entradas de estas clínicas con grupos que les gritaban “asesinas”, blandían fetos de plástico y, a veces, cosas peores. Hoy están en horas bajas, sin embargo, las sanciones son un recordatorio de que tenemos que estar constantemente alerta porque el derecho al aborto siempre parece ser un derecho amenazado. Algunas autoras hablan de que este tema –junto con otras cuestiones como los derechos LGTBI– funciona en muchos países europeos –sobre todo del este– y en Latinoamérica como “pegamento simbólico” para la ultraderecha Una suerte de eje aglutinador de organizaciones dispares y que puede dotarlas de un objetivo común. Y es un tema en el que nos jugamos mucho.

En palabras de Beatriz Gimeno y Violeta Barrientos, “es necesario desenmascarar ese discurso: no es el derecho a la vida, ni mucho menos la suerte de los embriones o de los fetos lo que se discute, sino una manera entera de entender el mundo, y particularmente, la posición que deben ocupar en él las mujeres, y con ellas una determinada concepción de la(s) familia(s), de la sexualidad, de la reproducción, de la igualdad de género…” El aborto es, pues, el punto de apoyo de una lucha ideológica mucho más amplia donde la decisión que cada sociedad tome en este sentido afecta al estatus social de todas las mujeres, aborten o no, dicen Gimeno y Barrientos.

Ultras católicos y el espacio neocón

En Europa occidental parece que hemos consolidado un amplio sentido común que hace difícil revertir este derecho. Probablemente juegue a nuestro favor –además de la potencia de la marea feminista– la existencia de amplias capas de mujeres que no quieren perder autonomía y poder sobre sus cuerpos y sus vidas. El feminismo ha hecho un trabajo de décadas en un tema que ha sido un eje fundamental desde los años 60-70 como parte de la reclamación y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, los grupos y movimientos sociales ultraconservadores siguen acechando. Este mismo mes de abril sin ir más lejos se convocó en Madrid una marcha en su contra, por suerte, con escasa asistencia. Residuales pero activos –recordemos el autobús de Hazte Oír–, esos movimientos prosiguen a la espera de encontrar un magma favorable como el que se produjo al calor de las guerras culturales que protagonizaron los sectores ultra –en los que se apoyó el PP de Madrid– en la época de Zapatero. Sobre todo durante el periodo de elaboración de la nueva ley de plazos del 2010. Esta ley se vio como un avance, ya que no hacía falta acogerse a alguno de los supuestos bajo los que se podía abortar en la anterior ley del 1985, sino que da libertad a las mujeres en determinados plazos. Pero un enorme despliegue de medios, de la Conferencia Episcopal y de las bases de los principales movimientos católicos consiguieron movilizaciones masivas contra esta nueva ley en ese 2009.

Durante esa época, la Comunidad de Madrid de Aguirre destinaba el 72% de los fondos del programa Red de Madres a organizaciones antiabortistas o religiosas vinculadas a los sectores más integristas de la Iglesia. Hoy todavía el Gobierno central sigue considerando de “utilidad pública” –con las ventajas fiscales que lleva aparejadas–  a muchas de estas asociaciones y continúa financiándolas. No es fácil conocer la cifra  porque las cuentas son muy opacas.

Aunque ahora no estén en su mejor momento, estos movimientos sociales neocón tuvieron en su día una enorme influencia social gracias a su vinculación con sectores del PP. De hecho, sin la deuda del PP con ellos no se hubiese entendido que este partido se comprometiese en su programa electoral de 2011 a la derogación de la ley de Zapatero. Afortunadamente, los intentos de reforma en clave retrógrada que pusieron en marcha fracasaron y acabaron provocando la caída de Ruiz Gallardón –incluso una parte sus votantes estaban en contra. Este intento fallido nos hizo salir con fuerza a las calles, activó el feminismo más combativo después de una etapa en calma en la que los neocón nos ganaban la batalla de las grandes manifestaciones en algunos sitios. De hecho, es probable que las grandes marchas que conseguimos articular como respuesta hayan sido un espacio fundamental de socialización en la protesta para las más jóvenes, y que estén vinculadas subterráneamente con la actual potencia de la marea feminista.

El golpe contra un derecho que creíamos consolidado nos muestra también que esos sectores ultras, pese a no ser mayoritarios, tienen capacidad de marcar el debate público e incluso de cambiar leyes –como sucede con la ultraderecha en muchos países europeos–. Cuando salió la ley del PSOE a una parte del feminismo le pareció insuficiente. Sin embargo, tras el ataque del PP –y aunque la retirada de la reforma se percibió como un gran triunfo– en el camino perdimos el derecho de las menores a abortar libremente desde los 16 sin necesidad del consentimiento paterno –que sí estaba recogido en la ley de 2010–; lo único que el PP se atrevió a modificar. Todo un símbolo de cómo se pierden derechos a golpe de shock.

Otra vez pendientes del TC

Ganamos esa batalla –aunque retrocedimos algo–, sin embargo, desde 2010 pende sobre este derecho un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por Federico Trillo –conocido miembro del Opus Dei– y por Soraya Sáenz de Santamaría –hoy vicepresidenta. El recurso, en un lenguaje durísimo, pide la derogación de la ley por inconstitucional, acusa a las mujeres que abortan de “sacrificar” a los fetos, e incluso llega a hablar de prácticas eugenésicas por permitir aborto por malformación. Prueba de que este tema resulta extremadamente peligroso para el PP es que, pese a la influencia de este partido en el tribunal, la sentencia sigue en stand by.De producirse en sentido afirmativo, se anularía la actual ley para retrotraernos a la del 1985.

El responsable del recurso del PP en el Constitucional, Andrés Ollero, es un exdiputado de este mismo partido perteneciente al Opus Dei y conocido por sus posiciones antiabortistas. Mientras su presidente, Juan José González Rivas, católico confeso, contó con el aval de la Conferencia Episcopal y del cardenal Antonio María Rouco Varela para acceder al puesto que ocupa. Es decir, pese a que se han quedado sin excusas para emitir dictamen incluso personajes marcadamente ultras no se atreven. Quizás el PP piensa que ya tiene suficientes problemas para buscarse más. El 15M en este sentido operó de cortafuegos pero ¿y si algún día quieren reactivar este tema?

Un escenario de optimismo

Aunque los grupos ultraconservadores estén siempre amenazando nuestro derecho al aborto, la respuesta en defensa de la ley contra el ataque de Gallardón nos obliga a ser optimistas. Por su parte, la capacidad de movilización demostrada durante el 8M y tras la sentencia de La Manada nos indica que mientras dure la marea feminista es poco probable que perdamos derechos. Estaremos alerta. Mientras, y pese a que tenemos una de las leyes más avanzadas del mundo, se necesita voluntad política para su despliegue, y sobre todo, que no se le pongan trabas. Ahora mismo, la mayor es la falta de regulación de la objeción de conciencia, a la que se niega el PP, ya que supone un hándicap importante para poder abortar en la sanidad pública en muchas comunidades –casi el 90% de interrupciones del embarazo se realizan en la sanidad privada–. También hay mucha diferencia entre regiones, mientras que Cataluña realiza casi la mitad en la pública, en otras como Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha prácticamente la totalidad se hacen en centros privados. En ocasiones, como en Galicia, las mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros para abortar en otros lugares con los problemas que eso conlleva. Otras demandas del feminismo son recuperar la capacidad de decisión de las mujeres a partir de los 16 y la ampliación de ese derecho a todas las migrantes. Hay todavía mucho por hacer, no podemos confiarnos.