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El carbón ha muerto. El motor de combustión tiene los días contados. Podría no ser rentable operar centrales nucleares en funcionamiento. Las energías renovables son imparables.

Hace tan solo unos años, al leer cualquiera de estas frases, cualquiera podría pensar que estaba ante los deseos de alguien preocupado por el cambio climático y la crisis ecológica, pero con escaso rigor económico. Sin embargo, todas ellas provienen del corazón mismo del sector financiero y eso cambia las cosas.

La primera, la pronunció en una entrevista Jim Barry, director de inversiones e infraestructuras de Blackrock, el mayor gestor de fondos privados del mundo, donde alertaba que los planes para invertir más dinero en centrales de carbón eran como “negar la ley de la gravedad”, una temeridad financiera. La segunda, aparecía en un monográfico en la revista The Economist donde se anunciaba el declive de los coches convencionales ante la disrupción de los vehículos eléctricos. El semanario incluso cuestionaba el paradigma de compra de coches por particulares a medida que el uso compartido se vaya extendiendo de la mano de las nuevas aplicaciones digitales. La tercera, proviene de Lazard, un banco de inversiones especializado en energía, y cuyo último informe situaba el coste medio de las centrales nucleares en Estados Unidos en 148 dólares por megavatio-hora, muy superior al coste de la la eólica y la solar fotovoltaica en 45 y 50 dólares, respectivamente. La última frase es de un reportaje del Financial Times, donde se señalaba que la aceleración ocurrida en materia de inversión en renovables pondrá a la industria fósil ante un “dilema existencial”. Este diario también destacaba que en el futuro, cuando se escriba la historia de la transición energética, tendremos que agradecer a los países europeos que apoyaron las renovables en sus inicios, asumiendo unos riesgos de los que ahora nos beneficiamos todos.

Por necesidad o por virtud no pueden obviar que la rentabilidad de sus negocios no puede ser independiente de los limites ecológicos y sociales del planeta

Una parte importante del sector financiero ha llegado a la conclusión de que sus inversiones para ser rentables han de ser respetuosas con el medio ambiente y con las sociedades en las que operan, o no lo serán. Y para ello han de ir en la senda marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por el Acuerdo de París. Estos nuevos inversores saben que durante demasiado tiempo la maximización de los beneficios en el corto plazo ha primado sobre la sostenibilidad en el largo plazo y sobre la función social a la que se debe toda inversión, todo beneficio y todo salario, y son conscientes de que esta forma de funcionar no podrá continuar en el futuro. Por necesidad o por virtud no pueden obviar que la rentabilidad de sus negocios no puede ser independiente de los limites ecológicos y sociales del planeta.

La reciente carta enviada por Larry Fink, presidente de Blackrock, a los directores y directoras de las empresas de las que es accionista es una llamada de atención y un propósito de enmienda. Según Fink, las empresas “no solo deben ofrecer un rendimiento financiero, sino también mostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad” y cómo “responden a desafíos sociales más amplios”, porque de lo contrario podrían perder la “licencia social” para seguir operando. Fink advierte que los más ricos han cosechado “ingentes” beneficios tras la Gran Recesión mientras que el resto ha tenido que conformarse con unos salarios “estancados”. Asimismo, advierte de los riesgos que supone el aumento de la desigualdad y de la “polarización”, en clara referencia al aumento de los gobiernos populistas y autoritarios en todo el mundo.

Los nuevos inversores “verdes” no sólo anhelan las oportunidades que les brinda la transición hacia una economía libre de combustibles fósiles, también son más conscientes ahora de los riesgos financieros en los que incurrirán si sitúan su dinero en una dirección contraria al interés general y al interés de las futuras generaciones. Según la comunidad científica, el 35% de las reservas de petróleo, el 50% de las reservas de gas y un 90% de las reservas de carbón deberán quedarse bajo tierra para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Instituciones como el Banco Central de Inglaterra ya han alertado de los riesgos en los que puede incurrir el sector financiero y las empresas si no reconocen a tiempo las profundas implicaciones de este hecho. Algunos de los grandes fondos de inversión ya lo están haciendo, como el mayor fondo de pensiones sueco, AP7, que ha anunciado que retirará paulatinamente todas sus inversiones en activos asociados a los combustibles fósiles. Y también algunos de los mayores bancos del mundo, como el HSBC, que ha prometido recientemente que no financiará más centrales eléctricas de carbón. Los inversores que no reconozcan a tiempo los cambios tectónicos que se avecinan en el sector de la energía serán los que sufrirán las peores consecuencias.

Estos nuevos inversores “verdes” no son lógicamente activistas por el medio ambiente y los derechos sociales, pero tampoco sus acciones tienen que ser minusvaloradas o calificadas siempre como campañas de maquillaje o “greenwashing”. Conviene valorar en su medida, por ejemplo, la reciente iniciativa Climate Action 100+, que ha conseguido la adhesión de las principales empresas emisoras de gases de efecto invernadero de todo el mundo. Estas empresas han adquirido el compromiso de reducir las emisiones en sus instalaciones y dar una información transparente relativa a su exposición al cambio climático y al cumplimiento del Acuerdo de París, lo que incluye los riesgos de no poder utilizar todas las reservas fósiles incluidas en sus balances contables.

Entre los firmantes de esta iniciativa se encuentran ExxonMobil, conocida mundialmente por haber manipulado a la opinión pública en materia de cambio climático durante años. Esta iniciativa, sumada a las nuevas normas internacionales de transparencia financiera (TCFD) y a la presión ejercida por muchos pequeños accionistas ha logrado que a partir de ahora ExxonMobil y otras compañías tengan que rendir cuentas sobre su viabilidad futura. Si quieren ser parte de la solución como defienden tendrán que explicar a sus inversores y a sus trabajadores de qué forma su negocio puede ser compatible con los objetivos del Acuerdo de París.

El sector privado también está ejerciendo un papel muy importante de liderazgo cuando los gobiernos fallan a la hora de dar certidumbre y establecer políticas claras para las inversiones en el largo plazo. Sin duda, este es el caso de Estados Unidos, donde el manifiesto “Nosotros seguimos dentro”, firmado por las principales empresas del país, reclama que Estados Unidos vuelva al Acuerdo de París. También, y salvando las distancias, en España el Grupo Español de Crecimiento Verde, formado por las principales empresas del país, ha tenido que firmar un manifiesto instando al gobierno a acelerar la ley de Cambio Climático y Transición Energética para aprovechar todas sus oportunidades y para reclamarle una mayor ambición.

Resolver la crisis ecológica es algo mucho más complejo que cambiar nuestros coches convencionales por coches eléctricos, pero que duda cabe que la ambición mostrada por el sector financiero en materia de energía renovables ayudará a avanzar más rápido en la dirección correcta, especialmente para frenar a tiempo el problema más urgente que es el cambio climático. Por necesidad o virtud, por ética o por estética, la realidad es que los nuevos inversores verdes han llegado para quedarse.

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Mikel González-Eguino es investigador del BC3 y profesor de la Universidad del País Vasco UPV/EHU.