Tribuna
Una revolución verde insuficiente
El documento aprobado por la comisión de expertos para la transición energética contiene propuestas muy positivas pero otras muy insuficientes y desenfocadas
Mariano Sanz Lubeiro 4/04/2018
![<p>Central nuclear de Cofrentes, Valencia. </p>](/images/cache/800x540/nocrop/images%7Ccms-image-000015042.jpg)
Central nuclear de Cofrentes, Valencia.
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El informe de la Comisión de expertos sobre escenarios para la transición energética plantea muchísimas cuestiones de gran relevancia para el debate en torno a esta cuestión tan trascendental para la economía y para la sostenibilidad ambiental. Algunas son propuestas muy positivas pero otras son muy insuficientes y desenfocadas, lo que ha llevado a que tres de los expertos, uno de ellos el designado por CC.OO. (pag. 486), se abstuvieran. Me referiré a dos que considero que tienen gran importancia.
La primera de ellas es la propuesta de reforma de la fiscalidad energética que se realiza en el informe y que consiste básicamente en la eliminación de todos los actuales impuestos que gravan la energía y su sustitución por un impuesto a todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) generadores de CO2 y a la emisión de otros contaminantes atmosféricos. La propuesta, que está en la línea de las figuras que desde hace tiempo están establecidas en otros países europeos, se basa en que la mayor parte de los impuestos eliminados son meramente recaudatorios y distorsionan las decisiones de los distintos agentes, y en que así se internalizarían los costes medioambientales induciendo cambios de comportamiento en todos los sectores y colectivos.
La reforma propuesta tiene la ventaja de que incluye a los sectores difusos (transporte, consumos en edificios) que, en el caso de algunos combustibles, estaban poco grabados. Además la electricidad soportaba una carga impositiva mayor que los hidrocarburos cuando en ella resulta más factible introducir energías renovables y además se trata de ir hacia una mayor electrificación del sistema energético (sobre todo en el transporte).
Esta reforma de la fiscalidad energética no soluciona todos los problemas de la economía de la energía por lo que hace falta complementarla con una profunda reforma del sistema de formación de precios de la electricidad y del gas, que se está convirtiendo en un clamor que el Gobierno debería considerar abordar en sus políticas energéticas.
Las nucleares y las hidroeléctricas salen notablemente beneficiadas en la propuesta al no ser emisoras de CO2
No obstante la propuesta, tal como está formulada, tiene algunos problemas. El principal es que en el sector eléctrico, con la eliminación del impuesto del 7% y de otras figuras, las nucleares y las hidroeléctricas salen notablemente beneficiadas al no ser emisoras de CO2. Hay que plantear un incremento sustancial en los actuales impuestos sobre la producción, el almacenamiento de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Asimismo habría que incrementar la cuantía del canon hidroeléctrico.
Hará falta un volumen importante de financiación para la transición energética
Otra aspecto que recoge la propuesta es que no se debe dar lugar a un incremento de la presión parafiscal. Hay que tener en cuenta que hará falta un volumen importante de financiación para la transición energética (introducción de ciertas tecnologías renovables que necesitan algunos apoyos durante algún tiempo, despliegue de infraestructuras para la electrificación del transporte y para la electrificación distribuida…..) y también para la transición justa para colectivos de trabajadores o zonas determinadas, aspecto que aunque está incluido en el informe no se desarrolla ni se profundiza como se debiera para la importancia que, sin duda, va a tener.
La otra cuestión clave que se trasluce del informe es que en los escenarios sugeridos para 2030 se mantiene la presencia de la generación nuclear. Es cierto que en alguno de los análisis de sensibilidad (variaciones sobre el escenario base elegido) se contempla la hipótesis de prescindir de esa fuente energética, pero los cálculos se plantean sustituyendo esa producción de electricidad por la del gas de los ciclos combinados. De esa manera aumentarían los costes medios de generación de electricidad y las emisiones de CO2. Esto lleva a un resultado negativo respecto del cierre nuclear y facilita la decisión del Gobierno para prolongar la vida de los reactores españoles más allá de su vida útil de 40 años.
Sin embargo, si en el informe se hubiera contemplado la hipótesis de prescindir de la energía nuclear en 2030, pero sustituyendo su producción por una penetración mayor de renovables (las de menores costes como la eólica y fotovoltaica y las que aún necesitan ciertos apoyos pero proporcionan potencia del respaldo al sistema como la hidráulica, biomasa, biogás y solar termoeléctrica) el resultado hubiera sido un escenario que cumpliría con la reducción de emisiones de CO2 y a costes más reducidos.
Además, desde CC.OO. creemos que el mantenimiento de las centrales nucleares envejecidas plantea no sólo problemas de seguridad y de gestión de sus residuos sino también de vertidos de electricidad renovable ya que los reactores españoles no se pueden adaptar a la variabilidad de la eólica o la solar fotovoltaica.
Estas cuestiones, y otras que se plantean en el informe de la Comisión de expertos, seguirán formando parte de un debate sobre nuestro modelo energético que va a ser muy intenso a lo largo de 2018 en torno a la elaboración por el Gobierno de la ley de cambio climático y transición energética y del plan de energía y clima.
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Mariano Sanz Lubeiro (Secretario Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CC.OO.)
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