Tribuna
La transición del carbón en España. ¿Qué es y qué no es una transición justa?
Cómo avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima que maximiza los beneficios de la acción climática a la vez que minimiza los impactos negativos en los trabajadores y sus comunidades
Laura Martín Murillo 31/01/2018
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Los últimos días vuelve a animarse el debate sobre las consecuencias para el mundo del trabajo de la transición energética: el cierre de las centrales térmicas de carbón ha reactivado protestas sindicales que se unen a las quejas de responsables políticos de todo signo de las zonas afectadas que consideran prioritario mantener unos pocos empleos, pero también una parte importante de los ingresos de las comarcas. En este contexto leo referencias en todos los ámbitos al término transición justa, algunos muy contradictorios.
Los orígenes de la transición Justa
Sin querer entrar en un debate teórico largo, apuntaré brevemente de dónde surge el término transición justa para centrar la discusión. La expresión nace en el movimiento sindical en Canadá en los años 90 como acercamiento necesario para su apoyo al protocolo de Kioto. En contraposición a los sindicatos estadounidenses que hicieron todo lo posible para que los demócratas no respaldaran el acuerdo, los canadienses entendieron que la lucha contra el cambio climático era fundamental para el futuro de la humanidad, y que haciendo peligrar la vida de los más vulnerables del mundo, era también parte de la lucha por la justicia social y por la decencia que estaba en el ADN de sus organizaciones. Desgraciadamente, al poco tiempo en Canadá se eligió a un gobierno conservador impresentable y ya no se trabajó ni en el cumplimiento de los compromisos de Kioto, ni en la posibilidad de desarrollar una transición justa.
Algún tiempo después empecé a trabajar en Sustainlabour para los sindicatos internacionales que luego se constituyeron en la Confederación Sindical lnternacional. Cuando creamos esta organización los sindicatos internacionales no apoyaban todavía el Protocolo de Kioto bloqueado por los sindicatos americanos. Desde entonces trabajamos sin descanso para elaborar una agenda de oportunidades para el mundo el trabajo, para ayudar a superar las graves dificultades que la transición iba a imponer en unas organizaciones sindicales que tenían la mayor parte de miembros organizados en las actividades contaminantes y para permitir que organizaciones que habían hecho tanto por mejorar las sociedades pudieran estar, también en esto, en el lado correcto de la Historia. Ese trabajo se consolidó en la elaboración y aceptación del término transición justa en la Confederación Sindical, en la Organización Internacional del Trabajo y en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.
La transición justa es la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima que maximiza los beneficios de la acción climática a la vez que minimiza los impactos negativos en los trabajadores y sus comunidades
Una agenda de acción climática
La transición justa es la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima que maximiza los beneficios de la acción climática a la vez que minimiza los impactos negativos en los trabajadores y sus comunidades. La transición justa es una agenda para la acción climática, no para la inacción. Legítimamente los representantes de los trabajadores pueden (y deben) oponerse a los cambios que consideren contrarios a sus intereses, cualquiera con un nivel mínimo de empatía puede entender sus posiciones, pero las organizaciones sindicales en la Confederación Sindical Internacional se han comprometido a trabajar en soluciones que promuevan una economía baja en carbono y resiliente al clima, no a bloquearla.
En el caso del carbón, desgraciadamente, no hay futuro climáticamente seguro si seguimos utilizándolo en la producción energética. El carbón es la fuente energética que más contamina, causando más de un 40% de las emisiones del sector energético. La transición justa sólo puede diseñar las mejores condiciones sociales para su cierre definitivo. Todo lo demás es engañarnos.
La importancia del carbón en el cumplimiento de los compromisos climáticos tiene en España uno de sus mejores ejemplos. Un país desarrollado que aumenta sus emisiones de gases de efecto invernadero fundamentalmente por el aumento del carbón como combustible.
Una agenda de justicia y solidaridad internacional
Como se ha apuntado, si no luchamos contra el cambio climático las oportunidades de mejorar nuestros niveles deficientísimos de justicia social en el mundo se habrán ido al traste para siempre. Llevaría todo un artículo hacer una descripción somera de los impactos sobre la justicia social y, en cualquier caso, son lo suficientemente conocidos. La transición justa es una agenda de solidaridad con los más vulnerables.
La transición necesaria del carbón supone problemas en todas partes, el gobierno chino canceló la construcción de más de 100 centrales de carbón y más de dos millones de mineros se quedará sin trabajo en ese país en 2020, India se dispone a cerrar las centrales más contaminantes. En China se estaba muriendo la gente de frío en el norte este invierno por la prohibición de quemar carbón, en India hay 300 millones de personas sin acceso a energía.
Comprender los problemas a los que se enfrentan otros, aquellos cuyas vidas amenaza el cambio climático y aquellos que tienen que transformar sus economías para mitigar el desastre, es importante a la hora de intentar sentar unas bases justas. Habrá tendencias constantes, animadas por personajes como Trump, desde diferentes lugares del planeta para esconder en el incumplimiento de otros el propio, pero las organizaciones que trabajan por la justicia social no pueden debilitar soluciones globales, sino reforzarlas.
Una agenda de protección de trabajadores
No se puede permitir que sean los trabajadores los que paguen la necesidad de una transición energética, por eso la transición justa demanda medidas de protección social específicas y servicios de empleo adecuados.
Países como España y Alemania han desarrollado durante años estas agendas de protección a los trabajadores mineros. En España hemos pasado de 45.000 mineros a menos de 2.000 apoyando la reconversión con ayudas al sector que se calculan en 28.000 millones de euros en 28 años; una parte importante de estas ayudas se invirtió en prejubilación de los mineros. Ningún sector en la historia reciente de este país ha recibido mayor solidaridad del país y, desgraciadamente, con las políticas actuales, resulta difícil imaginar unos fondos tan cuantiosos para otros sectores que tengan que ser reestructurados a corto y medio plazo. No, por lo menos, si no reforzamos de manera radical nuestro sistema impositivo y replanteamos a qué se destina el gasto de nuestros impuestos.
El anuncio de Iberdrola de recolocar a sus empleados de las centrales de carbón de Lada y Velilla es un paso importante en que también las propias empresas contaminantes asuman las responsabilidades de una transición justa y es uno de los elementos en los que es necesario profundizar para el cierre del resto de las centrales.
Una agenda de diversificación económica y nuevas oportunidades de empleo
La transición justa no consiste en mantener los empleos en los sectores contaminantes si no en generar nuevas oportunidades de empleo y de actividades económicas ligadas a la transición ecológica y garantizar que estas oportunidades tengan unas condiciones laborales dignas.
la crisis asfixió muchas de las iniciativas de diversificación y parte de los fondos comprometidos para la diversificación nunca llegaron
La transición del carbón en España ha sido mucho menos exitosa y mucho menos justa en este área que en la protección a los trabajadores, aunque resulta difícil saber hasta qué punto porque las ayudas a la reestructuración minera adolecen de transparencia y evaluación de resultados. Para terminar de empeorar las cosas, la crisis asfixió muchas de las iniciativas de diversificación y parte de los fondos comprometidos para la diversificación nunca llegaron.
En cualquier caso hemos sido un país criminal en el tratamiento de los nuevos sectores que, en un esquema de transición justa, debían compensar las pérdidas de empleo. Se destruyeron alrededor de 70.000 empleos en renovables sin apenas reacción ciudadana, empleos de futuro, que ocupaban a una juventud capacitada, que invertían más en I+D+I que el resto de los sectores españoles y que ayudaban a equilibrar nuestra balanza exterior.
Una agenda de anticipación de los impactos en el empleo
La transición energética y ecológica requiere prestar mucha más atención a los impactos en el empleo. Los impactos del cierre de minas y centrales de carbón son los más conocidos, pero no los mayores a medio plazo. De hecho, el número de empleos asociados a estas actividades es ya muy limitado.
En el mientras tanto, como sociedad no estamos reflexionando lo suficiente sobre los impactos que diferentes transiciones van a tener en los empleos, no solo la ecologización, si no también la digitalización o la automatización. Ni sobre el efecto, muy importante, que el cambio climático va a tener en sectores que emplean a gran parte de la población española, como el turismo o la agricultura.
No se me ocurre trabajo más útil para el empleo, que la identificación de los desafíos para cada uno de nuestros sectores económicos, y aprovechar la transformación hacia una sociedad descarbonizada para cambiar nuestro sistema productivo. Mejorar la innovación, la calidad del trabajo, reducir pobreza y desigualdad con la mejor herramienta de la que disponemos: la creación de empleos con un buen salario. Para ello necesitamos, por ejemplo, un observatorio del empleo en transición que nos ayude a anticipar el cambio y proponer las mejores soluciones. Desde la comprensión del problema en su conjunto podremos adjudicar de manera justa recursos para la transición de los diferentes sectores. Y poner las luces largas y enfocar al futuro.
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Laura Martín Murillo es exdirectora de Sustainlabour.
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