El curso pasado cerró con lo que parecía una buena noticia para el feminismo. El 26 de junio se aceptaba la Proposición de Ley de Permisos Iguales e Intransferibles presentada por Unidos Podemos. “Los hombres de este país les debemos a nuestras madres y a nuestras abuelas hacer por nuestros hijos y nuestras hijas lo mismo que ellas hicieron por nosotros”, defendió Pablo Iglesias en el hemiciclo. Los 341 diputados y diputadas presentes en el Congreso aprobaron con inusual unanimidad la admisión a trámite de la ley; un texto que incluía el diseño de permisos por nacimiento que la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) viene promoviendo desde 2005. Son más de diez años haciendo campaña para que los permisos de madres y padres tengan la misma duración y estén remunerados al 100% del salario. En septiembre comenzó el periodo de enmiendas a la propuesta de ley. Sin embargo, la votación puede llegar a aplazarse considerablemente, incluso que no llegue a pleno antes de las próximas elecciones generales.

La propuesta es la siguiente: de las dieciséis semanas que corresponderían a cada progenitor, seis serían obligatorias –las dos primeras inmediatamente después del parto o adopción– y diez voluntarias que se podrían tomar durante el primer año. Ninguna de las personas progenitoras podrían ceder parte de su permiso a la otra, de eso se trata la intransferibilidad. La propuesta de la PPiiNA tiene un objetivo claro: combatir la división sexual del trabajo para así aplanar los obstáculos que siguen dificultando el acceso al empleo de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, perpetuando, de este modo, su dependencia económica. La apuesta es por un modelo de familia donde hombres y mujeres sean a la vez cuidadores y sustentadores.

“Cuando los permisos son individuales, intransferibles y están bien remunerados tienen la capacidad de incidir de manera efectiva en el comportamiento masculino, ya que la gran mayoría de los padres-varones que tienen derecho a este permiso lo usan durante su total duración:  lo que en la práctica representa la vía de iniciación masculina en las  responsabilidades de cuidado. La misma pauta de comportamiento se repite en todos los países en los que existen estos permisos: actúan como palanca de cambio en el reparto de tiempos y responsabilidades de cuidados”, asegura Carmen Castro de la PPiiNA. Esta economista lleva años investigando la manera en que los Estados organizan sus políticas públicas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Tras estudiar 27 países europeos, afirma que “los permisos por nacimiento ilustran cómo una misma política pública, en función de su diseño, puede servir para reforzar la división sexual del trabajo, alejando a las mujeres totalmente del mercado laboral y manteniendo el modelo de paternidad ausente –o como mucho de colaborador eventual–, o por el contrario, puede servir para acelerar el cambio masculino hacia una mayor corresponsabilidad”.

¿Cómo pueden las políticas públicas perpetuar la división sexual del trabajo? Según las promotoras de la PPiiNA la clave, en lo referente a los permisos, está en si son o no transferibles. En una entrevista de Ctxt, la portavoz de la PPiiNA, María Pazos Morán, apuntaba que dejar la decisión a las familias abunda en el patriarcado del consentimiento, es decir, en pensar que se da libre elección cuando en realidad implica la reproducción de roles de género provenientes de la cultura patriarcal arraigada en nuestros deseos. Así, la transferibilidad para ella implicaría una trampa. Pazos señalaba el precedente de la Suecia de los años 70 como ejemplo: “primero se eliminó el permiso de maternidad y se puso un permiso individual para cada persona progenitora independientemente del sexo, de la situación familiar, etcétera. Porque se pensaba que si las mujeres tenían que estar igual en el empleo, los hombres tenían que estar igual en el cuidado. Pero en el último momento, se coló la cláusula de transferibilidad. Aunque el permiso era individual, en la redacción de la ley se posibilita que, firmando un papel, se pueda ceder el permiso a la otra persona progenitora. Eso finalmente lo que produjo –se trata de la primera vez que un derecho social es transferible– fue que todos los hombres se lo pasaban a todas las mujeres hasta que se fueron estableciendo unos meses solo para padres”.

El debate de la intransferibilidad

La alegría de la PPiiNA por la aprobación a trámite de la ley tuvo que confrontarse, poco después, con un cuestionamiento de la propuesta. La socióloga feminista Carolina del Olmo fue una de las primeras en replicar en una tribuna en la que exponía que: “la insistencia en la intransferibilidad pone el acento en el empleo, no en el cuidado familiar.”  La autora de Dónde está mi tribu. Maternidad y crianza en una sociedad individualista exponía un punto de vista que ha sido expresado a lo largo del verano por otras autoras y colectivos: “las madres queremos trabajar en igualdad, con salarios decentes y con tiempo suficiente para cuidar de los nuestros. Pero no queremos que la única forma de lograr este objetivo sea seguir mutilando nuestra experiencia maternal con unos permisos miserables, entre los más cortos de Europa, mientras esta reforma sitúa a los padres españoles a la cabeza de Europa con permisos más largos que Suecia o Islandia”.

“Esta propuesta beneficia al padre, por encima de las necesidades del bebé y de la madre,” afirma en este sentido la antropóloga especializada en maternidad Maria José Garrido, integrante de PETRA, Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles con una posición muy crítica con la ley. La cuestión biológica y las perspectivas que hablan de las necesidades de madres y bebés, destacando el vínculo materno como algo más que una construcción cultural, tensionan al feminismo que históricamente ha pujado por la desencialización de los roles de género. “Existe la idea, heredada del feminismo hegemónico, de que el acceso al trabajo remunerado nos haría libres. En aquel momento era necesario luchar por una igualdad real con los hombres. También reclamaron, con toda la razón, que la maternidad fuera una decisión y no una obligación de todas las mujeres, así como el poder de decisión sobre la sexualidad femenina. Sin embargo, en la actualidad, estamos en el lado opuesto, ahora es políticamente incorrecto, dentro del feminismo, reclamar el derecho a la maternidad  y a valorar los cuidados como el eje de la vida, que la sociedad debería cuidar y proteger”, dice Garrido.

En el debate subyace una confrontación que encontramos en otras grandes controversias del feminismo: entre una mirada crítica a la idea de la libre elección –en virtud del mencionado “patriarcado del consentimiento” que naturaliza decisiones que están atravesadas por la cultura– y quienes califican de paternalistas medidas que apuntan a despatriarcalizar las familias a través de las políticas públicas. La economista feminista Lina Gálvez, comentaba en este sentido: “ hay que tener mucho cuidado con este esencialismo vinculado a los cuidados que se está imponiendo bastante entre gente joven dentro del movimiento feminista. Hay que poner sobre la mesa de forma muy clara que el problema no es solamente el mercado de trabajo, el problema también lo tenemos en la familia donde se reparten las tareas de manera muy desigual y que esa revolución es la que necesitamos”. Por su parte, Garrido apunta: “desde PETRA, abogamos por el derecho de las madres a elegir cómo vivir su maternidad sin obligaciones ni presiones: ni por volver al trabajo lo antes posible, ni por no hacerlo si lo desea, por el derecho a optar por la lactancia materna o por la artificial, defendemos, en definitiva, el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus vidas”.

Desde ambas partes del debate se reconoce la división sexual del trabajo como uno de los principales escollos para la igualdad de género. Es en el cómo combatirla, donde se producen los mayores choques y en particular en la disputa sobre la maternidad. “No es una cuestión de tiempos, es una cuestión cultural, que forma parte de la desigualdad estructural de nuestra sociedad y que es la consecuencia de cómo esta sociedad entiende lo femenino y lo masculino, y de cómo, desde la infancia, los niños y las niñas van aprendiendo sobre su lugar en el mundo y en la sociedad, sobre lo que se espera de ambos. Por eso, cambiarlo no puede limitarse a una obligación de licencia parental, que puede no usarse para criar y trabajar en casa, sino para otro tipo de actividades. Nosotras pensamos que obligar a la madre a incorporarse al trabajo y que el padre se quede cuidando de los hijos, puede dar lugar a situaciones mucho más desproporcionadas, si la madre va a tener que seguir encargándose de esas tareas después de su jornada laboral,” afirma en este sentido Garrido. Gálvez por su parte alerta sobre los modelos que se presentan como igualitarios y proponen que la baja se pueda traspasar: “si se nos vende que es un permiso igual aquel que tiene diez semanas transferibles, estamos cayendo en una trampa muy grande porque encima nos van a decir que si finalmente somos nosotras las que cogemos todo el permiso es porque lo hemos elegido así y por tanto no podemos protestar, y eso va a perpetuar esta situación durante mucho tiempo”.

Sin pareja o sin trabajo

Otra contestación que se le hace a la propuesta de la PPiiNA es la que tiene que ver con quiénes quedan fuera: las familias que no cuentan con dos adultos a cargo. La Plataforma de Madres Solteras afirmaba en un comunicado, que si bien reconocían que la medida era una avance para la conciliación y corresponsabilidad, “dicha ley vela exclusivamente por los derechos de las familias biparentales, dejando en desventaja a los menores que solo tienen un/a progenitor/a, situándonos en una clara discriminación”. La propuesta de la PPiiNA prevé catorce días extraordinarios que se podrían añadir a las 16 semanas de baja en el caso de estas familias.

A los permisos también se le señalan otro tipo de límites: el de mejorar a priori la situación de solo una parte de la sociedad, la de los varones integrados en el mercado laboral. “Las madres sin empleo no contarían con ninguna ayuda, por lo que proponemos una prestación básica universal por tener un menor a cargo, como en otros países europeos que disfrutan de políticas sociales avanzadas,” defiende Garrido en referencia a las medidas propuestas por PETRA. Aunque desde la perspectiva opuesta Gálvez advierte contra las transferencias como una de las herramientas de políticas públicas de cuidados que más apuntalan la división sexual del trabajo, y con ella la dependencia económica de las mujeres. Respecto a esto, Caro del Olmo, quien en abril copublicó un artículo defendiendo justamente una política de transferencias a las familias, objeta, “ yo creo que también hay que abrir los ojos a que la sociedad ha cambiado de verdad, no hace falta defender las cadenas del trabajo asalariado para que las mujeres trabajen, las mujeres trabajan porque les da la gana porque nuestra socialización incluye el empleo”.

La disputa sigue abierta, que la ley pasara el primer trámite no garantiza que vaya a permanecer tal cual. Como recuerdan desde la PPiiNA, tanto Ciudadanos como PSOE tienen propuestas alternativas. La primera incide en la transferibilidad, la segunda fija en seis semanas el permiso obligatorio inicial para madres y padres. Desde la PPiiNA consideran que tanta simultaneidad desactiva el potencial transformador de que los hombres deban ocuparse en solitario de sus bebés. Otros movimientos, como la propuesta del presidente Sánchez de que los Permisos Iguales e Intransferibles se apliquen entre el funcionariado en un primer momento, dejando su implementación en el sector privado al diálogo social entre patronal y sindicatos, han sembrado el desconcierto. En cualquier caso, es un debate que se tiene que abordar en una sociedad donde la división sexual del trabajo persiste junto a una creciente dificultad de mujeres y hombres para tener familia –como muestran las bajas tasas de fecundidad–  y para mantenerla en condiciones, según indica la alta tasa de pobreza infantil.