Susana acudió a un taller con un recibo eléctrico alarmante. Pagaba 7 euros por la energía consumida y 20 euros por la potencia contratada. Susana había utilizado ese mes 36 kilovatios, lo que equivale al consumo de la nevera, de alguna lavadora y muy poco más. Tenía 4,6kW de potencia contratada. Cuando le preguntamos qué aparatos utilizaba a la vez, nos relató que ninguno. Tenía pánico a que la factura se le fuera de las manos y para evitarlo, apagaba la nevera cuando ponía la televisión. No encendía la luz, y ni hablar de poner una estufa. Susana tiene más de 75 años, vive sola, sus ingresos no llegan a 500 euros al mes y nunca ha accedido al bono social. Es un caso extremo, pero completamente real.

A pesar de la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, si no se cambia a una comercializadora de referencia, Susana seguirá sin poder tener acceso al bono social y tampoco podrá acceder al bono social térmico creado por la ministra Teresa Ribera.

Susana es usuaria de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Cádiz paga su factura eléctrica mes sí, mes no, y tiene la luz contratada con Eléctrica de Cádiz, empresa que no puede facilitar el bono social, por no ser comercializadora de referencia. En nuestro país solo 8 comercializadoras de las 728 que operan son de referencia. Y en España más de 4,6 millones de personas tienen problemas para asumir el coste de sus suministros energéticos y, a día de hoy, la única ayuda que hay a nivel estatal es un bono social, ayuda que, curiosamente, solo pueden proporcionar las comercializadoras del oligopolio (en su versión regulada) y tres empresas más (CHC Energía y las comercializadoras de Ceuta y de Melilla). Este hecho supone en la práctica una transferencia neta de fondos y de clientes de las pequeñas y medianas comercializadoras al oligopolio. 

Teresa Ribera ofreció recientemente datos de las familias que habían logrado superar la odisea de la renovación del bono social antiguo y ya tenían el nuevo bono reformado por el Partido Popular: Solo 715.000 familias. Entre ellas está la de Antonio, que trabaja en el sector financiero y tiene unos ingresos que superan los 100.000 euros anuales. Al ser familia numerosa recibe una bonificación el 25% de la energía y de la potencia que consume. Y les viene muy bien, porque la luz se ha puesto por las nubes. El de Antonio también es un caso extremo, pero no tanto. Hay miles de familias de altas rentas beneficiándose del bono social sin necesitar ninguna ayuda desde su creación en 2009, y el decreto aprobado sigue sin poner un tope a la renta de las familias numerosas que se benefician del mismo. 

El bono social al que accede Antonio, al tener la luz contratada con Endesa, y al que no accede Susana, al tener la luz con Eléctrica de Cádiz, es financiado por todas las comercializadoras de electricidad en proporción a su número de clientes. Gracias a este sistema de financiación aprobado por el Gobierno del Partido Popular, el porcentaje que dedica Endesa al bono social es infinitamente más pequeño que el que aporta Eléctrica de Cádiz, que en 2017 estuvo obligada a transferir 479.000 euros para costear un bono social que no puede facilitar a sus clientes. Esto supuso para la empresa entregar un 40% de sus beneficios anuales al oligopolio vía Estado, sin poder facilitar a sus clientes ayuda alguna. Y entre esto y que la luz ha subido y dicha empresa ha tratado de no repercutir el alza a sus clientes hasta el extremo (para eso, entre otras cosas, sirve una empresa pública) en 2018 por primera vez en décadas, la comercializadora no ha repartido dividendos. 

Mientras que en España el grueso de los fondos para combatir la pobreza energética es gestionado por el propio oligopolio a través de sus comercializadoras del mercado regulado, en Portugal, independientemente de la compañía con la que se tenga el contrato eléctrico, la tarifa social se aplica desde 2016 de manera automática. ¿Por qué en un sistema eléctrico teóricamente liberalizado hace 20 años un puñado de empresas tiene el privilegio de gestionar a todos los clientes vulnerables mientras las demás empresas les transfieren sus recursos? Aunque en teoría cualquier empresa que cumpla ciertos requisitos puede ser comercializadora de referencia, lo cierto es que solo las grandes pueden permitirse tener dos estructuras empresariales, y compensar los limitados beneficios de la comercializadora regulada con los del mercado libre y el resto de actividades económicas de sus matrices. 

Si estuvieran haciendo una gestión eficiente y responsable de esta ayuda, podría tener algún tipo de justificación, pero no es el caso. A pesar de tener el monopolio del bono social, al no tener la obligación legal de ajustar los contratos de las familias beneficiarias a sus necesidades reales, no lo hacen. Y aplican el descuento tal cual, lo que supone un derroche de recursos, tanto de las familias vulnerables, como de los financiadores del bono (que finalmente somos todas y todos), para su propio beneficio.

Tras el taller de recibo, acompañamos a Susana a Eléctrica de Cádiz a bajar su potencia y a contratar la tarifa 2.0DHA. Le explicamos que con esos cambios su factura bajaría a la mitad y le animamos a usar toda la energía que necesitara. Susana paga menos ahora que si recibiera el descuento del 40% del bono social que le corresponde por su situación. Pero lo justo sería que, una vez optimizado el contrato, tuviera acceso al bono y se beneficiara de la protección contra el corte. Como también sería justo que las empresas que gestionan el bono social estuvieran obligadas a optimizar los contratos antes de aplicarlo.

Las mejoras implantadas por Teresa Ribera son sustanciales, es verdad, pero dejan a la mitad de la población del país fuera y deja intactos los privilegios del oligopolio. Y la ministra lo sabe, como sabe el tremendo problema que hay en Cádiz sin darle solución, pues el alcalde de esta ciudad lo puso en su conocimiento, solicitando incluir urgentemente en su reforma que todas las comercializadoras que lo deseen puedan facilitar el bono social. Porque, ¿qué pasa con los 15 millones de contratos del mercado libre? Que no tendrán ningún tipo de ayuda y ninguna protección. Se quedan fuera, al igual que todas aquellas personas que por motivos éticos tienen contratado el suministro con una comercializadora 100% renovable, como es el caso de la cooperativa Som Energía, y sus más de 80.000 contratos.

Gracias a la derogación del “Impuesto al Sol” y de las múltiples trabas que lo acompañaban, el pasado 5 de octubre fue para muchas un día de fiesta. Se abrió una ventana de esperanza hacia la implantación de un sistema eléctrico renovable y distribuido, potencialmente más democrático y generador de empleo. Sin embargo, en Cádiz cuesta celebrarlo, sabiendo que la mayor parte de la gente de la ciudad se queda fuera del bono social. Gracias a ese mismo decreto, Antonio seguirá disfrutando un bono que no necesita, y Susana, seguirá desprotegida y sin acceso a la única ayuda estatal existente contra la pobreza energética.

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Alba del Campo es periodista, activista y asesora en transición energética de Sí se puede Cádiz.