En la Unión Europa, una región que diez años después del estallido de la crisis sigue contado con más de 100 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión, las políticas públicas de prestaciones constituyen en muchas ocasiones la última red de protección económica para una parte importante de la población. La eficacia de estas medidas, sin embargo, es tremendamente desigual entre los países que conforman la Unión Europea, tal  y como recoge el informe Bienestar económico y material, recientemente publicado por el Observatorio Social ‘la Caixa’. Una comparativa en la que España sale mal parada: ocupa el puesto 22 de 27 en términos de eficacia de las prestaciones a la hora de reducir la pobreza, muy por debajo del promedio europeo. 

Para evaluar esta situación, el informe usa como referencia un indicador basado en la diferencia porcentual que existe entre la tasa de pobreza de las personas antes y después de recibir estos subsidios. Entre 2004 y 2016, las ayudas monetarias de las prestaciones no consiguieron reducir los niveles de pobreza más allá de un 53%. Si se excluyen las pensiones de la formula, con un peso muy importante en la renta de los hogares, el efecto reductor de las prestaciones no superó el 30% durante esos 12 años. 

Como nota metodológica, los autores de la investigación advierten en varias ocasiones de la limitada adecuación de la monitorización de estas políticas en las comparativas con otros países del entorno. Esto es, de una falta de homogeneización y coordinación a nivel europeo suficiente para medir realmente su impacto. Pese a todo, el desarrollo durante los últimos años de un marco de investigación común –centrado principalmente en valores de pobreza y privación– y la propia combinación de indicadores permite, asegura el informe, un acercamiento más o menos certero para la evaluación de estas políticas.

Condensado en el tercer capítulo del informe, el análisis de las políticas públicas se completa con dos indicadores más que miden el alcance de este tipo de medidas institucionales. 

Por un lado, y para medir la inversión que realizan los Estados en prestaciones destinadas a cubrir insuficiencias de renta y recursos, los autores del informe han dividido el gasto total que se realiza en subsidios que incluyan ayudas monetarias entre el número de personas que viven en hogares con ingresos situados por debajo del umbral de pobreza, un límite equivalente al 60% de la mediana de la renta general de la población adulta del país. 

Pese a que las prestaciones no son completamente iguales entre los Estados de la UE y están sometidas a lógicas cíclicas, la aproximación del informe señala que España está situada en el grupo intermedio de países en su gasto anual en prestaciones. Sin embargo, el país sí que destacada en el inmovilismo del indicador desde el inicios de la crisis de 2008. Frente al aumento significativo en la mayoría de los sistemas de garantía de ingresos del entorno –hasta 22 Estados–, España apenas cambió su inversión en este tipo de medidas de protección tras la recesión.

En cuanto a la capacidad de las prestaciones para satisfacer las necesidades básicas de las personas beneficiarias, los autores del informe usan dos fórmulas distintas para aproximarse a la eficacia de las ayudas. En primer lugar, comparan tres de ellas –pensión no contributiva, renta activa de inserción y rentas mínimas– con los umbrales de pobreza para cada tipo de hogar. La comparación de los datos de 2008 y 2016 arrojan una mejoría en la cobertura que ofrece la prestación en España en todos los casos. Sin embargo, esto no significa, asegura el informe, una mejora a lo largo de los años de la dotación en las ayudas, si no más bien un descenso constante del umbral de la pobreza debido a la situación económica del país.

Esto queda acreditado cuando se compara la adecuación de las rentan mínimas en España con el resto de la Unión Europea. De los 24 países de los que existen datos disponibles, España se sitúa en el puesto 19, con un nivel de adecuación al umbral de la pobreza que apenas supera el 40%, frente al 70% de Reino Unido o cerca del 60% de Alemania.