La  coyuntura política colombiana está llena de nudos críticos. Pero entre todos ellos, el de las investigaciones de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos y vínculos con el paramilitarismo parece decisivo. Y ahora que la mención de los nexos entre el expresidente y los paras le han valido dos denuncias por calumnia e injuria al excandidato presidencial y senador Gustavo Petro, conviene hacer un ejercicio de memoria para recordar lo que sabemos de tales vínculos, repasando así este episodio de la historia reciente de nuestro país, tan maltratada por producciones televisivas nacionales e internacionales.

Habrá que remontarse entonces a los años sesenta. En aquella época, misiones militares de los Estados Unidos promovieron en Colombia la creación de grupos de autodefensa conformados por civiles, como estrategia para combatir la subversión en zonas rurales. La propuesta cristalizó en el Decreto 3398 y la Ley 48 de 1968, que autorizaba al Ejército a organizar patrullas de civiles, dotándoles con armas de uso privativo de las fuerzas militares. Lo que cambió la historia del país de manera radical fue que la implementación de dicho decreto algunos años más tarde coincidió con la creciente presencia de narcotraficantes en aquellas mismas zonas. Grandes terratenientes, espantados ante la amenaza de secuestro por parte de las guerrillas, decidieron vender sus haciendas a los narcos a cambio de depósitos en el exterior: una popular forma de lavado de activos en aquel entonces. Los capos, otrora tolerados por el Estado y ahora cada vez más visibles, tuvieron entonces la posibilidad de constituir allí lo que Gustavo Duncan ha llamado “santuarios rurales”: espacios alejados del control del Estado, en donde ejercer con tranquilidad sus actividades ilegales. Como extensivamente documentó Carlos Medina Gallego, esta coincidencia llevó a que los grupos de autodefensa fueran rápidamente cooptados por los recién llegados, generando ese matrimonio entre narcotráfico y contrainsurgencia que caracterizará los años venideros: el “modelo Puerto Boyacá”. A partir de entonces los devenidos grupos narcoparamilitares se expandieron a lo largo y ancho del país, jugando un rol fundamental en el genocidio político de la Unión Patriótica –UP–, el partido que surgió de las negociaciones de paz con las FARC en la década de 1980.

Dentro de todos los grupos conformados en aquel entonces, el de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño será el más destacado. Exintegrantes del grupo “los Pepes” –Perseguidos por Pablo Escobar–, los Castaño tenían el conocimiento, las conexiones y el dinero necesario para entrar en el emergente negocio del narcoparamilitarismo. Como señaló hace algunos años Alejandro Reyes, eligieron su área de operaciones en una locación estratégica: en los departamentos de Córdoba y Antioquia, en una zona cercana tanto a los cultivos de coca del Nudo del Paramillo como a puertos de embarque marítimo y pistas clandestinas, clave para la exportación de cocaína y la importación de armas ilegales.

Pero las acciones de los Castaño no eran simples operativos en la periferia rural del país. Sucesivas investigaciones mostrarán el rol central que cumplieron en el asesinato de figuras clave en la historia política del país. Es el caso de los candidatos presidenciales Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo, así como del humorista Jaime Garzón. En todos estos casos, los asesinos, al mando de los Castaño, operaron en articulación con el hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–. Sobre la autoría intelectual, Carlos Castaño reveló en su autobiografía la existencia de lo que llamaba ‘el grupo de los seis’, miembros de la élite económica y política colombiana –“¡la crema y nata!” en sus propias palabras–, que semana tras semana tomaba decisiones estratégicas sobre las acciones de su organización, decidiendo además quienes debían ser asesinados.

Desde mediados de los noventa, los Castaño inician un proceso de articulación de los distintos grupos paramilitares en una sola organización: las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–. Unos años más tarde y en paralelo a las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC (1999-2002), las AUC inician su expansión en zonas estratégicas, buscando en coordinación con el ejército recuperar el terreno que durante cerca de una década la guerrilla le había ganado al Estado. Una vez prestados dichos servicios al Estado y al status quo, los paramilitares de las AUC estaban listos para un proceso de negociación y amnistía. Para tal fin, resultará conveniente la súbita visibilización que recibió el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, fruto de un fallido atentado contra su vida que, se dijo en ese entonces, fue llevado a cabo por las FARC. El único detenido por este caso, del que nunca se pudieron comprobar vínculos con la guerrilla, murió en la cárcel en extrañas circunstancias.

Devolvámonos ahora unas décadas atrás, para ver cómo la historia del candidato Uribe estaba entrelazada con la de los líderes del narcoparamilitarismo. La primera mención al respecto proviene del clásico sobre la historia del narcotráfico en Colombia, Los Jinetes de la Cocaína, publicado en 1987. Allí Fabio Castillo tilda a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, de ‘reconocido narcotraficante’. Castillo hace alusión allí también al rol que Uribe tuvo en sus años como director de la Aerocivil en la entrega de licencias para pistas y aeronaves de los narcos. Una recurrente acusación que, como una columna de El Espectador hace algunos meses recordaba, aparece respaldada por las denuncias del propio Rodrigo Lara Bonilla y por declaraciones de Popeye, exsicario estrella de Pablo Escobar e ‘intelectual orgánico’ del uribismo. Lo mismo fue denunciado al entonces presidente Turbay por Iván Duque Escobar, padre del actual presidente. Este temprano vínculo de Uribe con el narcotráfico será también conocido por diplomáticos estadounidenses, quienes a lo largo de los noventa informaron además en una serie de cables, sobre el parentesco de Uribe con los Ochoa, miembros del cartel de Medellín, y sobre cómo estos últimos financiaron su primera campaña parlamentaria. 

Ya desde 1997 el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe Sierra, era investigado por la fiscalía por pertenecer al grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’ junto a los hermanos Castaño y Don Berna. Eran los años en que estos últimos consolidaban su poder en el departamento de Antioquia, donde Uribe ocupaba el cargo de gobernador. Desde aquella posición Uribe defendió la existencia de dichas ‘autodefensas’, entonces llamadas CONVIVIR, y solicitó se autorizara a sus integrantes a portar armas de largo alcance. En aquel entonces ocurrió la masacre de El Aro en el mismo departamento, por la que fue condenado el Estado colombiano, y en la que durante el segundo día de ocupación paramilitar, un helicóptero del ejército aterrizó en la plaza del pueblo a fin de proveer municiones a los atacantes. Jesús María Valle, abogado que denunció este y otros hechos relacionados, fue asesinado  al año siguiente, pocos días después de que el entonces gobernador Uribe lo señalara públicamente como “enemigo de la fuerza pública”.

Pocos años más tarde, el proselitismo armado de las AUC generaría la cuota parlamentaria necesaria para llevar adelante el proceso de negociación entre el gobierno Uribe y los paramilitares, como lo demostró una exhaustiva investigación de la Fundación Nuevo Arcoiris. Esta fue la llamada parapolítica, que llevará a la cárcel a decenas de uribistas incluyendo al primo del expresidente, el senador Mario Uribe. El exparamilitar Mancuso declaró con posterioridad que las AUC aportaron también dinero y “seguridad” para garantizar la victoria de Uribe en la campaña presidencial de 2002.

Durante todos esos años la mano derecha y confidente de Uribe fue el empresario antioqueño Pedro Juan Moreno, señalado por Don Berna como integrante del ‘grupo de los seis’. Hacia el final de la primera presidencia de Uribe, serias discrepancias emergieron entre ambos, y Moreno falleció en 2006 en lo que en aquel entonces fue declarado como un accidente aéreo. Un informe del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI de la Fiscalía General-CTI de 2016 encontró sin embargo serios indicios de que lo ocurrido fue en cambio un sabotaje a manos criminales. Basada en declaraciones de otro paramilitar, ‘Don Mario’, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Representantes en febrero del mismo año investigar al ex-presidente por vínculos con este hecho.

En 2008, cuando en el marco del proceso de Justicia y Paz los paramilitares empezaron a dar declaraciones a la justicia colombiana, Uribe los extraditó de la noche a la mañana, violando los acuerdos establecidos en la mesa de San José de Ralito y conteniendo la cadena de revelaciones que entonces emergía. Semejante jugada, a pesar de su temeridad, ha resultado insuficiente para impedir que la verdad siga saliendo a la luz.

Es así como en 2016 las investigaciones de la Fiscalía llevaron a la detención de Santiago Uribe, por su participación en la creación y expansión de grupos paramilitares. Tras poco más de un año, el hermano del expresidente fue liberado, al parecer más por las presiones y amenazas padecidas por los testigos y el propio juez del caso que por falta de pruebas. El testigo principal fue víctima no solo de amenazas, sino de súbita amnesia, lo que suspendió el avance de las investigaciones. 

Un tribunal de Medellín solicitó también en febrero de 2017 que Uribe sea investigado por presunto conocimiento previo de las masacres de El Aro y La Granja. Como parte de dicha investigación, la Corte Suprema declaró de lesa humanidad los delitos relacionados con las mismas, lo que entre otras cosas garantiza su imprescriptibilidad. Resulta en este marco sospechoso e indignante que la que está destinada a ser la represa hidroeléctrica más grande del país, el proyecto Hidroituango, esté a punto de inundar el área donde se presume se encuentran entre 300 y 600 cadáveres de estas y otras decenas de masacres paramilitares, muchas de ellas obra precisamente de ‘Los doce apóstoles’. El asesinato de integrantes del Movimiento Ríos Vivos –que se opone al proyecto–, así como de familiares suyos, muestra la presencia de intereses criminales tras el avance de la obra. 

En el mes de julio, The New York Times publicó un extenso reportaje sobre los nexos entre los Uribe y los paramilitares, basado entre otros elementos en un informe del National Security Archive, centro de investigación independiente con sede en Washington, que recoge declaraciones de extrabajadores de la finca La Carolina, propiedad del expresidente y su familia. Los extrabajadores afirman que los Uribe mantuvieron relaciones amistosas con ‘Los doce apóstoles´, y más aún, que Santiago era quien impartía las órdenes a su comandante. La Corte Suprema de Justicia ha venido recopilando nuevas declaraciones en esta dirección, relacionadas con la finca Guacharacas, también propiedad de la familia. Fue en dicha investigación, que el CTI obtuvo grabaciones que sugieren que Uribe y personajes cercanos a él amenazaron y manipularon testigos con el fin de entorpecer el avance de estos procesos.

La posibilidad de llegar a un fallo justo sobre las relaciones de Uribe con el paramilitarismo está en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los únicos que, dada su posición, pueden tener relativa inmunidad frente a las amenazas y coacciones que los poderosos implicados parecen estar ejerciendo. En este contexto, no sorprende la propuesta del entonces candidato Iván Duque de “fusionar” la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que en la práctica representaría una eliminación de la primera. Un proyecto con esta finalidad fue radicado ya por el propio investigado. Dicha jugada, al violentar la independencia de la justicia, constituye una interrupción del orden democrático en Colombia. Semejante acción no resultaría temeraria viniendo de actores envueltos en crímenes de lesa humanidad. Correspondería a los colombianos decidir si permiten que, con el fin de mantener en la impunidad a los mismos, se destruya lo poco que queda del orden democrático en Colombia.

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Jorge Enrique Forero. Politólogo y sociólogo, autor del libro Economía política del paramilitarismo colombiano.