Es abril del 2018, las disidencias de las FARC comandadas por alias Guacho secuestran y asesinan a tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, muy cerca de donde comienza este viaje. Mientras en Bogotá se habla de posconflicto, refiriéndose a la guerra como una cosa del pasado, en lugares como Tumaco, municipio de mayoría negra en la costa pacífica colombiana, las bombas continúan. El día antes de mi llegada, el combo de Guacho vuela dos torres de energía en una vereda cercana y siembra minas antipersona alrededor. Los titulares hablan de doscientas mil personas sin luz. Me quedo en un hotel en la playa turística El Morro, un lugar que me ofrece seguridad y comodidad: la posibilidad de encender la luz y el aire acondicionado a cualquier hora del día, y gaseosas a mi elección en vasos cargados de hielo. Los bogotanos como yo no sufrimos la guerra, ni siquiera viajando a conocerla.

La carretera

Para llegar a La Planada desde Bogotá existen dos caminos, uno seguro, desde Pasto, y otro no tanto, desde Tumaco. Elijo el segundo, guiado por la idea de conocer la Colombia del conflicto. Por su cauce transitan a sus anchas diferentes grupos armados y se vuelcan buses llenos de gente como carros de juguete.  Es una carretera jabonosa de lluvia que tiene un imponente precipicio que a cada curva le ofrece a los viajeros morir estampados en un paisaje bello; un camino digno de un lugar en guerra. 

Una atmósfera de miedo y curiosidad me acompaña por las calles militarizadas del centro de Tumaco y por la tensa y bella carretera que conduce hacia el resguardo indígena Pialapí Pueblo Viejo, a pocos kilómetros del municipio de Ricaurte.

Son las 10:00 am (“viaja de día, no te expongas”, me dijeron). 

– ¿En cuánto sale el que va para Ricaurte? – pregunto al conductor de una pequeña flota blanca, que se recuesta en la pared de una tienda luego de cruzar con destreza una marea bulliciosa de motos. 

– Cuando se llenen los puestos.

Una hora después la buseta arranca –suena un vallenato: que soy un vagabundo dijeron pa que me dejaras– y se adentra por una carretera plana y caliente, cuyo  principal paisaje (para mí) es el conflicto, la guerra.

El terreno inicial está dominado por un largo tubo de petróleo que se aprovecha como parte de la estructura de las casas y sobre el que la gente pone a secar la ropa. La gente se adapta. También hay cultivos uniformes de palma africana a lado y lado de la carretera, que contrastan con la maraña de manglar que a veces sobresale. Más adelante, a medida que comienza la montaña hasta llegar a Ricaurte –en Llorente, El Diviso, Junín y Altaquer– son comunes los grafitis. En las paredes de cada pueblo se observa el paso de la guerrilla del ELN, las bandas criminales y las extintas FARC-EP, cuyas letras, en algunos tramos, están tachadas por el grupo que ahora ocupa su lugar.

Las FARC-EP han firmado un Acuerdo de Paz y dejado las armas, pero enfrentan otro conflicto: el de la reincorporación y la política sin sangre. En el camino, llegando a Llorente, veo las vallas de su campaña como partido político: son la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y compiten por votos. De los grafitis a las vallas, de las armas al micrófono y las urnas. 

Pero otros grupos operan todavía en la región. Me pongo a contar sus marcas de aerosol, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero al ver que es imposible, en mi asombro se revela mi condición de extraño. Seis, siete, ocho. Después de todo, son algo normal en la región, solo a mí me sorprenden.   

También son normales los retenes del ejército: bunkers de costales verdes llenos de arena, que en algún momento se pensaron temporales, pero hoy se erigen como fortalezas con ametralladoras y tanquetas que los acompañan. 

En Colombia, los actores del conflicto marcan territorio como perros que se sacan los dientes y dejan marcas en los caminos. El tubo, las palmas, las armas y los grafitis recuerdan a cada paso que los problemas por aquí están lejos de mermar. 

Y así todos los años

Según cifras de la Unidad de Víctimas, en Colombia hay 8.389.270 víctimas directas e indirectas del conflicto armado. Dentro de este universo gigante de números oficiales, el delito más común ha sido el desplazamiento forzado, que tiene como causa otros delitos: amenazas, asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, masacres y violencia sexual. 

En Ricaurte, por ejemplo, municipio que hoy tiene 19.930 habitantes –80% indígenas–, 11.943 personas han sido expulsadas y 6.056 recibidas por causa del desplazamiento. Esto, sin contar a quienes no acuden al Estado, así que no figuran en las estadísticas, por miedo, y porque saben que la respuesta institucional tiende a ser lenta y precaria.

El 2005 fue un año macabro: los enfrentamientos del frente 29 de las FARC-EP y el ejército, en el despliegue de la Operación Gladiador, provocaron el desplazamiento de 1.400 indígenas Awá. También lo fue el 2006, cuando se desplazaron 1.500 por las mismas causas en la Operación Tornado. O el 2009, cuando las FARC-EP asesinaron a 17 indígenas del Resguardo Telembí-Tortugaña y, acabada la carnicería, minaron la zona para sus enemigos antes de marcharse.

– Y así todos los años– dice Marcos, director de La Planada, un indígena de baja estatura, corpulento, que viste siempre lo que parece ser un uniforme: gorra azul, pantalón beige, botas de caucho y chaqueta verde institucional.

El conflicto armado afecta particularmente a los pueblos indígenas, que no solo enfrentan esta forma de violencia. Por siglos les ha tocado resistir la construcción de un Estado homogeneizante en el que hoy tienen un espacio –con voz propia, territorio y cultura– solo después de años y años de lucha. Gran parte de sus territorios están en permanente disputa, y son también el escenario de la guerra; actores armados y no armados ven en ellos un inmenso botín para la droga y la explotación de recursos naturales. El paso de las tropas, el petróleo, las dragas y retroexcavadoras va dejando muertes y alteraciones ambientales que amenazan su forma de vida y su permanencia en el territorio.

Y, para colmo, cada grupo los tilda de pertenecer o favorecer al enemigo, como en un círculo que nunca acaba. 

– Uno se pone botas y ya le dicen guerrillero.

Y así todos los años.

La Planada

El cronista Alberto Salcedo Ramos cuenta que los habitantes de lugares tristes como El Salado sólo son visibles cuando padecen una tragedia, como si la muerte fuera al mismo tiempo la condición de su existencia. Solo después de las masacres se oyen las historias, llegan los periodistas, las cámaras, las universidades, las instituciones.

De manera increíble, y con un conflicto aún a sus espaldas, el pueblo indígena Awá de Nariño ha logrado afirmar su existencia a partir de la vida. En mi caso particular, mi encuentro con ellos se dio primero por el deseo de conocer la reserva natural; luego fui llegando, inevitablemente, a lo demás. 

– Mucho gusto, David Guanga, administrador de La Planada. ¿De dónde nos visita?

– Por aquí vienen de todos lados, ayer no más se fueron unos gringos, el otro día llamaron unos peruanos, y también de Francia– cuenta Marcos. Su compañero me ofrece caminatas, pregunta si traigo botas de caucho y binoculares para ver aves, y hace el registro. 

La Planada es un bosque de niebla de pura biodiversidad. Allí, donde el mar se encuentra con las montañas, donde habitan alrededor de 240 especies de aves, más de 70 de anfibios, 400 de orquídeas y el oso de anteojos, los Awá trabajan por construir un proyecto comunitario y turístico alrededor de la protección de la naturaleza y la forma de vida.

– Sígame, si es tan amable, y lo instalo en las habitaciones tipo hotel.

Estas tierras húmedas y pantanosas eran de un terrateniente pastuso que les llamó Buenos Aires La Planada. Tiempo después, “unos gringos” –suizos, realmente– interesados en la conservación del medio ambiente y la investigación compraron los predios y en 1982, con la Fundación para la Educación Superior (FES), se movieron políticamente para que el Estado la constituyera en Reserva Natural y dejara de ser solo una hacienda de 3.200 hectáreas. Progresivamente, los indígenas fueron ganando prioridad en la conservación ambiental de la zona por su manejo particular del territorio, así que la reserva terminó por regresar, en 2010, a sus guardianes de siempre y se introdujo, además, en la oferta del turismo sostenible.

De camino por un sendero de selva virgen, Marcos destaca que la humedad de los terrenos altos hace difícil la siembra y el ganado. Por el contrario, las partes bajas del bosque se prestan para la siembra, que solo está permitida por fuera de la reserva y en cuidadosos ciclos que dictan la cultura y la capacidad de la naturaleza para regenerarse. Los Awá siempre la han querido conservar. 

– La gente de la ciudad dice que no somos ambientales cuando talamos bosque para sembrar.

La abundante lluvia y viscosidad del suelo hacen que la tierra no tenga los nutrientes suficientes para sembrar. Por esto, su forma de trabajar la tierra sigue el método de tala y pudre en espacios pequeños. Los Awá tumban bosque y lo dejan pudrir allí mismo como fertilizante, enseguida dan inicio a un período de siembras y cosechas que comienza por el maíz y, finalmente, se retiran agradecidos. Abandonan el lugar para que el bosque mismo se vuelva a reforestar. 

Marcos hace una pausa y advierte que es importante mantener la densidad del bosque, sembrar en las partes más bajas y en cualquier caso lejos de las orillas de los ríos. En el bosque el agua nace y se mantiene en un interminable ciclo natural. Miro las botas empantanadas y recuerdo que no ha dejado de llover en tres días.

En este punto de la historia pienso en el cultivo de palma africana de la carretera. En el Pacífico, estos cultivos se enmarcan en un complejo proceso de despojo de las comunidades que habitan el territorio. Esta práctica, que opera en el umbral de la legalidad y la ilegalidad, confluye con una masacre ambiental de las partes bajas y planas del bosque: es necesario deforestar el enlace de la montaña con el manglar, canalizar las aguas para secar el suelo y, por último, instalar una formación cuadriculada de palmas que es rentable por treinta años (aproximadamente) y que cambia radicalmente uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

La Planada está en constante amenaza por la reducción de ese ecosistema que es el bosque húmedo del Pacífico: la coca, el monocultivo y la minería son las fuerzas que han venido a transformar el lugar.

Proyectos

La economía de la coca domina la región. Nariño es uno de los departamentos con más hectáreas empleadas en la producción de cocaína en Colombia, es decir, en el mundo. Para finales del 2016 las cifras del sistema de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el país hablaban de 146.000, y para finales del 2017, a las puertas del posconflicto, de 171.000.

Aunque el pueblo Awá no la consuma de forma ritual y La Planada esté libre de cultivos de coca, los aprietos económicos y las dinámicas de la guerra han hecho que la planta se abra campo entre su territorio y su gente, agrietando las prácticas ancestrales de labranza.

Me llega una imagen del pasado, de mi primer viaje a Tumaco en 2014: a la altura de Ricaurte se monta en el bus un indígena con las manos rajadas de raspar coca –a pesar del vendaje que envuelven sus dedos–, borracho y con un fajo de billetes en cada bolsillo. Apura al conductor para que lo lleve al aeropuerto de Pasto; se escapa de la guerra. Los pasajeros del bus callamos y sentimos miedo.

En los lugares pobres y apartados, donde mandan los señores de la guerra, trabajar sembrando y raspando coca son formas normales de subsistencia. Son la regla, no la excepción. Para muchos, el plan b son las cosechas que llegan a las plazas de mercado y se negocian a precios bajos que apenas cubren los costos de producción. 

– De todas formas nuestro derecho propio prohíbe los cultivos de coca mayores a un cuarto de hectárea, y que gente de afuera entre a sembrar –cuenta Marcos, mientras me regala un ejemplar del Mandato ancestral de justicia propia, las leyes de su pueblo.

– Algo es algo.  

– Una vez un comunero vendió para que alguien de afuera sembrara como hectárea y media. Lo sacamos: se le dijo “Señor, váyase de aquí”, y se fue. Lo hicimos ir. 

– ¿Intervino la guardia indígena? 

– Sí. Pero aquí todos somos guardianes.

En su lengua propia, el awapit, los Awá se autodenominan +ncal awá: gente de la montaña.

– ¿Cómo es su día? ¿Cómo es un día normal del director de La Planada?– le pregunto, inexperto, a Marcos, que suelta una risa nerviosa y se siente halagado.

–De todo, pues –dice, con su acento nariñense–: recibir turistas, ir a reuniones cuando las haya y estar pendiente de los proyectos; hay muchos proyectos por aquí.

Marcos tiene claro que los “proyectos” implican trámites administrativos, relacionamiento político y recursos. Uno de los proyectos más importantes liderados por las autoridades indígenas es el de soberanía alimentaria, que busca hacer efectivo el derecho a la autodeterminación en el ámbito de la alimentación.

Los Awá viven de la montaña, en su intercambio vital con la naturaleza esta les ofrece lo necesario para producir sus medios de vida. No obstante, esto no es suficiente, pues se siembra apenas para sobrevivir. De ahí que el proyecto busque preservar las semillas ancestrales y los ciclos de siembra que protegen el bosque, fortalecer sus formas propias de alimentación y tener la oportunidad de vender colectivamente lo que producen. La soberanía alimentaria, dice Marcos, es determinante para la sustitución de cultivos de coca en la región.

– La carretera, por ejemplo, la hemos ido construyendo año a año. Con ella podemos conectar todo el resguardo y sacar la cosecha que dejamos para la venta. También necesitamos una cooperativa, para poder vender bien y en mayores cantidades. 

Veo en este pueblo no solo los embates de la guerra sino también de la economía. Tienen cerca, muy cerca, las minas y la coca y los monocultivos; pero lejos –y a un alto costo–, el acceso a las plazas de mercado y a los precios justos. ¿Acaso hay precios justos en el campo? Son guardianes que se esfuerzan por proteger la reserva natural y estar lejos del conflicto, al tiempo que atraviesan los problemas de la producción del campo que comparten sus hermanos campesinos. 

Antes de apagar la luz leo su Mandato: “la realidad es que estamos condenados a desaparecer, ¿a manos de quién? A manos del sistema capitalista y neoliberal que gobierna el mundo, pero nos resistimos”.

Para los Awá, las balas no son sus únicos verdugos. 

Bandera blanca

Las conversaciones de despedida suelen ser las mejores. Tal vez porque son las más sinceras o porque ya se ha roto el hielo y ahora queda mucho por hablar. Y pueden también llegar a ser las más largas. A uno le dicen que la camioneta que lo lleva al pueblo más cercano vendrá en diez minutos, pero aparece una hora después. Esa espera es perfecta para conversar. 

– ¿Y esa bandera? —pregunto, y señalo un roído trapo blanco que se iza sobre la casa administrativa de La Planada.

– Es por las bombas. Este es territorio de paz, aquí no hay nadie con armas, ni siquiera nosotros.

La bandera blanca fue puesta como símbolo de la lucha indígena por mantener a raya la guerra, como manto de protección. No hace mucho que en los cielos no solo volaban aves sino también aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea. Me cuentan que el 4 de febrero de 2004, por ejemplo, bombardearon viviendas en la zona rural de Ricaurte, pensando –o vaya uno a saber si a sabiendas– que atacaban a las FARC-EP; y el 10 de julio de 2006, nuevamente, lo hicieron contra la escuela de Magüí-Payán. 

– ¡¿La escuela?! 

– Afortunadamente los niños entran a las ocho y el bombardeo fue a las siete. 

Eran las 7:00 am, y desde los aires, la huerta y el corral que el profesor había construido para sembrar maíz y criar cuyes, conejos y gallinas, parecía un campamento guerrillero. Había que dispararle a los bandidos.  

La bandera hoy está deshilachada. Por lo pronto, no han tenido que cambiarla por una más grande y alta que espante las aves de metal. Sin embargo, las dificultades para producir en el campo y el sonido de la locomotora de la minería, el petróleo y los monocultivos, anuncian otros peligros que se suman a la desgracia que han traído la coca y las armas. El trapo blanco y maltrecho nos recuerda lo que ha ocurrido y nos muestra al tiempo la cara actual de la paz.

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Nota: Recientemente la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz –el tribunal de justicia transicional creado en los Acuerdos de la Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP– seleccionó como caso No. 2 las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que sufrieron los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en Nariño entre 1990 y 2016.